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ANSES oficializó un aumento del 2,85% en las Asignaciones Familiares desde febrero y actualizó el tope de ingresos

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento del 2,85% en los montos y límites de ingresos de las Asignaciones Familiares que regirá a partir de febrero de 2026. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, se enmarca en la fórmula de movilidad mensual atada a la inflación y redefine el umbral de ingresos a partir del cual se pierde el beneficio, fijado ahora en $2.646.379 por integrante del grupo familiar.

La actualización quedó formalizada mediante la Resolución 23/2026, firmada por el director ejecutivo del organismo, Fernando Omar Bearzi, y se aplica a las prestaciones previstas en la Ley 24.714, que regula el Régimen de Asignaciones Familiares. El ajuste responde a la movilidad establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24, que dispuso actualizaciones mensuales según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, con dos meses de rezago.

Ajuste por inflación y nuevo tope para cobrar el salario familiar

El eje central de la resolución es la aplicación de un incremento del 2,85% sobre los montos de las asignaciones y sobre los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, con excepción de la Ayuda Escolar Anual y otras prestaciones específicas contempladas en los incisos d) y e) del artículo 6° de la Ley 24.714.

Uno de los puntos más sensibles de la normativa está detallado en el Artículo 4°, que establece que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.646.379, todo el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares, aunque la suma total de ingresos no supere el tope máximo global. Este criterio, ya vigente en el esquema del salario familiar, vuelve a cobrar relevancia en un contexto de actualización nominal de salarios e ingresos.

La resolución también aclara que, en caso de que los nuevos montos o límites resulten con decimales tras la aplicación de la movilidad, se aplicará redondeo al valor entero siguiente, un aspecto técnico que impacta directamente en la liquidación mensual de los beneficios.

A quiénes alcanza el aumento y qué prestaciones se actualizan

El incremento del 2,85% alcanza a un universo amplio de beneficiarios del sistema de seguridad social. Según lo establecido por ANSES, el ajuste impactará en:

  • Trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como privado.
  • Monotributistas, de acuerdo con las categorías definidas en función de los ingresos brutos anuales.
  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE), cuyos montos también se actualizan por la misma fórmula de movilidad.
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

La normativa se apoya en un entramado legal amplio, que incluye, entre otras, las Leyes 24.714, 27.160 y 27.743, el Decreto 514/21, el Decreto 63/25 y resoluciones conjuntas que garantizan que determinados trabajadores, como los contratados bajo modalidades temporarias o discontinuas en el sector agropecuario, perciban asignaciones no inferiores al 100% del valor de la AUH.

Ayuda Escolar Anual

La resolución también ratifica el criterio de actualización de la Asignación por Ayuda Escolar Anual, que se paga de manera masiva en marzo. Según el Decreto 63/25, este beneficio se actualiza una sola vez al año, en el momento de su pago, aplicando la fórmula de movilidad vigente. De este modo, si bien acompaña la inflación, su ajuste no es mensual como el resto de las asignaciones.

Desde el punto de vista institucional y fiscal, la actualización automática de las Asignaciones Familiares consolida el esquema de indexación mensual basado en el IPC, lo que otorga previsibilidad a los beneficiarios, pero también implica un seguimiento permanente del impacto presupuestario en un contexto de alta nominalidad. Al mismo tiempo, el endurecimiento del tope individual de ingresos refuerza el criterio de focalización del gasto social, excluyendo a grupos familiares cuando uno de sus integrantes supera el umbral establecido.

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Caputo confirmó superávit fiscal del 1,4% del PBI en 2025 y destacó un hito histórico

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El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el año 2025 finalizó con un superávit fiscal primario de $11,7 billones, equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), y un superávit financiero de $1,45 billones, equivalente al 0,2%. El dato marca un hito fiscal: es la primera vez desde 2008 que la Argentina logra dos años consecutivos de superávit financiero base caja, cumpliendo además con la totalidad de los servicios de la deuda pública.

El anuncio fue realizado este viernes a través de la red social X por el titular del Palacio de Hacienda, quien subrayó la relevancia institucional del resultado en el marco del programa económico vigente y de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Resultado fiscal 2025: cifras, estacionalidad y un hito histórico

El año 2025 culminó con un superávit primario de $11.76 billones y un superávit financiero de $1.45 billones, equivalentes aproximadamente a 1,4% y 0,2% del PIB, respectivamente”, destacó Caputo en su publicación. En el mismo mensaje, remarcó que se trata de “la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008”.

