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ANSES oficializó subas de 2,58% y un bono de $70.000: mejora el ingreso mínimo

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El Boletín Oficial de la República Argentina publicó este viernes disposiciones clave de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y del Poder Ejecutivo. Las medidas impactan en el esquema de asignaciones familiares, los haberes jubilatorios y pensiones, y establecen un bono extraordinario para quienes perciben ingresos previsionales mínimos.

ANSES oficializa un incremento del 2,58% en los límites de ingresos y en los montos de las asignaciones familiares a partir de junio de 2026. La Resolución 146/2026 dispone que el ajuste alcanza a trabajadores en relación de dependencia de los sectores público y privado, monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensiones no contributivas y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

La actualización se basa en la movilidad establecida por el Índice de Precios al Consumidor Nacional (INDEC), garantizando que las prestaciones mantengan su valor real frente a la inflación. El incremento se aplicará sobre los valores vigentes y afecta tanto a los límites de ingresos familiares como a los montos de las asignaciones. Los cuadros con los nuevos rangos y montos estarán disponibles en los anexos oficiales publicados por ANSES.

La resolución establece que cuando un integrante del grupo familiar perciba ingresos superiores a $2.970.968, todo el grupo quedará excluido del cobro de asignaciones, aunque la suma total no supere el tope general. Además, se indica que la Asignación por Ayuda Escolar Anual solo se actualizará por movilidad una vez al año y que, en caso de decimales, los montos serán redondeados al número entero siguiente.

Nuevos valores mínimos y máximos en jubilaciones y pensiones

La Resolución 139/2026 de ANSES actualiza los valores de las prestaciones previsionales a partir de junio. El haber mínimo garantizado se fija en $403.317,99 para los jubilados y pensionados, mientras que el haber máximo asciende a $2.713.948,17. La base imponible mínima para aportes queda en $135.837,40 y la máxima en $4.414.652,38.

La normativa también establece los nuevos montos para la Prestación Básica Universal (PBU), que será de $184.499,57, y para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que asciende a $322.654,39. Estas cifras surgen de la aplicación de la fórmula de movilidad mensual basada en el INDEC. Además, se actualizan los índices para calcular las remuneraciones de quienes soliciten su prestación después del 1° de junio de 2026.

La resolución faculta a la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas de ANSES para dictar las normas necesarias para su implementación. Los detalles y cuadros completos pueden consultarse en los anexos oficiales publicados junto con la disposición en el Boletín Oficial.

Bono extraordinario previsional para haberes mínimos

El Decreto 399/2026 del Poder Ejecutivo establece un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 a abonarse durante junio de 2026. El beneficio alcanza a titulares de prestaciones contributivas y no contributivas a cargo de ANSES, incluidas jubilaciones, pensiones, la PUAM y pensiones graciables.

El bono será de$70.000 para quienes perciban el haber mínimo. Para quienes cobren un monto superior, el adicional será el necesario para alcanzar el total del haber mínimo más el bono. El pago se realizará a cada titular, sin importar la cantidad de copartícipes en el caso de pensiones, y no estará sujeto a descuentos ni computable para otros conceptos, según lo establece el decreto.

El decreto establece que el bono extraordinario previsional será abonado exclusivamente durante el mes de junio de 2026 a los titulares de las prestaciones detalladas, siempre que el beneficio se encuentre vigente al momento de la liquidación. La ANSES queda facultada para dictar normas aclaratorias y complementarias para implementar el bono.

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La UCA advierte que más del 50% de los niños es pobre

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Un nuevo informe de la Universidad Católica Argentina volvió a poner en tensión el frente social del Gobierno: en 2025, el 53,6% de los niños, niñas y adolescentes vive en situación de pobreza y el 10,7% en indigencia, mientras que el 28,8% enfrenta inseguridad alimentaria. El dato, difundido a partir de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), introduce una advertencia política de fondo: la mejora registrada en los últimos dos años no alcanza para revertir un deterioro estructural que se arrastra desde hace más de una década.

