La UCA advierte que más del 50% de los niños es pobre
Un nuevo informe de la Universidad Católica Argentina volvió a poner en tensión el frente social del Gobierno: en 2025, el 53,6% de los niños, niñas y adolescentes vive en situación de pobreza y el 10,7% en indigencia, mientras que el 28,8% enfrenta inseguridad alimentaria. El dato, difundido a partir de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), introduce una advertencia política de fondo: la mejora registrada en los últimos dos años no alcanza para revertir un deterioro estructural que se arrastra desde hace más de una década.
El punto crítico no es solo el nivel de pobreza, sino su persistencia. La pregunta que se abre es si el actual esquema económico puede sostener la reducción reciente o si se trata de un alivio transitorio en un escenario aún frágil.
Un problema estructural que resiste a los ciclos económicos
El estudio muestra que la pobreza infantil mantiene una tendencia ascendente en el largo plazo, con picos en momentos de crisis y descensos en períodos de recuperación. En 2010 afectaba al 45,2% de los menores; tras una breve mejora en 2011-2012, inició un deterioro casi continuo que alcanzó su máximo en 2023 con 62,9%.
La baja observada en 2024 y 2025 representa un alivio relativo, pero no modifica la estructura del problema. La indigencia siguió una trayectoria similar: tras escalar hasta 17,7% en 2024, descendió a 10,7% en 2025, acercándose a niveles de años previos, aunque sin consolidar una tendencia estable.
En términos institucionales, el informe remarca que las políticas de transferencia de ingresos —como la asistencia alimentaria o asignaciones— cumplen un rol de contención, pero no logran cubrir la totalidad de los hogares en situación de vulnerabilidad.
Alimentación, salud y hábitat: las capas del deterioro
El dato más sensible aparece en la alimentación. Casi tres de cada diez niños no acceden de manera regular a alimentos, y un 13,2% sufre inseguridad alimentaria severa. En paralelo, la asistencia alimentaria alcanzó al 64,8% de la población infantil, el nivel más alto registrado.
La cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH) llegó al 42,5%, con una caída de 3,3 puntos porcentuales respecto de 2024. Según el informe, estos programas llegan mayoritariamente a los sectores más necesitados, pero dejan fuera a parte de la población pobre.
El deterioro también se extiende a otros indicadores. El 19,8% de los niños dejó de asistir a controles médicos o odontológicos por motivos económicos. En vivienda, el 18,1% reside en condiciones precarias y el 20,9% en hacinamiento, mientras que el 42% no tiene acceso adecuado a servicios de saneamiento.
Presión sobre la agenda social y económica
El informe introduce presión sobre la política social del Gobierno en un contexto donde el eje está puesto en el orden fiscal y la estabilización macroeconómica. La persistencia de estos indicadores obliga a equilibrar el ajuste con mecanismos de contención social.
Al mismo tiempo, el dato de pobreza infantil tiene impacto directo en la agenda legislativa y en el debate público. Expone límites en la efectividad de las transferencias actuales y reabre la discusión sobre empleo, ingresos y cobertura del sistema.
En términos de correlación de fuerzas, los sectores vinculados a políticas sociales y asistencia ganan centralidad en el debate, mientras que el Gobierno enfrenta el desafío de sostener su programa económico sin agravar indicadores sensibles.
Entre la estabilización y la deuda social
El informe de la UCA no cierra el diagnóstico, lo tensiona. La mejora reciente convive con niveles de pobreza superiores a los de hace más de una década, lo que sugiere un problema estructural aún no resuelto.
Hacia adelante, la evolución dependerá de variables clave: el mercado laboral, la capacidad de recuperación del ingreso y la cobertura de políticas sociales. También será relevante observar si la reducción de la pobreza logra consolidarse o si vuelve a fluctuar con el ciclo económico.
En ese equilibrio, la infancia aparece como el indicador más sensible de la consistencia —o los límites— del modelo económico en curso.