El ministro aclaró que el cierre positivo del año se dio a pesar de la estacionalidad negativa del último mes. En diciembre de 2025, el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $2,87 billones y un déficit financiero de $3,29 billones, un comportamiento habitual por el patrón de ejecución del gasto hacia fin de año.

No obstante, Caputo puso énfasis en el carácter estructural del resultado anual: “Es la primera vez de la serie histórica que comienza en 1993 que se obtiene este resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional”.

Metas con el FMI y lectura del resultado fiscal

El desempeño fiscal de 2025 también se analiza en función del acuerdo con el FMI. Según el staff report del organismo correspondiente a julio, tras la primera revisión del programa, la meta nominal fijada para la Argentina era de $10,4 billones de superávit primario, objetivo que fue superado por $1,3 billones.

En términos del PBI, la meta indicativa había sido establecida en 1,6%, por lo que el resultado de 1,4% quedó 0,2 puntos porcentuales por debajo. Sin embargo, fuentes del mercado consideran previsible que el organismo dé la meta por cumplida, dado que el criterio central es el objetivo nominal.

De hecho, Caputo recordó que los funcionarios del área de Finanzas manejaban internamente una meta equivalente al 1,3% del PBI, consistente con los $10,4 billones exigidos por el Fondo en relación con el PBI efectivo. La diferencia se explica, en parte, por la inflación del 31,5%, que elevó el PBI nominal por encima de lo previsto a mediados de año.

Ajuste del gasto, suba del gasto social y baja de impuestos

El ministro de Economía defendió la estrategia fiscal señalando que el gasto primario en 2025 fue 27% inferior en términos reales al de 2023. Según explicó, la consolidación fiscal se logró “protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables”.

En ese sentido, detalló que el gasto social en AUH y Tarjeta Alimentar aumentó 43% en términos reales, al comparar diciembre de 2025 con diciembre de 2023. Ese refuerzo llevó a que dichas transferencias representaran el 92% de la canasta básica alimentaria, frente al 55% registrado en diciembre de 2023.

Caputo también vinculó el superávit fiscal con una política activa de reducción de la presión tributaria. Según indicó, desde 2024 la baja de impuestos acumulada ya supera el 2,5% del PBI, e incluye la eliminación del Impuesto PAÍS, la reducción o eliminación de derechos de exportación e importación en numerosas posiciones arancelarias, la baja de impuestos internos y la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles.

En esa línea, recordó que en diciembre de 2025 se concretó una nueva reducción de derechos de exportación: dos puntos porcentuales para los complejos soja, trigo y cebada, y un punto para los complejos maíz, sorgo y girasol.

El ancla fiscal y la mirada de los analistas privados

Caputo ratificó que el ancla fiscal continúa siendo “un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión” y afirmó que este principio quedó cristalizado en el Presupuesto 2026. Según el ministro, el orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán profundizar la devolución de recursos al sector privado mediante nuevas reducciones de impuestos.

Desde el sector privado, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) aportó una lectura técnica del resultado. El organismo señaló que, en comparación con 2024, el superávit primario cayó 0,43 puntos porcentuales del PBI y el superávit financiero se redujo en 0,13 puntos, desde niveles de 1,8% y 0,3% del PBI, respectivamente.

El informe precisó además que los intereses pagados registrados sobre la línea, sin considerar los intereses capitalizados, equivalieron al 1,2% del PBI. Según el IARAF, “la dinámica de ingresos influenciada por la baja de impuestos y la suba real del gasto en jubilaciones y prestaciones determinó un empeoramiento relativo” frente al año previo.

Un dato clave para la política económica

El cierre fiscal de 2025 con superávit consolida uno de los ejes centrales del programa económico del Gobierno y se proyecta como un elemento clave en la relación con el FMI, el mercado financiero y los actores económicos locales. Más allá de las diferencias en la lectura técnica, el dato refuerza el rol del equilibrio fiscal como ancla macroeconómica y como señal política en un contexto de reformas estructurales y redefinición del rol del Estado.

