ASIGNACIONES FAMILIARES

ANSES ajusta 2,15% las asignaciones familiares desde julio

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento del 2,15% en las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los límites de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso a estos beneficios. La actualización comenzará a regir para las prestaciones correspondientes a julio de 2026 y replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, siguiendo el esquema de movilidad mensual vigente.

La medida, formalizada mediante la Resolución 187/2026, tiene un alcance que trasciende a los beneficiarios directos. Para las economías regionales, especialmente en provincias como Misiones y el resto del NEA, donde una porción significativa del consumo depende de ingresos provenientes de prestaciones sociales, la actualización representa un refuerzo del ingreso disponible de miles de hogares, aunque en línea con la inflación y sin generar una mejora del poder adquisitivo real.

El ajuste responde al mecanismo de movilidad establecido tras la reforma previsional vigente, que dispone la actualización mensual de las asignaciones familiares utilizando como referencia la evolución del IPC publicado por el INDEC.

Además de incrementar los montos, la resolución actualiza los rangos de ingresos del grupo familiar (IGF) que determinan cuánto percibe cada trabajador registrado, jubilado, monotributista o beneficiario alcanzado por el régimen.

Uno de los aspectos relevantes para empleadores y áreas de recursos humanos es que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.034.844 mensuales, el grupo queda excluido del cobro de asignaciones familiares, aun cuando la suma total de ingresos permanezca por debajo del límite general establecido.

Cuáles son los principales montos desde julio

Entre las prestaciones con mayor alcance se destacan los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares para trabajadores registrados.

Los principales valores serán:

  • AUH y Asignación por Embarazo: $148.049.
  • AUH Zona Patagónica: $192.464.
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $74.033.
  • Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $241.041, según ingresos familiares.
  • Nacimiento: $86.295.
  • Matrimonio: $129.209.
  • Adopción: $515.930.
  • Ayuda Escolar Anual: $55.672.

Para los monotributistas, las asignaciones por hijo y prenatal continuarán diferenciándose por categoría:

  • Categoría A: $74.033.
  • Categoría B: $49.940.
  • Categoría C: $30.206.
  • Categorías D a H: $15.586.

Impacto en el consumo y en las economías regionales

Aunque el incremento mantiene el poder de compra frente a la inflación, su efecto económico adquiere mayor relevancia en localidades donde las transferencias sociales representan una parte importante de los ingresos familiares.

En el NEA, el aumento alcanza no sólo a titulares de la AUH, sino también a trabajadores registrados, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), veteranos de guerra, perceptores de prestaciones por desempleo y pequeños contribuyentes adheridos al Monotributo.

Desde la perspectiva comercial, estas actualizaciones sostienen parte del consumo de bienes esenciales —alimentos, medicamentos, indumentaria escolar y productos de primera necesidad—, segmentos con fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas regionales.

Qué cambia para empleadores y trabajadores

La resolución también actualiza los parámetros utilizados para determinar el acceso a las asignaciones familiares dentro del empleo formal.

Entre los aspectos que deberán considerar empresas y trabajadores figuran actualización del 2,15% en todos los montos alcanzados por movilidad. Nuevos rangos de ingresos familiares para calcular las asignaciones. Exclusión automática del beneficio cuando un integrante supere ingresos mensuales de $3.034.844. Vigencia para prestaciones y hechos generadores ocurridos desde julio de 2026.

La continuidad del esquema de actualización mensual consolida un mecanismo que evita el rezago de las prestaciones frente a la inflación, pero también implica que los ingresos de los beneficiarios evolucionen al ritmo de los precios y no por encima de ellos. Para el comercio minorista y las economías regionales, el principal indicador será si la desaceleración inflacionaria permite que futuras actualizaciones comiencen a traducirse en una recuperación efectiva del consumo interno.

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ANSES oficializó subas de 2,58% y un bono de $70.000: mejora el ingreso mínimo

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El Boletín Oficial de la República Argentina publicó este viernes disposiciones clave de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y del Poder Ejecutivo. Las medidas impactan en el esquema de asignaciones familiares, los haberes jubilatorios y pensiones, y establecen un bono extraordinario para quienes perciben ingresos previsionales mínimos.

