La problemática del atropellamiento de fauna silvestre en Misiones sumó un nuevo antecedente institucional relevante. La futura concesión del Tramo Noreste de la Red Federal de Concesiones, que incluye sectores estratégicos de la Ruta Nacional 12, deberá incorporar medidas específicas de monitoreo, análisis y mitigación ambiental para reducir el impacto sobre especies silvestres, incluidas algunas en grave riesgo de conservación.
La incorporación de estas exigencias fue destacada por la Defensoría del Pueblo de la Nación, que impulsó distintas actuaciones y pedidos formales para que la problemática fuera contemplada dentro de los pliegos definitivos de licitación elaborados por la Dirección Nacional de Vialidad.
El avance adquiere especial relevancia en Misiones, una provincia atravesada por corredores biológicos estratégicos de la Selva Paranaense y donde el atropellamiento de fauna constituye una de las principales amenazas para especies emblemáticas como el yaguareté, el tapir y otros mamíferos de gran porte.
Durante la investigación impulsada por la Defensoría, distintos organismos nacionales y provinciales aportaron información sobre la gravedad de la situación. Entre ellos participaron la Administración de Parques Nacionales y la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (RAMFA), que brindaron datos técnicos sobre sectores críticos, patrones de mortalidad y especies afectadas.
Con base en esos informes, la Defensoría presentó observaciones durante la audiencia pública correspondiente a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. Allí solicitó expresamente que los pliegos incluyeran estudios ambientales específicos, monitoreos sistemáticos y herramientas orientadas a disminuir el impacto vial sobre la biodiversidad.
Finalmente, los documentos licitatorios incorporaron artículos que obligan al futuro concesionario a realizar relevamientos ambientales permanentes, monitoreo de fauna atropellada, análisis de permeabilidad ecológica y evaluación del denominado “efecto barrera”, uno de los fenómenos más estudiados en ecología vial por fragmentar hábitats y alterar corredores biológicos.
Además, el concesionario deberá elaborar recomendaciones técnicas y estrategias de mitigación destinadas a prevenir nuevos atropellamientos y mejorar la conectividad ecológica en las zonas de mayor sensibilidad ambiental.
Desde la Defensoría consideraron que la inclusión de estas herramientas representa “un avance relevante” porque incorpora formalmente la problemática ambiental dentro de las obligaciones contractuales de la futura concesión vial.
También señalaron que el caso podría convertirse en antecedente para otros corredores nacionales donde se registran situaciones similares, especialmente en regiones con alta biodiversidad y fuerte presión del tránsito pesado.
El antecedente inmediato más cercano fue el de la conexión vial Rosario-Victoria, donde también se incorporaron medidas vinculadas al monitoreo y mitigación del atropellamiento de fauna silvestre. En ese caso, las obras ya fueron adjudicadas y comenzaron las primeras instancias de trabajo técnico y articulación institucional previstas en los pliegos.
En Misiones, la discusión adquiere una dimensión aún más sensible por el valor ambiental de la Selva Misionera, uno de los últimos grandes remanentes continuos de bosque atlántico del continente y hábitat de especies críticas para la conservación regional.
El avance también se produce en un contexto donde científicos, ambientalistas y organismos provinciales vienen advirtiendo sobre el impacto creciente del tránsito en rutas que atraviesan áreas protegidas y corredores biológicos estratégicos de la provincia.
Mientras crece el debate global sobre la efectividad de las campañas masivas de plantación de árboles para mitigar el cambio climático, Colombia decidió avanzar con una estrategia diferente: restaurar ecosistemas degradados mediante especies nativas, compromisos de conservación a largo plazo e integración económica de las comunidades locales.
La iniciativa, denominada Sembrando Futuro 2.0, contempla la restauración de más de 2.000 hectáreas de bosque en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Córdoba y Chocó. El plan prevé la plantación de 2,3 millones de árboles autóctonos y ya es considerado uno de los proyectos de restauración ecológica más ambiciosos del país.
Sin embargo, el diferencial del programa no radica únicamente en la magnitud de la forestación, sino en el modelo de sostenibilidad diseñado para garantizar la supervivencia y recuperación efectiva del ecosistema a largo plazo.
