BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

Trigo acelera la siembra a un ritmo récord mientras el maíz pierde valor y la soja encuentra sostén en el mercado internacional

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La campaña triguera 2026/27 comenzó con una velocidad inusual. Según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), ya se implantó el 32% del área proyectada a nivel nacional, el avance más rápido registrado desde que existen estadísticas comparables, al menos desde la campaña 1998/99. El dato refleja una estrategia defensiva de los productores frente a un escenario complejo de costos y volatilidad de mercados: aprovechar la humedad disponible en los perfiles superficiales del suelo antes de que las condiciones climáticas cambien.

La dinámica de siembra contrasta con las señales comerciales. Aunque el cereal muestra un fuerte ritmo de implantación, los negocios para la nueva campaña permanecen rezagados. Al cierre de esta semana se habían comercializado unas 1,84 millones de toneladas de trigo 2026/27, un volumen 30% inferior al promedio de los últimos cinco años y también por debajo del ciclo pasado.

El ritmo de siembra de trigo avanza a paso firme. Los precios se desploman en Chicago por oleada de ventas de los fondos. En el mercado local, cae el precio del trigo y el maíz, pero la soja resiste.

1.    Trigo: Se completó el 32% del área de intención, un máximo desde que se tengan registros

La siembra de trigo puso quinta y alcanza su ritmo más alto desde por lo menos la 1998/99. Pese a la complejidad que imponía el panorama del mercado de insumos y los altos precios de los combustibles, los productores comenzaron sus labores y ya hicieron sus planteos sobre un 32% del área total proyectada a nivel país, según datos de la Secretaría de Agricultura y Pesca. 

Este ritmo de siembra relativamente vertiginoso se explica por la necesidad de aprovechar el agua disponible en los primeros centímetros del suelo mientras esté disponible, explica GEA-BCR en su informe, aunque prevé un recorte del 12% interanual en el área sembrada de zona núcleo para la nueva campaña. 

En términos comerciales, al miércoles de esta semana ya se acumulan negocios por aproximadamente 1,84 Mt de trigo correspondiente a la 2026/27; un 30% por detrás de del promedio de los últimos cinco años y el ciclo pasado. Los precios a cosecha estuvieron ajustando fuertemente en las últimas semanas, presionados por el mercado global y la inminente llegada de la oferta desde el hemisferio norte. La curva de futuros en A3 se desplazó un 4% hacia abajo en las últimas dos semanas, con la cotización a enero bajando US$ 11,5/t.

Estados Unidos comenzó la trilla de su tan golpeado trigo de invierno, para el cual se prevé la cosecha más baja desde la campaña 1972/73. Sin embargo, al mismo tiempo, el resto de los orígenes relevantes para el mercado global de trigo, como lo son Rusia, Ucrania, Canadá y la Unión Europea, se preparan para encarar la trilla con buenas expectativas productivas en términos generales. Agencias privadas rusas proyectan una cosecha de trigo por encima de las 90 Mt, de mínima 4 Mt más que las primeras estimaciones del WASDE de mayo. En Francia las condiciones del trigo sembrado superan ampliamente las del año pasado a esta altura, mientras que en Ucrania esperan levantar una cosecha de granos que sería mejor que durante el año pasado. 

En este escenario, el trigo norteamericano se presenta como el menos competitivo entre todos los orígenes relevantes, y esto se evidencia en un ritmo exportador reducido. Además, la presión de oferta por la cercanía de la entrada a la cancha de las cosechas del hemisferio norte también juega en el mismo sentido. Como respuesta a estos hechos, los fondos especulativos comenzaron un fuerte desarme de posiciones compradas en el cereal, tras lo cual los precios comenzaron a caer sin parar en Chicago. El contrato de futuro de trigo más cercano tocó los US$ 214/t durante esta semana, lejos del pico bianual alcanzado a mediados de mayo de US$ 249/t.


