Bolivia

Arce confirmó que viaja a la Argentina para la cumbre de la Celac

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El presidente de Bolivia, Luis Arce, viajará el lunes por la tarde a Buenos Aires para participar en la VII Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que después de dos años contará con la presencia de Brasil, anunció la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

“El lunes 23, en horas de la tarde, Luego del ‘Festival Cultural de la Plurinacionalidad’, organizado por el Ministerio de Culturas, el jefe de Estado emprenderá viaje a Argentina para participar en la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se celebrará el 24 de enero en Buenos Aires”, precisó Alcón en declaraciones a la prensa reproducidas por la Agencia Boliviana de Información (ABI).

La Celac, creada en 2010, es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política. Su membresía incluye a los 33 países de América Latina y el Caribe, y surgió con el compromiso de avanzar en el proceso gradual de integración de la región, haciendo un sabio equilibrio entre la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural de los más de 600 millones de habitantes de América Latina y el Caribe.

Hasta la fecha se realizaron seis cumbres: en Chile (2013), Cuba (2014), Costa Rica (2015), Ecuador (2016), República Dominicana (2017) y México (2021).

En la última cumbre no participó Brasil porque un año antes, el 16 de enero de 2020, el gobierno del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro anunció el retiro de su país de la Celac por considerar que “daba protagonismo a regímenes no democráticos”.

Bajo ese mismo argumento, antes, en abril de 2019, el exmandatario oficializó la salida de Brasil de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

En su lugar, integró a Brasil en el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), fundado en marzo de 2019 en Chile por gobiernos de derecha y que excluye a Venezuela por decisión de los gobiernos conservadores de los ocho países miembros.

Sin embargo, el retorno de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil también se tradujo en la reincorporación de esta nación al bloque de integración.

Lula confirmó su decisión de reincorporar a Brasil a la Celac al presidente Arce durante la reunión que ambos sostuvieron el 2 de enero pasado, un día después de dar inicio a su tercer mandato presidencial.

“Saludamos la decisión del hermano presidente Lula da Silva de reincorporar a Brasil a la Celac. Hoy más que nunca la integración regional debe ser nuestra principal fortaleza para hacer frente a los desafíos globales”, escribió Arce en sus redes sociales el 7 de enero.

La decisión de Lula fue materializada el 12 de enero, cuando el embajador de Brasil en la Argentina, Reinaldo José de Almeida Salgado, le entregó al canciller argentino Santiago Cafiero la carta formal por la cual Brasil oficializa su retorno a la Celac.

Con ello, la Celac vuelve a tener el pleno de los países de la región y la postal del próximo 24 de enero lo ratificará.

Al igual que Arce, el presidente de Brasil iniciará su visita a la Argentina el lunes 23 de enero, con una agenda que incluye una reunión bilateral, en la Casa Rosada, con el presidente Alberto Fernández, y al día siguiente una participación en la Cumbre de la Celac.

La VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac se realizará en el Sheraton Buenos Aires Hotel.

A diferencia de las anteriores cumbres, en esta ocasión participará el enviado del presidente de Estados Unidos, Joe Biden: Christopher Dodd, asesor presidencial especial para las Américas.

De acuerdo con la viceministra Alcón, el jefe de Estado intervendrá en el plenario de la Celac el 24 de enero, un día después retornará al país.

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El contrabando de granos a Bolivia y Paraguay rondaría los US$ 400 millones por mes alertó Idígoras

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“Se nos están yendo 750.000 toneladas de granos de soja a Bolivia y un número similar a Paraguay”, alertó el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras.

Más de un millón de toneladas de granos de soja son contrabandeados a Bolivia y Paraguay a través de pasos fronterizos y generan al país pérdidas de hasta US$ 400 millones por mes, alertó este lunes la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec).