ANSES oficializa un incremento del 2,58% en los límites de ingresos y en los montos de las asignaciones familiares a partir de junio de 2026. La Resolución 146/2026 dispone que el ajuste alcanza a trabajadores en relación de dependencia de los sectores público y privado, monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensiones no contributivas y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

La actualización se basa en la movilidad establecida por el Índice de Precios al Consumidor Nacional (INDEC), garantizando que las prestaciones mantengan su valor real frente a la inflación. El incremento se aplicará sobre los valores vigentes y afecta tanto a los límites de ingresos familiares como a los montos de las asignaciones. Los cuadros con los nuevos rangos y montos estarán disponibles en los anexos oficiales publicados por ANSES.

La resolución establece que cuando un integrante del grupo familiar perciba ingresos superiores a $2.970.968, todo el grupo quedará excluido del cobro de asignaciones, aunque la suma total no supere el tope general. Además, se indica que la Asignación por Ayuda Escolar Anual solo se actualizará por movilidad una vez al año y que, en caso de decimales, los montos serán redondeados al número entero siguiente.

Nuevos valores mínimos y máximos en jubilaciones y pensiones

La Resolución 139/2026 de ANSES actualiza los valores de las prestaciones previsionales a partir de junio. El haber mínimo garantizado se fija en $403.317,99 para los jubilados y pensionados, mientras que el haber máximo asciende a $2.713.948,17. La base imponible mínima para aportes queda en $135.837,40 y la máxima en $4.414.652,38.

La normativa también establece los nuevos montos para la Prestación Básica Universal (PBU), que será de $184.499,57, y para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que asciende a $322.654,39. Estas cifras surgen de la aplicación de la fórmula de movilidad mensual basada en el INDEC. Además, se actualizan los índices para calcular las remuneraciones de quienes soliciten su prestación después del 1° de junio de 2026.

La resolución faculta a la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas de ANSES para dictar las normas necesarias para su implementación. Los detalles y cuadros completos pueden consultarse en los anexos oficiales publicados junto con la disposición en el Boletín Oficial.

Bono extraordinario previsional para haberes mínimos

El Decreto 399/2026 del Poder Ejecutivo establece un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 a abonarse durante junio de 2026. El beneficio alcanza a titulares de prestaciones contributivas y no contributivas a cargo de ANSES, incluidas jubilaciones, pensiones, la PUAM y pensiones graciables.

El bono será de$70.000 para quienes perciban el haber mínimo. Para quienes cobren un monto superior, el adicional será el necesario para alcanzar el total del haber mínimo más el bono. El pago se realizará a cada titular, sin importar la cantidad de copartícipes en el caso de pensiones, y no estará sujeto a descuentos ni computable para otros conceptos, según lo establece el decreto.

El decreto establece que el bono extraordinario previsional será abonado exclusivamente durante el mes de junio de 2026 a los titulares de las prestaciones detalladas, siempre que el beneficio se encuentre vigente al momento de la liquidación. La ANSES queda facultada para dictar normas aclaratorias y complementarias para implementar el bono.

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ANSES actualiza las asignaciones familiares y redefine el mapa de ingresos desde marzo

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El sistema de asignaciones familiares vuelve a moverse en línea con la inflación. Con la Resolución 55/2026, publicada el 27 de febrero en el Boletín Oficial y vigente desde marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó un aumento del 2,88% en los montos, límites y rangos de ingresos que determinan el acceso a las prestaciones. El ajuste alcanza a trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de programas sociales, y vuelve a poner en foco el delicado equilibrio entre ingresos familiares, cobertura social y actualización por precios.

El dato clave no es solo el porcentaje, sino su efecto práctico: pequeños movimientos en los topes pueden incluir o excluir hogares completos del sistema. En un escenario de ingresos tensionados y ajustes mensuales por inflación, la actualización importa ahora porque define quiénes siguen dentro del régimen y quiénes quedan afuera, más allá de la nominalidad del aumento.