El proyecto apunta a reconstruir corredores biológicos, recuperar biodiversidad y restablecer servicios ambientales en zonas degradadas. Para ello, fueron seleccionadas más de 70 especies nativas, entre ellas nueve consideradas amenazadas, evitando así los modelos tradicionales de monocultivo forestal que suelen ser cuestionados por especialistas ambientales.
La primera etapa del programa ya supera las 1.000 hectáreas restauradas y las tareas de plantación comenzaron en septiembre de 2023. La meta final es completar las 2.000 hectáreas distribuidas en cinco regiones estratégicas desde el punto de vista ecológico.
En los últimos años, distintos expertos ambientales comenzaron a advertir que muchas campañas globales de plantación de árboles fracasan porque priorizan cantidad sobre calidad ecológica. La falta de diversidad de especies, la ausencia de mantenimiento y la escasa participación comunitaria suelen convertirse en factores críticos.
Precisamente allí es donde Sembrando Futuro 2.0 intenta diferenciarse. El proyecto incorporó acuerdos de conservación renovables a 40 años con propietarios privados, pequeños productores y organizaciones comunitarias. Esa escala temporal modifica completamente la lógica habitual de los programas de reforestación, muchas veces limitados a ciclos políticos o financiamientos de corto plazo.
El esquema busca que las comunidades locales no queden relegadas a un rol secundario, sino que participen activamente en los beneficios económicos derivados de la conservación ambiental.
Hasta el momento ya se firmaron 25 acuerdos de conservación y los participantes reciben cerca del 55% de los ingresos asociados a créditos de carbono generados por el proyecto. Ese componente económico aparece como uno de los pilares centrales de la iniciativa.
La lógica detrás del modelo es simple: transformar la protección del bosque en una actividad económicamente viable para quienes viven en esos territorios. De esta manera, la conservación deja de depender exclusivamente de la conciencia ambiental y comienza a integrarse dentro de las economías regionales.
Además del impacto ecológico, el programa ya generó más de 240 empleos locales vinculados a viveros, plantación, monitoreo y mantenimiento forestal.
El proyecto también recibió una calificación “A” de Sylvera, firma internacional especializada en evaluación de proyectos de carbono. La calificación destacó especialmente el diseño técnico, la contabilidad de carbono y los beneficios sociales y ambientales de la iniciativa.
El caso colombiano se produce en un momento en que América Latina busca posicionarse como actor clave dentro de los mercados globales de carbono y soluciones basadas en naturaleza. La región concentra algunos de los ecosistemas más biodiversos del planeta, pero también enfrenta fuertes presiones por deforestación, expansión agropecuaria y degradación ambiental.
La experiencia de Sembrando Futuro 2.0 comienza a ser observada con atención por distintos países de la región debido a su combinación de restauración ecológica, financiamiento climático y participación comunitaria.
El desafío de fondo, sostienen especialistas, ya no pasa solamente por plantar árboles, sino por lograr que los bosques sobrevivan, recuperen biodiversidad y generen incentivos económicos suficientes para garantizar su preservación durante décadas.
La pérdida de bosques primarios tropicales se redujo 36 por ciento en 2025 respecto de 2024, un año marcado por incendios extremos. El dato surge del laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland, disponible en Global Forest Watch, WRI y Global Nature Watch. Sin embargo, la mejora no alcanza para cambiar el diagnóstico de fondo: el planeta perdió 4,3 millones de hectáreas de selvas tropicales primarias, el equivalente a más de once campos de fútbol por minuto.
La caída aparece como una señal alentadora, pero no como una reversión estructural. Según el informe, la pérdida de bosques primarios tropicales sigue siendo 46 por ciento más alta que hace una década, lo que mantiene bajo presión a ecosistemas clave para la biodiversidad, el almacenamiento de carbono, la regulación del clima, la provisión de agua y la identidad cultural de comunidades locales.
El dato central tiene una lectura directa para regiones como Misiones, donde la conservación de la Selva Paranaense forma parte de una estrategia ambiental, turística y productiva. El informe global vuelve a mostrar que la expansión agropecuaria, la presión sobre la tierra y los incendios siguen siendo los principales factores de pérdida de cobertura arbórea.