“Se nos están yendo 750.000 toneladas de granos de soja a Bolivia y un número similar a Paraguay; estamos hablando de US$ 300 o US$ 400 millones que se le están escapando a la Argentina”, manifestó el presidente de Ciara-Cec, Gustavo Idígoras, en declaraciones a Radio 10.

Para Idígoras, el contrabando de granos sucede porque “en Argentina la soja vale $ 47.000 promedio y en Paraguay o en Bolivia la pagan $ 80.000, $ 85.000 o aún más en algunos casos, y eso genera la tentación de mucha gente de acudir a la zona fronteriza”.

“También nos está pasando con el aceite de girasol”, remarcó el titular de Ciara-Cec.

Al respecto, comentó que “hoy Argentina tiene un precio interno, subsidiado por los fideicomisos”, y puntualizó que “se ven las marcas de estos productos argentinos, de contrabando en los países limítrofes”.

Idígoras detalló que por las fronteras “están pasando más de 3.000 camiones por mes”, lo cual –continuó– “reduce la cantidad de vehículos que llegan a los puertos de la zona de Santa Fe, el gran clúster exportador de Argentina”.

Por último, el dirigente aceitero señaló que “hace varios meses se viene monitoreando el tema con varias presentaciones al Ministerio de Seguridad y recientemente al nuevo director de Aduanas, Guillermo Michel, que está comprometido y trabajando con el tema”, ya que una de las cuestiones principales en las zonas fronterizas es la “ausencia del Estado”, concluyó.

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Jeanine Áñez, condenada a diez años de prisión por el golpe contra Morales

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La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez fue condenada hoy a diez años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al concluir el proceso del llamado “caso golpe de Estado II” en el que analizó su decisión de asumir la jefatura del Estado en noviembre de 2019.

La condena fue el final de un extenso proceso, con numerosas interrupciones -algunas técnicas y otras relacionadas con la salud de Áñez- y constituye la primera resolución de relevancia sobre la salida obligada del poder del entonces presidente Evo Morales y el gobierno de facto que asumió en su lugar.

Antes de escuchar la decisión de la Justicia, en sus últimas palabras, Áñez dijo que fue sometida a un “simulacro de juicio”, remarcó que actuaría “de la misma manera” si se repitieran las circunstancias por las que asumió la presidencia y denunció que al Tribunal “el poder político le exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés”.

En este caso, denominado Golpe de Estado II, en el que Áñez y exjefes policiales y militares fueron procesados por decisiones contrarias a la Constitución, se investigó a la exsenadora por las acciones que tomó cuando era segunda vicepresidenta de la Cámara alta para asumir la Presidencia del Estado de forma irregular.

Para la defensa de Áñez, no debió juzgarse a la exmandataria por la vía ordinaria, sino que debería haber habido un juicio de responsabilidades en el Congreso, pero los denunciantes -y la justicia- argumentaron que se juzgaron acciones previas a la gestión.

“En ningún momento he vulnerado la Constitución Política del Estado o he emitido normas u órdenes contrarias. Y esto se ha podido evidenciar en todas las declaraciones y en todas las pruebas. Fui sometida a estas cansadorísimas horas de juicio porque el poder político les exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés”, señaló hoy Áñez.

El tribunal debió trasladarse al penal de Miraflores para escucharla y luego hizo lo mismo al Penal de San Pedro para el turno de los excomandantes Flavio Arce y Pastor Mendieta.

Áñez se quejó de que se le negó “absolutamente todo” durante el proceso, lamentó “las exquisiteces” del Tribunal, que rechazó pruebas de su defensa y atribuyó esas actitudes a la necesidad de “tener el camino expedito para tener una sentencia condenatoria”.

Insistió en que en 2019 hubo “vacío de poder” y recalcó que no movió “ni un dedo” para asumir el Ejecutivo.

La exmandataria advirtió que se excluyó, entre la documentación descartada, el comunicado del Tribunal Constitucional que avalaba su Gobierno transitorio, las memorias de la Conferencia Episcopal sobre una reunión mantenida en la sede de la Universidad Católica y el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones fallidas de 2019.

