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Ponen en marcha el fondeo de ANSES para los créditos hipotecarios con una primera licitación por $200.000 millones

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El Banco Central puso en marcha el mecanismo mediante el cual el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES comenzará a fondear a los bancos para ampliar la oferta de créditos hipotecarios. La primera licitación contempla $200.000 millones y forma parte de un programa que prevé canalizar $2 billones hacia las entidades financieras, con el objetivo de sostener préstamos de largo plazo para la compra de viviendas.

La herramienta fue anunciada dos semanas atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo, como parte de un paquete destinado a recuperar el financiamiento hipotecario y, al mismo tiempo, apuntalar la actividad económica vinculada con la construcción y el acceso a la vivienda.

En esta primera operación, el FGS colocará los recursos en bancos mediante plazos fijos UVA, mientras que el Banco Central actuará como agente financiero de ANSES. El programa contempla diez licitaciones de $200.000 millones cada una, por un total de $2 billones, equivalentes a unos u$s1.300 millones.

El diseño busca atacar uno de los principales problemas del mercado hipotecario: la disponibilidad de fondeo a largo plazo. Los depósitos UVA tendrán plazos de uno y cinco años, con tasas mínimas de 2,5% y 4,5%, respectivamente. A cambio de acceder a esos recursos, las entidades deberán destinarlos a nuevas líneas hipotecarias bajo determinadas condiciones.

El límite que cambia la ecuación para los bancos

El punto central del esquema es la tasa que deberán ofrecer las entidades beneficiarias. Los créditos financiados con recursos del FGS tendrán un costo máximo de UVA + 7,5%, lo que puede modificar la estrategia comercial de aquellos bancos que actualmente ofrecen préstamos por encima de ese nivel.

Cada entidad podrá adjudicarse como máximo el 20% del monto disponible en cada licitación. Una vez recibido el fondeo, contará con un plazo de 90 días para transformar esos recursos en nuevos créditos hipotecarios.

La regla introduce una relación directa entre el financiamiento que reciben los bancos y el crédito que deben colocar. No se trata solamente de aportar liquidez al sistema financiero: el objetivo es que ese fondeo se traduzca en nuevas operaciones destinadas a la compra de viviendas.

Para las entidades que ya ofrecen créditos a UVA + 7,5% o por debajo de ese nivel, el incentivo es diferente. El programa puede representar principalmente una fuente de financiamiento de mayor plazo, sin que necesariamente implique una reducción adicional de las tasas que cobran a sus clientes.

El mercado espera los primeros créditos hacia fin de año

La implementación también abre interrogantes entre los bancos. Uno de los puntos que todavía genera dudas es si las entidades podrán ofrecer tasas superiores a los mínimos establecidos para los plazos fijos UVA con el propósito de captar una mayor proporción de los fondos disponibles en las subastas.

Otro aspecto pendiente es el tratamiento de quienes ya tomaron préstamos hipotecarios a tasas superiores al nuevo límite. También resta determinar cuánto tiempo demandará el proceso entre la adjudicación de los fondos, su disponibilidad efectiva para los bancos y la aprobación de los nuevos préstamos.

Si el cronograma se desarrolla según las previsiones de las entidades, los primeros créditos financiados bajo este mecanismo podrían comenzar a otorgarse entre noviembre y diciembre.

El impacto potencial no es menor. El programa fue diseñado para alcanzar a más de 10.000 viviendas y busca ampliar la disponibilidad de crédito en un mercado que durante 2026 muestra una contracción respecto del año anterior.

Un mercado que perdió volumen

El fondeo llega en un momento en que el crédito hipotecario atraviesa una etapa de menor dinamismo. Actualmente, el monto promedio de los préstamos ronda los u$s75.000, equivalentes a cerca de $100 millones, mientras que los plazos promedio se ubican en aproximadamente 23 años y las tasas se encuentran cercanas al 7%.

La evolución de las operaciones muestra la magnitud del desafío. Durante 2025 se otorgaron alrededor de 44.000 créditos hipotecarios, mientras que para 2026 se proyectan unos 30.000 préstamos. De concretarse esa previsión, el mercado registraría una caída cercana al 34% interanual.