Bosques tropicales primarios: señales de alivio, alerta de fondo
Datos 2025 de GLAD / Universidad de Maryland, Global Forest Watch y WRI
Pérdida tropical primaria 2025
4,3 millones de hectáreas
Variación contra 2024
-36%
Ritmo equivalente
Más de 11 canchas por minuto
Comparación con una década atrás
+46%
Distancia frente a la meta 2030
70% por encima del nivel necesario
Fuente: GLAD / Universidad de Maryland, Global Forest Watch, WRI y Global Nature Watch.
Brasil fue el principal responsable de la mejora global. El país redujo 42 por ciento la pérdida de bosques primarios y alcanzó su nivel más bajo de pérdida no asociada a incendios. El informe vincula esa mejora con políticas ambientales más activas, mayor fiscalización y el relanzamiento del PPCDAm, el plan federal contra la deforestación.
Pero el mismo caso brasileño expone las tensiones de fondo. Las actividades agropecuarias permanentes explicaron 73 por ciento de la pérdida de bosques primarios entre 2002 y 2025, principalmente por soja y ganadería. Algunos estados amazónicos, además, avanzaron en normas que debilitan incentivos ambientales, lo que abre interrogantes sobre la continuidad de la moratoria de la soja.
Colombia también redujo la pérdida de bosques primarios, con una baja de 17 por ciento entre 2024 y 2025. El informe asocia ese resultado con nuevas herramientas legales, concesiones forestales comunitarias, reconocimiento de entidades territoriales indígenas y normas de trazabilidad ganadera.
Quiénes mejoraron y dónde siguen las alertas
Pérdida de bosques primarios tropicales en 2025
País
Dato central
Lectura
Brasil
-42%
Redujo fuerte la pérdida, asociada a mayor control ambiental y políticas públicas.
Colombia
-17%
Baja vinculada a trazabilidad ganadera, concesiones forestales y territorios indígenas.
Indonesia
+14%
Aumentó, aunque sigue por debajo de los picos de la década pasada.
Bolivia
Segundo nivel más alto registrado
Incendios, ganadería y expansión agrícola mantienen una presión crítica.
República Democrática del Congo
Tercera mayor pérdida tropical
Cultivo itinerante, leña, conflicto armado y minería agravan la pérdida forestal.
Fuente: GLAD / Universidad de Maryland, Global Forest Watch, WRI y Global Nature Watch.
En cambio, Bolivia aparece como uno de los focos más críticos. En 2025 registró su segunda mayor pérdida de bosque primario tropical, detrás del récord de 2024. El informe señala que los incendios, en gran parte provocados por acción humana, y la expansión de la ganadería, la soja, el maíz y el sorgo explican buena parte del deterioro.
La República Democrática del Congo tuvo la tercera mayor pérdida de bosques primarios tropicales. Allí, el informe identifica como motores principales el cultivo itinerante a pequeña escala, la extracción de madera para leña y carbón, el conflicto armado y la minería.
El informe advierte que el mundo está lejos del objetivo de detener y revertir la pérdida de bosques para 2030. La deforestación de 2025 fue 70 por ciento superior al nivel compatible con esa meta.
La reserva Rojaijú Yvórasá, ubicada estratégicamente frente al Parque Piñalito Sur, busca financiamiento internacional para instalar la segunda estación biológica más importante de la provincia. Un proyecto que combina capital privado, ciencia y el soporte institucional del Ministerio de Ecología.
Misiones sumó un nuevo actor clave en su red de conservación privada, pero con una vuelta de tuerca científica. Camila Miravalles Stasta, bióloga y doctoranda, lidera junto a su socio un proyecto de 350 hectáreas en Piñalito Sur (San Pedro) que no solo busca proteger el monte, sino transformar la zona en un hub de investigación y un paso crítico para la fauna regional.
El proyecto apunta a fortalecer la conexión entre áreas clave de conservación. “Nuestros esfuerzos van a ir más que nada para poder conectar la reserva de biosfera de Yabotí con el área la reserva del Urugua-í, ya que estamos en un lugar bastante estratégico para el corredor verde que se podría generar entre ambas áreas”, sostuvo Miravalles Stasta en dialogo con Economis.
Un enclave estratégico entre dos gigantes
La ubicación de Rojaijú Yvórasá no es azarosa. Se encuentra frente a la Ruta Nacional 14, justo en el punto donde el Parque Piñalito Sur (vinculado a la reserva de biosfera de Yabotí) se encuentra con el área de la reserva del Urugua-í.