“Yo tuve el Gobierno, pero nunca tuve el poder. Tuve bloqueos en la Asamblea (Legislativa); era un Gobierno simplemente de transición. En un año pudieron haber hecho cualquier denuncia en la Cámara de Senadores, pero no lo hicieron; trabajamos en coordinación”, remarcó.

Y agregó: “Bolivia sabe que esos delitos no los he cometido. Bolivia sabe que fui una consecuencia de todo lo que sucedió el 2019. Aquel que cometió incumplimiento a la Constitución, irrespetando hasta un referendo, está feliz y libre haciendo política. Para él hay impunidad. Esa es la justicia que tenemos en Bolivia”.

La referencia fue al exmandatario Evo Morales, a quien no mencionó, que había perdido una consulta popular sobre la chance de un nuevo mandato.

En La Paz, Cochabamba y Sucre se habían instalado vigilias de víctimas de la dictadura y seguidores del oficialismo, a la espera de la sentencia.

Las cuatro partes acusadoras, la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y el titular del Senado, Andrónico Rodríguez- habían coincidido en un pedido de 15 años de prisión.

Cuando la sentencia todavía era una incógnita, un grupo de cerca de 20 expresidentes de América Latina y España calificó de “arbitrario, abusivo, ilegal e inconstitucional” el juicio, y opinó que la ONU, la OEA y la UE lo deberían repudiar.

En una declaración publicada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), 23 exjefes de Estado y de Gobierno defendieron a Áñez y juzgaron que “preservar el hilo constitucional y las reglas de sucesión en medio de toda crisis política, como lo muestra la experiencia en América Latina, es el antídoto contra las aventuras militaristas y sus golpes de Estado”.

“La expresidenta está detenida ilegalmente. Estando detenida se le abrió este proceso carente del mínimo fundamento. Le han desdoblado las acusaciones con tipificaciones abrogadas”, señalan.

Por ello y por “el enorme daño que significa para las democracias en la región criminalizar la preservación del hilo constitucional”, los exgobernantes consideran que los “testigos y facilitadores” de la transición constitucional presidida por la expresidenta Áñez deberían “repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional”.

El documento está firmado, entre otros, por el costarricense Óscar Arias, el español José María Aznar, los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón y los expresidentes bolivianos, Carlos Mesa y Jorge “Tuto” Quiroga.

Áñez tiene pendientes otros dos juicios, uno el “caso Golpe de Estado I”, por sus actos como presidenta y otros por las muertes ocurridas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, en las que se reprimió a protestas callejeras.

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Argentina y Bolivia acordaron un suministro de gas en volúmenes significativos durante 2022

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“Se logró un acuerdo positivo que da previsibilidad y mayor tranquilidad en un contexto de crisis energética internacional”, afirmó Guzmán al finalizar la reunión y agregó: “Los volúmenes acordados garantizan la fluidez del sistema en todo el Norte del país y dan certeza a toda la demanda.”

En el marco de la visita a la Argentina del jefe del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce y comitiva, el ministro de Economía, Martín Guzmán se reunió con su par de Hidrocarburos y Energías de ese país, Franklin Molina Ortiz, con quien dialogó sobre la agenda energética bilateral y regional, al tiempo que se avanzó en la profundización del vínculo entre ambas naciones.

En este contexto, los Gobiernos de Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia acordaron la provisión de 14 millones de metros cúbicos por día de gas durante el periodo de invierno, junto a un compromiso de priorizar el suministro de volúmenes adicionales a la Argentina en función de la disponibilidad.

El Convenio, que perfeccionarán YPFB y IEASA, establece que la empresa boliviana proveerá 14 Millones de m3 diarios de Gas firmes durante los meses de este invierno, dando prioridad a la Argentina por hasta 18 Millones de m3 día en total para el periodo mayo a septiembre 2022.

