dom. Abr 12th, 2026

Banco Nación

Caputo minimizó el escándalo por los créditos del Banco Nación a libertarios: “No hay nada ilegal”

By Economis Redacción 6 días ago
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El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a responder a la polémica generada en torno a los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios del oficialismo a través del Banco Nación. En medio de cuestionamientos públicos, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que no existe ninguna irregularidad y defendió la práctica como parte del funcionamiento habitual del sistema financiero.

La controversia se activó tras la difusión de datos provenientes de la Central de Deudores del Banco Central, procesados por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, que identificó a funcionarios y legisladores con créditos hipotecarios vigentes otorgados por la entidad estatal. A partir de ese cruce, se instaló el debate sobre posibles beneficios o condiciones preferenciales para integrantes del Gobierno.

Caputo fue categórico en su respuesta. “No hay nada de ilegal y mucho menos inmoral. No hay absolutamente nada”, afirmó en una entrevista televisiva, y consideró “patético” que el tema se presente como un posible escándalo. En esa línea, sostuvo que es “absolutamente lógico y normal” que un funcionario acceda a un crédito hipotecario, especialmente si percibe su salario a través del Banco Nación.

Lejos de despegarse del tema, el ministro reconoció que incluso alentó a su equipo a tomar estos préstamos. “Le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos: vayan a tomar créditos hipotecarios porque es una oportunidad única”, señaló, al tiempo que advirtió que los precios de las propiedades podrían subir en el corto plazo.

Desde el Banco Nación también rechazaron cualquier irregularidad en el otorgamiento de los créditos. La directora de la entidad, Carolina Píparo, aseguró que no hubo “ilegalidad, discrecionalidad ni excepciones”, y remarcó que el proceso es completamente digital, trazable y basado en la capacidad de pago de cada solicitante.

En términos de mercado, la entidad concentra una posición dominante: nueve de cada diez créditos hipotecarios en la Argentina son otorgados por el Banco Nación, que ya lleva más de 27.000 préstamos concedidos desde el relanzamiento de estas líneas. En ese contexto, el Gobierno busca consolidar el crédito como motor de recuperación del sector inmobiliario, aunque la polémica abre un debate más amplio sobre transparencia, acceso y equidad en el financiamiento.

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El dólar encadena tres bajas y el Gobierno apuesta a consolidar la estabilidad cambiaria

By Redacción Economis 2 semanas ago
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El dólar oficial cayó por tercera jornada consecutiva y cerró en $1.368, con una baja diaria de $9,50 (-0,7%), en un escenario que el Gobierno busca consolidar como señal de estabilización macroeconómica. La cotización minorista perforó los $1.400 en el Banco Nación —cerró en $1.390—, algo que no ocurría desde el 23 de febrero, mientras que la brecha con el techo de la banda superó el 20% por primera vez en nueve meses.

El movimiento no es menor. En un contexto donde la política económica intenta anclar expectativas, la baja del dólar se convierte en un dato político: refuerza el discurso oficial de control de variables clave, pero al mismo tiempo expone la dependencia de factores externos y financieros que todavía no terminan de consolidarse.

Estabilidad cambiaria: entre el flujo de divisas y la estrategia del Tesoro

La dinámica actual del mercado cambiario se apoya en un elemento central: la expectativa de un flujo sostenido de dólares en el corto plazo. En esa ecuación confluyen tres variables.

Por un lado, la recuperación del superávit energético, que comienza a revertir una de las fuentes históricas de presión sobre las reservas. Por otro, la inminente liquidación de la cosecha agrícola a partir del próximo mes, que suele reforzar la oferta de divisas en el segundo trimestre del año.

A esto se suma una tercera pata: el nivel de tasas en pesos, que incentiva la colocación en instrumentos del Tesoro a corto plazo. Este esquema no solo absorbe liquidez, sino que también actúa como un factor de contención sobre la demanda de dólares financieros.

En ese marco, los tipos de cambio alternativos se mantienen relativamente alineados: el dólar MEP opera en torno a $1.399,70, el contado con liquidación en $1.448,72 y el blue en $1.425. El dólar tarjeta, con el recargo del 30% deducible de Ganancias, se ubica en $1.807.