El Corredor Verde: La reserva funciona como el eslabón perdido para generar un corredor entre ambos bloques boscosos.
Infraestructura vial y fauna: El proyecto contempla, en una primera etapa, la creación de un paso de fauna aéreo (de menor costo y rápida ejecución) para evolucionar hacia un ecoducto a largo plazo, que mitigue la fragmentación del hábitat causada por la traza vial.
El proyecto cobra especial relevancia ante los riesgos que implica la circulación vehicular en áreas de alta biodiversidad. En ese sentido, Miravalles Stasta recordó un hecho reciente “hace poco hubo el atropellamiento de un mono carayá rojo, que es uno de los últimos individuos que queda en Argentina y es un monumento natural para Misiones”.
Los tres pilares del modelo de gestión
El proyecto se diferencia por una visión de mediano plazo estructurada en tres unidades de impacto:
Conectividad Biológica: Restauración y mantenimiento del flujo de especies entre parques provinciales.
Investigación de Nicho: La ambición es crear una estación biológica en un sistema de Araucarias. Actualmente, el único centro de peso está en Iguazú; este nuevo nodo permitiría estudiar especies únicas del sistema de altura de San Pedro.
Educación Ambiental con enfoque productivo: El trabajo con las cuatro escuelas rurales de la zona busca cambiar la narrativa local: que el niño vea el monte no solo como una unidad de producción extractiva, sino como un activo de valor recreativo y ecosistémico.
Financiamiento y seguridad jurídica
La creación de la reserva también tiene una historia personal detrás. “Soy bióloga, mi pareja también es biólogo, y siempre fue un sueño tener una reserva para conservar la selva y los animales”, relató. La oportunidad surgió cuando su padre decidió radicarse en Misiones y le ofreció las tierras para concretar ese objetivo.
El proceso no fue inmediato. Según detalló, la adquisición se realizó en 2021 y demandó varios años de gestiones y adecuaciones hasta lograr la firma del convenio que formaliza la reserva privada. “Fueron muchos esfuerzos hasta poder firmar este convenio que finalmente nos permite ser una reserva privada”, expresó.
Actualmente, el proyecto se sostiene con el “pulmón” de sus fundadores mediante becas de doctorado, lo que subraya el desafío del autofinanciamiento en la conservación privada.
“La idea es mandar proyectos al exterior y traer financiamiento. Recientemente aplicamos a fondos en Australia”, explica Miravalles Stasta, marcando una hoja de ruta clara: exportar servicios ambientales e investigación para captar divisas.
La formalización como reserva privada otorgó al proyecto un marco de seguridad jurídica frente a la tala y la caza furtiva. Según la bióloga, el respaldo del Ministerio de Ecología es fundamental: “Los vecinos, cuando escuchan Ministerio de Ecología, tienen más respeto; ya no es ‘entro, cazo y tiro árboles’”, destaca respecto a la disuasión del delito ambiental.
Lo que hay que seguir de cerca
El éxito de Rojaijú Yvórasá será un termómetro para ver si Misiones puede atraer más inversión de “capital intelectual” (científicos que compran tierras para investigar). La clave reside en la captación de fondos globales y en la ejecución de la infraestructura vial para fauna, un activo que fortalecerá la marca “Misiones” como líder en servicios ecosistémicos.
En una provincia donde históricamente la riqueza se midió por lo que se extraía del monte -madera, yerba, té, tabaco o biodiversidad convertida en recurso-, está sucediendo una transformación silenciosa. Tardará años en verse, pero que comienza a transformarse en un legado a perpetuidad. En lugar de cortar monte, de expandir la frontera agraria, hay quienes vieron el negocio en reforestar, en cuidar, en replantar monte caído. Y el negocio está funcionando: consiguió inversiones por siete millones de dólares.
La firma detrás de esta transformación es Nideport, que encontró en Misiones el laboratorio perfecto para desarrollar créditos de carbono de alta integridad. Hace seis meses, el proyecto Selva Paranaense Vida Nativa – GS1, desarrollado por la empresa Nideport, obtuvo la certificación internacional de Verra bajo los estándares VCS (Verified Carbon Standard) y CCB Gold Label (Climate, Community & Biodiversity – Nivel Oro), el máximo nivel de reconocimiento global por su impacto en clima, comunidad y biodiversidad.
