La decisión, formalizada mediante el Decreto 758/2026, no implica la eliminación de la garantía estatal, sino una renegociación de sus condiciones después de que Aerolíneas Argentinas acordara con el Banco Nación una reducción del monto adeudado y una extensión del plazo de financiamiento. El nuevo aval tendrá una vigencia de 36 meses, contados desde la contabilización de la operación, con 12 meses de gracia.
La diferencia entre ambos esquemas es significativa. El aval original, otorgado el 23 de julio de 2024, alcanzaba los USD 151.739.903, mientras que el nuevo instrumento establece un tope de USD 94.700.000, además de los intereses correspondientes. La reestructuración reduce, por lo tanto, la exposición potencial del Tesoro en aproximadamente USD 57 millones de capital, aunque mantiene al Estado como garante frente a un eventual incumplimiento.
Una reestructuración que busca bajar el riesgo fiscal sin cortar el financiamiento
El punto central del decreto está en el equilibrio entre dos objetivos: preservar la capacidad financiera de Aerolíneas Argentinas y, al mismo tiempo, disminuir el riesgo contingente que asume el Estado nacional.
El préstamo había sido utilizado para refinanciar obligaciones vinculadas a la adquisición de 20 aeronaves Embraer 190, incorporadas por la compañía entre 2010 y 2011. La nueva negociación con el Banco Nación permitió modificar las condiciones de aquella financiación, lo que obligó a adecuar también el aval del Tesoro.
El mecanismo aprobado establece que, si el Estado tuviera que hacer efectivo el aval por un incumplimiento de Aerolíneas, deberá ser notificado con una anticipación mínima de 15 días para realizar las previsiones de caja correspondientes. El esquema también obliga a la empresa a suscribir una adenda al contrato de contragarantía para resarcir al Tesoro por cualquier suma que eventualmente deba desembolsar.
La estructura revela que la reducción de la garantía no significa una transferencia completa del riesgo al Banco Nación. El Tesoro continúa respaldando la operación, pero con una exposición menor y mecanismos formales para recuperar los fondos si el aval llegara a ejecutarse.
La adenda mantiene como contragarantía la cesión, en segundo grado de prelación, de determinados derechos de cobro de Aerolíneas Argentinas en el exterior.
Entre ellos figuran ingresos derivados de la venta de pasajes mediante tarjetas Mastercard y Visa procesados a través de Worldpay, además de derechos de cobro asociados a los sistemas internacionales de liquidación de pasajes y cargas administrados a través de IATA. La cesión alcanza al capital y los intereses garantizados por el aval.
Desde una perspectiva financiera, el diseño busca que el Estado cuente con fuentes específicas de recupero ante una eventual ejecución de la garantía. Es un punto relevante porque transforma parte de los ingresos externos de la empresa en respaldo directo de una obligación contingente del Tesoro.
La discusión no se limita a una deuda
La reestructuración tiene una dimensión que excede la ingeniería financiera. Aerolíneas Argentinas cumple una función de conectividad en un país donde muchas rutas no se explican únicamente por su rentabilidad inmediata, sino también por su impacto territorial, turístico, productivo y social.
Para provincias alejadas de los principales centros económicos, la disponibilidad de conexiones aéreas incide sobre el acceso a mercados, la movilidad de profesionales, la actividad turística y la integración con el resto del país. En regiones como el NEA, donde las distancias terrestres elevan tiempos y costos, la sustentabilidad financiera del sistema aerocomercial tiene consecuencias concretas sobre la economía regional.
La solución de fondo, sin embargo, no surge únicamente de refinanciar pasivos. La reducción del aval mejora el perfil de riesgo fiscal de esta operación, pero el desafío estructural seguirá siendo construir una compañía capaz de sostener su conectividad con una estructura financiera que requiera cada vez menos respaldo contingente del Estado.
El dato a observar será qué ocurre durante los 36 meses de vigencia del nuevo aval. El primer año de gracia le otorga a Aerolíneas Argentinas una ventana para ordenar el flujo financiero antes de afrontar plenamente las obligaciones reestructuradas.