2- Se desplomaron los precios por maíz

En Chicago, el maíz se desplomó más de US$20/t en cuatro semanas, tendiendo a converger con los niveles anteriores a la implosión del conflicto en Medio Oriente. 

El 5 de mayo pasado los contratos de futuro por maíz alcanzaban máximos de un año, llegando a US$ 191/t para el contrato más operado en Chicago. El cierre del estrecho de Ormuz, la suba en el petróleo y los fertilizantes y el rol de maíz como insumo para bioetanol aportaron los fundamentos para que las cotizaciones del cereal escalaran un 11% en el año. El rally fue convalidado por los fondos especulativos, que en su apetito por commodities pasaron de estar vendidos en 2 Mt de maíz a principios de año, hasta alcanzar la posición comprada más importante desde febrero del 2025 con el equivalente a 43,6 Mt. Sin embargo, desde entonces los fondos no hicieron más que vender y la cartera comprada se redujo en un 72% en solo veinte ruedas.

Aunque Ormuz haya sido un game changer para el mercado de commodities, la oferta de maíz global para esta campaña 2025/26 es récord: Estados Unidos consumaría la mayor cosecha de su historia, Argentina haría lo propio y Brasil levantaría la segunda más importante. A la vez, la siembra 2026/27 avanza sin problemas en Norteamérica, con el 67% de los cultivos ya implantados en condiciones buenas a excelentes y expectativas climáticas favorables. Entre el aluvión de granos sudamericanos, las buenas perspectivas para la nueva campaña estadounidense, el peso de la oferta, los reacomodamientos del petróleo y las tomas de ganancias de los fondos, se explica el abrupto cambio de tendencia de las últimas semanas.

Bajo este escenario, el precio de exportación para la cosecha tardía en Argentina pasó de negociarse en US$ 220/t a caer por debajo de los US$ 200/t en el último mes, trasladándose al mercado interno y presionando sobre la curva de futuros en A3. Los contratos de maíz, desde julio a diciembre cayeron entre un 3,6% y 2,4%, para volver a niveles de precios anteriores a la guerra. La cotización disponible con descarga en Rosario, ajustado por inflación, está al mismo nivel que a fines de marzo pasado cuando la pizarra se desplomaba con el ingreso del maíz temprano.

De la mano de las caídas en las cotizaciones por maíz, el ritmo comercial por el cereal ha ido mermando. Al mismo tiempo, el precio de la soja exhibió una relativa mejora, invirtiendo así la dinámica comercial del mercado: si durante el primer cuatrimestre del año, el maíz fue el protagonista de los negocios; desde mayo en adelante, de la mano de la entrada de la nueva cosecha y la mejora en precios, la soja se lleva el protagonismo.

Vale aclarar, sin embargo, que los compromisos de maíz en el mercado interno ya alcanzan las 26,7 Mt, el segundo registro más alto y con el 94% de esas compras en manos del sector exportador. Al mismo tiempo, las registraciones de DJVE a esta altura apenas superan las 18 Mt, por lo que el sector está más “calzado” que nunca en términos de ventas externas.  Con un tipo de cambio estable durante todo el año, sin volúmenes de equilibrio por los que competir y con un cronograma de reducción arancelaria hacia delante, los incentivos a adelantar DJVE no son demasiado fuertes.

En materia de competitividad, Argentina sigue siendo el origen más atractivo para comprar en el mercado global, ganándole la pulseada en el mercado internacional al maíz safrinha que ya se está empezando a levantar. El ritmo de exportación para esta campaña viene siendo récord, con 14,2 Mt embarcadas a la fecha. Es de esperar, además, que las ventas al exterior vuelvan a acelerarse con la llegada del maíz tardío a partir de julio. El avance de cosecha a nivel nacional es del 53%, en línea con el promedio de los últimos años.