La certificación de 138.000 créditos de carbono (VCUs) posiciona a Vida Nativa como uno de los proyectos de restauración de selvas tropicales más grandes del mundo y el primero de bosque nativo en Argentina en alcanzar este nivel de validación. La certificación abarca dos años, 2021 y 2022, sobre la retención de emisiones en la selva misionera.
Verra -la misma entidad que certifica los bonos de carbono del programa jurisdiccional de Misiones– garantiza que estos créditos poseen trazabilidad, adicionalidad y permanencia verificable, lo que les otorga credibilidad y competitividad en los mercados internacionales.
Juan Núñez -junto a su socio Tomás Gutiérrez– es uno de los empresarios detrás de uno de los proyectos más singulares de la nueva economía verde argentina: transformar la recuperación de bosque nativo degradado en un activo rentable, escalable y financieramente sostenible.
“No podíamos depender de la filantropía. Salvar la selva tenía que ser rentable, porque si no, nunca iba a escalar”, resume, con una frase que funciona como manifiesto de época. “Entendíamos que la filantropía para nosotros no era el camino y que también para que eso sea escalable necesitamos que tuviera rentabilidad. Como cualquier negocio”.
No habla desde el ambientalismo tradicional. Es abogado, viene del mundo de la tecnología y la seguridad, con formación en Israel y trayectoria lejos del universo forestal. Pero encontró en la crisis climática una certeza brutal: el sistema natural del planeta ya no logra regenerarse solo.
“Los umbrales biológicos ya están prácticamente cruzados. El mundo ya no se regenera naturalmente”, dice. “La economía global depende mucho de lo que sucede con los bosques, con la producción incluso hídrica de los ríos y demás, tienen origen en los bosques”.
Juan Núñez y Tomás Gutierrez son los socios fundadores de Nideport, que certificó bonos de carbono en Misiones.
Y allí nació la pregunta fundacional: si toda la economía global depende de los bosques -del agua, del clima, de los suelos, de la biodiversidad-, ¿por qué restaurarlos no podía ser también un gran negocio?
La respuesta apareció en el mercado de créditos de carbono.
Ese sistema, consolidado tras el Protocolo de Kioto y luego reforzado por el Acuerdo de París, permite que empresas que emiten dióxido de carbono compensen su huella comprando créditos generados por proyectos que capturan o evitan emisiones.
Pero no todos los créditos son iguales.
Nideport eligió trabajar en el segmento más exigente y más valorizado: créditos asociados a restauración real de naturaleza, con impacto medible en biodiversidad, trazabilidad tecnológica y licencia social validada con comunidades locales.
“Hoy el mercado está orientado a créditos que restauran la naturaleza. Eso es lo que hacemos nosotros”, explica. “Es un tipo de producto barra servicio ideado para hacer un negocio detrás de restaurar el planeta”.
La compañía emite créditos certificados bajo estándares internacionales de máxima exigencia, entre ellos Verra, principal referencia global del mercado voluntario de carbono, además de la distinción CCB Gold -la máxima calificación por impacto positivo en clima, biodiversidad y comunidades- y una calificación A de Sylvera, que la ubica entre los proyectos IFM de mayor integridad y desempeño del mercado .
La sustentabilidad en Nideport, se construye con datos. La empresa desarrolló una plataforma tecnológica propia basada en inteligencia artificial, drones autónomos y monitoreo forestal en tiempo real que permite supervisar grandes extensiones de bosque y detectar amenazas ambientales antes de que se conviertan en daño irreversible.
Cada árbol plantado está georreferenciado. Cada avance del bosque puede medirse y cada riesgo puede anticiparse.
La estructura incluye tecnología LiDAR, fotogrametría, sensores IoT para detección temprana de incendios e intrusiones, cámaras trampa, cámaras en vivo, imágenes satelitales y protocolos de seguridad orientados a prevenir incendios, monitorear deforestación y detectar incluso caza furtiva en zonas críticas .
Además, incorporan blockchain para garantizar transparencia y trazabilidad total de los créditos emitidos, una condición central en un mercado donde la credibilidad define el valor.
