Blanqueo

Inocencia fiscal: intereses de depósitos en dólares no pagarán impuestos

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) continúa con la adecuación de su normativa para impulsar el régimen de Inocencia Fiscal. El organismo aclaró por medio de la Resolución General 5822/2026, publicada en el Boletín Oficial, que los intereses generados por depósitos en moneda extranjera no estarán sujetos a retenciones del impuesto a las ganancias.

De esta manera, ARCA actualizó el marco reglamentario vigente para armonizarlo con la entrada en vigencia del régimen simplificado de este impuesto, a fin de fomentar la incorporación de activos al circuito formal de la economía, como instrumento idóneo para asegurar su identificación, trazabilidad y verificación.

Ahora los contribuyentes que se adhieran a la iniciativa, al momento de introducir sus fondos en el sistema financiero, tendrán garantizado que el Estado no les aplicará retenciones por los intereses generados en esas inversiones.

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Más de USD 260.000 millones fuera del sistema: el desafío del Gobierno para movilizar los dólares de los argentinos

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Los argentinos acumulan más de USD 260.000 millones fuera del sistema financiero formal —el llamado “debajo del colchón”—, una magnitud que condiciona la política económica y explica buena parte de las restricciones estructurales de la economía. Según datos oficiales, estos ahorros crecieron en más de USD 100.000 millones en la última década y avanzan a un ritmo cercano a USD 5.000 millones por trimestre. Frente a este escenario, el Gobierno busca tentar a los ahorristas para que vuelquen esos recursos a la inversión productiva y a las reservas, a través de un nuevo régimen de regularización denominado “Inocencia Fiscal”, actualmente en análisis en el Congreso.

El volumen de fondos fuera del alcance del Fisco no solo refleja desconfianza histórica, sino también un potencial latente para recomponer el crédito, financiar proyectos y aliviar la escasez de divisas. La discusión vuelve al centro de la agenda económica e institucional en un contexto de reservas ajustadas y necesidad de dinamizar la inversión.

La magnitud del ahorro fuera del sistema y su evolución

Los datos oficiales muestran que los ahorros externos y no bancarizados en manos de argentinos o empresas argentinas pasaron de USD 153.309 millones en 2015 a USD 260.443 millones en el tercer trimestre del año en curso. El crecimiento acumulado supera los USD 100.000 millones en diez años y mantiene una tendencia sostenida, con incrementos trimestrales cercanos a USD 5.000 millones.

Se trata de dinero que permanece en el país o en el exterior, en forma de dólares billete, depósitos no declarados, cajas de seguridad u otros instrumentos, y que quedó sistemáticamente fuera del circuito formal. A comienzos de 2016, estos activos ya totalizaban USD 154.682 millones; al inicio del gobierno de Alberto Fernández ascendían a USD 226.569 millones; y alcanzaron USD 261.368 millones hacia fines de 2023, consolidando una trayectoria ascendente que atraviesa distintos ciclos políticos y económicos.

Activos externos: un stock que supera los USD 480.000 millones

Si al efectivo se le suman las inversiones en bonos y títulos externos, propiedades en el exterior y otros instrumentos financieros —declarados o no—, el total de activos externos en manos argentinas alcanzó USD 483.278 millones al cierre del tercer trimestre. La cifra contrasta con los USD 271.766 millones registrados una década atrás, lo que da cuenta de una fuerte acumulación patrimonial fuera del sistema local.

En ese período, crecieron con fuerza las participaciones en fondos de inversión, que pasaron de USD 26.851 millones a USD 69.968 millones, y los títulos de deuda, que aumentaron de USD 14.322 millones a USD 42.448 millones. Este proceso evidencia una preferencia por activos financieros externos como resguardo de valor, en detrimento de la intermediación doméstica.

La estrategia oficial: blanqueo, inversión y reservas

Ante este cuadro, el Gobierno impulsa un nuevo intento de regularización mediante una ley de blanqueo denominada “Inocencia Fiscal”, que se encuentra bajo análisis parlamentario. La pretensión del ministro de Economía, Luis Caputo, es que una parte de esos fondos no declarados se canalice hacia inversiones y, en paralelo, contribuya a fortalecer las reservas del Banco Central, hoy limitadas.