El punto crítico no es solo el nivel de pobreza, sino su persistencia. La pregunta que se abre es si el actual esquema económico puede sostener la reducción reciente o si se trata de un alivio transitorio en un escenario aún frágil.

Un problema estructural que resiste a los ciclos económicos

El estudio muestra que la pobreza infantil mantiene una tendencia ascendente en el largo plazo, con picos en momentos de crisis y descensos en períodos de recuperación. En 2010 afectaba al 45,2% de los menores; tras una breve mejora en 2011-2012, inició un deterioro casi continuo que alcanzó su máximo en 2023 con 62,9%.

La baja observada en 2024 y 2025 representa un alivio relativo, pero no modifica la estructura del problema. La indigencia siguió una trayectoria similar: tras escalar hasta 17,7% en 2024, descendió a 10,7% en 2025, acercándose a niveles de años previos, aunque sin consolidar una tendencia estable.

En términos institucionales, el informe remarca que las políticas de transferencia de ingresos —como la asistencia alimentaria o asignaciones— cumplen un rol de contención, pero no logran cubrir la totalidad de los hogares en situación de vulnerabilidad.

Alimentación, salud y hábitat: las capas del deterioro

El dato más sensible aparece en la alimentación. Casi tres de cada diez niños no acceden de manera regular a alimentos, y un 13,2% sufre inseguridad alimentaria severa. En paralelo, la asistencia alimentaria alcanzó al 64,8% de la población infantil, el nivel más alto registrado.

La cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH) llegó al 42,5%, con una caída de 3,3 puntos porcentuales respecto de 2024. Según el informe, estos programas llegan mayoritariamente a los sectores más necesitados, pero dejan fuera a parte de la población pobre.

El deterioro también se extiende a otros indicadores. El 19,8% de los niños dejó de asistir a controles médicos o odontológicos por motivos económicos. En vivienda, el 18,1% reside en condiciones precarias y el 20,9% en hacinamiento, mientras que el 42% no tiene acceso adecuado a servicios de saneamiento.

Presión sobre la agenda social y económica

El informe introduce presión sobre la política social del Gobierno en un contexto donde el eje está puesto en el orden fiscal y la estabilización macroeconómica. La persistencia de estos indicadores obliga a equilibrar el ajuste con mecanismos de contención social.

Al mismo tiempo, el dato de pobreza infantil tiene impacto directo en la agenda legislativa y en el debate público. Expone límites en la efectividad de las transferencias actuales y reabre la discusión sobre empleo, ingresos y cobertura del sistema.

En términos de correlación de fuerzas, los sectores vinculados a políticas sociales y asistencia ganan centralidad en el debate, mientras que el Gobierno enfrenta el desafío de sostener su programa económico sin agravar indicadores sensibles.

Entre la estabilización y la deuda social

El informe de la UCA no cierra el diagnóstico, lo tensiona. La mejora reciente convive con niveles de pobreza superiores a los de hace más de una década, lo que sugiere un problema estructural aún no resuelto.

Hacia adelante, la evolución dependerá de variables clave: el mercado laboral, la capacidad de recuperación del ingreso y la cobertura de políticas sociales. También será relevante observar si la reducción de la pobreza logra consolidarse o si vuelve a fluctuar con el ciclo económico.

En ese equilibrio, la infancia aparece como el indicador más sensible de la consistencia —o los límites— del modelo económico en curso.

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ANSES actualiza las asignaciones familiares y redefine el mapa de ingresos desde marzo

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El sistema de asignaciones familiares vuelve a moverse en línea con la inflación. Con la Resolución 55/2026, publicada el 27 de febrero en el Boletín Oficial y vigente desde marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó un aumento del 2,88% en los montos, límites y rangos de ingresos que determinan el acceso a las prestaciones. El ajuste alcanza a trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de programas sociales, y vuelve a poner en foco el delicado equilibrio entre ingresos familiares, cobertura social y actualización por precios.

El dato clave no es solo el porcentaje, sino su efecto práctico: pequeños movimientos en los topes pueden incluir o excluir hogares completos del sistema. En un escenario de ingresos tensionados y ajustes mensuales por inflación, la actualización importa ahora porque define quiénes siguen dentro del régimen y quiénes quedan afuera, más allá de la nominalidad del aumento.

