La CGT y ATE endurecen su rechazo a la reforma laboral y advierten que profundizará la precarización
La conducción sindical intensificó sus críticas al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa no solo “va a empeorar la situación laboral”, sino que además es “inconstitucional”. Así lo sostuvo el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, quien alertó sobre un creciente rechazo social —especialmente entre los jóvenes— a medida que se conocen los alcances del texto. En paralelo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, reclamó que el proyecto “se tiene que caer completo” y llamó a profundizar la estrategia de paro y movilización.
Las declaraciones marcan un endurecimiento del posicionamiento sindical y anticipan un escenario de mayor conflictividad política y social en la antesala del tratamiento legislativo de la iniciativa.
“Va a empeorar la situación laboral”: el diagnóstico de la CGT y el cuestionamiento constitucional
Jorge Sola afirmó que “hay una creciente consciencia” de que la reforma laboral promovida por Javier Milei “va a empeorar la situación laboral y es inconstitucional”. Según explicó, el avance del debate público permitió que distintos sectores identifiquen que la propuesta apunta a “profundizar la precariedad laboral y eliminar derechos consagrados por la Constitución”.
El dirigente sostuvo que el deterioro del empleo no se origina en el marco normativo vigente, sino en el rumbo macroeconómico. “No es la legislación laboral, sino la política económica que aplica el Gobierno, que prioriza lo financiero y abandona la productividad, la que está agravando la crisis en las empresas, especialmente en las PyMes, destruyendo el tejido industrial del país”, afirmó.
Sola describió un escenario de impacto económico negativo que atraviesa al mercado de trabajo: “Vemos caída del consumo, aumento de la desocupación, caída de la recaudación. Y aún a la gente con trabajo, la plata le alcanza cada vez menos. Mientras aumenta el endeudamiento familiar y el del Estado nacional”. En ese contexto, pidió a los legisladores que “antes de votar piensen en legislar a favor del país y de las y los trabajadores” y advirtió que, de aprobarse el proyecto, “la Justicia dictaminará su total inconstitucionalidad”.
Estrategia política y presión sobre gobernadores y legisladores
Además del cuestionamiento jurídico, la CGT anticipó una reactivación de su estrategia política para incidir en el trámite parlamentario. La central obrera buscará dialogar con gobernadores con el objetivo de que no acompañen la iniciativa a través de sus legisladores o impulsen modificaciones en los artículos que concentran el mayor rechazo sindical.
La ofensiva sindical se apoya en la lectura de que el proyecto, tal como está redactado, genera un cambio estructural en las relaciones laborales y reduce derechos colectivos, lo que podría abrir una etapa de judicialización prolongada y tensión institucional entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y el sistema judicial.
ATE: “El proyecto se tiene que caer completo” y llamado a la movilización
El rechazo se profundizó con la posición de ATE. Tras reunirse con el titular del Sindicato de Aceiteros, Daniel Yofra, Rodolfo Aguiar aseguró que “hay un consenso creciente en la dirigencia sindical sobre que el paro y la movilización son las herramientas más eficaces para enfrentar la reforma laboral”.
Aguiar descartó la posibilidad de una negociación parcial: “No podemos caer en la ingenuidad de pensar que modificando un par de artículos vamos a frenar un ataque sin precedentes a todos nuestros derechos. No nos podemos conformar con el mal menor. Este proyecto legal de contrarreforma laboral se tiene que caer completo”. En un comunicado, afirmó que el texto “fue redactado por los estudios jurídicos de las grandes patronales” y que su aplicación “puede traducirse en más precarización, más explotación para los trabajadores y más rentabilidad para las empresas”.
El dirigente también cuestionó el argumento oficial de que la reforma promoverá el empleo. “La creación de empleo no depende de una ley, depende de la economía, y precisamente es la política económica del Gobierno la que ha destruido durante dos años los puestos de trabajo formales en la Argentina”, señaló. De la reunión también participó el abogado Matías Cremonte.
Finalmente, Aguiar alertó sobre los derechos colectivos en juego y convocó a la acción directa: “No podemos permitir que se afecte el derecho de huelga y que pretendan eliminar las asambleas. Sería una vergüenza que alguien termine aceptando que nos paguen nuestros salarios con paquetes de yerba o que tengamos que pedir permiso para realizar una asamblea. El único camino posible es la calle”.