Los precios del Gas a aplicar a este acuerdo tendrán un esquema por el cual Argentina pagará el actual precio vigente en la adenda 2021, (actualmente entre 7 y 9 u$d el MMbtu) por un primer volumen de hasta 8 a 10 Millones de m3; mientras que por el resto del Gas el precio será ajustado trimestralmente de acuerdo a la fórmula PCDA = Brent * 10,5% (aproximadamente u$d 18 el Millón de btu), lo que arroja un precio promedio ponderado de u$d 12,18 MMbtu por el tramo firme del acuerdo.

Asimismo, el Gobierno argentino manifestó la voluntad de propiciar las condiciones para avanzar en una mayor interconectividad eléctrica entre ambas naciones.

En este sentido, Guzmán aseguró que “valoramos mucho el trabajo que llevamos adelante en las últimas semanas con el ministro Franklin Molina y los respectivos equipos, bajo la conducción de nuestros presidentes para que el vínculo entre nuestras naciones también se fortalezca en el frente energético”.

En tanto, agregó: “Apuntamos a seguir profundizando las relaciones de inversiones y comercio bilateral en el campo de la energía, donde tenemos significativas oportunidades de escalamiento de la inversión, la producción y la integración”.

Por su parte, el secretario de Energía argentino, Dario Martínez, quien también participó del encuentro, expresó que “este acuerdo, de por sí muy bueno, resalta más aun en el contexto internacional de incertidumbre, escasez y precios exorbitantes de la energía”. Y agregó: “Es un paso adelante, con volúmenes y precios muy convenientes para el país”.

En tanto, agregó: “El precio promedio que se acordó es altamente conveniente para el país, rondando los u$d 12.18 el MMbtu, cuando el precio internacional de del GNL más que lo triplica y el del Gas Oíl, más que lo duplica.”

Acompañaron también al ministro Guzmán, la secretaría de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales del Ministerio de Economía, Maia Colodenco, y el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro. En tanto, por parte de Molina Ortiz estuvieron el vicecanciller, Erwin Macacha y el embajador de Bolivia en Argentina, Ramiro Tapia.

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Argentina y Bolivia extienden el acuerdo de provisión de gas

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La Argentina y Bolivia extenderán hoy el acuerdo de provisión de gas de ese país al territorio nacional, que duplicará los volúmenes que actualmente se reciben y de esta manera se garantizará el abastecimiento del mercado local ante el pico de la demanda que se produce en el invierno.

De acuerdo con los avances del diálogo en los últimos días, Bolivia le venderá gas natural a la Argentina en el marco del acuerdo firmado en 2006, lo que destrabará las negociaciones que desde diciembre venían llevando adelante las empresas Integración Energética Argentina (Ieasa) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la firma de una sexta adenda que venció el 31 de diciembre y que se fue prorrogando hasta el 31 de marzo.

A raíz de esa falta de acuerdo, Ieasa e YPFB acordaron para los primeros tres meses del año un envío de gas de 7,5 millones de metros cúbicos diarios (Mm3/d), volumen que ahora podrá más que duplicarse a partir del nuevo convenio.

Bolivia estará en condiciones de enviar en los meses de invierno mayores volúmenes de gas natural a la Argentina, entre 16 y 18 Mm3/d, es decir que incrementará el techo que ofreció en los meses de invierno de 2021, que osciló en torno a los 14 Mm3/d, lo que restará presión a la oferta energética que debe cubrir el país.

En cuanto al precio del gas boliviano, la Argentina estaba pagando US$ 8 por millón de BTU (unidad de medida del gas equivalente a 28,52 metros cúbicos) y, si bien el contrato reconocerá un incremento producto de la fórmula de cálculo vigente entre las dos partes, se anticipó que será sustancialmente muy inferior a los valores que habría que pagar si, en lugar de contar con ese gas hubiera que importar combustibles líquidos o Gas Natural Licuado, que en la actualidad se ubica en torno a US$ 40.

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