Misiones no es el único territorio en el que invierten. En Uruguay están en la etapa de planificación, gestión y análisis de nuevos ecosistemas y proyectan una expansión global con más de 2 millones de hectáreas evaluadas en múltiples países.
El desembarco en Misiones no fue casual. Uno de los founders tenía tierras en la provincia y fue el anzuelo. Luego, ante complicaciones sucesorias, iniciaron la búsqueda de nuevos campos y encontraron una oportunidad única en el norte misionero: superficies de bosque nativo degradado por décadas de tala selectiva.
“Entendiendo que había una gran oportunidad en Misiones por toda la actividad forestal de bosques nativos”, relata.
No se trata de selva virgen, pero tampoco tierra perdida. Territorios donde todavía sobrevive entre el 20% y el 30% de la biomasa original de un bosque prístino.
“Buscamos tierras que compatibilicen con la emisión de crédito de carbono y que impliquen la necesidad de restaurarlas. Ese es el punto”, explica. “En nuestro caso, en el primer campo que estamos desarrollando, la biomasa está más o menos en un 20% de un bosque prístino”.
Su proyecto insignia es Vida Nativa, en San Pedro, frontera con Brasil: una intervención de 22.878,5 hectáreas sobre el Bosque Atlántico misionero, uno de los ecosistemas más biodiversos y amenazados del continente .
Se trata de una ex forestal belga atravesada por cuatro sierras, con una geografía compleja y una biodiversidad que aún resiste: más de 50 especies endémicas y al menos diez especies en peligro de extinción, incluido el yaguareté .
El modelo fue de arrendamiento con opción a compra. “El arrendamiento genera la rentabilidad que tenía por la extracción de madera, pero con muchos menos conflictos y riesgos”, explica Núñez. “Después adquirimos la tierra y ya la preservamos a perpetuidad”.
Plantar no alcanza: restaurar lleva décadas
Hablar de árboles puede sonar simple. No lo es. La restauración ecológica seria no consiste en plantar especies en línea para una foto institucional.
Implica entender el suelo, los doseles, la dinámica, los corredores biológicos y la recuperación funcional del ecosistema.
En Nideport comenzaron con ensayos en 2021. En 2022 iniciaron plantaciones.
Entre 2023 y 2024 ya superaron los 40.000 árboles nativos plantados y mantienen una proyección de 100.000 árboles para 2026.
“Queremos alcanzar los 100 mil árboles por año, pero con rigor científico. Primero hay que entender el suelo y cómo responde el bosque”, explica. “Hoy ya estamos en 30 mil árboles por año”.
La intervención cubre entre 200 y 300 hectáreas por año, dependiendo del nivel de degradación y de la presencia de “bambucias”, esas etapas de transición natural del monte.
Restaurar completamente un bosque puede llevar entre 20 y 60 años. En algunos casos, incluso siglos.
“La selva puede tardar entre 500 y 1000 años en restaurarse sola. Nosotros aceleramos ese proceso”, dice.
Además, el proyecto ya incorporó una estrategia de conservación a 100 años, una definición poco habitual incluso dentro del mercado internacional de carbono .
Lo que empezó como una idea entre amigos durante la pandemia terminó atrayendo a uno de los fondos más relevantes de América Latina.
“Surge de un grupo de amigos. A mí particularmente se me ocurre que no podíamos ir por la filantropía. Ya conocía el mercado de créditos de carbono por otro inicio de negocio y empezamos a plantear esa idea. Nos agarra la pandemia y en lugar de dedicarle tiempo a Netflix decidimos empezar a desarrollar el modelo”, recuerda.
Draper Cygnus -ligado a Tim Draper, histórico inversor de Tesla y SpaceX- tomó participación en la compañía. Hoy posee el 10%.
En total, entre equity y deuda de impacto, Nideport levantó cerca de siete millones de dólares.
Entre los inversores figuran además Koi Ventures, Antom.la, Alma Vest y Embarca, fondos vinculados a innovación climática y capital de impacto .
Ese capital permitió desarrollar tecnología propia, certificar créditos de carbono -una barrera que muchos proyectos nunca logran superar- y comenzar la fase de retorno. Hoy el negocio ya es rentable.
“Sí, es un negocio rentable. Supera el 40% de retorno”, afirma. “Ya somos un proyecto que logró certificar créditos de carbono, algo que muchos desarrolladores nunca llegan a conseguir”.