Impacto económico: alivio parcial y señales mixtas

La baja del dólar tiene efectos directos sobre la economía real, aunque con matices. En el corto plazo, contribuye a moderar expectativas inflacionarias, especialmente en bienes transables o vinculados a importaciones. También mejora el margen para sostener tasas en pesos sin generar presión inmediata sobre el tipo de cambio.

Sin embargo, el traslado al bolsillo no es automático. La estabilidad cambiaria convive con otros factores de presión, como costos regulados o dinámicas internas de precios. Además, el propio esquema que sostiene la calma —tasas elevadas y expectativa de ingreso de divisas— implica costos financieros que pueden impactar en la actividad.

En términos políticos, el Gobierno encuentra en este dato un respaldo para su estrategia, pero no necesariamente una validación definitiva. La estabilidad cambiaria es condición necesaria para la recuperación, pero no suficiente.

Un equilibrio en construcción

La caída del dólar por tres jornadas consecutivas marca un punto de inflexión táctico, pero no cierra el debate sobre la sostenibilidad del esquema. La clave estará en si el flujo de divisas se consolida más allá de factores estacionales y si el mercado mantiene la confianza en los instrumentos en pesos.

En las próximas semanas, el foco se trasladará a la magnitud de la liquidación agrícola y al comportamiento de las tasas. También a la capacidad del Gobierno para sostener este equilibrio sin generar nuevas tensiones.

Por ahora, el dólar baja y el mercado toma nota. Pero la pregunta sigue abierta: ¿es el inicio de una estabilidad estructural o apenas una ventana de calma en un proceso todavía en desarrollo?

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El dólar oficial sube 1,4% y queda a 13,8% del techo de la banda: presión externa y más demanda de cobertura

By Redacción Economis 1 mes ago
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El dólar oficial volvió a tensar el esquema cambiario del Gobierno. Este martes cerró a $1.435 para la venta en el Banco de la Nación Argentina, con una suba diaria de 1,4% y el nivel más alto en tres semanas. En el segmento mayorista avanzó a $1.417 y quedó a 13,8% del techo de la banda cambiaria fijada por el Ejecutivo.

El movimiento se dio en un contexto de volatilidad internacional tras la escalada del conflicto en Medio Oriente, con presión sobre activos emergentes y mayor demanda de cobertura en moneda dura. La pregunta que empieza a circular en el mercado es si se trata de un ajuste transitorio dentro del régimen de bandas o de un test más exigente para la estrategia cambiaria oficial.

Bandas cambiarias y expectativas de deslizamiento

El esquema vigente permite fluctuaciones dentro de una banda con límites preestablecidos. El hecho de que el mayorista quede a 13,8% del techo no implica un quiebre inmediato, pero sí reduce el margen si la presión se mantiene.

Las cotizaciones financieras acompañaron la suba. El dólar MEP operó en torno a $1.438, el contado con liquidación (CCL) se ubicó cerca de $1.483 y el dólar blue se negoció a $1.420. El dólar tarjeta alcanzó los $1.865,50, con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.

En el mercado de futuros, los contratos registraron alzas de hasta 2,2%. Los operadores proyectaron un tipo de cambio mayorista en torno a $1.446 hacia fines de marzo, lo que sugiere que el mercado descuenta un deslizamiento controlado dentro del esquema actual, sin ruptura abrupta.

Compras del Banco Central y señal de intervención

En paralelo a la suba, el Banco Central de la República Argentina mantuvo su ritmo comprador. Este martes adquirió USD 70 millones en el mercado oficial y acumuló 39 ruedas consecutivas con saldo positivo. En lo que va del año suma compras por USD 2.783 millones.

El dato es relevante desde la lectura de poder: pese a la presión cambiaria, la autoridad monetaria no perdió capacidad de intervención y continúa fortaleciendo reservas. El lunes, además, se acreditó el pago de la segunda cuota de amortización de los Bopreales por casi USD 1.000 millones, sin alterar el ritmo comprador.

Esa dinámica busca sostener credibilidad en el régimen de bandas y evitar que la suba del tipo de cambio se traduzca en expectativas desancladas.

Demanda privada y cobertura en dólares

La demanda privada sigue firme. En enero, las compras netas para atesoramiento alcanzaron USD 2.730 millones, el mayor registro para ese mes desde 2018, según datos oficiales.

Ese flujo explica parte de la tensión. En un escenario internacional inestable, los agentes económicos buscan cobertura. El mercado no solo reacciona a variables domésticas, sino también al frente externo.