En Brasil la zafra de segunda apenas si está arrancando con 0,6% de la superficie objetivo ya cosechada, 1,2 p.p. por detrás del promedio. En términos generales las perspectivas son buenas, con excelentes condiciones para el centro del país, sobre todo en Mato Grosso, aunque algunas preocupaciones sobre el sur por las faltas de lluvias y altas temperaturas de mayo. El organismo oficial brasilero espera una cosecha total de 140 Mt, con 108 Mt de maíz safrinha, apenas por debajo del récord del año pasado.


3- El aceite de soja no para de subir en Chicago

El complejo soja fue el que menos padeció el desarme de posiciones por parte de los fondos especulativos, quienes llegaron a mantener la posición comprada más importante que se tengan registros hace tan solo unas semanas. Sin embargo, la soja no escapó a la tendencia bajista en granos y acumula pérdidas de un 4% en las últimas cuatro semanas, mientras que la harina retrocedió solo un 1%. Lo que más soporte le está aportando al mercado viene por el lado de los aceites, que ya superó los US$ 1.730/t, máximos desde junio del 2022, acumulando ganancias del 59% en el año y a tan solo un 15% de alcanzar el precio máximo histórico nominal en Chicago. 

Debido a que buena parte de los fundamentos que impulsan las cotizaciones del aceite de soja en Chicago son propios de la coyuntura norteamericana (Estados Unidos consume internamente casi todo el aceite de soja que produce), el precio FOB del aceite argentino no copió con la misma intensidad el rally alcista de la plaza norteamericana. Sin embargo, funcionó de sostén para los precios en plena presión de cosecha argentina. Esta dinámica viene manteniendo el poder de compra industrial y el precio disponible en el mercado interno.

Mientras los precios de compra ofertados por trigo y maíz en el mercado local vienen cayendo, los de soja se mantienen dentro de los AR$ 460.000 y AR$ 465.000/t. Con precios relativamente más atractivos, en la última semana se comprometieron 1,3 Mt de soja, el 67% con precio hecho. Con los últimos datos disponibles, los compromisos acumulados de la campaña llegan a las 18,5 Mt de soja para la 2025/26 de las cuáles un 32% se concertó en las últimas cinco semanas.

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El RIGI ya supera los US$133.000 millones en proyectos y consolida a la energía y la minería como los grandes motores de inversión

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A menos de dos años de su puesta en marcha, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) comienza a exhibir la magnitud de la apuesta oficial para transformar la matriz exportadora argentina. Con proyectos presentados por más de US$133.000 millones, el esquema impulsado a través de la Ley Bases se convirtió en el principal vehículo para canalizar inversiones de gran escala en sectores estratégicos, particularmente energía y minería, que concentran prácticamente la totalidad de los capitales comprometidos.

Los datos relevados por la Bolsa de Comercio de Rosario muestran que más del 22% de las inversiones ya obtuvo aprobación administrativa, mientras el resto continúa atravesando distintas etapas de evaluación. El volumen involucrado coloca al régimen en el centro de la estrategia económica del Gobierno nacional, que busca acelerar el ingreso de divisas y ampliar la capacidad exportadora del país mediante proyectos intensivos en capital.

Con foco en energía y minería, el RIGI suma más de US$ 133.000 millones en proyectos presentados (aprobados y en evaluación), con provincias protagonistas como Neuquén y San Juan. Un proyecto de “Súper RIGI” busca sumar inversiones en nuevas industrias.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado en el marco de la Ley Bases es instrumento para canalizar inversiones de gran escala en sectores estratégicos de la economía argentina. Desde su implementación, las inversiones presentadas al régimen ya superan los US$ 133.000 millones, reflejando el interés de empresas nacionales e internacionales por participar en iniciativas vinculadas principalmente a energía, minería, infraestructura e industria. Del total relevado, más del 22% del capital solicitante ya obtuvo aprobación oficial, mientras que una porción significativa continúa en diferentes etapas de evaluación administrativa.

