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El Gobierno logró un superávit financiero de $390.301 millones en agosto

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El Ministerio de Economía informó que en agosto de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit financiero de $390.301 millones, luego de afrontar pagos de intereses de deuda por $1.166.564 millones. El resultado se sustentó en un superávit primario de $1.556.864 millones, consolidando el ancla fiscal que el Gobierno considera pilar de su programa económico.

Según los datos oficiales difundidos el 18 de septiembre, el resultado financiero acumulado hasta agosto equivale a 0,4% del PIB, mientras que el superávit primario se ubica en torno al 1,3% del PIB. Estas cifras permiten sostener la estrategia de consolidación fiscal, clave para la política económica actual y en línea con los compromisos de equilibrio de las cuentas públicas.

El reporte del Palacio de Hacienda destaca que los ingresos totales del SPN alcanzaron los $11,366 billones (+29,9% interanual), impulsados principalmente por tributos vinculados a la actividad económica y al comercio exterior.

Entre los impuestos con mayor crecimiento se encuentran:

  • Derechos de Importación: +81,3% interanual.
  • Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social: +41,4% i.a.
  • Impuesto a las Ganancias: +40,3% i.a.
  • Impuesto a los Débitos y Créditos: +35,7% i.a.
  • IVA neto de reintegros: +34,5% i.a.

Ingresos, gastos y asignaciones prioritarias

Del lado del gasto, los gastos primarios alcanzaron en agosto los $9,809 billones (+25% interanual), creciendo nuevamente por debajo de los ingresos, lo que permitió sostener el resultado positivo.

  • Prestaciones sociales: sumaron $6,281 billones (+37,5% i.a.), con una suba real del 2,9%. Dentro de este rubro, jubilaciones y pensiones junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) crecieron 9% en términos reales, en línea con la fórmula de movilidad de la Ley 27.609 y el DNU 274/24.
  • Remuneraciones: $1,292 billones (+24,3% i.a.), en el marco de aumentos salariales pactados y reducción de la planta estatal.
  • Transferencias a universidades: $341.231 millones, con una expansión del 45,9% i.a., lo que implica una mejora real del 9,2%.
  • Transferencias corrientes: $3,122 billones (+17,3% i.a.), con un incremento de 20,8% al sector privado y 2% al sector público.
  • Subsidios económicos: registraron una caída de 18,8% i.a., con reducciones de $166.107 millones en subsidios energéticos (-19,1%) y $52.231 millones en transporte (-19,4%).

El Ministerio de Economía remarcó que el resultado fiscal positivo refleja una política de ordenamiento de las cuentas públicas con dos pilares centrales:

  1. Contención del gasto corriente mediante reducción de subsidios y racionalización de la planta estatal.
  2. Fortalecimiento de los ingresos vía recuperación de la actividad formal y mayor recaudación tributaria.

“El cumplimiento de las metas fiscales es la base de la estabilización macroeconómica”, señalaron desde la cartera que conduce el ministro de Economía, subrayando que el resultado de agosto “ratifica el rumbo del programa económico”.

Impacto político y económico

El superávit financiero llega en un momento en el que el Gobierno busca consolidar credibilidad en los mercados y sostener la estabilidad cambiaria. Para los analistas, la reducción de subsidios en transporte y energía, aunque fiscalmente positiva, puede abrir frentes de tensión social y política por el traslado de costos a usuarios y empresas.

Asimismo, el incremento real en prestaciones sociales y en las transferencias a universidades busca equilibrar la consolidación fiscal con señales de protección social y sostenimiento educativo.

De cara a los últimos meses del año, el desafío será sostener el superávit en un contexto de desaceleración económica y presiones sociales. El Gobierno confía en que la combinación de recaudación creciente y ajuste de subsidios permita mantener la tendencia positiva.

La continuidad de la disciplina fiscal será clave tanto en la renovación de compromisos financieros internacionales como en la discusión política interna, donde el equilibrio entre orden fiscal y contención social seguirá siendo el eje de debate.

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Asignaciones familiares: cuánto cobrarán los trabajadores, monotributistas y AUH desde septiembre

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó mediante la Resolución 297/2025 la actualización de los límites de ingresos y montos de las asignaciones familiares. El ajuste será del 1,9% y regirá para los haberes devengados a partir de septiembre de 2025, en línea con la movilidad establecida por la Ley 27.160 y la fórmula de actualización mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

La medida alcanza a trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de la prestación por desempleo, monotributistas, jubilados, pensionados y titulares de la AUH y Asignación por Embarazo, con excepción de la ayuda escolar anual, que solo se actualiza una vez al año.