Para el Gobierno, la operación representa una reducción concreta del compromiso máximo garantizado, de USD 151,7 millones a USD 94,7 millones. Para Aerolíneas, significa más tiempo para administrar una deuda que quedó vinculada a la incorporación de los Embraer 190.
La verdadera prueba será si la reestructuración consigue cumplir ambos objetivos: proteger al Tesoro de una mayor exposición y preservar una conectividad aérea que sigue teniendo impacto directo sobre la integración económica y social del país.
“¿Quién paga la cuenta?”. La pregunta que da nombre al conversatorio que la economista Delfina Rossi protagonizó este viernes en Posadas funciona también como síntesis de su lectura sobre la economía argentina. En diálogo con Economis antes de su exposición, sostuvo que el actual programa económico no constituye una experiencia aislada, sino la continuidad de un ciclo que, a su entender, combina endeudamiento externo, dólar apreciado, fuga de capitales y una transferencia regresiva del ingreso.
La economista, que llegó a Misiones para participar del encuentro “¿Quién paga la cuenta? El lado B del experimento económico argentino”, organizado con auspicio del PJ Misiones, ubicó el punto de partida de su análisis en el programa de endeudamiento iniciado durante la gestión de Mauricio Macri y su posterior continuidad durante el gobierno de Javier Milei. Su tesis central es que el endeudamiento no estaría funcionando como una herramienta destinada a financiar un proceso de inversión y transformación productiva, sino como un mecanismo que permite sostener determinadas condiciones financieras y cambiarias mientras una parte de los capitales se dirige nuevamente al exterior.
“Seguimos en el mismo programa que inició Mauricio Macri en 2018, con el Fondo Monetario y el experimento de Mauricio Macri, con la continuidad de Javier Milei”, planteó Rossi. En su interpretación, el esquema se sostiene sobre un “dólar relativamente barato” y el endeudamiento externo como ancla de las expectativas de inflación, una combinación que termina generando efectos diferentes según el lugar que cada actor ocupa en la economía.
Para la economista, el punto crítico no es únicamente cuánto se endeuda el Estado, sino qué ocurre con los dólares que ingresan y qué destino tienen. Rossi estimó que, desde el comienzo de la administración de Milei, el nuevo endeudamiento externo —incluyendo fondos del FMI, obligaciones negociables emitidas por empresas, deuda provincial y otros organismos internacionales— se aproxima a los US$40.000 millones y sostuvo que ese monto tendría una magnitud comparable con la formación de activos externos durante el período.
“Dólar que entra, dólar que se fuga”, sintetizó. Desde su perspectiva, ese circuito configura una dinámica en la que “la deuda le queda a todos los argentinos y argentinas, mientras que unos pocos disfrutan de llevárselo afuera”.
El planteo adquiere una dimensión particular en Misiones, donde las diferencias cambiarias con Paraguay y Brasil permiten observar de manera cotidiana los efectos de un tipo de cambio que Rossi considera apreciado. El fenómeno aparece en el comercio fronterizo, en la capacidad de compra de los consumidores y en la competencia que enfrentan las actividades económicas locales.
La economista cuestionó, en ese sentido, que la estabilidad nominal pueda ser considerada suficiente para evaluar el éxito de un programa económico. Para Rossi, el desafío consiste en determinar qué estructura productiva y distributiva queda detrás de esa estabilidad y quién absorbe los costos del proceso de ajuste.
“No hay un endeudamiento virtuoso para el desarrollo”, sostuvo, al cuestionar la idea de que la toma de deuda pueda justificarse únicamente por su capacidad para reducir el riesgo país y facilitar posteriormente un mayor acceso al financiamiento.
El Peronismo debería “pedir disculpas” por la inflación
Rossi reconoció que la inflación representa uno de los principales problemas económicos y sociales que enfrenta cualquier gobierno. Incluso planteó que el peronismo debería “pedir disculpas” por los niveles de inflación registrados durante la última gestión de esa fuerza política con Alberto Fernández como presidente. Pero inmediatamente buscó trasladar la discusión hacia sus causas y hacia el diseño institucional que, a su criterio, debería permitir recuperar capacidad de decisión económica.
“La inflación es muy nociva para toda la economía, para cualquiera que quiera planificar, pero sobre todo para aquel que trabaja y no sabe cuántas horas hay que trabajar hoy para ver si mañana puede comprar un litro de leche”, afirmó.