La composición sectorial de las inversiones muestra un marcado enfoque en actividades asociadas a la minería y energética. En conjunto, estos dos sectores explican más del 99% del monto total presentado al RIGI, consolidándose como los sectores de mayor relevancia dentro del régimen.

En particular, la energía concentra cerca del 64% del volumen de inversiones presentadas, con iniciativas por más de US$ 85.456 millones. Actualmente, el sector registra alrededor de US$ 66.353 millones bajo análisis, mientras que US$ 19.103 millones ya fueron aprobados. Por su parte, la minería lleva US$ 9.952 millones aprobados sobre un total cercano a US$ 46.000 millones. El 22% del capital aplicado al RIGI en energía ya tiene aprobación administrativa, proporción que se ubica en el 21% en el caso de la minería.

Dentro de los proyectos mineros presentados en el marco del RIGI, las iniciativas vinculadas al cobre concentran la mayor parte de las inversiones, con montos comprometidos por aproximadamente US$ 31.500 millones. Este total surge de proyectos de gran escala como El Pachón, Vicuña, Minera Agua Rica (MARA), Los Azules y San Jorge.

No obstante, gran parte de estas inversiones continúa en etapa de evaluación. Del total asociado al cobre, US$ 3.563 millones ya fueron aprobados, mientras que el litio presenta un mayor volumen de capital autorizado, con proyectos aprobados por más de US$ 4.528 millones. Por su parte, el oro y otros proyectos mineros completan el esquema minero del régimen, con inversiones aprobadas cercanas a US$ 1.861 millones.

Dentro del sector energético, los proyectos vinculados a petróleo y gas concentran la mayor parte de las inversiones comprometidas en el marco del RIGI, con montos por aproximadamente US$ 55.300 millones. Las recientes presentaciones de los proyectos LLL Oil y El Trapial por parte de YPF y Chevron apuntalaron fuertemente las solicitudes en este sector. 

Por otro lado, el GNL aparece como el segundo segmento de mayor relevancia, con inversiones aprobadas por US$ 15.156 millones. Esta inversión se concentra exclusivamente en el proyecto de licuefacción de gas natural de Southern Energy, reflejando el interés por impulsar la capacidad de licuefacción y exportación de GNL en Argentina. Asimismo, los proyectos asociados a infraestructura midstream totalizan más de US$ 11.000 millones, combinando iniciativas ya aprobadas y otras aún bajo análisis. En menor medida, también se observan inversiones vinculadas a energías renovables, petroquímicas y procesamiento de gas, completando el mapa energético de proyectos presentados al régimen.

Distribución provincial de las inversiones presentadas al RIGI

Las inversiones presentadas en el marco del RIGI tienen varios protagonistas a lo largo del país. Neuquén lidera el ranking provincial con proyectos por aproximadamente US$ 62.434 millones, equivalente a cerca del 47% del total relevado. En segundo lugar, se ubica San Juan, con US$ 25.000 millones, seguida por Rio Negro con US$ 19.588 millones, concentrando estas dos provincias el 19% y 15% de las aplicaciones al RIGI respectivamente.

En conjunto, estas tres provincias concentran alrededor de US$ 107.000 millones, superando el 80% de las inversiones presentadas relevadas bajo el régimen. La composición sectorial explica buena parte de esta concentración, dado que en dichas jurisdicciones predominan proyectos vinculados a energía y cobre, que implican elevadas necesidades de capital y con una orientación fundamental hacia la generación de exportaciones.

Por detrás aparecen Catamarca, con inversiones cercanas a US$ 9.615 millones, y Salta, con aproximadamente US$ 8.748 millones, aquí con protagonismo de proyectos de litio. El resto de las provincias reúnen en conjunto alrededor de US$ 7.700 millones, mostrando una participación significativamente menor dentro del total presentado al régimen. La distribución geográfica refleja el peso estratégico que poseen las provincias cordilleranas y patagónicas en materia de recursos naturales, infraestructura energética y proyectos exportadores de gran escala.