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Informe del IARAF: cuatro de seis sectores cerraron 2025 con ingresos reales negativos

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Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la mayoría de los ingresos reales registrados en la Argentina perdió poder adquisitivo, en un período que coincide con el inicio de la gestión de Javier Milei. Así lo revela un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), difundido por el economista Nadin Argañaraz, que muestra caídas reales en cuatro de los seis sectores analizados. Solo dos grupos lograron ganarle a la inflación: los receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los jubilados que cobran el haber mínimo sin bono.

El estudio cuantifica pérdidas y ganancias acumuladas en términos reales, expone diferencias significativas entre sectores públicos y privados y aporta un diagnóstico preciso sobre la evolución del poder adquisitivo en los primeros dos años del actual gobierno.

Pérdidas generalizadas: trabajadores y jubilados con bono, los más afectados

El informe de IARAF concluye que cuatro de los seis sectores con ingresos registrados terminaron 2025 con variaciones reales negativas respecto de noviembre de 2023. Entre los más golpeados aparecen los trabajadores públicos nacionales, los empleados del sector privado, los trabajadores públicos provinciales y los jubilados que perciben el haber mínimo más bono compensatorio.

En el caso de los asalariados del sector privado, el documento señala que “habrían finalizado el 2025 con una pérdida acumulada de poder adquisitivo equivalente al 80% del poder adquisitivo del mes de noviembre de 2023”. En términos concretos, esa merma equivale a 24 días del ingreso real de aquel mes.

Para los trabajadores públicos nacionales, la situación resulta aún más severa: la pérdida acumulada asciende a 7 ingresos reales de noviembre de 2023. El informe detalla que, aunque cobraron 25 salarios mensuales durante el período, esos ingresos equivalen en términos reales a 18 salarios de noviembre de 2023. En tanto, los trabajadores públicos provinciales cerraron 2025 con una pérdida acumulada de 2,8 salarios reales de referencia.

Los jubilados que cobran el haber mínimo más el bono tampoco lograron sostener su poder de compra. Según IARAF, este grupo perdió el equivalente a 1,4 ingresos reales de noviembre de 2023, reflejando el impacto de la inflación sobre una prestación que combina haber y refuerzos discrecionales.

En términos de pérdidas acumuladas, el informe subraya que los empleados públicos nacionales fueron el sector con mayor deterioro real, al resignar en 25 meses el equivalente a siete ingresos completos.

Los ganadores: AUH y jubilados sin bono le ganaron a la inflación

En contraste con el panorama general, el estudio identifica dos sectores con mejoras reales acumuladas. El primero es el de los receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se consolidó como el principal ganador del período.

Según el informe, quienes perciben la AUH finalizaron 2025 con un mayor poder adquisitivo acumulado equivalente a 21,3 ingresos reales de noviembre de 2023. En términos prácticos, esto implica que, en 25 meses de ingresos, obtuvieron un ingreso extra equivalente a 21 ingresos reales de aquel mes base, lo que se tradujo en un aumento del 85% del ingreso real acumulado en dos años.

El segundo grupo con resultado positivo fue el de los jubilados que cobran únicamente el haber mínimo, sin bono. Para este segmento, el cierre de 2025 significó un aumento real acumulado de 0,8 haberes de noviembre de 2023, un desempeño que el propio informe destaca como exactamente opuesto al de los trabajadores privados registrados.

Poder adquisitivo y clase media: un deterioro persistente

El análisis de IARAF también aborda la evolución del poder adquisitivo al cierre de 2025, con resultados que refuerzan la tendencia observada en los ingresos acumulados. De acuerdo con lo explicado por Argañaraz, los trabajadores privados registrados llegaron a diciembre de 2025 con un poder de compra casi 1% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

Para los trabajadores públicos nacionales, la pérdida fue mucho más profunda: 33% de poder adquisitivo, aproximadamente, respecto del mismo mes de referencia. Los empleados públicos provinciales, tras una fuerte caída inicial, cerraron el período con una pérdida real del 6,5%. En tanto, los jubilados que cobran haber mínimo más bono finalizaron 2025 con una merma del 7,5% en su poder de compra.