Su propuesta pasa por recuperar una moneda nacional capaz de funcionar como instrumento de política económica. En esa línea, cuestionó los cambios que el Gobierno impulsa sobre el Banco Central y advirtió que una economía sin moneda propia pierde capacidad para administrar los ciclos de expansión y contracción.
“Necesitamos recuperar una moneda”, sostuvo Rossi, y vinculó esa recuperación con un proceso previo de desendeudamiento. “No es serio pensar que vamos a poder generar una estabilidad macro con estos niveles de endeudamiento y fuga”, afirmó.
El planteo supone una discusión de fondo sobre la política monetaria: no se trata únicamente de controlar la cantidad de dinero, sino de preservar los instrumentos mediante los cuales el Estado puede actuar sobre la demanda, el crédito y la actividad cuando el ciclo económico lo requiere.
Rossi también cuestionó el funcionamiento actual del régimen cambiario, al que definió como un “Frankenstein” en el que conviven restricciones, mecanismos de acceso al mercado de cambios y diferentes grados de intervención sobre los flujos financieros. A su entender, esa arquitectura revela que el esquema todavía no constituye un sistema plenamente consistente y genera diferencias entre las propias empresas a la hora de invertir y acceder a divisas por la exportación de bienes o servicios.
El espejo de Paraguay y la advertencia sobre Misiones
La referencia a Paraguay apareció como uno de los puntos más vinculados con la realidad misionera. Rossi utilizó al país vecino como ejemplo de una economía que puede exhibir estabilidad macroeconómica bajo determinadas condiciones, pero cuya estructura distributiva considera incompatible con el modelo de movilidad social que históricamente reivindica el peronismo.
“Acá en Misiones tenemos el espejo”, planteó durante la entrevista, en referencia a la experiencia paraguaya y a las asimetrías que se observan en la frontera.
La discusión, según su interpretación, no debería reducirse a inflación versus estabilidad. El interrogante central es qué tipo de sociedad se construye detrás de cada configuración macroeconómica. Rossi cuestionó los modelos que, según su mirada, pueden garantizar previsibilidad para los sectores de mayor poder económico mientras restringen las posibilidades de movilidad social para amplios segmentos de la población.
Su crítica se extendió a la idea de que el sacrificio presente necesariamente garantiza bienestar futuro. “Tenés que sacrificarte ahora pero nunca más vas a tener inflación”, resumió, al describir el relato que, según su interpretación, acompaña a determinadas políticas de estabilización.
Frente a eso, planteó una alternativa basada en una macroeconomía equilibrada a partir de la producción y el trabajo. “Nuestro modelo es aquel que reconoce las debilidades macroeconómicas que tenemos, pero que necesita equilibrar la macroeconomía a partir de la producción y el trabajo”, sostuvo.
El Banco Nación como pieza de una estrategia productiva
La conversación también pasó por su experiencia en el Banco Nación y por el rol que, según Rossi, deberían asumir las entidades financieras públicas. En lugar de limitarse a criterios estrictamente financieros, propuso que sus directorios incorporen una mirada representativa de la diversidad productiva del país.
“El directorio tiene que tener los intereses de la economía nacional y su diversidad federal”, señaló. En esa concepción, el sistema financiero público debería contemplar las necesidades del sector agropecuario, las empresas petroleras, las pymes y las familias.
Rossi reivindicó además mecanismos de participación de los trabajadores en las instituciones financieras públicas y planteó la necesidad de reconstruir un esquema de diálogo social que permita compatibilizar esfuerzo, inversión y distribución.
Su crítica apuntó también contra la idea de meritocracia como principio ordenador de la política económica. Frente a ello, propuso recuperar una mirada centrada en “lo humano, la producción y el trabajo”.
“La preocupación no es quiénes son ellos, sino por qué el pueblo argentino se vio reflejado en ese relato”
La dimensión política apareció inevitablemente en el diálogo. Consultada por dirigentes que anteriormente la habían cuestionado y que hoy forman parte del oficialismo o se encuentran vinculados a su estructura, Rossi evitó concentrar su crítica en las trayectorias individuales.