En ese contexto, el programa del FGS intenta recomponer una pieza clave del mercado: el financiamiento de largo plazo. Para que el esquema tenga impacto sobre la demanda habitacional, sin embargo, no alcanza con aumentar los fondos disponibles. La condición decisiva será que esos recursos efectivamente se conviertan en créditos, con tasas y plazos compatibles con la capacidad de pago de los hogares.

La apuesta oficial combina así dos objetivos. Por un lado, ampliar el acceso al financiamiento para la vivienda. Por otro, utilizar recursos de largo plazo para darle mayor profundidad a un mercado hipotecario que todavía permanece lejos de los niveles necesarios para convertirse en un canal relevante de financiamiento habitacional.

La primera licitación será, en ese sentido, una prueba concreta del mecanismo. El volumen adjudicado, la cantidad de bancos participantes y, sobre todo, la velocidad con la que los $200.000 millones se transformen en nuevas hipotecas permitirán medir si el esquema logra superar el problema central del mercado: no solo disponer de dinero, sino convertirlo en vivienda financiada a largo plazo.

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BCRA admite que las tasas son “impagables” para muchas familias y pide refinanciar deudas

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El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, reconoció en Puerto Iguazú que el elevado costo del crédito está profundizando la mora de los hogares. Pidió a los bancos absorber pérdidas y ofrecer refinanciaciones con tasas más bajas y plazos más largos, sin asistencia estatal.

La discusión sobre la mora crediticia de las familias sumó en Misiones una definición relevante de la autoridad monetaria. Durante la apertura de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú, el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, admitió que las tasas de interés todavía se encuentran en niveles elevados y que, para una parte de los hogares, resultan “impagables en términos reales”.

El diagnóstico del funcionario pone el foco en una tensión central del actual proceso económico: mientras el costo financiero para las empresas se redujo con mayor velocidad después del shock cambiario asociado a las elecciones de 2025, las familias continúan enfrentando condiciones crediticias más exigentes. Esa brecha aparece vinculada con una mora que, según Werning, permanece estable en torno al 7,7% desde hace tres meses.

El crédito corporativo bajó más rápido que el familiar

Werning planteó que la evolución de las tasas fue diferente según el tipo de deudor. Después del salto registrado durante el período electoral de 2025, las entidades financieras redujeron rápidamente las tasas reales aplicadas a las empresas.

El funcionario vinculó esa mejora con una menor percepción de riesgo político, mejores expectativas sobre las reformas económicas y perspectivas de remonetización y acumulación de reservas. Como consecuencia, sostuvo que el costo financiero para las compañías quedó aproximadamente en un quinto del máximo alcanzado durante el momento de mayor incertidumbre.

La mora empresarial acompañó esa trayectoria y se mantuvo contenida. Incluso, Werning señaló que actualmente es menor que durante el último ciclo de expansión del crédito privado registrado durante la gestión de Mauricio Macri.

En los hogares, en cambio, el traslado de esa mejora fue mucho más limitado. Según explicó, las tasas destinadas al financiamiento familiar descendieron apenas una cuarta parte desde el máximo electoral y todavía permanecen en torno a tres cuartas partes de aquel pico.

“Las tasas de interés son altas e inducen a la mora porque son impagables en términos reales para muchos”, reconoció el vicepresidente del BCRA.

La salida que propone el Banco Central

Frente al aumento de los incumplimientos, Werning ubicó la solución en una negociación directa entre bancos y deudores. La herramienta central sería la refinanciación, pero bajo condiciones sustancialmente diferentes de las que originaron el problema.

“Esas refinanciaciones tienen que venir con tasas de interés mucho más bajas para dar oportunidad de pago y con plazos más largos”, planteó.

El punto es relevante porque una refinanciación con una tasa todavía elevada puede postergar el incumplimiento sin resolver la capacidad de pago. En esa lógica, el costo al que las entidades financieras reestructuren las obligaciones aparece como una variable decisiva para determinar si la mora finalmente comienza a descender.

Werning sostuvo además que los bancos tienen capacidad patrimonial para absorber las pérdidas derivadas de sus carteras crediticias y rechazó que el Estado deba asistirlos por ese motivo.

“Los bancos hoy tienen capital de sobra y claramente tienen capacidad de absorber las pérdidas por las decisiones equivocadas que han tomado; no necesitan asistencia externa”, afirmó.

La definición establece un límite claro frente a eventuales mecanismos de auxilio estatal: la recomposición de las carteras deterioradas debería recaer sobre las propias entidades, mientras que el alivio para los deudores debería surgir de mejores condiciones de financiamiento.