Qué cambia en la práctica: montos y topes más altos, pero con filtro estricto

La resolución dispone una actualización general del 2,88%, calculada según la fórmula de movilidad que sigue la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El incremento se aplica a:

  • Asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado.
  • Monotributistas, beneficiarios del seguro de desempleo y de la Ley de Riesgos del Trabajo.
  • Jubilados y pensionados del SIPA, pensiones no contributivas y PUAM.
  • Titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo.

La norma ratifica un punto sensible del esquema vigente: si uno de los integrantes del grupo familiar supera un ingreso individual de $2.722.595, el hogar queda excluido del cobro, aun cuando la suma total familiar no exceda el tope general. Es un criterio que refuerza el carácter selectivo del sistema y genera efectos de “salto” entre quienes quedan apenas por encima o por debajo del umbral.

La actualización no incluye la Ayuda Escolar, que fue definida por separado mediante el decreto 115/2026, manteniendo su lógica de ajuste anual y no mensual.

Antecedentes y marco institucional

La medida se inscribe en la arquitectura normativa que combina la Ley 24.714 con los cambios introducidos en los últimos años al régimen de movilidad. Desde 2024, las asignaciones y los haberes previsionales se ajustan mensualmente en función de la inflación, reemplazando esquemas más rezagados.

En este contexto, la Resolución 55/2026 no crea beneficios nuevos ni modifica el diseño del sistema, sino que actualiza parámetros para sostener el poder adquisitivo relativo de las prestaciones. El problema de fondo que busca administrar es conocido: evitar que la inflación licúe las asignaciones, sin desbordar el gasto social ni perder focalización.

Impacto económico: alivio parcial y efectos distributivos

Desde el punto de vista económico, el impacto es acotado pero extendido:

  • Ingresos familiares: el aumento acompaña la inflación del mes previo, pero no implica una mejora real del poder de compra.
  • Consumo: el refuerzo ayuda a sostener gastos básicos en hogares de ingresos medios y bajos, con impacto marginal en el mercado interno.
  • Costos fiscales: el ajuste incrementa el gasto en prestaciones, aunque dentro de una lógica de actualización automática ya prevista.
  • Efectos distributivos: los topes actualizados pueden dejar fuera a familias con ingresos apenas superiores al umbral individual, un punto que suele generar tensiones en el sistema.

No hay efectos directos sobre inversión o empleo, pero sí una incidencia indirecta en la estabilidad de ingresos de sectores con alta propensión al consumo.

Señales políticas: continuidad y administración del gasto social

La resolución envía una señal de continuidad. El Gobierno mantiene el esquema de ajustes mensuales por inflación, sin introducir discrecionalidad ni cambios estructurales. No es una expansión del sistema, pero tampoco un recorte: es una administración técnica del gasto social, alineada con el objetivo de previsibilidad.

Al mismo tiempo, el mantenimiento de topes individuales estrictos refuerza una lógica de focalización, que busca concentrar recursos en los hogares de menores ingresos y contener el costo fiscal.

Qué mirar hacia adelante

En los próximos meses, el impacto real dependerá de dos variables: la velocidad de la inflación y la evolución de los ingresos formales. Si los salarios nominales siguen ajustándose por debajo de los precios, más hogares podrían mantenerse dentro del sistema. Si ocurre lo contrario, los topes —aunque actualizados— pueden volver a actuar como barrera. Ese cruce entre inflación, salarios y umbrales será la clave para medir el alcance efectivo de esta actualización.

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El Gobierno garantiza un piso de $85.000 para la ayuda escolar y suma un refuerzo extraordinario en marzo

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El inicio del ciclo lectivo 2026 llegará con un refuerzo directo al ingreso de millones de familias. El Gobierno nacional dispuso que la Asignación por Ayuda Escolar Anual no sea inferior a $85.000 por hijo, mediante un pago extraordinario y por única vez que se abonará junto con la prestación habitual de marzo. La decisión quedó formalizada en el Decreto 115/2026, publicado este 27 de febrero en el Boletín Oficial, y rige desde el mismo día.