La decisión se enmarca en lo dispuesto por la Ley 24.714, que regula el Régimen de Asignaciones Familiares, y sus modificatorias posteriores, entre ellas la Ley 27.743 y el DNU 274/2024, que dispuso la movilidad mensual de prestaciones previsionales y asignaciones.

Según la resolución, el incremento del 1,9% se aplica tanto sobre los montos de las prestaciones como sobre los límites y rangos de ingresos del grupo familiar (IGF), con excepción de los incisos d) y e) del artículo 6° de la Ley 24.714 (Ayuda Escolar y Ayuda Escolar por Hijo con Discapacidad).

En los casos donde los valores resulten con decimales, la norma prevé un redondeo al entero siguiente.

Además, se mantiene la exclusión del régimen para los grupos familiares en los que alguno de sus integrantes perciba más de $2.359.258, aun cuando el ingreso total no supere el tope general.

Nuevos montos y rangos de las asignaciones

De acuerdo con los anexos publicados en el Boletín Oficial, los montos quedaron fijados de la siguiente manera:

  • Nacimiento: $67.079.
  • Adopción: $401.075.
  • Matrimonio: $100.441.
  • Asignación por Prenatal e Hijo:
    • IGF hasta $891.041: $57.549.
    • IGF entre $891.041 y $1.306.800: $38.818.
    • IGF entre $1.306.800 y $1.508.746: $23.478.
    • IGF entre $1.508.746 y $4.718.516: $12.112.
  • Hijo con discapacidad:
    • IGF hasta $891.041: $187.379.
    • IGF entre $891.041 y $1.306.800: $132.557.
    • IGF desde $1.306.800: $83.661.
  • Ayuda escolar anual (única actualización en marzo): $42.039 por hijo.

Para zonas diferenciales (Patagonia, NOA y regiones de frontera), los valores se incrementan con adicionales según zona 1, 2, 3 o 4, alcanzando montos de hasta $374.286 para la asignación por hijo con discapacidad en Zona 4 (Santa Cruz y Tierra del Fuego).


Impacto económico y social

La actualización, aunque de magnitud reducida en relación con la inflación proyectada para agosto (superior al 6%), busca sostener el poder adquisitivo de las asignaciones en un contexto de aceleración de precios.

Especialistas advierten que, pese a la movilidad mensual, los beneficiarios siguen enfrentando una pérdida real en términos de capacidad de compra. En particular, el monto de la AUH de $57.549 por hijo representa menos de la mitad del costo de la canasta básica alimentaria por niño medida por el INDEC.

Desde ANSES señalan que “la movilidad garantiza un piso de actualización que acompaña la inflación y evita rezagos prolongados”, aunque gremios y organizaciones sociales reclaman una revisión extraordinaria de los montos para sectores más vulnerables.

El nuevo esquema regirá para todas las liquidaciones desde septiembre de 2025. En marzo de 2026, se aplicará la actualización correspondiente a la ayuda escolar anual.

En paralelo, el Gobierno analiza una propuesta de segmentación geográfica más amplia para las asignaciones diferenciales en zonas de frontera, particularmente en provincias del NEA, donde la presión inflacionaria y las asimetrías con países limítrofes impactan de manera directa en el poder de compra.

La medida será monitoreada en el marco de la política de ingresos y podría generar debate legislativo y sindical en los próximos meses.

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Las asignaciones familiares y universales aumentan un 27,18% a partir de este mes

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Con este aumento, la Asignación por Embarazo y la AUH pasarán a ser de $52.554 por cada hijo

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) anunció un incremento del 27,18%, en las asignaciones familiares y universales, para el mes de marzo, y el aumento se suma a la actualización trimestral, establecida por la Ley de Movilidad.

Lo hizo mediante el decreto 194/2024, publicado en el Boletín Oficial, donde se informa de los nuevos topes de ingresos, tanto individual, como del grupo familiar.

Según la nueva normativa, el límite para los ingresos individuales será de $1.077.403 para cada Anes el valor máximo para cada integrante era de $1.980.000 y el del grupo familiar de $3.960.000.

Desde ahora el Ingreso Grupo Familiar hasta $406.909 será de $26.277. Para un Ingreso Grupo Familiar entre $406.909,01 y $596.776, pasa a $17.722. Con un Ingreso Grupo Familiar entre $596.776,01 y $688.999 será de $10.717 y para un Ingreso Grupo Familiar entre $688.999,01 y $2.154.806 quedará en $5.526.

La Asignación Universal por Hijo será de $42.043,20; con discapacidad será de $136.904,80; y por Embarazo pasa a $42.043,20.

En cuanto a la asignación por Nacimiento será de $30.629; Adopción, $183.156; Matrimonio, $45.864.