Qué cambia en la práctica: montos y topes más altos, pero con filtro estricto

La resolución dispone una actualización general del 2,88%, calculada según la fórmula de movilidad que sigue la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El incremento se aplica a:

  • Asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado.
  • Monotributistas, beneficiarios del seguro de desempleo y de la Ley de Riesgos del Trabajo.
  • Jubilados y pensionados del SIPA, pensiones no contributivas y PUAM.
  • Titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo.

La norma ratifica un punto sensible del esquema vigente: si uno de los integrantes del grupo familiar supera un ingreso individual de $2.722.595, el hogar queda excluido del cobro, aun cuando la suma total familiar no exceda el tope general. Es un criterio que refuerza el carácter selectivo del sistema y genera efectos de “salto” entre quienes quedan apenas por encima o por debajo del umbral.

La actualización no incluye la Ayuda Escolar, que fue definida por separado mediante el decreto 115/2026, manteniendo su lógica de ajuste anual y no mensual.

Antecedentes y marco institucional

La medida se inscribe en la arquitectura normativa que combina la Ley 24.714 con los cambios introducidos en los últimos años al régimen de movilidad. Desde 2024, las asignaciones y los haberes previsionales se ajustan mensualmente en función de la inflación, reemplazando esquemas más rezagados.

En este contexto, la Resolución 55/2026 no crea beneficios nuevos ni modifica el diseño del sistema, sino que actualiza parámetros para sostener el poder adquisitivo relativo de las prestaciones. El problema de fondo que busca administrar es conocido: evitar que la inflación licúe las asignaciones, sin desbordar el gasto social ni perder focalización.

Impacto económico: alivio parcial y efectos distributivos

Desde el punto de vista económico, el impacto es acotado pero extendido:

  • Ingresos familiares: el aumento acompaña la inflación del mes previo, pero no implica una mejora real del poder de compra.
  • Consumo: el refuerzo ayuda a sostener gastos básicos en hogares de ingresos medios y bajos, con impacto marginal en el mercado interno.
  • Costos fiscales: el ajuste incrementa el gasto en prestaciones, aunque dentro de una lógica de actualización automática ya prevista.
  • Efectos distributivos: los topes actualizados pueden dejar fuera a familias con ingresos apenas superiores al umbral individual, un punto que suele generar tensiones en el sistema.

No hay efectos directos sobre inversión o empleo, pero sí una incidencia indirecta en la estabilidad de ingresos de sectores con alta propensión al consumo.

Señales políticas: continuidad y administración del gasto social

La resolución envía una señal de continuidad. El Gobierno mantiene el esquema de ajustes mensuales por inflación, sin introducir discrecionalidad ni cambios estructurales. No es una expansión del sistema, pero tampoco un recorte: es una administración técnica del gasto social, alineada con el objetivo de previsibilidad.

Al mismo tiempo, el mantenimiento de topes individuales estrictos refuerza una lógica de focalización, que busca concentrar recursos en los hogares de menores ingresos y contener el costo fiscal.

Qué mirar hacia adelante

En los próximos meses, el impacto real dependerá de dos variables: la velocidad de la inflación y la evolución de los ingresos formales. Si los salarios nominales siguen ajustándose por debajo de los precios, más hogares podrían mantenerse dentro del sistema. Si ocurre lo contrario, los topes —aunque actualizados— pueden volver a actuar como barrera. Ese cruce entre inflación, salarios y umbrales será la clave para medir el alcance efectivo de esta actualización.

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ANSES oficializó un aumento del 2,85% en las Asignaciones Familiares desde febrero y actualizó el tope de ingresos

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento del 2,85% en los montos y límites de ingresos de las Asignaciones Familiares que regirá a partir de febrero de 2026. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, se enmarca en la fórmula de movilidad mensual atada a la inflación y redefine el umbral de ingresos a partir del cual se pierde el beneficio, fijado ahora en $2.646.379 por integrante del grupo familiar.