Una mora elevada que podría haber encontrado un techo

El 7,7% de mora que mencionó Werning funciona como el principal dato para medir la magnitud del problema. Según su exposición, el indicador permaneció estable durante los últimos tres meses, lo que podría indicar que el deterioro comenzó a encontrar un techo.

El otro dato relevante es que el crédito destinado a las familias dejó de contraerse, aunque todavía no ingresó en una etapa de recuperación. Para el vicepresidente del BCRA, una nueva expansión del financiamiento a los hogares podría contribuir a mejorar la relación entre los préstamos vigentes y las obligaciones impagas.

Las refinanciaciones, en tanto, crecieron con fuerza. La expectativa oficial es que ese proceso permita comenzar a reducir la mora, aunque el resultado dependerá de las condiciones efectivamente ofrecidas por los bancos.

El desafío consiste entonces en evitar que la refinanciación se transforme simplemente en una acumulación de deuda. Si el nuevo préstamo mantiene un costo incompatible con los ingresos de los hogares, el problema puede trasladarse hacia adelante en el calendario sin modificar su causa.

El Gobierno busca preservar el acceso al crédito

Werning también rechazó iniciativas legislativas orientadas a modificar artificialmente la calificación de los deudores o a intervenir sobre los registros de morosidad. Desde su perspectiva, esas medidas podrían dificultar la evaluación del riesgo por parte de las entidades financieras y terminar restringiendo el crédito futuro.

“Romper el termómetro solo va a generar más incertidumbre”, advirtió.

La posición del BCRA apunta así a preservar el funcionamiento del mercado crediticio sin desconocer el deterioro de la capacidad de pago de los hogares. El problema, desde esa perspectiva, no sería solamente cuánto crédito existe, sino bajo qué condiciones puede volver a crecer.

La definición también expone una contradicción que atraviesa la recuperación: ampliar el financiamiento puede ayudar a recomponer el consumo y la actividad, pero hacerlo a tasas demasiado elevadas puede incrementar nuevamente la morosidad.

Desinflación, condición para recuperar el crédito

Durante su presentación en Puerto Iguazú, Werning defendió además la continuidad del esquema monetario oficial y descartó utilizar una inflación más elevada como mecanismo para estimular la actividad.

“La estabilidad es condición necesaria y un poco de inflación es algo gravísimo”, sostuvo.

El vicepresidente del BCRA argumentó que la aceleración de precios registrada durante 2023 provocó pérdida de poder adquisitivo, deterioro de las reservas y un debilitamiento del balance de la autoridad monetaria, sin generar un crecimiento sostenible.

En ese marco, el Banco Central mantiene un régimen de control de los agregados monetarios orientado a administrar la liquidez y evitar que movimientos transitorios de precios terminen incorporándose a la dinámica inflacionaria.

La estrategia tiene una consecuencia directa sobre el crédito: la recuperación de los préstamos familiares depende no solo de una reducción de las tasas nominales, sino también de que la estabilización monetaria permita disminuir de manera sostenida el costo real del financiamiento.

El crédito en dólares abre otro frente

La política crediticia también está cambiando en el segmento empresario. El BCRA habilitó recientemente a las entidades financieras a destinar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera a empresas que no generan ingresos en dólares.

Werning justificó la medida como una forma de movilizar recursos que permanecen sin utilización dentro del sistema financiero y canalizarlos hacia proyectos productivos. Entre los sectores que podrían beneficiarse mencionó especialmente a la construcción.

La apertura de esta vía de financiamiento contrasta con el escenario de los hogares: mientras el crédito empresarial recupera dinamismo, especialmente a partir de los préstamos en dólares, el financiamiento familiar apenas logró detener su caída.

La señal que dejó Werning desde Misiones combina ambos procesos. El BCRA pretende que el crédito vuelva a expandirse, pero sin abandonar la disciplina monetaria ni trasladar al Estado las pérdidas derivadas de las decisiones crediticias de los bancos.

Para las familias endeudadas, la variable crítica será otra: que esa recuperación llegue acompañada por refinanciaciones capaces de convertir una deuda hoy difícil de pagar en una obligación compatible con los ingresos. Allí se juega si el 7,7% de mora representa efectivamente un techo o apenas una pausa antes de un nuevo deterioro.