Prenatal con un Ingreso Grupo Familiar hasta $406.909, será de $26.277; con Ingreso Grupo Familiar entre $406.909,01 y $596.776, $17.722; con Ingreso Grupo Familiar entre $596.776,01 y $688.999, $10.717; y con Ingreso Grupo Familiar entre $688.999,01 y $2.154.806, $5.526.

Respecto a las asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad, con un Ingreso Grupo Familiar hasta $406.909 pasa a $85.566; con Ingreso Grupo Familiar entre $406.909,01 y $596.776, $60.531; y con Ingreso Grupo Familiar desde $596.776,01; $38.202.

La Ayuda Escolar Anual para un Ingreso Grupo Familiar hasta $2.154.806 pasa a ser de $70.000.

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¿Realmente las familias pobres tienen más hijos para cobrar planes asistenciales?

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En las últimas semanas, se está discutiendo sobre los programas asistenciales que reciben las familias de menores ingresos y como se cree, que estos programas, incentiva notablemente a que las familias quieran tener más hijos.
La principal crítica recae en el programa AUH, que cobran las familias por cada hijo menor de 18 años que cumple con los requisitos preestablecidos.

Si se analizan los datos brindados por Cippec, para marzo del año 2022, del total de titulares de AUH, se observa que la mitad de los beneficiarios solo tiene 1 hijo, que solo un 7% tiene 4 hijos o más. 

Esta misma estructura es la que se encuentra si se analizan los datos para el año 2018. Lo cual podemos concluir que no hay evidencia suficiente para pensar que la AUH trae incentivos a aumentar la tasa de natalidad.

Adicionalmente, en los últimos años, dicha tasa viene en descenso y no existen distinciones por rangos económicos.

Por ello, políticas como controlar la natalidad de los sectores marginados no solucionarían el problema de fondo y solo conseguiría vulnerar los derechos de la sociedad de tener la cantidad de hijos que deseen.

En consecuencia, es fundamental que centremos el foco en que: una transferencia económica solo es una medida temporal, una ayuda, un “parche”. La única forma de salir de la pobreza y vivir en condiciones dignas es teniendo acceso a empleos de calidad.

Generar un contexto económico favorable, tener seguridad jurídica, ordenamiento tributario, mejorar la infraestructura, instituciones laborales que no desalienten las contrataciones y fundamentalmente elevar los niveles educativos de la sociedad son algunos de los ejes que hay que centrar el debate para poder disminuir la informalidad laboral, aumentar la productividad económica y tener menos familias pobres.

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La incorporación de leche fortificada en la AUH y AE es “un cambio de paradigma”, dijo Vizzotti

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La incorporación del programa de entrega de leche fortificada y alimentos saludables a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación por Embarazo (AE) se trata de “un cambio de paradigma”, dijo la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, en su intervención en el Consejo Federal de Salud (Cofesa).

Durante la reunión que se desarrolló de forma virtual con los titulares de las carteras sanitarias provinciales, la ministra dio detalles de la nueva incorporación del programa, analizó el impacto de la vacunación contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) y anunció la creación de un informe estadístico de defunción por Covid-19.

“Para nosotros fue una decisión muy importante, un cambio de paradigma en lo que significa el acceso y la posibilidad concreta de volver más eficiente la gestión para que llegue en forma directa a la beneficiaria y pueda disponer de los fondos para adquirir la leche”, explicó Vizzotti ayer en relación a la incorporación de la entrega de leche fortificada y alimentos saludables a los programas de AUH y AE anunciada el pasado lunes, según se consignó en un comunicado.

La estrategia se desarrolla en el marco de la Ley 27.611, conocida como Ley de 1000 días, la cual garantiza la provisión pública y gratuita de insumos fundamentales para personas gestantes durante el embarazo y para los niños y las niñas hasta los tres años que no posean cobertura por parte de obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Durante el encuentro también se repasaron los resultados del estudio realizado en la Argentina que determinó una eficacia superior al 93% en el programa de vacunación contra VPH.

“La Argentina generó evidencia para toda América Latina y esto genera a su vez mucha confianza en la población”, señaló Vizzotti.

En este sentido, la ministra adelantó que se realizará un nuevo estudio multicéntrico para realizar una evaluación del impacto y eficacia de la vacunación contra VPH, tras 10 años de su implementación, al tiempo que invitó a las provincias a sumarse a esta iniciativa.

Asimismo, durante el encuentro se decidió avanzar en la conformación de una comisión con representantes de áreas técnicas de todas las jurisdicciones para realizar una revisión de los casos fallecidos por Covid-19 notificados por el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y la posterior realización de un informe estadístico.

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