Pero advierte: no es un negocio rápido. Requiere paciencia, certificación, tiempo y credibilidad.
No hay greenwashing posible cuando se trabaja con estándares internacionales serios.
En tiempos donde la sustentabilidad suele reducirse a discursos corporativos, Núñez insiste en una premisa poco habitual en el mundo financiero: antes que cualquier aprobación política, importa la licencia social.
Antes que cualquier oficina pública. Primero, la comunidad Mbya.
“Lo importante para nosotros es que el cacique y la comunidad nos den su consentimiento con la comunidad. Eso está antes que cualquier político o estructura de gobierno, los dueños ancestrales de la tierra”, afirma.
Y profundiza: “Eso es el modelo principal. Una vez que tenemos la licencia social, que fue lo primero que hicimos antes de tocar cualquier planta o poner un pie en la tierra, logramos esa aprobación”.
La comunidad Tekoa Alecrín fue el primer actor consultado y hoy forma parte estructural del proyecto, junto al trabajo con cooperativas locales, fortalecimiento comunitario, acceso al agua potable, mejoras habitacionales tradicionales, apoyo educativo y empleo local.
“Nos juntamos con la comunidad, con las cooperativas locales, con el intendente de San Pedro que tiene una apertura muy interesante, y con esa base de licencia social ya estamos conformes”, explica.
Después llegaron las cooperativas, el municipio y recién luego el resto del sistema institucional. En el negocio del carbono, sin legitimidad territorial, no hay proyecto posible.
La burocracia argentina y la urgencia del planeta
Misiones avanza en una estructura provincial para créditos de carbono. La Nación también tiene registros y marcos regulatorios.
Pero para Núñez, el problema sigue siendo la velocidad. “Misiones está recién teniendo una estructura bastante sólida”, señala. “La Nación tiene un tratamiento sobre los créditos de carbono y un registro, pero son realmente estructuras muy burocráticas. Llevamos años en conversación”.
Y ahí aparece una tensión profunda entre la urgencia climática y la lentitud estatal.
Mientras el planeta pierde entre 10 y 20 millones de hectáreas de bosque por año, la regulación suele caminar a velocidad de expediente.
“Si tuviésemos un mercado de créditos de carbono regulado como existe en Japón, en Paraguay o en México, estaríamos en la panacea, pero bueno, es la Argentina”, ironiza Núñez.
“La humanidad necesita restaurar 2.500 millones de hectáreas de bosques desaparecidos”, advierte.
La visión corporativa ya está planteada con una meta concreta: restaurar 45 millones de hectáreas hacia 2035 y consolidarse como referente regional en soluciones climáticas basadas en la naturaleza .
Núñez no evita hablar del contexto político ni de la mirada ambiental del Gobierno nacional.
Sabe que el presidente Javier Milei tiene una visión distante respecto del cambio climático y la agenda ambiental, pero asegura que eso no modifica la convicción de la empresa.
“El Presidente tiene su visión sobre el planeta y sobre lo que es el cambio climático, la restauración ambiental; nosotros tenemos la nuestra”, afirma.
Y remata con una definición que resume su postura: “Así como él no lo frena a nadie, nosotros tampoco, y veremos el impacto que tiene cada uno en el tiempo”.
El legado: devolverle algo a la tierra
Hay una frase que atraviesa toda la conversación y que define más que un modelo de negocios.
“Nosotros generamos recursos naturales donde la mayoría de los modelos se basan en extraer recursos naturales”, dice.
Núñez sabe que el capitalismo define las reglas actuales del juego. Y si la única forma de salvar bosques es que salvarlos sea rentable, entonces prefiere jugar ahí.
“Ojalá que los árboles no tuviesen que pagar por ser salvados. Esto lo hablamos mucho internamente. Nosotros no creamos eso ni pusimos eso ahí”, admite.
“De alguna manera nuestro trabajo y nuestro fundamento es devolver a la tierra lo que está quitando la humanidad”, sostiene. “No sé si es una mochila que nos corresponde, pero sí que asumimos”.
Y concluye con una mirada de largo plazo: “Yo creo que las generaciones futuras particularmente no nos lo van a agradecer. Hoy no sé si se siente tanto, pero estamos muy convencidos de lo que hacemos”.