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Morosidad: el Gobierno habilita nuevos mecanismos de cobro mientras crece el debate por el endeudamiento familiar

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El Gobierno nacional puso en marcha una nueva etapa en su estrategia para reducir la morosidad crediticia, con mecanismos destinados a facilitar el cobro de cuotas atrasadas por parte de bancos y fintech. La primera herramienta, denominada Cobros por Transferencia, entra en vigencia este lunes 31 de agosto y permitirá debitar una cuota pendiente desde una cuenta bancaria o billetera virtual, siempre que el usuario haya otorgado autorización expresa.

La decisión se produce en un escenario en el que la irregularidad del crédito familiar continúa en niveles elevados, aunque los últimos datos oficiales disponibles mostraron una primera señal de estabilización. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad de los préstamos personales y los saldos de tarjetas de crédito se ubicó en 12,8% en junio, apenas 0,1 puntos porcentuales por debajo de mayo. Para el conjunto del sistema financiero, la irregularidad del crédito quedó en 7,6%.

El dato adquiere otra dimensión cuando se observa la cantidad de personas involucradas. Un relevamiento elaborado con información del BCRA y de la Central de Deudores estimó en 5,91 millones las personas en situación irregular, sobre un universo de 20,96 millones de deudores.

Cómo funcionará el nuevo mecanismo

La nueva modalidad busca reducir el riesgo de incumplimiento mediante un débito directo de la cuota pendiente. El mecanismo requiere que el tomador del préstamo autorice expresamente a la entidad financiera a realizar la operación y contempla la posibilidad de revocar ese consentimiento de manera inmediata.

El diseño incorpora además límites para evitar que el mecanismo de cobranza derive en un nuevo factor de sobreendeudamiento. Las cuotas deberán ser fijas e iguales y no podrán superar el 30% de los ingresos del deudor. Cuando el crédito haya sido depositado en una cuenta de otra entidad, el prestamista podrá solicitar el débito desde esa cuenta de destino ante una demora.

La normativa también establece que el acreedor deberá informar al cliente con al menos un día de anticipación. Solo podrá realizar un intento inicial de cobro y hasta dos reintentos, previstos a las 48 y 96 horas, respectivamente.

El esquema, sin embargo, no genera consenso dentro de la industria financiera. Bancos y proveedores de crédito cuestionaron aspectos de su diseño, especialmente porque la posibilidad de cobro queda vinculada a la cuenta en la que fueron depositados los fondos. Ese condicionamiento podría limitar su utilización si el préstamo se acredita en una cuenta de una entidad competidora.

El segundo mecanismo apunta directamente al salario

El Gobierno también avanza con la ampliación del denominado código de descuento, una herramienta que permite descontar directamente del recibo de sueldo las cuotas correspondientes a determinados préstamos.

La modificación fue reglamentada en el marco del artículo 36 de la reforma laboral, aunque su implementación efectiva todavía depende de las normas complementarias que debe establecer el BCRA.

La diferencia respecto del mecanismo de Cobros por Transferencia es relevante: mientras uno busca facilitar el débito desde cuentas bancarias o billeteras, el código de descuento introduce al salario como fuente directa de repago.

En ambos casos aparece una misma lógica regulatoria: reducir el riesgo de incumplimiento y mejorar la cobrabilidad del sistema crediticio. El punto de tensión está en cómo equilibrar ese objetivo con la capacidad real de pago de los hogares.

El problema que excede a bancos y fintech

La discusión dejó de ser exclusivamente financiera. La morosidad se convirtió en un problema que atraviesa el presupuesto cotidiano de millones de familias y abrió una disputa política sobre cuál debe ser el papel del Estado frente al endeudamiento.

La Iglesia ingresó en ese debate. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, pidió evitar una mirada superficial sobre la situación y cuestionó la idea de que se trate simplemente de un problema entre particulares.

“Lo que no se puede es tener una mirada superficial, ni menos decir: ‘No nos interesa o que se arreglen’”, sostuvo Colombo. El planteo apunta especialmente a los hogares que recurren al crédito para cubrir necesidades básicas y terminan acumulando compromisos que absorben una parte creciente de sus ingresos.

La preocupación también se extiende al crédito otorgado a través de billeteras virtuales. Según los datos citados en el relevamiento del CEPA, la morosidad en ese segmento alcanzó el 30,1%, por encima del pico registrado durante la pandemia de Covid-19.