La combinación de compras oficiales y demanda privada elevada configura un equilibrio delicado: el Banco Central acumula reservas, pero el dólar avanza dentro de la banda.

Margen acotado y variables externas

El tipo de cambio todavía opera dentro de los parámetros definidos por el Gobierno. Sin embargo, el acercamiento al techo de la banda reduce el espacio de maniobra si la volatilidad global se profundiza.

En las próximas semanas el foco estará puesto en tres variables: la continuidad del saldo comprador del Banco Central, la evolución del conflicto internacional y el comportamiento de la demanda privada.

Por ahora, el mercado parece validar un deslizamiento gradual sin ruptura del esquema. Pero el dólar volvió a convertirse en termómetro político y económico. La solidez del régimen cambiario dependerá de que la acumulación de reservas y la disciplina monetaria alcancen para absorber la presión sin modificar las reglas de juego.

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Causa YPF: reclaman sanciones contra la Argentina en Nueva York

By Redacción Economis 3 meses ago
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La disputa judicial por la expropiación de YPF sumó un nuevo episodio en los tribunales de Nueva York. Este jueves, los fondos Petersen y Eton Park presentaron un pedido ante la jueza Loretta Preska para que el Estado argentino sea declarado en desacato, por presuntas demoras e incumplimientos en la entrega de documentación clave exigida por la corte. La ofensiva eleva la presión legal y financiera sobre la Argentina y abre la puerta a eventuales sanciones y nuevas instancias de conflicto institucional.

El planteo se inscribe en la etapa de recabación de pruebas posterior al fallo adverso contra el país y apunta directamente a la estrategia de defensa del Estado, en un proceso que combina implicancias jurídicas, económicas y políticas de alto impacto.

El reclamo ante Loretta Preska y la acusación de incumplimiento

Según consta en la presentación, los fondos demandantes sostienen que la Argentina no entregó la totalidad de los correos electrónicos y mensajes oficiales de funcionarios actuales y anteriores que fueron requeridos por la justicia estadounidense como parte del proceso probatorio. A criterio de los beneficiarios del fallo, esa conducta configura una falta de cooperación con la corte.

El avance fue confirmado por Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en el caso, quien señaló en su cuenta de X que este jueves “los beneficiarios del fallo YPF comenzarán el largo proceso para convencer a la Juez Loretta Preska que Argentina está en desacato con la corte”.

La estrategia de los fondos apunta a que la magistrada interprete que el Estado argentino incumplió órdenes judiciales expresas, lo que habilitaría una respuesta más severa por parte del tribunal.

Qué sanciones buscan los demandantes y la respuesta del Gobierno

Ante la presunta falta de cooperación, los querellantes solicitaron que la jueza evalúe una serie de medidas concretas. Entre ellas, figuran sanciones económicas adicionales, la aplicación de presunciones adversas —es decir, que la justicia tenga por probados los hechos que los correos electrónicos podrían haber demostrado— y la imposición de cronogramas estrictos para tratar el desacato y forzar la entrega de la información requerida.

Desde el lado del Estado, la postura es de rechazo total a los argumentos presentados. Según indicó Maril, “Argentina rechaza todos los argumentos que se presentarán hoy y afirma que ha cumplido con las órdenes de la Juez Preska”.

Esa línea es sostenida por la Procuración del Tesoro, desde donde el equipo de abogados que representa al país advierte que cualquier sanción en esta instancia sería prematura y vulneraría el derecho a defensa de un Estado soberano, dado que el proceso de producción de pruebas aún no se encontraría agotado.

El trasfondo: la búsqueda de activos y el concepto de “alter ego”

Más allá de la disputa puntual por los correos electrónicos, el conflicto tiene un objetivo de mayor alcance. El trasfondo de la presión judicial es la búsqueda de activos embargables que permitan a los fondos avanzar en el cobro de la sentencia multimillonaria.

En ese marco, los demandantes intentan demostrar que empresas y organismos públicos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas funcionan como un “alter ego” del Estado argentino. Si la justicia estadounidense aceptara esa interpretación, los fondos podrían obtener un argumento clave para avanzar sobre cuentas y bienes de esas entidades en el exterior.

El planteo, de prosperar, tendría implicancias profundas no solo en el caso YPF, sino también en la arquitectura institucional y financiera del país, al ampliar el alcance de eventuales embargos y reforzar el riesgo legal sobre activos estratégicos.