No debemos perder de vista que existen dos RIGIs muy relevantes para el agro argentino. Primeramente, ya se encuentra aprobada y en ejecución la Terminal Multipropósito Timbúes en Santa Fe, una nueva terminal para el Gran Rosario, el principal nodo portuario agroexportador del mundo. Asimismo, Pampa Energía espera ingresar al RIGI para construir una planta de fertilizantes en el Polo Industrial de Bahía Blanca. Con el denominado proyecto Fertil Pampa podría incrementarse la producción nacional de urea en 2,1 millones de toneladas, aproximándose a duplicar la capacidad productiva del país para este fertilizante estratégico.

En paralelo al avance de los proyectos actualmente presentados bajo el RIGI, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo régimen orientado a promover inversiones en actividades económicas sin desarrollo previo en el país, denominado informalmente “Súper RIGI”.

La iniciativa apunta a proyectos de gran escala, con un piso mínimo de inversión de US$ 1.000 millones, y contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios superiores a los del régimen vigente. Entre las actividades que podrían quedar alcanzadas se mencionan desarrollos de hidrógeno verde, plantas de GNL onshore, infraestructura vinculada a inteligencia artificial y data centers abastecidos con gas natural, además de iniciativas asociadas al agregado de valor de minerales críticos.

El nuevo esquema también busca incentivar industrias vinculadas a la electromovilidad, biotecnología avanzada, infraestructura digital y manufacturas tecnológicas de alto valor agregado. A nivel fiscal, el Súper RIGI aplica una tasa del 15% en el impuesto a las Ganancias. En cuanto a la amortización, este esquema permite un beneficio acelerado: se deduce un 60% durante el primer año y un 20% en cada uno de los dos años posteriores.

En el ámbito del comercio exterior, el llamado Súper RIGI elimina los derechos de exportación desde el primer momento (a diferencia del RIGI, que lo hace recién a partir del tercer año). Además, libera de aranceles a todas las importaciones que sean indispensables para arrancar el proyecto, un marco más amplio que la limitación del RIGI, que solo aplica a bienes de capital e informática.

Por su parte, se elimina progresivamente la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones de productos adheridos al proyecto: será obligatorio liquidar el 80% de las divisas en el 1° año y el 60% en el 2° año. Finalmente, desde el 3° año no será obligatorio liquidar divisas por estas operaciones.

Por último, para que este nuevo régimen entre en vigencia a nivel local, los gobiernos provinciales y municipales deben adherirse bajo dos condiciones clave: limitar el cobro de Ingresos Brutos a un máximo del 0,5% y garantizar que las tasas municipales no se calculen en base al nivel de facturación.

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La industria del biodiésel opera con 75% de capacidad ociosa y espera una nueva ley que reactive la producción

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La industria argentina del biodiésel atraviesa otro año marcado por la baja utilización de su capacidad instalada, la caída de las exportaciones y una creciente dependencia del mercado interno. Aunque los datos del primer cuatrimestre de 2026 muestran una leve recuperación interanual en los niveles de producción, el sector continúa muy lejos de los volúmenes que supo alcanzar en sus años de mayor expansión y mantiene expectativas centradas en una eventual reforma del régimen de biocombustibles que permita recomponer la demanda.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía, entre enero y abril de este año se produjeron 308.565 toneladas de biodiésel, un 16% más que en igual período de 2025. Sin embargo, el dato adquiere otra dimensión cuando se compara con el promedio de los últimos cinco años: la producción actual se ubica un 25% por debajo de ese nivel y constituye el tercer registro más bajo desde 2010.

La producción de biodiesel en Argentina sigue limitada en el comienzo de 2026, a pesar de una leve mejora interanual. Se opera muy por debajo de su capacidad y se depende cada vez más del mercado interno dada las limitadas posibilidades de exportación.