La diferencia entre ambos mercados muestra uno de los principales desafíos del escenario actual: el crecimiento de las alternativas de financiamiento amplió el acceso al crédito, pero también multiplicó los canales por los que una persona puede acumular obligaciones.

El Congreso prepara una discusión sobre los hogares endeudados

El debate tendrá además una instancia parlamentaria. La oposición impulsó una sesión para el 9 de septiembre, en la que se analizarán iniciativas destinadas a atender la problemática de la morosidad.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no descartó que el oficialismo participe de la discusión y eventualmente impulse proyectos alternativos, aunque marcó como condición que cualquier solución preserve el equilibrio fiscal.

La posición oficial sostiene que la irregularidad crediticia comenzó a descender y que el Estado no debería asumir el costo fiscal de las deudas privadas. La oposición, en cambio, busca que el Congreso intervenga frente al impacto que el endeudamiento tiene sobre los ingresos familiares.

El dato objetivo es que la morosidad dejó de crecer en junio, pero continúa en niveles elevados. La discusión política se desplaza así hacia una pregunta más estructural: cómo recuperar el acceso al crédito sin convertirlo en una vía de deterioro permanente del ingreso disponible de los hogares.

La respuesta no pasa únicamente por facilitar la cobranza. También requiere que las nuevas herramientas incorporen límites de endeudamiento, información clara sobre el costo financiero y mecanismos que permitan detectar tempranamente situaciones de sobreendeudamiento. En ese punto se juega el alcance social de la regulación: mejorar la cobrabilidad del sistema sin trasladar todo el riesgo financiero a familias que ya tienen comprometida una parte significativa de sus ingresos.

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El FGS pondrá $2 billones en juego para reactivar el crédito hipotecario

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El Gobierno anunció un nuevo Programa de Licitación de Plazos Fijos con destino a crédito hipotecario: a través del FGS, destinará $2 billones a plazos fijos UVA a 1 y 5 años, para que los bancos puedan fondear préstamos sin asumir todo el descalce de plazos. Según la consultora INVECQ la medida no resuelve el problema de fondo —la escasez de ahorro de largo plazo en pesos— pero sí funciona como puente transitorio para dinamizar un mercado hipotecario que hoy es acotadoy busca además reactivar la demanda interna vía expansión del crédito en general.

El crédito hipotecario en la Argentina es muy bajo: representa menos del 2% del PBI, contra 25% en Chile, 10% en Brasil u 8,5% en Colombia, por mencionar algunos ejemplos de la región. Si bien se multiplicó por cinco en términos reales desde diciembre 2023 a julio 2026, aún está 25% por debajo del promedio de 2018-2019. Esto se explica, sobre todo, por el tamaño del mercado de capitales local: las entidades financieras no logran fondearse a largo plazo y, en consecuencia, tampoco pueden prestar al ritmo que el mercado necesitaría. En otras palabras, toman depósitos a 30 días pero deben prestar a 25-30 años, un descalce de plazos que limita estructuralmente la oferta.

Además, luego del fuerte aumento entre agosto de 2024 y octubre de 2025, el stock actual —$16,5 bn—perdió dinamismo: pasó de crecer 10% m/m real en promedio durante 2025 a menos de 1% en el primer semestre de este año. Si se mira solo el segmento UVA, los desembolsos cayeron de $470.000 M promedio mensual el año pasado a $245.000 M en lo que va de 2026.

En ese contexto, el Gobierno anunció el Programa de Licitación de Plazos Fijos con destino a crédito hipotecario, que busca atacar justamente ese problema de descalce. A través del FGS, licitará plazos fijos UVA por $2 bn en tramos semanales de $200.000 M (con un tope de 20% por entidad), divididos en dos ventanas: una a 1 año (UVA + 2,5% mínimo) y otra a 5 años (UVA + 4,5% mínimo). Una vez constituido el depósito, los bancos tendrán 90 días corridos para canalizar esos fondos hacia nuevos préstamos.

Sin ser un game changer, el impacto tampoco es menor: i) los $2 bn (USD 1.300 M) equivalen a poco más del 10% del stock vigente, ii) para tener como referencia: el año pasado se otorgaron créditos en el segmento UVA el equivalente a USD 3.200 M y en lo que va de 2026 USD 1.100 M y iii) según el cálculo oficial, el esquema podría financiar entre 17.000 y 18.000 operaciones, equivalente a cerca del 40% de las 43.700 familias que accedieron a un préstamo hipotecario nuevo durante todo 2025.

