BELGRANO CARGAS

Las diez obras que pueden cambiar la logística, la energía y las exportaciones de Argentina

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Durante décadas, Argentina convivió con una paradoja estructural: abundancia de recursos naturales, pero infraestructura insuficiente para transformarlos en crecimiento sostenido. Gas que no podía transportarse, rutas saturadas, redes eléctricas al límite y corredores logísticos con elevados costos redujeron la competitividad de sectores capaces de generar divisas y empleo.

Hoy, ese escenario comienza a mostrar un cambio de escala. Bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y con una participación predominante del capital privado, avanza un conjunto de diez proyectos estratégicos que buscan atacar uno de los principales obstáculos de la economía argentina: la falta de infraestructura para producir más y exportar mejor.

La mayor parte de las inversiones se concentra en energía, aunque también aparecen iniciativas ferroviarias, portuarias, viales, eléctricas e internacionales que prometen modificar el mapa logístico del país durante los próximos cinco años.

El eje central es Vaca Muerta. Allí se concentran las inversiones de mayor magnitud. La ampliación del Gasoducto Perito Moreno, incorporada al RIGI mediante la Resolución 676/2026, demandará una inversión de 550 millones de dólares para incrementar en 12 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de transporte entre Neuquén y Buenos Aires antes del invierno de 2027. La obra permitirá sustituir importaciones de gas natural licuado con producción local, reduciendo costos energéticos para hogares, industrias y centrales eléctricas.

En paralelo, el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) ya supera la mitad de ejecución. Con una inversión de 3.000 millones de dólares liderada por YPF junto a Vista, Pan American Energy, Chevron, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol y Pampa Energía, conectará Añelo con Punta Colorada para transportar hasta 550.000 barriles diarios de petróleo hacia los mercados internacionales.

Sin embargo, el proyecto de mayor envergadura es Argentina LNG. La iniciativa impulsada por YPF contempla inversiones cercanas a los 50.000 millones de dólares, de los cuales unos 30.000 millones se ejecutarán durante los primeros cuatro años. El objetivo es convertir el gas de Vaca Muerta en gas natural licuado para abastecer mercados internacionales desde la costa atlántica de Río Negro. La meta inicial apunta a exportaciones cercanas a los 14.000 millones de dólares anuales hacia 2030, con posibilidad de escalar hasta los 20.000 millones.

Ese ecosistema energético se complementa con el Gasoducto San Matías, otra obra incorporada recientemente al RIGI que demandará 1.300 millones de dólares y abastecerá al proyecto Southern Energy, integrado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Según las estimaciones oficiales, el ducto permitirá generar exportaciones por unos 2.500 millones de dólares anuales.

Pero el desafío argentino no termina en producir más energía. También requiere transportar bienes hacia los mercados internacionales de manera más eficiente.

En esa lógica aparece el Corredor Bioceánico Capricornio, una obra regional valuada en aproximadamente 10.000 millones de dólares que conectará Brasil, Paraguay, Argentina y Chile mediante una red de 2.400 kilómetros. El corredor pretende consolidarse como una alternativa logística al Canal de Panamá para vincular el Atlántico con el Pacífico, aunque el tramo argentino continúa siendo el más rezagado de toda la iniciativa.

Con un objetivo similar avanza el Tren Trasandino, un proyecto ferroviario de 9.600 millones de dólares que contempla un túnel de 54 kilómetros bajo la Cordillera de los Andes, doble vía electrificada y un puerto de aguas profundas en Chile destinado a facilitar las exportaciones agroindustriales hacia Asia.

Otro componente estratégico es la Hidrovía Paraná-Paraguay. La nueva concesión privada por 25 años busca modernizar el principal corredor fluvial del país mediante inversiones tecnológicas y obras de mantenimiento que permitan reducir tiempos de navegación y mejorar la competitividad exportadora.

La infraestructura vial también atraviesa un proceso de transformación. La Red Federal de Concesiones reemplazará al esquema administrado por Corredores Viales mediante la licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales financiadas íntegramente por inversión privada. Según el Ministerio de Economía, estos corredores concentran cerca del 80% del tránsito nacional y permitirán reducir tanto el deterioro de la infraestructura como el costo fiscal asociado a la administración estatal.