La actualización quedó formalizada mediante la Resolución 23/2026, firmada por el director ejecutivo del organismo, Fernando Omar Bearzi, y se aplica a las prestaciones previstas en la Ley 24.714, que regula el Régimen de Asignaciones Familiares. El ajuste responde a la movilidad establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24, que dispuso actualizaciones mensuales según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, con dos meses de rezago.

Ajuste por inflación y nuevo tope para cobrar el salario familiar

El eje central de la resolución es la aplicación de un incremento del 2,85% sobre los montos de las asignaciones y sobre los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, con excepción de la Ayuda Escolar Anual y otras prestaciones específicas contempladas en los incisos d) y e) del artículo 6° de la Ley 24.714.

Uno de los puntos más sensibles de la normativa está detallado en el Artículo 4°, que establece que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.646.379, todo el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares, aunque la suma total de ingresos no supere el tope máximo global. Este criterio, ya vigente en el esquema del salario familiar, vuelve a cobrar relevancia en un contexto de actualización nominal de salarios e ingresos.

La resolución también aclara que, en caso de que los nuevos montos o límites resulten con decimales tras la aplicación de la movilidad, se aplicará redondeo al valor entero siguiente, un aspecto técnico que impacta directamente en la liquidación mensual de los beneficios.

A quiénes alcanza el aumento y qué prestaciones se actualizan

El incremento del 2,85% alcanza a un universo amplio de beneficiarios del sistema de seguridad social. Según lo establecido por ANSES, el ajuste impactará en:

  • Trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como privado.
  • Monotributistas, de acuerdo con las categorías definidas en función de los ingresos brutos anuales.
  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE), cuyos montos también se actualizan por la misma fórmula de movilidad.
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

La normativa se apoya en un entramado legal amplio, que incluye, entre otras, las Leyes 24.714, 27.160 y 27.743, el Decreto 514/21, el Decreto 63/25 y resoluciones conjuntas que garantizan que determinados trabajadores, como los contratados bajo modalidades temporarias o discontinuas en el sector agropecuario, perciban asignaciones no inferiores al 100% del valor de la AUH.

Ayuda Escolar Anual

La resolución también ratifica el criterio de actualización de la Asignación por Ayuda Escolar Anual, que se paga de manera masiva en marzo. Según el Decreto 63/25, este beneficio se actualiza una sola vez al año, en el momento de su pago, aplicando la fórmula de movilidad vigente. De este modo, si bien acompaña la inflación, su ajuste no es mensual como el resto de las asignaciones.

Desde el punto de vista institucional y fiscal, la actualización automática de las Asignaciones Familiares consolida el esquema de indexación mensual basado en el IPC, lo que otorga previsibilidad a los beneficiarios, pero también implica un seguimiento permanente del impacto presupuestario en un contexto de alta nominalidad. Al mismo tiempo, el endurecimiento del tope individual de ingresos refuerza el criterio de focalización del gasto social, excluyendo a grupos familiares cuando uno de sus integrantes supera el umbral establecido.

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Caputo confirmó superávit fiscal del 1,4% del PBI en 2025 y destacó un hito histórico

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El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el año 2025 finalizó con un superávit fiscal primario de $11,7 billones, equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), y un superávit financiero de $1,45 billones, equivalente al 0,2%. El dato marca un hito fiscal: es la primera vez desde 2008 que la Argentina logra dos años consecutivos de superávit financiero base caja, cumpliendo además con la totalidad de los servicios de la deuda pública.

El anuncio fue realizado este viernes a través de la red social X por el titular del Palacio de Hacienda, quien subrayó la relevancia institucional del resultado en el marco del programa económico vigente y de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Resultado fiscal 2025: cifras, estacionalidad y un hito histórico

El año 2025 culminó con un superávit primario de $11.76 billones y un superávit financiero de $1.45 billones, equivalentes aproximadamente a 1,4% y 0,2% del PIB, respectivamente”, destacó Caputo en su publicación. En el mismo mensaje, remarcó que se trata de “la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008”.