El cambio no altera el régimen de asignaciones familiares, pero introduce un piso nominal garantizado frente al aumento de los costos educativos. En términos prácticos, quienes cobren una ayuda escolar menor a $85.000 recibirán un complemento hasta alcanzar ese monto; quienes ya superen esa cifra no percibirán refuerzo adicional. El mensaje es claro: evitar que el poder adquisitivo de la prestación quede por debajo del nivel del año anterior en un contexto de presión inflacionaria y arranque del calendario escolar.

Qué establece la norma: un refuerzo para sostener el ingreso real

El decreto fija un refuerzo extraordinario y por única vez equivalente a la diferencia entre el monto que resulte de la Ayuda Escolar Anual 2026 y los $85.000 definidos como referencia. La medida se paga de manera masiva en marzo, junto con la asignación correspondiente a la educación inicial, primaria y secundaria, así como a estudiantes con necesidades educativas especiales, sin límite de edad.

El esquema alcanza a los beneficiarios del Régimen de Asignaciones Familiares previsto en la Ley 24.714: trabajadores registrados del sector público y privado, monotributistas, titulares de prestaciones previsionales, asignaciones universales y otros programas compatibles. La operatoria quedará a cargo del Ministerio de Capital Humano y de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que deberán dictar las normas complementarias para su implementación.

No se trata de un aumento estructural ni permanente. Es un ajuste puntual que actúa como “amortiguador” del gasto escolar de comienzo de año —útiles, indumentaria, transporte— y que se desactiva automáticamente si la prestación base iguala o supera el umbral fijado.

Contexto institucional: continuidad con corrección puntual

La Ayuda Escolar Anual forma parte del esquema de asignaciones desde hace décadas y su monto es definido por el Poder Ejecutivo. En 2025, el Decreto 63 había establecido el valor de referencia para ese ciclo lectivo. Ahora, el Decreto 115/2026 no reemplaza ese marco, sino que lo complementa para asegurar que el monto total de 2026 no quede por debajo del nivel nominal previo.

La decisión se inscribe en un momento de reordenamiento del gasto social, con foco en transferencias focalizadas y pagos extraordinarios antes que en aumentos automáticos. El Ejecutivo utiliza una herramienta ya prevista en la ley para responder a un problema concreto: el impacto económico del inicio de clases sobre los hogares con niños y adolescentes en edad escolar.

Impacto económico: alivio acotado y efecto inmediato

El efecto económico es directo pero transitorio. Para las familias alcanzadas, el refuerzo implica un alivio inmediato de caja en un mes históricamente exigente para el presupuesto doméstico. En particular, beneficia a los hogares donde la ayuda escolar quedaría por debajo del piso establecido, reforzando el ingreso disponible sin modificar la estructura del sistema.

Desde el lado del consumo, el impacto se concentra en bienes y servicios asociados al inicio del ciclo lectivo, con un efecto acotado en el tiempo. No hay cambios en costos empresariales ni en la competitividad sistémica, aunque sí puede aportar un impulso puntual al comercio minorista vinculado a útiles, indumentaria y transporte escolar.

En términos fiscales, el decreto ordena a la Jefatura de Gabinete realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias. El alcance del gasto dependerá del número de beneficiarios cuyo monto base quede por debajo de los $85.000, un dato que no se explicita en la norma.

Señales políticas: contención focalizada, sin expansión permanente

La medida envía una señal de continuidad con ajuste selectivo. No hay un giro hacia aumentos generalizados ni una ampliación del régimen, sino una corrección puntual para sostener un umbral de ingresos en un momento sensible del año. El Gobierno refuerza así una lógica de intervenciones extraordinarias, de corto plazo y con objetivo definido.