Un frente judicial que suma presión política y económica

El pedido de desacato agrega un nuevo nivel de tensión a una causa que ya condiciona la agenda económica y la estrategia internacional de la Argentina. Mientras la defensa insiste en que cumplió con las órdenes judiciales, los fondos redoblan la ofensiva para acelerar los tiempos y mejorar su posición negociadora.

La definición que adopte la jueza Loretta Preska marcará el próximo hito de una disputa que excede el plano estrictamente jurídico y vuelve a colocar al caso YPF como uno de los principales focos de riesgo legal y financiero para el Estado argentino.

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Embargos y acusaciones millonarias contra exfuncionarios macristas por el caso Vicentin

By Redacción Economis 3 meses ago
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La Justicia federal ordenó el embargo y la inhibición general de bienes de exautoridades del Banco Nación que se desempeñaron durante el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la megacausa Vicentin. La decisión alcanza, entre otros, al expresidente de la entidad Javier González Fraga y a su vice, Lucas Llach, acusados de haber favorecido al grupo empresario con maniobras que habrían provocado un perjuicio millonario al banco público. La medida busca asegurar el eventual decomiso, el cobro de multas y la reparación del daño económico.

La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10 y se inscribe en una investigación que apunta a determinar responsabilidades penales por el presunto otorgamiento irregular de créditos, la omisión de controles y la liberación de fondos que debían funcionar como garantía de préstamos otorgados a Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA.

Los fundamentos del embargo y la acusación central

Según el fallo, “la finalidad del embargo se extiende a asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, y de esta manera impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión”. La resolución también subraya que la medida busca cubrir “la posible pena de multa que pudiera dictarse y la solidaridad en la obligación de reparar el daño que pudiera recaer sobre todos los responsables del delito”.

La imputación sostiene que “los funcionarios del Banco de la Nación Argentina conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentín, entre agosto y diciembre de 2019 habrían generado que las compañías Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de U$S 304.328.665,75”, monto que el banco reclamó en el concurso preventivo de la firma y que “hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto”.

El eje de la acusación apunta a que las autoridades del banco se habrían apartado de la normativa vigente al no intimar a las empresas por deudas vencidas y exigibles desde el 8 de agosto de 2019, originadas en préstamos de prefinanciación de exportaciones.

Cuentas liberadas, garantías omitidas y créditos bajo sospecha

La resolución judicial detalla que la maniobra incluyó “la omisión de retener desde aquel mes hasta diciembre del mismo año los importes depositados en las cuentas nro. 4280047390 en dólares y nro. 4280047287 en pesos –ambas radicadas en el BNA y de titularidad de Vicentin SAIC–, que habían sido constituidas como garantía de los empréstitos”.

Por esas cuentas, entre agosto y diciembre de 2019, circularon U$S 795.651.945 y $ 2.031.118.902, respectivamente. Sin embargo, la Justicia sostiene que los funcionarios habrían permitido que “entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 se liberaran un total de $ 43.449.104.966”, autorizando 125 transferencias hacia otra cuenta corriente del grupo, “desde la que las empresas carecían de restricciones para operar y sobre la que el banco carecía de facultades para cobrarse”.

A esto se suma el “otorgamiento presuntamente irregular de veintiocho préstamos por un total de U$S 105.500.000”, concedidos al Grupo Vicentin entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019. La resolución enfatiza que, al momento de esos créditos, el grupo ya registraba “una deuda vencida y exigible de U$S 149.500.000” y se encontraba excedido en la normativa GERC del BCRA “desde por lo menos el 31 de julio de 2019”.

Indagatorias en curso y proyección judicial

Las indagatorias comenzaron en noviembre y continuarán después de la feria judicial, con nuevas audiencias previstas para marzo. Javier González Fraga, quien presidió el Banco Nación entre 2017 y 2019, fue uno de los primeros en declarar.

El avance de la causa profundiza el impacto político e institucional del expediente Vicentin, que combina presuntas irregularidades en la gestión de un banco público, un perjuicio patrimonial millonario y decisiones adoptadas en los meses finales de una administración nacional. La continuidad del proceso judicial mantiene bajo escrutinio a exfuncionarios clave y abre la puerta a eventuales responsabilidades penales y patrimoniales de alto alcance.

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