La producción de biodiesel en Argentina transita un nuevo año de una actividad limitada. De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, la producción acumulada en primer cuatrimestre del año alcanzó 308.565 toneladas, 16% por encima del año pasado, pero aún 25% por debajo del promedio de los últimos 5 años y el tercer total más bajo desde 2010.

Esta tendencia declinante de la industria de biodiesel en Argentina no es reciente. En términos anuales, la producción nacional alcanza un máximo histórico en 2017 con 2,8 Mt, situación que se comienza a revertir desde entonces, hasta alcanzar un piso de 0,83 Mt en el año 2023. Si bien ese año estuvo afectado por una sequía histórica, tras la recuperación en la producción de soja entre 2024 y 2025, el total producido de biodiesel fue de 1,1 y 0,97 Mt para dichos años. 

Si se considera la capacidad instalada de producción de biodiesel a nivel nacional, que se ubica en torno a 3,8 Mt anuales y mayormente en la provincia de Santa Fe, los volúmenes producidos dejan una capacidad ociosa anual en torno al 75%. Más allá de que siempre fue un desafío incrementar el uso de la capacidad instalada, la producción de los últimos dos años se ubica 50% por debajo del promedio histórico para la industria y el 2026 parece que no logrará un repunte relevante en términos de actividad.

Es importante mencionar que, la industria de biodiesel en Argentina funciona con un sistema dual, con empresas mayormente pyme que operan y abastecen exclusivamente el mercado doméstico según la tasa de corte establecida y, por otro lado, se encuentra las empresas integradas que abastecen exclusivamente la demanda de exportación sin poder abastecer el corte de gasoil a nivel local.

Si se considera la producción destinada a las ventas al corte y el resto de las ventas que, en conjunto consolidan la demanda doméstica, en el año 2025 se alcanzó una comercialización total de 703.304 toneladas, por encima del promedio de los últimos 5 años, aunque levemente por detrás del 2024 cuando se alcanzaron las 777.218 toneladas. Mientras que, el volumen de exportación de 2025 fue de tan solo 273.386 toneladas, el total más bajo desde el comienzo de la serie. Teniendo en cuenta que los stocks de la industria son relativamente acotados, las ventas domésticas y de exportación explican, en conjunto, cerca del 100% de la producción anual.

Tal como se puede ver en el siguiente gráfico, desde 2022 se comenzó a disparar el share de las ventas locales respecto al total hasta representar un máximo del 72% en 2025 y del 90% en el primer cuatrimestre de 2026, lo cual da cuenta de que la caída en la producción se explica mayormente por la merma en las exportaciones del sector. Igualmente, se destaca que las ventas domésticas de los últimos años están 30% por debajo de los mejores años entre 2015 y 2019.

En términos absolutos, en el primer cuatrimestre de 2026 se realizaron ventas en el mercado doméstico por 271.751 toneladas y exportaciones por solo 30.360 toneladas. Para igual período de años anteriores, este registro de exportaciones es el más bajo desde que comenzó la producción de biodiesel en Argentina hacia el año 2008. De esta manera, se logra observar cómo una industria que nació más bien enfocada en la exportación actualmente está supeditada al nivel de ventas del mercado interno y donde las empresas que operan en la exportación no pueden participar de las ventas al corte doméstico. A esto se agrega que, la Unión Europea, nuestro único mercado para las exportaciones de biodiesel, podría adoptar una resolución que dejaría vedada nuestras posibilidades de seguir haciendo envíos a dicho destino. (Ver) 

¿Cuál es la propuesta oficial para actualizar la Ley de Biocombustibles que ingresó al Senado? 

Tal como se mencionó anteriormente, el desempeño de la industria de biodiesel en Argentina no atraviesa su mejor momento y, con un esquema en el cual la tasa de corte de biodiesel en gasoil es relativamente baja en comparación histórica y mercados importadores que buscan limitar nuestras exportaciones.