En materia energética, el Gobierno también lanzó un ambicioso Plan Nacional de Transporte Eléctrico, que contempla inversiones privadas por unos 6.600 millones de dólares para ejecutar 17 proyectos destinados a reforzar líneas de alta tensión, ampliar la capacidad del sistema e incorporar nuevas interconexiones nacionales e internacionales. El financiamiento se recuperará mediante cargos tarifarios aplicados una vez que las obras entren en funcionamiento.

El décimo gran proyecto corresponde al sistema ferroviario de cargas. La privatización del Belgrano Cargas y Logística incluirá las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza bajo un esquema que habilitará inversiones privadas para modernizar la infraestructura. Entre los principales interesados figura Ferromex, del Grupo México, que analiza un plan de inversiones de hasta 3.000 millones de dólares destinado a recuperar capacidad operativa y reducir costos logísticos para las economías regionales.

Más allá de la magnitud financiera, el denominador común de estas iniciativas es que buscan resolver restricciones estructurales que históricamente limitaron el crecimiento argentino. Para el economista Sebastián Laza, una mejora en la infraestructura energética y logística permitiría potenciar sectores donde el país posee claras ventajas comparativas —como el agro, la minería y los hidrocarburos— y generar un efecto multiplicador sobre la industria, el transporte, la metalmecánica y los servicios asociados.

En la misma línea, José Vargas, director de Evaluecon, sostiene que la verdadera transformación no reside únicamente en cada obra individual, sino en la capacidad de conformar un sistema integrado que reduzca costos, aumente la productividad y genere las divisas necesarias para sostener el crecimiento económico sin repetir la histórica restricción externa.

El desafío trasciende la construcción de infraestructura. La experiencia argentina demuestra que las grandes obras sólo producen cambios estructurales cuando están acompañadas por estabilidad macroeconómica, reglas regulatorias previsibles y continuidad institucional. Inflación baja, equilibrio fiscal, acceso al financiamiento y seguridad jurídica aparecen como condiciones indispensables para que el capital privado complete inversiones cuya recuperación demandará décadas.

Si esas condiciones logran consolidarse, el impacto podría extenderse mucho más allá de los sectores directamente involucrados. Una matriz logística más eficiente, menor costo energético y mayor capacidad exportadora no sólo fortalecerían el ingreso de divisas, sino que también mejorarían la competitividad de miles de empresas, favorecerían nuevas inversiones y ampliarían las oportunidades de desarrollo para las economías regionales, convirtiendo a la infraestructura en uno de los principales motores del crecimiento sostenible de la próxima década.

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El Gobierno reabre beneficios aduaneros y apunta a sostener la emergencia ferroviaria con un decreto clave

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El Gobierno nacional formalizó el 30 de abril el Decreto 312/2026, una decisión que reintroduce exenciones impositivas para importaciones ferroviarias en un punto sensible: la continuidad operativa del sistema en plena emergencia sectorial. La norma apunta directamente a tres empresas estatales —BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A., OPERADORA FERROVIARIA S.A. y ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.A.— y habilita la eximición de derechos de importación y tasas aduaneras para mercaderías adquiridas hasta el 31 de diciembre de 2025.

El dato no es menor: el beneficio había vencido con el cambio de año y su caída alteró la ecuación económica de contratos ya firmados. La decisión de restituirlo expone una tensión implícita en la política económica: cómo sostener un discurso de orden fiscal mientras se reabre una ventana de alivio tributario en sectores considerados estratégicos. ¿Se trata de una excepción puntual o de una señal más amplia hacia sectores productivos?

Emergencia, contratos y costos: el trasfondo institucional

El decreto se inscribe en la emergencia pública en materia ferroviaria declarada en 2024 y prorrogada hasta el 14 de junio de 2028. Ese marco habilita al Poder Ejecutivo a adoptar medidas extraordinarias para acelerar inversiones en infraestructura, material rodante y sistemas de seguridad.

Las tres empresas beneficiadas tienen un rol operativo central: gestionan tanto el transporte de cargas como de pasajeros y la infraestructura ferroviaria. Según el texto oficial, enfrentaban un problema concreto: habían realizado compras en el exterior bajo un esquema de exenciones vigente, pero las mercaderías no lograron ser embarcadas antes del 31 de diciembre de 2025, fecha límite del beneficio.