En síntesis, el programa no resuelve el problema de fondo —la falta de ahorro de largo plazo en pesos— pero sí ofrece un puente transitorio para que la banca pueda prestar a mayor plazo sin asumir todo el riesgo de descalce. Además, el objetivo excede lo habitacional: se trata de reimpulsar el crédito en general, en un momento en que la actividad viene “fría” —con excepción de algunos sectores “ganadores”—. La medida debería leerse junto con la flexibilización de créditos en dólares anunciada dos semanas atrás: ambas apuntan a que el financiamiento vuelva a ser uno de los motores de la economía.

Finanzas y mercados

Esta semana el Tesoro logró cubrir casi la totalidad de sus vencimientos en una licitación desafiante por el monto, alcanzando un rollover menor al 100% -algo que no se veía desde junio- priorizando instrumentos de corto plazo. En paralelo, con el fixing de fin de mes de la LELINK, el tipo de cambio tuvo una suba de 1% semanal.

El Tesoro enfrentó una licitación desafiante, con vencimientos por más de $12 bn, en un contexto de liquidez ajustada y reciente volatilidad en las tasas. Ante la necesidad de alcanzar un rollover elevado, volvió a modificar su estrategia en sintonía con la licitación anterior: ofreció instrumentos de corto plazo (con vencimientos de hasta mayo de 2027) y, por primera vez hasta ahora, no incluyó el bono hard-dollar AO29. La decisión se da luego de la suba del riesgo país de las últimas semanas y de las tasas en general, que llevó el rendimiento del AO29 por encima del 10%, evitando así que el Tesoro convalide tasas elevadas.

El resultado de la licitación fue positivo: el Tesoro adjudicó $12,16 bn, lo que representó un rollover del 95,96% y permitió cubrir prácticamente la totalidad de los vencimientos. Sin embargo, la contracara de este proceso sigue siendo una política monetaria son sesgo contractivo: la liquidez volcada al mercado fue muy baja, situándose en apenas $0,51 bn en un contexto en el que la liquidez general ya se percibe más ajustada. Del total adjudicado, el 90% se concentró en Lecap/Boncap -con TIREAs de 30% en promedio, similares a las del mercado secundario-. Además, el 7% correspondió a la letra CER y el 3% restante a la Lelink, una participación acotada pese a la mayor demanda de cobertura cambiaria que se venía observando.

El cambio de estrategia también se reflejó en los plazos. En agosto, el Tesoro dejó de priorizar el alargamiento de vencimientos y optó por satisfacer la demanda del mercado por instrumentos de corto plazo. El plazo promedio ponderado de colocación del octavo mes del año se ubicó en 134 días, menos de medio año y el menor registro desde octubre de 2025 (contexto de elecciones legislativas). En paralelo, la mayor volatilidad reciente de las tasas comenzó a reflejarse también en los rendimientos: la tasa promedio ponderada por volumen del mes de agosto de las Lecap fue de 30% (+3.p.p vs mes anterior) y el nivel más elevado desde mayo.

Otro aspecto positivo de la semana fue el comportamiento del tipo de cambio frente al fixing de la LELINK D31G6, que anticipábamos podía generar mayor volatilidad. Finalmente, el tipo de cambio registró una suba de 1% semanal, mientras que el BCRA compró divisas puntualmente el miércoles del fixing -algo que no había ocurrido el mes pasado- aunque la otra cara fue que volvió a intervenir en el mercado de dólar linked por aproximadamente $1,33 bn, frente a los $1,0 bn que intervino el día del fixing de la Lelink del mes julio y $1,2 bn en junio, de acuerdo con estimaciones propias.

Pese a la intervención, el BCRA sumó aproximadamente USD 723 M a las reservas en lo que va de agosto, aunque el ritmo se desaceleró respecto a los meses previos de 2026, en los que las compras alcanzaron consistentemente cifras de cuatro dígitos. Si se lo compara en términos diarios, las compras en agosto fueron por USD 38 M, frente a los USD 103 M de julio y a la media diaria de USD 95 M acumulada entre enero y julio. Hacia adelante, consideramos clave mantener la acumulación de divisas hasta fin de año, aun contemplando un menor dinamismo por estacionalidad, con el fin de llegar con un perfil de reservas más robusto al año electoral.