“Mi preocupación no es quiénes son ellos, sino por qué el pueblo argentino se vio reflejado en ese relato y no se siente contenido por nosotros”, afirmó.
La frase contiene uno de los diagnósticos políticos centrales de su exposición: para Rossi, el problema del peronismo no se resuelve únicamente con la identificación de adversarios, sino con una revisión de sus propios errores y con la construcción de una propuesta capaz de volver a interpelar a una sociedad que cambió sus prioridades.
En ese sentido, planteó que el movimiento nacional debe reconstruir una alternativa política a partir de una discusión sobre el modelo de país y no únicamente sobre candidaturas. “Tenemos que reforzar lo que han sido nuestros errores y la propuesta alternativa que tenemos”, sostuvo.
La economista también vinculó esa reconstrucción con la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y reclamó que se revise el fallo en la causa Vialidad, una posición que forma parte de su lectura política sobre el actual escenario argentino.
Más allá de la controversia partidaria, su argumento vuelve a colocar la cuestión distributiva en el centro: para Rossi, la discusión sobre deuda, moneda, Banco Central, tipo de cambio y política productiva termina desembocando en una pregunta esencialmente política: quién captura los beneficios de la estabilidad y quién absorbe sus costos.
Ese es, en definitiva, el sentido de la pregunta que llevó a Posadas: quién paga la cuenta de un programa económico no se define solamente en el resultado fiscal o en el balance del Banco Central. Se define también en los salarios, el crédito, el empleo, el precio de los alimentos, la actividad productiva, la capacidad de consumo y las oportunidades de movilidad social. Y es allí donde Rossi ubica el verdadero “lado B” del experimento económico argentino.
El Gobierno nacional oficializó la designación del misionero Javier Lanari como nuevo director del Banco de la Nación Argentina (BNA), uno de los cargos estratégicos dentro del principal banco público del país. La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 618/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La designación ubica a Lanari, actual subsecretario de Prensa de la Presidencia y uno de los principales voceros políticos del Gobierno en redes sociales y medios de comunicación, en el directorio de una de las instituciones financieras más relevantes del sistema bancario argentino. Su mandato se extenderá hasta el 4 de febrero de 2028, completando el período legal que había quedado vacante tras la salida del abogado Gonzalo Pascual.
El decreto también formaliza la aceptación de la renuncia de Pascual, quien dejó el cargo con efecto retroactivo al 31 de enero de 2026, y agradece los servicios prestados durante su gestión.
Para Misiones, el nombramiento representa un nuevo espacio de representación dentro de organismos nacionales con capacidad de incidencia económica. Lanari, oriundo de la provincia, se consolidó en los últimos años como uno de los dirigentes de mayor confianza del presidente Javier Milei en materia de comunicación política y estrategia gubernamental, desempeñando un rol central en la difusión de las políticas oficiales desde la Casa Rosada.
Su incorporación al directorio del Banco Nación se produce en un momento clave para la entidad. El banco atraviesa un proceso de transformación orientado a modernizar su funcionamiento, mejorar su eficiencia operativa y ampliar su papel en el financiamiento de los sectores productivos, en línea con la agenda de reformas impulsada por el Gobierno nacional.
Más allá de su perfil vinculado a la comunicación política, el directorio del Banco Nación cumple funciones estratégicas en la definición de políticas crediticias, el seguimiento del desempeño financiero de la entidad y la aprobación de decisiones vinculadas con inversiones, financiamiento productivo y administración institucional.
El Banco Nación continúa siendo el principal actor del crédito público en Argentina y mantiene un papel determinante en el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, economías regionales, actividades agroindustriales, comercio exterior e infraestructura productiva. Por esa razón, cada modificación en su conducción adquiere relevancia para el entramado económico nacional y también para provincias como Misiones, donde la entidad conserva una fuerte presencia en el financiamiento del sector productivo.
La designación de Lanari se inscribe además dentro del proceso de renovación de autoridades que el Gobierno viene llevando adelante en organismos descentralizados y empresas públicas, con el objetivo de alinear la conducción institucional con la estrategia económica y financiera de la administración nacional.
Con este nombramiento, el dirigente misionero suma una nueva responsabilidad en la estructura del Estado nacional, combinando su rol en la comunicación presidencial con participación en el máximo órgano de conducción del banco público más importante del país.