Ese descalce temporal generó un impacto directo en los costos. La normativa reconoce que los compromisos contractuales fueron asumidos bajo determinadas condiciones fiscales que luego cambiaron. La consecuencia era previsible: encarecimiento de importaciones críticas, riesgo de interrupción de proyectos y potencial demora en la recuperación del sistema ferroviario.

La respuesta del Ejecutivo fue técnica pero con implicancias políticas claras: utilizar las facultades del Código Aduanero para reestablecer exenciones específicas, condicionadas a que los bienes se destinen exclusivamente a proyectos de inversión ferroviaria y siempre que la industria nacional no pueda proveerlos.

Quién gana y quién queda condicionado

La medida fortalece, en primer lugar, la capacidad operativa de las empresas ferroviarias estatales, que recuperan previsibilidad en sus estructuras de costos y pueden avanzar con inversiones ya planificadas. También consolida el rol de la Secretaría de Transporte como articulador del “Plan de Acción” vigente desde 2024, que ordena las obras y contrataciones del sector.

En términos más amplios, el decreto revalida la lógica de intervención selectiva del Estado: se alivian cargas tributarias en sectores considerados críticos para la infraestructura y la logística, en un contexto donde la competitividad de las economías regionales aparece como argumento central.

Pero la decisión también introduce condicionamientos. Las exenciones no son abiertas ni generalizadas: aplican a operaciones específicas, con órdenes de compra emitidas hasta una fecha determinada y bajo estrictas condiciones de destino. Además, el decreto deberá pasar por la Comisión Bicameral del Congreso, lo que abre una instancia de control político sobre la medida.

En paralelo, queda planteada una señal hacia otros sectores: la posibilidad de reabrir beneficios vencidos no parece automática ni replicable, sino sujeta a la capacidad de cada área de demostrar impacto estratégico y urgencia operativa.

Un movimiento táctico en una agenda más amplia

El decreto 312/2026 no redefine la política ferroviaria, pero evita un punto de ruptura. Funciona como una corrección quirúrgica sobre un problema concreto: el riesgo de paralización de inversiones por un cambio en las condiciones fiscales.

Hacia adelante, el foco estará en la ejecución. La norma exige que las mercaderías importadas se destinen exclusivamente a los proyectos declarados, lo que implica un seguimiento operativo y administrativo que todavía debe materializarse.

También quedará bajo observación la dinámica de la emergencia ferroviaria: si las condiciones que justificaron estas exenciones persisten o si el Gobierno avanza hacia un esquema más estructural de financiamiento e incentivos.

Por ahora, la decisión marca un equilibrio inestable: ajuste fiscal en términos generales, pero flexibilidad en sectores donde la inacción podría tener costos mayores. La clave estará en si este tipo de excepciones se mantienen como herramientas puntuales o empiezan a delinear un patrón más amplio.

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Privatización ferroviaria: Belgrano Cargas avanza con interés del agro y la minería

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Mientras la privatización de Trenes Argentinos Operaciones avanza a un ritmo más lento de lo previsto por falta de rentabilidad y altos costos operativos, la licitación del Belgrano Cargas gana impulso con fuerte interés del sector agroexportador y minero. Economía ya destinó más de $260.000 millones para obras y mejoras en infraestructura ferroviaria.

El plan de privatizaciones ferroviarias del Gobierno de Javier Milei enfrenta realidades dispares. Por un lado, Trenes Argentinos Operaciones (SOF) —responsable de las líneas urbanas, regionales y de larga distancia— sigue sin atraer capitales privados, principalmente por tarifas atrasadas y una dotación laboral de 20.779 empleados (23.834 en diciembre de 2023).

Fuentes oficiales reconocen que el proceso llevará más tiempo, dado que primero es necesario “acomodar” la estructura interna. “El proceso de concesión no se detuvo, solamente sigue el proceso de acomodar a cada una de las compañías, como se viene haciendo”, indicaron desde el Ministerio de Economía.

En cambio, Belgrano Cargas aparece como una oportunidad estratégica que despierta alto interés empresarial. Su privatización se estructura en tres lotes —vías e inmuebles, talleres y material rodante— con la meta de destinar lo recaudado a obras de infraestructura para los 7.600 km de vías en 17 provincias.