Es en este contexto que la discusión legislativa adquiere un rol central. Un nuevo régimen que brinde previsibilidad al promover mayores tasas de corte y mejore las condiciones de comercialización podría generar un piso de demanda más sólido para la industria y disminuir la gran capacidad ociosa que existe actualmente. Esto, en sintonía con las políticas que vienen aplicando los principales países productores y competidores de aceites vegetales, que fomentan la expansión de las cadenas de valor agroindustriales y de biocombustibles en particular, en post de diversificar las matrices energéticas y consolidar la Seguridad Energética de sus propios países.

El oficialismo ingresó un proyecto para discutir un nuevo marco regulatorio para el biodiesel que proyecta un incremento de la tasa de corte al 10% luego de 12 meses desde la sanción de la ley. En perspectiva comparada, dicha tasa de corte volvería a niveles previos con los cuales funcionó la industria en ciertos períodos, pero aun mostrando cierta distancia de lo que rige en el caso de Brasil y lo que se podría efectivizar hacia adelante en dicho país.

Más allá del nivel de corte, uno de los cambios tiene que ver con el mecanismo propuesto para la comercialización de biodiesel. El proyecto contempla reducir progresivamente la porción de abastecimiento que se determina vía cupos coordinados por el Estado, mientras se incrementan proporcionalmente la participación que se negociaría libremente a través del “Mercado Electrónico Transparente” donde podrían participar tanto las empresas integradas como las no integradas. Esta migración del sistema de cupos hacia un mercado más flexible está estipulada para comenzar a partir de la entrada en vigor del corte del 10%, cuando la mitad del corte será abastecido por la negociación libre entre partes. Este proceso continuará progresivamente hasta 2030, momento en el que 3 puntos porcentuales (p.p) del corte obligatorio estarán garantizados para las empresas no integradas y los 7 p.p restantes se negociarán en el mercado libre, donde las mezcladoras –que realizan coprocesamiento– podrán acaparar hasta 3 puntos porcentuales.

Por otro lado, las operaciones en este Mercado Electrónico contemplarían regiones geográficas para optimizar costos logísticos, y se tendría libertad contractual para celebrar acuerdos de abastecimiento a futuro. Finalmente, se estipula un precio máximo que estará condicionado por el valor de paridad de importación de biodiesel, el cuál será calculado periódicamente por un organismo independiente y siempre en base a fuentes reconocidas del mercado internacional.

El proyecto contempla la posibilidad de que empresas mezcladoras, por voluntad propia, puedan añadir biodiesel al gasoil en porcentajes superiores a los obligatorios. Además, prevé la habilitación de la circulación de vehículos flex fuel que utilicen mezclas con porcentajes superiores. En esta sintonía, se permitiría la instalación de surtidores exclusivos en las estaciones de servicio para despachar estos cortes incrementales al público. Además, se abre la posibilidad de importar biocombustibles para mezclas superiores al corte o en los casos donde hubiese faltante de oferta para satisfacer la demanda por corte obligatorio.

En términos del impacto que se podría tener en términos productivo, teniendo en cuenta el consumo promedio anual de gasoil en Argentina durante los últimos cinco años, se necesitarían alrededor de 1,3 Mt de biodiesel anuales de aprobarse el corte del 10%, un 33% más que el escenario donde se mantiene la tasa de corte actual del 7,5%. Esto podría ponerle un piso a la producción más allá de las posibilidades de exportación. 

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La minería proyecta exportaciones récord por más de US$ 9.000 millones y una inversión extranjera histórica

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La minería consolida su transformación en uno de los pilares estratégicos de la economía argentina. Mientras el país busca ampliar sus fuentes genuinas de divisas, el sector se encamina a protagonizar un nuevo salto histórico en 2026, con exportaciones que podrían superar los 9.000 millones de dólares y alcanzar una participación superior al 10% del total de las ventas externas nacionales.