El objetivo oficial es doble: ampliar la base de capital disponible para el desarrollo productivo y reducir la presión cambiaria mediante una mayor oferta de divisas. Sin embargo, el desafío es de naturaleza institucional y política: convencer a los ahorristas de que ingresen sus dólares al sistema requiere previsibilidad, reglas claras y credibilidad sostenida.

En términos macroeconómicos, la magnitud del ahorro fuera del sistema explica por qué la economía argentina convive con un alto nivel de activos privados en dólares y, al mismo tiempo, con restricciones severas de financiamiento y divisas en el sector público. La capacidad de transformar ese stock en inversión real será determinante para el rumbo económico de los próximos años.

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Caputo prueba la remonetización en dólares con la liberación de fondos del blanqueo

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A partir del 1° de enero de 2026, los contribuyentes que blanquearon más de u$s100.000 en 2024 podrán retirar sin costo los fondos depositados en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA). La medida, prevista en el esquema vigente del blanqueo, abre un test clave para la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, orientada a impulsar una “remonetización” de la economía en dólares y captar parte de los u$s243.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero.

Liberación de dólares y el test de confianza al esquema fiscal

El cambio normativo habilita, desde enero de 2026, la libre disponibilidad de los fondos blanqueados por encima de u$s100.000 sin pagar el impuesto especial del 5% que regía como penalidad por retiros anticipados. Se trata de un hito dentro del blanqueo 2024, que pone a prueba la expectativa oficial de que esos dólares no regresen al “colchón” y, por el contrario, se canalicen hacia el consumo, la inversión o el sistema financiero.

La apuesta del Palacio de Hacienda se apoya en un concepto incorporado en uno de los artículos del Presupuesto: la presunción de inocencia fiscal. Bajo este principio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) debería probar el origen ilícito de los fondos y no el contribuyente justificar su procedencia, un cambio que apunta a incentivar el uso de ahorros fuera del sistema y a avanzar hacia una suerte de blanqueo permanente.

En este contexto, el consultor Camilo Tiscornia consideró que “tiendo a pensar que no se los van a llevar”, al señalar que la dinámica reciente de los depósitos en dólares muestra aumentos y no una salida de fondos. “Si la gente se anima a gastar sería mejor”, sostuvo, y agregó que una eventual salida masiva impactaría negativamente en las reservas del Banco Central. Para el economista, cuanto más se consolide la perspectiva de estabilidad, mayor será la probabilidad de que parte de esos dólares migre incluso hacia inversiones en pesos.

Cuántos dólares se liberan y dónde podrían ir

Las estimaciones privadas dimensionan el desafío. Según Fernando Marull, “el próximo 1 de enero se ‘liberan’ u$s23.000 millones que se blanquearon en 2024 y que están en Cuentas CERA”. La liberación implica que esos fondos quedan disponibles sin pagar la multa del 5% que aplicaba si se retiraban antes. “Mucho de esto se invirtió en bonos y acciones y están con ganancias de +20%. Otros están en cash”, precisó el analista.

Marull sostuvo que “es mucha plata y se va a mover”, con posibles destinos que incluyen activos financieros, activos reales, campos e inmuebles. Un dato relevante es que la mayor parte del blanqueo 2024 fue protagonizada por pequeños ahorristas con montos inferiores a u$s100.000, que no pagaron impuesto y aun así optaron por dejar los fondos en el sistema, una señal que el Gobierno interpreta como un respaldo implícito a la estabilidad macro.

No todos comparten el optimismo. Pablo Moldován, de C-P, advirtió que “es muy difícil estimar cuán grande va a ser el efecto” y consideró que “aunque sea chico, debería pegar en las cotizaciones de los activos financieros que captaron el blanqueo y en el volumen de depósitos en dólares”. Además, señaló que la liberación coincide con el inicio del año, cuando se revierte el ingreso de fondos que se utilizó para evitar el pago de Bienes Personales.