El paso de Lanari en el gobierno de Milei
La incorporación de Lanari al BNA se formalizó menos de un mes después de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicara su salida de la Secretaría de Comunicación y Prensa. El 22 de junio Adorni había agradecido al funcionario por acompañar durante dos años y medio a la gestión y anticipó que el Gobierno informaría posteriormente quién quedaría a cargo del área.
La salida de Lanari del área de comunicación se dio el mismo día que entró en funciones el nuevo portavoz presidencial, Adrián Ravier. Esa decisión se dio, a su vez, en medio de la polémica que se desató en torno a Manuel Adorni por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y los altos niveles de presión que había a nivel interno para que el jefe de Gabinete fuera expulsado del Gobierno.
De hecho, su salida sucedió pocos días después. Lanari había ingresado al gobierno de Milei desde el comienzo de la gestión libertaria. En una primera etapa se desempeñó como subsecretario de Prensa y posteriormente asumió como secretario de Comunicación y Prensa. Durante su paso por esa secretaría, el experiodista ejecutó la decisión presidencial de cerrar la sala destinada a los trabajadores de prensa acreditados en la sede gubernamental.
La restricción se aplicó después de una denuncia de la Casa Militar por un presunto caso de espionaje ilegal contra dos periodistas, a raíz de la difusión de una filmación realizada dentro de la Casa Rosada. En la primera jornada de la restricción, Lanari el encargado de salir de la Casa Rosada para conversar con los periodistas, quienes habían instalado de manera provisoria un espacio de trabajo en una confitería ubicada frente a la Plaza de Mayo.
El Banco Nación concretó este miércoles una nueva colocación de títulos de deuda en el mercado de capitales local y logró captar el equivalente a 270 millones de dólares, superando ampliamente el objetivo inicial de obtener fondos por US$ 150 millones.
La operación correspondió a la segunda emisión de Obligaciones Negociables del año e incluyó las Clases 4, 5 y 6, cuyos recursos estarán destinados a fortalecer la capacidad de financiamiento de la entidad y sostener su liderazgo en el otorgamiento de créditos al sector privado, especialmente para familias y pequeñas y medianas empresas.
Las condiciones finales de la colocación fueron las siguientes:
Clase 4 (en pesos): tasa TAMAR + 3,25%.
Clase 5 (dólar MEP): tasa fija del 6% anual.
Clase 6 (UVA): tasa fija del 6,5% anual.
Desde la entidad destacaron que el fuerte nivel de demanda permitió superar ampliamente el monto originalmente previsto, una señal que interpretaron como un respaldo del mercado a la estrategia financiera del banco.
La colocación se enmarca en el Programa Global de Emisiones del Banco Nación, que contempla emisiones por hasta US$ 1.500 millones. El objetivo es diversificar las fuentes de fondeo, fortalecer la estructura financiera de la entidad y ampliar la disponibilidad de recursos para el otorgamiento de créditos productivos.
Con esta estrategia, el banco busca consolidar su posición como principal financiador del sector privado argentino, canalizando recursos hacia inversiones, capital de trabajo y consumo, en un contexto en el que el acceso al crédito comienza a recuperar protagonismo dentro de la economía.
La plaza financiera argentina volvió a mostrar señales mixtas en una jornada marcada por la fortaleza de la deuda soberana, un nuevo avance del dólar y un escenario internacional menos favorable para los activos de riesgo. Mientras los bonos en dólares prolongaron su recuperación y el riesgo país descendió hasta los 421 puntos básicos —muy cerca de su mínimo de 2026—, las acciones locales retrocedieron en línea con Wall Street, que interrumpió la racha alcista de las últimas ruedas.
El movimiento más relevante para el Gobierno volvió a producirse en el mercado de renta fija. Los bonos Globales y Bonares avanzaron en promedio 0,3%, impulsando una nueva baja del índice elaborado por JP Morgan, que retrocedió tres unidades hasta los 421 puntos básicos. La compresión del riesgo soberano consolida una tendencia iniciada tras las recientes mejoras en la calificación crediticia de Argentina por parte de las agencias internacionales.