La Emergencia Ferroviaria fue decretada a inicios de 2024, tras un choque en la línea San Martín que expuso falencias en seguridad y mantenimiento. A partir de allí, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte coordinaron inversiones extraordinarias para modernizar la red.

Hasta mayo de 2025, las transferencias a Trenes Argentinos Operaciones alcanzaron $260.000 millones, incluyendo $52.798 millones en gastos de capital asignados recientemente para obras críticas. Según la administración nacional, estos fondos ya estaban previstos y no responden directamente a la demora de la privatización, aunque fortalecen la infraestructura para futuras concesiones.

Obras clave para atraer inversión privada

El plan ferroviario incluye 226 obras:

  • 109 en vías y puentes
  • 56 en señalamiento
  • 33 civiles
  • 26 eléctricas

Entre las más relevantes:

  • Implementación del sistema de frenado automático ATS en las líneas San Martín, Sarmiento y Mitre.
  • Renovación de vías en el ramal La Plata (línea Roca) y Tigre (línea Mitre).
  • Modernización del señalamiento en la parrilla de Retiro (Mitre).
  • Mejoras en el ramal M de la línea Belgrano Sur y tramos Constitución-La Plata y Retiro-Pilar.

Además, se incorporaron sistemas de inteligencia artificial para prevenir robos de cables, se desarrolló un prototipo de tercer riel de aluminio con el CENADIF y se actualizaron normas operativas tras pruebas piloto.

El esquema previsto para las cinco líneas urbanas, regionales y de larga distancia de SOF contempla:

  • Un concesionario para la infraestructura, que cobre peajes por derechos de paso.
  • Otro operador para talleres y mantenimiento de formaciones.

Este diseño apunta a segmentar responsabilidades y atraer diferentes perfiles de inversión, pero su implementación requiere ajustes tarifarios y reestructuración laboral para ser viable.

Belgrano Cargas: interés estratégico del agro y la minería

La licitación del Belgrano Cargas despierta especial atención del sector agroexportador. Cinco de las principales cerealeras —Bunge, Cargill, ACA, Aceitera General Deheza y Louis Dreyfus— preparan una propuesta conjunta para operar la red, con apoyo de la Bolsa de Comercio de Rosario.

En un encuentro encabezado por el presidente de la BCR, Miguel Simioni, se subrayó la necesidad de un sistema ferroviario eficiente para conectar el Noroeste Argentino con los puertos y la urgencia de concluir el circunvalar ferroviario de Santa Fe, obra clave para reducir costos logísticos.

El interés no se limita al agro: Río Tinto y otras compañías mineras también ven en la red un canal estratégico para exportar producción desde regiones alejadas.

La segmentación del proceso —postergando SOF y acelerando Belgrano Cargas— responde a criterios de viabilidad económica y demanda privada. En el caso de Belgrano, el Gobierno proyecta adjudicar antes de fin de año, apalancado por el respaldo de la Ley Bases, que habilita la privatización.

Para SOF, la hoja de ruta contempla continuar con el plan de obras, avanzar en eficiencia operativa y revisar el esquema tarifario para reactivar el interés privado en el mediano plazo.

La expectativa oficial es que la mejora en infraestructura y seguridad incremente la competitividad logística del país, reduzca costos de exportación y genere ingresos fiscales por concesiones.

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Belgrano Cargas aprueba presupuesto con déficit de $71.780 millones y plan de inversiones

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El Ministerio de Economía aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2025 de Belgrano Cargas y Logística S.A., que prevé ingresos por $164.413 millones y gastos por $236.193 millones, con un déficit operativo de más de $71.780 millones. La empresa proyecta sumar vagones, recuperar locomotoras e impulsar la participación privada para mejorar la sustentabilidad del sistema ferroviario de cargas.

La Resolución 1145/2025, publicada en el Boletín Oficial, oficializa la aprobación del presupuesto y plan de acción para el ejercicio 2025 de Belgrano Cargas y Logística S.A. (operadora de Trenes Argentinos Cargas). El documento detalla objetivos estratégicos, proyecciones financieras y un esquema de inversiones que busca reforzar el transporte ferroviario de carga como pilar de competitividad logística para 16 provincias.

Belgrano Cargas administra tres líneas: General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, con una red operativa de 7.794 kilómetros y conexión directa con los principales puertos agroexportadores del Gran Rosario.