Del lado positivo, los jubilados que perciben solo el haber mínimo registraron una suba real del 9,3%, mientras que los beneficiarios de la AUH duplicaron su poder adquisitivo frente a noviembre de 2023, consolidándose como el sector poblacional con mayor mejora real en los últimos dos años.

El informe concluye que esta dinámica se traduce en una clase media más empobrecida, con fuertes asimetrías entre sectores y con un esquema de ingresos donde las políticas de transferencias sociales explican buena parte de las mejoras relativas.

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El Gobierno logró un superávit financiero de $390.301 millones en agosto

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El Ministerio de Economía informó que en agosto de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit financiero de $390.301 millones, luego de afrontar pagos de intereses de deuda por $1.166.564 millones. El resultado se sustentó en un superávit primario de $1.556.864 millones, consolidando el ancla fiscal que el Gobierno considera pilar de su programa económico.

Según los datos oficiales difundidos el 18 de septiembre, el resultado financiero acumulado hasta agosto equivale a 0,4% del PIB, mientras que el superávit primario se ubica en torno al 1,3% del PIB. Estas cifras permiten sostener la estrategia de consolidación fiscal, clave para la política económica actual y en línea con los compromisos de equilibrio de las cuentas públicas.

El reporte del Palacio de Hacienda destaca que los ingresos totales del SPN alcanzaron los $11,366 billones (+29,9% interanual), impulsados principalmente por tributos vinculados a la actividad económica y al comercio exterior.

Entre los impuestos con mayor crecimiento se encuentran:

  • Derechos de Importación: +81,3% interanual.
  • Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social: +41,4% i.a.
  • Impuesto a las Ganancias: +40,3% i.a.
  • Impuesto a los Débitos y Créditos: +35,7% i.a.
  • IVA neto de reintegros: +34,5% i.a.

Ingresos, gastos y asignaciones prioritarias

Del lado del gasto, los gastos primarios alcanzaron en agosto los $9,809 billones (+25% interanual), creciendo nuevamente por debajo de los ingresos, lo que permitió sostener el resultado positivo.

  • Prestaciones sociales: sumaron $6,281 billones (+37,5% i.a.), con una suba real del 2,9%. Dentro de este rubro, jubilaciones y pensiones junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) crecieron 9% en términos reales, en línea con la fórmula de movilidad de la Ley 27.609 y el DNU 274/24.
  • Remuneraciones: $1,292 billones (+24,3% i.a.), en el marco de aumentos salariales pactados y reducción de la planta estatal.
  • Transferencias a universidades: $341.231 millones, con una expansión del 45,9% i.a., lo que implica una mejora real del 9,2%.
  • Transferencias corrientes: $3,122 billones (+17,3% i.a.), con un incremento de 20,8% al sector privado y 2% al sector público.
  • Subsidios económicos: registraron una caída de 18,8% i.a., con reducciones de $166.107 millones en subsidios energéticos (-19,1%) y $52.231 millones en transporte (-19,4%).

El Ministerio de Economía remarcó que el resultado fiscal positivo refleja una política de ordenamiento de las cuentas públicas con dos pilares centrales:

  1. Contención del gasto corriente mediante reducción de subsidios y racionalización de la planta estatal.
  2. Fortalecimiento de los ingresos vía recuperación de la actividad formal y mayor recaudación tributaria.

“El cumplimiento de las metas fiscales es la base de la estabilización macroeconómica”, señalaron desde la cartera que conduce el ministro de Economía, subrayando que el resultado de agosto “ratifica el rumbo del programa económico”.

Impacto político y económico

El superávit financiero llega en un momento en el que el Gobierno busca consolidar credibilidad en los mercados y sostener la estabilidad cambiaria. Para los analistas, la reducción de subsidios en transporte y energía, aunque fiscalmente positiva, puede abrir frentes de tensión social y política por el traslado de costos a usuarios y empresas.

Asimismo, el incremento real en prestaciones sociales y en las transferencias a universidades busca equilibrar la consolidación fiscal con señales de protección social y sostenimiento educativo.

De cara a los últimos meses del año, el desafío será sostener el superávit en un contexto de desaceleración económica y presiones sociales. El Gobierno confía en que la combinación de recaudación creciente y ajuste de subsidios permita mantener la tendencia positiva.