También reafirma la centralización de la decisión en el Poder Ejecutivo, con implementación operativa delegada en los organismos sociales. Para el mercado y las provincias, el mensaje es de prudencia fiscal: el refuerzo existe, pero es acotado, explícito y no automático.

Qué mirar hacia adelante

El impacto real se medirá en dos planos: la efectividad operativa del pago masivo en marzo y la evolución del monto base de la ayuda escolar en los próximos años. Si el piso de $85.000 vuelve a requerir refuerzos, el debate pasará de la excepcionalidad a la sostenibilidad del esquema.

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ANSES oficializó un aumento del 2,85% en las Asignaciones Familiares desde febrero y actualizó el tope de ingresos

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento del 2,85% en los montos y límites de ingresos de las Asignaciones Familiares que regirá a partir de febrero de 2026. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, se enmarca en la fórmula de movilidad mensual atada a la inflación y redefine el umbral de ingresos a partir del cual se pierde el beneficio, fijado ahora en $2.646.379 por integrante del grupo familiar.

La actualización quedó formalizada mediante la Resolución 23/2026, firmada por el director ejecutivo del organismo, Fernando Omar Bearzi, y se aplica a las prestaciones previstas en la Ley 24.714, que regula el Régimen de Asignaciones Familiares. El ajuste responde a la movilidad establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24, que dispuso actualizaciones mensuales según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, con dos meses de rezago.

Ajuste por inflación y nuevo tope para cobrar el salario familiar

El eje central de la resolución es la aplicación de un incremento del 2,85% sobre los montos de las asignaciones y sobre los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, con excepción de la Ayuda Escolar Anual y otras prestaciones específicas contempladas en los incisos d) y e) del artículo 6° de la Ley 24.714.

Uno de los puntos más sensibles de la normativa está detallado en el Artículo 4°, que establece que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.646.379, todo el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares, aunque la suma total de ingresos no supere el tope máximo global. Este criterio, ya vigente en el esquema del salario familiar, vuelve a cobrar relevancia en un contexto de actualización nominal de salarios e ingresos.

La resolución también aclara que, en caso de que los nuevos montos o límites resulten con decimales tras la aplicación de la movilidad, se aplicará redondeo al valor entero siguiente, un aspecto técnico que impacta directamente en la liquidación mensual de los beneficios.

A quiénes alcanza el aumento y qué prestaciones se actualizan

El incremento del 2,85% alcanza a un universo amplio de beneficiarios del sistema de seguridad social. Según lo establecido por ANSES, el ajuste impactará en:

  • Trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como privado.
  • Monotributistas, de acuerdo con las categorías definidas en función de los ingresos brutos anuales.
  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE), cuyos montos también se actualizan por la misma fórmula de movilidad.
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

La normativa se apoya en un entramado legal amplio, que incluye, entre otras, las Leyes 24.714, 27.160 y 27.743, el Decreto 514/21, el Decreto 63/25 y resoluciones conjuntas que garantizan que determinados trabajadores, como los contratados bajo modalidades temporarias o discontinuas en el sector agropecuario, perciban asignaciones no inferiores al 100% del valor de la AUH.

Ayuda Escolar Anual

La resolución también ratifica el criterio de actualización de la Asignación por Ayuda Escolar Anual, que se paga de manera masiva en marzo. Según el Decreto 63/25, este beneficio se actualiza una sola vez al año, en el momento de su pago, aplicando la fórmula de movilidad vigente. De este modo, si bien acompaña la inflación, su ajuste no es mensual como el resto de las asignaciones.

Desde el punto de vista institucional y fiscal, la actualización automática de las Asignaciones Familiares consolida el esquema de indexación mensual basado en el IPC, lo que otorga previsibilidad a los beneficiarios, pero también implica un seguimiento permanente del impacto presupuestario en un contexto de alta nominalidad. Al mismo tiempo, el endurecimiento del tope individual de ingresos refuerza el criterio de focalización del gasto social, excluyendo a grupos familiares cuando uno de sus integrantes supera el umbral establecido.

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