Escenarios de mercado y posibles repercusiones

El destino final de los dólares liberados dependerá, en buena medida, del clima macroeconómico y del avance de las reformas. Para Andrés Rechini, de F2 Finanzas, “habrá muchos aguardando noticias en materia de reformas antes de tomar una decisión”. En su visión, el hecho de que los fondos no se hayan retirado antes, aun con penalidad, refuerza la idea de que una salida abrupta no es el escenario base. “Puede haber algo de volatilidad transitoria, pero si prevalecen los fundamentos no debería haber inestabilidad”, sostuvo.

Walter Morales, CEO de Wise, coincidió en que “no va a haber grandes variaciones con el destino de los fondos” en lo inmediato, aunque no descartó que más adelante aparezcan retiros para invertir en real estate. Según su análisis, el inversor conservador podría rotar parte de su tenencia hacia carteras cortas en dólares, vía obligaciones negociables y bopreales, mientras que perfiles más agresivos podrían apostar a bonos en dólares ante la expectativa de avances en reformas estructurales, el Presupuesto 2026, el RIGI y el Mini RIGI, con una eventual baja del riesgo país hacia los 500 puntos.

En términos de impacto económico e institucional, la liberación de fondos del blanqueo se configura como una prueba decisiva para la estrategia oficial: si los dólares permanecen en el sistema o se canalizan a inversión y consumo, el Gobierno habrá validado su apuesta por la remonetización y la presunción de inocencia fiscal; si, en cambio, regresan al circuito informal, la señal para el mercado y las reservas del Banco Central será adversa.

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Blanqueo: sólo el 1% de los contribuyentes adhirió al nuevo régimen

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Buscaba atraer dólares no declarados. De 1,2 millones de contribuyentes de Ganancias, solo 12.702 se sumaron. El proyecto para “blindar” ahorros no avanzó.

Unas 12.702 personas humanas se inscribieron a septiembre en el régimen simplificado de ganancias, anunciado en junio de este año por el Gobierno nacional, como parte del “Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”.

Según información publicada en La Nación, hasta fines de septiembre, ARCA relevó que poco más de 12.000 argentinos se habían sumado al régimen de ganancias simplificado, de un universo de unos 1.277.000 contribuyentes que pagan Ganancias, mientras unos aproximadamente 5 millones son monotributistas.

El plan para atraer dólares no declarados

En junio de este año, con el objetivo de atraer los dólares no declarados de los argentinos, el Gobierno nacional lanzó un régimen simplificado de ganancias con opción voluntaria para adherirse, en el que los contribuyentes quedan exceptuados de cumplir con la obligación de informar su patrimonio, para los períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2025.

La propuesta fue presentada en Casa Rosada por el ahora excandidato a diputado José Luis Espert, junto al titular de ARCA, Juan Pazo, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El “blindaje legal” que no avanzó en el Congreso

Asimismo, el Ejecutivo envió al Congreso el Proyecto de Ley del Principio de Inocencia Fiscal, con el objetivo de “blindar a los ahorristas argentinos ante futuras administraciones para que puedan disponer libremente de sus ahorros sin tener que demostrar de dónde los sacaron todo el tiempo”.

Sin embargo, el blindaje legal no recibió tratamiento legislativo.

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Flexibilizan controles para comprar autos, casas y operar con dólares en efectivo

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La Unidad de Información Financiera (UIF) elevó los umbrales que obligan a justificar el origen del dinero en operaciones de compra de autos, inmuebles y depósitos bancarios, en un nuevo paso hacia la flexibilización del uso de dólares en efectivo no declarados. Con esta medida, el Gobierno apunta a incentivar el blanqueo informal de los “dólares del colchón”, sin desactivar los controles antilavado.

Flexibilizan controles para el uso de efectivo en inmuebles, autos y bancos. La UIF actualizó montos clave para reducir reportes de operaciones sospechosas

A través de una nueva resolución publicada este miércoles, la Unidad de Información Financiera (UIF) modificó varios artículos de su normativa vigente, actualizando los umbrales de control para transacciones en efectivo. El objetivo es doble: estimular la circulación de dinero físico, particularmente dólares fuera del sistema, y al mismo tiempo mantener estándares internacionales de prevención del lavado de activos.