Ejes técnicos del presupuesto

El plan aprobado estima para 2025:

  • Ingresos de operación: $164.413.080.400
  • Gastos de operación: $236.193.487.877
  • Resultado operativo (pérdida): -$71.780.407.477
  • Ingresos corrientes: $224.158.580.400
  • Gastos corrientes: $236.193.487.877
  • Resultado económico (desahorro): -$12.034.907.477
  • Recursos y gastos de capital: $39.876.382.184

La producción total estimada es de 6,8 millones de toneladas transportadas:

  • Línea Belgrano: 2,4 millones
  • Línea San Martín: 3,8 millones
  • Línea Urquiza: 0,59 millones

Según el Anexo I del plan, el incremento en la participación de mercado y la sustentabilidad del servicio dependen de nuevas inversiones privadas y mejoras en infraestructura. Se prevé la incorporación de 180 vagones cerealeros, la recuperación de 5 locomotoras y el inicio de operaciones para el transporte minero en el norte del país.

El documento reconoce que la red aún requiere inversiones significativas en vías y mecánica para prevenir descarrilamientos y mejorar la velocidad operativa. La Emergencia Ferroviaria decretada en junio de 2024 (Decreto 525) es señalada como herramienta clave para acelerar obras y reforzar la seguridad.

Impacto económico y regional

Belgrano Cargas tiene una participación del 38% en el mercado ferroviario de cargas, con fuerte presencia en los segmentos de granos y áridos. Según la empresa, el transporte ferroviario permite a los productores reducir costos logísticos hasta en un 30%, especialmente en distancias medias y largas.

El plan también contempla objetivos en materia de recursos humanos: negociación de convenios colectivos, capacitación, mejora de condiciones de seguridad e higiene, y reducción del ausentismo.

La estrategia oficial apunta a transformar al sistema ferroviario en un actor económica y financieramente sustentable con reglas claras para atraer capital privado. De concretarse las inversiones proyectadas, la carga transportada podría aumentar en los próximos años, generando beneficios directos para las economías regionales y el sector exportador.

La resolución firmada por el ministro Luis Caputo subraya que el ferrocarril de cargas seguirá siendo una herramienta central de política económica, clave para la competitividad de las provincias productoras.

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Caputo oficializó la privatización de Belgrano Cargas: remates, concesiones y disolución de la empresa

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El Ministerio de Economía puso en marcha el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., a través de la Resolución 1049/2025, que establece la desintegración vertical de la compañía y la concesión de sus principales activos. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, marca un hito en la política de transformación del sistema ferroviario y fija un plazo de 12 meses para completar la operación.

Venta de material rodante y concesión de vías

El plan aprobado contempla la venta mediante remate público del material rodante actualmente bajo administración de Belgrano Cargas. Los fondos obtenidos serán destinados a un fideicomiso administrado por el Banco Nación, con el objetivo de financiar obras en las vías ferroviarias que serán concesionadas.

Las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, junto a sus inmuebles aledaños, serán concesionadas a través de licitaciones públicas de alcance nacional e internacional, bajo el marco de la Ley 17.520. También se otorgará en concesión el uso de los talleres ferroviarios, mediante procesos licitatorios independientes.

Disolución de la empresa y rol de los organismos

Una vez adjudicadas las concesiones, el Gobierno procederá a la disolución y liquidación de Belgrano Cargas y Logística S.A. La Secretaría de Transporte tendrá a su cargo la elaboración de los pliegos técnicos y contractuales, con la asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

En paralelo, el Tribunal de Tasaciones realizará la valuación del material rodante, mientras que una entidad bancaria pública estimará los flujos de ingresos futuros asociados a la explotación de las concesiones.

El proceso de remate y licitación se llevará a cabo a través de las plataformas SUBAST.AR y CONTRAT.AR, con el fin de garantizar transparencia y accesibilidad. Según lo dispuesto, el proceso completo de privatización deberá concretarse en un plazo máximo de 12 meses.

El esquema de privatización busca modernizar la operación ferroviaria, reducir el peso del Estado en la gestión de activos y atraer inversiones privadas para el desarrollo de la infraestructura. Si bien el Gobierno sostiene que el nuevo modelo permitirá mayor eficiencia y mejoras en el servicio, la transición demandará un seguimiento cercano para evitar interrupciones en la operatoria y asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los futuros concesionarios.

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