Desde Puente destacaron que la decisión de Standard & Poor’s de elevar la nota soberana a B-, en línea con la mejora previamente otorgada por Fitch, representa un cambio cualitativo para el mercado argentino. La nueva calificación no solo reduce el costo financiero implícito de la deuda, sino que además habilita el ingreso de fondos internacionales que, por reglamento, solo pueden invertir en países con ese nivel mínimo de calificación otorgado por al menos dos agencias.
Para el mercado, este cambio amplía las posibilidades de que Argentina recupere gradualmente el acceso al financiamiento voluntario internacional, un objetivo central de la estrategia económica del Gobierno una vez consolidado el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria.
El S&P Merval acompañó el mal clima externo
A diferencia de la deuda, la renta variable operó bajo presión. El índice S&P Merval perdió 1,5% y cerró en 3.121.855 puntos, luego de haber acumulado una mejora cercana al 4% en pesos durante el primer semestre.
La corrección respondió principalmente al comportamiento de Wall Street. El Nasdaq cedió 0,7%, mientras que el Dow Jones retrocedió marginalmente. Los inversores permanecieron atentos a las declaraciones de autoridades de la Reserva Federal en el foro organizado por el Banco Central Europeo, buscando señales sobre la evolución futura de las tasas de interés estadounidenses.
Entre los ADR argentinos negociados en Nueva York predominó el rojo, aunque algunas compañías lograron destacarse. Globant registró una fuerte recuperación diaria cercana al 9%, mientras Mercado Libre avanzó alrededor del 2,6%. Banco Supervielle también mostró un desempeño positivo, en contraste con el tono general del mercado.
El dólar volvió a subir y se consolida por encima de los $1.500
En el frente cambiario, la presión compradora volvió a sentirse por tercera jornada consecutiva.
El dólar mayorista avanzó siete pesos hasta los $1.489, ubicándose nuevamente muy cerca del máximo nominal alcanzado en octubre del año pasado. Durante la rueda llegó incluso a tocar los $1.493 antes de moderar parcialmente la suba sobre el cierre de las operaciones.
El volumen negociado volvió a ser elevado, con operaciones superiores a los USD 823 millones en el mercado contado, una señal de que la demanda privada continúa firme en el inicio del segundo semestre.
En paralelo, el dólar minorista del Banco Nación subió diez pesos y cerró en $1.510 para la venta, mientras que el dólar blue alcanzó los $1.525. Los dólares financieros también continuaron escalando, con el contado con liquidación acercándose a los $1.577, su valor más alto desde octubre.
Los operadores observaron además un importante movimiento en el mercado de futuros, donde se negociaron contratos por aproximadamente USD 1.700 millones. La baja registrada en las posiciones más cortas fue interpretada como una señal de intervención oficial mediante ventas de contratos para moderar las expectativas de devaluación.
La autoridad monetaria volvió a participar de manera acotada en el mercado oficial. Compró apenas USD 25 millones, equivalente a cerca del 3% del volumen operado, por debajo del objetivo del 5% que el propio Gobierno había planteado como referencia para acumular reservas sin alterar el funcionamiento del mercado.
No obstante, las reservas internacionales crecieron con fuerza hasta los USD 47.056 millones, un incremento diario superior a USD 2.180 millones explicado principalmente por la recomposición de encajes bancarios habitual al comienzo de cada mes, más que por compras genuinas de divisas.
Menor riesgo financiero, pero mayor tensión cambiaria
La jornada dejó en evidencia el contraste que hoy domina a los mercados argentinos. Por un lado, la mejora del perfil crediticio del país sigue favoreciendo a los bonos soberanos y permite que el riesgo país se mantenga en niveles que no se observaban desde hace varios años.
Por otro, el mercado cambiario comienza a reflejar un escenario diferente al del primer semestre. La menor liquidación estacional del agro, el aumento de la demanda privada de divisas y las intervenciones oficiales en futuros y títulos atados al dólar muestran que el Gobierno enfrenta un desafío creciente para administrar la transición hacia la segunda mitad del año sin que la aceleración del tipo de cambio termine trasladándose a los precios.
En ese equilibrio entre estabilidad financiera y presión cambiaria estará puesta buena parte de la atención de los inversores durante las próximas semanas.