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Desde septiembre, el nuevo sistema del BCRA cambia cómo se pagan las cuotas de los préstamos

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A partir del 31 de agosto, bancos y billeteras deberán tener disponible el Cobro con Transferencia (CCT), el nuevo mecanismo diseñado por el Banco Central para modificar la forma en que se cobran las cuotas de los préstamos. La herramienta permitirá que una entidad acreedora solicite el pago desde una cuenta bancaria o de pago previamente autorizada por el cliente, aunque esa cuenta pertenezca a otra institución.

El cambio llega en un momento particularmente sensible para el sistema financiero. La morosidad de los créditos otorgados por proveedores no financieros aumentó con fuerza y convirtió la eficiencia de los mecanismos de cobranza en una cuestión estratégica para bancos, fintech y empresas de crédito. La nueva herramienta busca ordenar ese proceso, pero su capacidad para reducir efectivamente la mora dependerá de que el deudor tenga fondos disponibles en la cuenta que autorizó.

Qué cambia con el Cobro con Transferencia

El CCT fue creado mediante la Comunicación “A” 8406 y apunta a reemplazar las modalidades de transferencias inmediatas utilizadas para determinados cobros recurrentes. El Banco Central estableció este mecanismo como la única modalidad de transferencias inmediatas habilitada para ese tipo de operaciones.

En términos prácticos, el funcionamiento tendrá similitudes con un débito automático. La diferencia es que técnicamente se tratará de una transferencia iniciada por el acreedor a partir de un consentimiento previo del titular de la cuenta.

El cliente deberá seleccionar y vincular una cuenta bancaria o de pago identificada mediante CBU o CVU. Una vez otorgada la autorización, la entidad que concedió el crédito podrá solicitar el cobro de cada cuota. El consentimiento podrá ser revocado posteriormente a través de los canales electrónicos habilitados.

La principal novedad para el usuario es que ya no será indispensable que la cuenta desde la cual se paga el préstamo pertenezca al mismo banco o entidad que otorgó el crédito. Una persona podrá autorizar, por ejemplo, una cuenta de otra institución financiera o una billetera virtual, siempre que se encuentre dentro del esquema habilitado.

El sistema no permite buscar dinero en cualquier lugar

El nuevo mecanismo tiene límites precisos sobre los fondos que pueden utilizarse para cancelar una cuota. El CCT alcanza los saldos disponibles en cuentas a la vista o cuentas de pago identificadas mediante CBU o CVU.

Eso significa que no habilita a las entidades acreedoras a recorrer indiscriminadamente todos los activos financieros de un cliente.

Los fondos depositados en cuentas de inversión o instrumentos financieros que no formen parte directamente de la cuenta autorizada quedan fuera del mecanismo. Por eso, tener dinero dentro del sistema financiero no implica necesariamente que ese saldo pueda ser utilizado para cancelar automáticamente un préstamo mediante CCT.

La distinción adquiere importancia a medida que se multiplican las relaciones financieras de una misma persona. Un cliente puede cobrar su sueldo en un banco, mantener ahorros en otra entidad y utilizar una billetera virtual para sus gastos cotidianos. El CCT no unifica automáticamente esos fondos: requiere que el usuario haya autorizado específicamente la cuenta correspondiente.

Hay un límite para los intentos de cobro

El mecanismo tampoco habilita una búsqueda permanente de fondos. La normativa contempla un intento de cobro por cada período y hasta dos reintentos, separados según los plazos establecidos.

Si los intentos fracasan porque no existe dinero suficiente en la cuenta autorizada, el acreedor deberá recurrir a otra vía para reclamar la cuota. No podrá utilizar el CCT indefinidamente ni ejecutar mediante este mecanismo un cobro retroactivo cuando el cliente haya recibido fondos posteriormente.

Este aspecto constituye uno de los principales puntos de preocupación para bancos y fintech. Una persona puede no disponer de saldo el día del vencimiento y recibir su salario algunos días después. Si para entonces ya se agotaron los intentos previstos, la entidad deberá utilizar otro mecanismo de cobranza.

La limitación también evita que el sistema se transforme en una herramienta de extracción automática de fondos sin límites temporales.