Las modificaciones alcanzan a escribanos, bancos, registros de propiedad y automotores, y se enmarcan en el Decreto 353/2025, que instruyó a la UIF a revisar su normativa en 30 días. El organismo justificó los cambios en la necesidad de actualizar los límites por inflación y alinearse con los criterios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que impulsa un enfoque basado en riesgos.

Compra de inmuebles: solo operaciones por encima de $660 millones deberán ser reportadas

Se triplica el umbral para registros de la propiedad y escribanos

La modificación más relevante es la del artículo 12 de la Resolución UIF 70/2011, que eleva de 200 a 750 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) el piso a partir del cual los registros inmobiliarios deben informar operaciones sospechosas. Con el SMVM vigente en junio de 2025, el nuevo umbral equivale a $660 millones.

También los escribanos públicos verán reducido el número de operaciones sujetas a reporte: se actualizó el artículo 28 de la Resolución UIF 242/2023, extendiendo ese umbral a 750 SMVM, y se reforzó el criterio de que el Perfil del Cliente debe sustentarse con documentación respaldatoria del origen de los fondos, no solo con declaraciones juradas.

Compra de autos: el perfil del cliente solo será obligatorio a partir de $115 millones

Los registros automotores también dejarán de exigir certificaciones contables

La Resolución UIF 127/2012 fue modificada para elevar a $115 millones anuales el monto mínimo que obliga a justificar el origen de los fondos en operaciones de compraventa de vehículos. A su vez, el informe de operaciones de alto monto se exigirá solo si la transacción individual supera los $50 millones.

Otro cambio clave: ya no se requerirá certificación contable, y se aceptarán transferencias, cheques personales o créditos bancarios como medios de pago válidos que excluyen la exigencia del Perfil del Cliente.

Además, se suspendió hasta enero de 2026 la actualización automática de estos umbrales, que antes se ajustaban cada seis meses según el Índice de Precios del Sector Automotor de ACARA.

La UIF eleva a 40 SMVM el umbral para activar alertas sobre transacciones en efectivo

Los bancos y entidades financieras solo deberán realizar seguimiento reforzado e informes obligatorios si los depósitos en efectivo superan los 40 SMVM (unos $35,2 millones). Esta medida actualiza los artículos 42 y 44 de la Resolución UIF 14/2023, y aclara que las operaciones digitales y bancarizadas siguen excluidas de este control.

Asimismo, se modificó el artículo 37, que regula cómo deben construir los bancos el Perfil Transaccional de sus clientes: ahora solo se aceptarán documentos patrimoniales verificables, excluyendo las declaraciones juradas impositivas como fuente única de validación.

El trasfondo: blanquear sin blanqueo formal

El Gobierno busca canalizar los dólares informales hacia el circuito económico

El paquete normativo responde a un objetivo explícito: facilitar el uso de dinero en efectivo, especialmente dólares no bancarizados, para estimular la compraventa de bienes, dinamizar sectores como inmobiliario y automotor, y reducir la presión sobre el mercado cambiario formal.

Sin embargo, la UIF aclaró que los estándares antilavado siguen vigentes, y que los nuevos umbrales se establecen en base a criterios de proporcionalidad y riesgo.

Las nuevas normas habilitan mayor informalidad controlada, con efectos aún inciertos

Si bien la actualización normativa reduce la burocracia y amplía el margen operativo para ciudadanos y operadores comerciales, también plantea nuevos desafíos para la trazabilidad financiera en un contexto de alta dolarización informal. La medida, leída como un guiño al “blanqueo sin ley”, refleja un cambio de enfoque en la política económica del Gobierno de Javier Milei, que apuesta por desregular sin perder visibilidad sobre los flujos relevantes.

El impacto en el mediano plazo dependerá de si estas flexibilizaciones logran incentivar inversiones reales o si, por el contrario, refuerzan prácticas de informalidad que debilitan el sistema fiscal y financiero.

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