El ministro aclaró que el cierre positivo del año se dio a pesar de la estacionalidad negativa del último mes. En diciembre de 2025, el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $2,87 billones y un déficit financiero de $3,29 billones, un comportamiento habitual por el patrón de ejecución del gasto hacia fin de año.

No obstante, Caputo puso énfasis en el carácter estructural del resultado anual: “Es la primera vez de la serie histórica que comienza en 1993 que se obtiene este resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional”.

Metas con el FMI y lectura del resultado fiscal

El desempeño fiscal de 2025 también se analiza en función del acuerdo con el FMI. Según el staff report del organismo correspondiente a julio, tras la primera revisión del programa, la meta nominal fijada para la Argentina era de $10,4 billones de superávit primario, objetivo que fue superado por $1,3 billones.

En términos del PBI, la meta indicativa había sido establecida en 1,6%, por lo que el resultado de 1,4% quedó 0,2 puntos porcentuales por debajo. Sin embargo, fuentes del mercado consideran previsible que el organismo dé la meta por cumplida, dado que el criterio central es el objetivo nominal.

De hecho, Caputo recordó que los funcionarios del área de Finanzas manejaban internamente una meta equivalente al 1,3% del PBI, consistente con los $10,4 billones exigidos por el Fondo en relación con el PBI efectivo. La diferencia se explica, en parte, por la inflación del 31,5%, que elevó el PBI nominal por encima de lo previsto a mediados de año.

Ajuste del gasto, suba del gasto social y baja de impuestos

El ministro de Economía defendió la estrategia fiscal señalando que el gasto primario en 2025 fue 27% inferior en términos reales al de 2023. Según explicó, la consolidación fiscal se logró “protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables”.

En ese sentido, detalló que el gasto social en AUH y Tarjeta Alimentar aumentó 43% en términos reales, al comparar diciembre de 2025 con diciembre de 2023. Ese refuerzo llevó a que dichas transferencias representaran el 92% de la canasta básica alimentaria, frente al 55% registrado en diciembre de 2023.

Caputo también vinculó el superávit fiscal con una política activa de reducción de la presión tributaria. Según indicó, desde 2024 la baja de impuestos acumulada ya supera el 2,5% del PBI, e incluye la eliminación del Impuesto PAÍS, la reducción o eliminación de derechos de exportación e importación en numerosas posiciones arancelarias, la baja de impuestos internos y la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles.

En esa línea, recordó que en diciembre de 2025 se concretó una nueva reducción de derechos de exportación: dos puntos porcentuales para los complejos soja, trigo y cebada, y un punto para los complejos maíz, sorgo y girasol.

El ancla fiscal y la mirada de los analistas privados

Caputo ratificó que el ancla fiscal continúa siendo “un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión” y afirmó que este principio quedó cristalizado en el Presupuesto 2026. Según el ministro, el orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán profundizar la devolución de recursos al sector privado mediante nuevas reducciones de impuestos.

Desde el sector privado, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) aportó una lectura técnica del resultado. El organismo señaló que, en comparación con 2024, el superávit primario cayó 0,43 puntos porcentuales del PBI y el superávit financiero se redujo en 0,13 puntos, desde niveles de 1,8% y 0,3% del PBI, respectivamente.

El informe precisó además que los intereses pagados registrados sobre la línea, sin considerar los intereses capitalizados, equivalieron al 1,2% del PBI. Según el IARAF, “la dinámica de ingresos influenciada por la baja de impuestos y la suba real del gasto en jubilaciones y prestaciones determinó un empeoramiento relativo” frente al año previo.

Un dato clave para la política económica

El cierre fiscal de 2025 con superávit consolida uno de los ejes centrales del programa económico del Gobierno y se proyecta como un elemento clave en la relación con el FMI, el mercado financiero y los actores económicos locales. Más allá de las diferencias en la lectura técnica, el dato refuerza el rol del equilibrio fiscal como ancla macroeconómica y como señal política en un contexto de reformas estructurales y redefinición del rol del Estado.

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