Qué préstamos pueden cobrarse mediante CCT

El diseño regulatorio establece condiciones para los créditos que pueden utilizar este mecanismo. En principio, alcanza préstamos cuyas cuotas sean fijas e iguales durante la vigencia del contrato, con excepciones específicas.

Entre ellas aparecen los intereses moratorios o punitorios generados por intentos fallidos de cobro y determinadas variaciones vinculadas con seguros.

La normativa también establece que la relación entre cuota e ingreso no debe superar el 30% al momento de originación del crédito. De esta manera, el CCT no fue concebido como una autorización general para cobrar cualquier obligación recurrente, sino como una herramienta encuadrada dentro de determinadas condiciones crediticias.

Por qué el cambio llega en medio del aumento de la mora

La implementación se produce mientras crece la irregularidad de los préstamos otorgados por proveedores no financieros de crédito.

El último informe del Banco Central sobre ese segmento registró una tasa de irregularidad del 26,9% en febrero de 2026, 9,7 puntos porcentuales más que en agosto de 2025. En los préstamos personales, la irregularidad llegó al 34,1%.

El universo involucrado es amplio: alrededor de 12,1 millones de personas tenían financiamiento de proveedores no financieros de crédito y más de 7 millones estaban vinculadas al segmento fintech.

En ese contexto, un sistema que facilite el cobro de cuotas cuando existen fondos disponibles puede reducir costos operativos y mejorar la previsibilidad de las cobranzas. Pero hay una diferencia fundamental entre hacer más eficiente el cobro y reducir la morosidad.

El CCT puede resolver el problema de una persona que tiene dinero en una cuenta autorizada pero no realizó manualmente el pago. No puede resolver, en cambio, una situación de incapacidad efectiva para afrontar la cuota.

Bancos y fintech cuestionan la implementación

El sector financiero planteó reparos vinculados principalmente con la operatoria y los tiempos de implementación. La preocupación central pasa por los casos en que el cliente posee fondos, pero no en la cuenta que autorizó para el cobro o no los tiene disponibles durante los momentos en que se realizan los intentos.

También genera interrogantes la imposibilidad de buscar automáticamente dinero en diferentes cuentas pertenecientes al mismo titular.

A pocos días de la entrada en vigencia, distintas entidades trabajaban en los desarrollos técnicos necesarios y trascendieron pedidos de precisiones e incluso planteos para postergar o revisar determinados aspectos de la implementación.

Según información publicada por iProUP, Banco Galicia aparecía entre las entidades más avanzadas en el desarrollo, mientras otras instituciones y al menos una fintech especializada en préstamos todavía realizaban ajustes.

La situación técnica será relevante porque la obligación regulatoria comienza el 31 de agosto, pero la experiencia efectiva del usuario dependerá de que bancos, billeteras y prestamistas puedan integrar correctamente sus sistemas.

Una reforma que puede cambiar la relación entre bancos y clientes

El CCT introduce una modificación relevante en la arquitectura de los pagos recurrentes. Hasta ahora, buena parte de los mecanismos de cobranza dependía de una relación más directa entre el acreedor y la entidad donde se encontraba la cuenta del cliente.

El nuevo esquema habilita una lógica interoperable: el préstamo puede ser otorgado por una institución y pagado desde una cuenta administrada por otra.

Para los usuarios, esto amplía la capacidad de elegir desde dónde pagar y puede simplificar la administración de las cuotas. Para las entidades, supone una nueva infraestructura de cobranza que podría reducir fricciones, aunque también obliga a resolver problemas técnicos y operativos que no existían bajo esquemas más cerrados.

El punto decisivo será el equilibrio entre ambas partes. La herramienta debe facilitar el cumplimiento de las obligaciones sin convertir el consentimiento del usuario en una autorización ilimitada sobre sus recursos.

Por eso, la entrada en vigencia del CCT será apenas el primer paso. El verdadero test comenzará cuando millones de operaciones cotidianas permitan comprobar si la interoperabilidad mejora el pago de préstamos, reduce costos de cobranza y disminuye los incumplimientos asociados exclusivamente a problemas de disponibilidad o de canal de pago.

En un escenario de morosidad creciente, el desafío del Banco Central será que una reforma pensada para hacer más eficiente el sistema de pagos también preserve reglas claras sobre consentimiento, límites de cobro y control por parte de los usuarios. La tecnología puede hacer más automático el pago de una cuota, pero no puede sustituir la capacidad económica necesaria para afrontarla.

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