La continuidad de la disciplina fiscal será clave tanto en la renovación de compromisos financieros internacionales como en la discusión política interna, donde el equilibrio entre orden fiscal y contención social seguirá siendo el eje de debate.

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Asignaciones familiares: cuánto cobrarán los trabajadores, monotributistas y AUH desde septiembre

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó mediante la Resolución 297/2025 la actualización de los límites de ingresos y montos de las asignaciones familiares. El ajuste será del 1,9% y regirá para los haberes devengados a partir de septiembre de 2025, en línea con la movilidad establecida por la Ley 27.160 y la fórmula de actualización mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

La medida alcanza a trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de la prestación por desempleo, monotributistas, jubilados, pensionados y titulares de la AUH y Asignación por Embarazo, con excepción de la ayuda escolar anual, que solo se actualiza una vez al año.

La decisión se enmarca en lo dispuesto por la Ley 24.714, que regula el Régimen de Asignaciones Familiares, y sus modificatorias posteriores, entre ellas la Ley 27.743 y el DNU 274/2024, que dispuso la movilidad mensual de prestaciones previsionales y asignaciones.

Según la resolución, el incremento del 1,9% se aplica tanto sobre los montos de las prestaciones como sobre los límites y rangos de ingresos del grupo familiar (IGF), con excepción de los incisos d) y e) del artículo 6° de la Ley 24.714 (Ayuda Escolar y Ayuda Escolar por Hijo con Discapacidad).

En los casos donde los valores resulten con decimales, la norma prevé un redondeo al entero siguiente.

Además, se mantiene la exclusión del régimen para los grupos familiares en los que alguno de sus integrantes perciba más de $2.359.258, aun cuando el ingreso total no supere el tope general.

Nuevos montos y rangos de las asignaciones

De acuerdo con los anexos publicados en el Boletín Oficial, los montos quedaron fijados de la siguiente manera:

  • Nacimiento: $67.079.
  • Adopción: $401.075.
  • Matrimonio: $100.441.
  • Asignación por Prenatal e Hijo:
    • IGF hasta $891.041: $57.549.
    • IGF entre $891.041 y $1.306.800: $38.818.
    • IGF entre $1.306.800 y $1.508.746: $23.478.
    • IGF entre $1.508.746 y $4.718.516: $12.112.
  • Hijo con discapacidad:
    • IGF hasta $891.041: $187.379.
    • IGF entre $891.041 y $1.306.800: $132.557.
    • IGF desde $1.306.800: $83.661.
  • Ayuda escolar anual (única actualización en marzo): $42.039 por hijo.

Para zonas diferenciales (Patagonia, NOA y regiones de frontera), los valores se incrementan con adicionales según zona 1, 2, 3 o 4, alcanzando montos de hasta $374.286 para la asignación por hijo con discapacidad en Zona 4 (Santa Cruz y Tierra del Fuego).


Impacto económico y social

La actualización, aunque de magnitud reducida en relación con la inflación proyectada para agosto (superior al 6%), busca sostener el poder adquisitivo de las asignaciones en un contexto de aceleración de precios.

Especialistas advierten que, pese a la movilidad mensual, los beneficiarios siguen enfrentando una pérdida real en términos de capacidad de compra. En particular, el monto de la AUH de $57.549 por hijo representa menos de la mitad del costo de la canasta básica alimentaria por niño medida por el INDEC.

Desde ANSES señalan que “la movilidad garantiza un piso de actualización que acompaña la inflación y evita rezagos prolongados”, aunque gremios y organizaciones sociales reclaman una revisión extraordinaria de los montos para sectores más vulnerables.

El nuevo esquema regirá para todas las liquidaciones desde septiembre de 2025. En marzo de 2026, se aplicará la actualización correspondiente a la ayuda escolar anual.

En paralelo, el Gobierno analiza una propuesta de segmentación geográfica más amplia para las asignaciones diferenciales en zonas de frontera, particularmente en provincias del NEA, donde la presión inflacionaria y las asimetrías con países limítrofes impactan de manera directa en el poder de compra.

La medida será monitoreada en el marco de la política de ingresos y podría generar debate legislativo y sindical en los próximos meses.

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