El escenario surge de un informe elaborado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que muestra una combinación de factores favorables: el crecimiento sostenido del litio, la fortaleza internacional de los precios del oro y la plata, y un flujo récord de inversión extranjera directa que continúa alimentando nuevos proyectos y ampliaciones productivas.

El litio sigue creciendo en producción, mientras el declive en volumen del oro y plata se ve compensado en las exportaciones por la vía de los precios. La inversión extranjera en minería crece 27% en 2025 y alcanza récords históricos.

La minería se destaca como uno de los motores de generación de divisas para la Argentina. En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron US$ 6.075 millones, lo que representó el 6,9% de las exportaciones totales del país, y un crecimiento de +31% frente a 2024, sosteniendo cinco años consecutivos de expansión. Según el último Resumen Productivo publicado por CAEM, las proyecciones para 2026 anticipan un nuevo escalón: las exportaciones del sector podrían superar los US$ 9.000 millones, posicionando a la minería como un componente cada vez más relevante del balance comercial argentino. De cumplirse estas previsiones, las exportaciones mineras en 2026 podrían crecer más de un 50%.

De cumplirse estas previsiones, la participación de la minería en las exportaciones argentina podría alcanzar un nuevo máximo histórico. La última proyección de exportaciones del REM del BCRA estima las exportaciones argentinas del 2026 en US$ 96.056 millones. Considerando ese dato, la participación de la minería pasaría de cerca del 7% a más del 10% de las exportaciones nacionales. 

De esta manera, en 2026 se espera que la minería genere 1 de cada 10 dólares exportados por Argentina. Junto con la agroindustria y, más recientemente, el sector energético, la minería es de los pocos aportantes netos de divisas del país. En efecto, durante 2025 las mineras exportaron bienes por US$ 6.075 millones, mientras que realizaron importaciones por apenas US$ 202 millones.

Detrás del buen desempeño exportador conviven dos dinámicas bien diferentes, que ponen en riesgo la consolidación de la minería como pilar de las exportaciones argentinas. Esto se debe a que el declive productivo de los metales preciosos (oro y plata) tiene como consecuencia el incremento de los costos operativos, que sin embargo el contexto internacional compensa vía suba de los precios internacionales. La contracara es el avance estructural del litio, que combina expansión de volúmenes y una recuperación de precios en 2026. 

Oro: cae la producción, pero suben exportaciones por efecto precio

Durante 2025, la producción de oro en Argentina volvió a descender y alcanzó 1.184 mil onzas, lo que nos indica una caída del 6% interanual y una merma del 42% respecto a una década atrás. La marca deja al país incluso por debajo del piso de la pandemia y refleja un factor estructural: el agotamiento natural de operaciones maduras, en un contexto donde los incentivos no lograron impulsar suficientes inversiones en exploración y desarrollo que permitan compensar las menores leyes minerales.

Aun así, el ingreso de divisas creció con fuerza. Las exportaciones de oro sumaron US$ 4.094 millones en 2025 (+30% vs. 2024), sostenidas por un salto del precio internacional de referencia. Para 2026, se proyecta una producción que sostiene la marca (baja) del año previo, gracias a la incorporación de Río Negro como productor aurífero, con el inicio de Calcatreu, y reactivación de Casposo en San Juan, compensando otras bajas productivas de operaciones maduras.

A pesar de la magra producción esperada para este año, se anticipa un nuevo salto exportador: el oro podría alcanzar US$ 5.129 millones (+25% vs. 2025), impulsado por un precio promedio proyectado de US$ 4.353 por onza. 

Plata: mínimo productivo y más dependencia del efecto precio

La plata replicó la lógica del oro, pero con caídas productivas aún más marcadas. En 2025, la producción cayó a 22,1 millones de onzas (-7,8% interanual y -35% vs. 2019), ubicándose en el nivel más bajo en la última década. Sin embargo, las exportaciones sumaron US$ 785 millones (+22% vs. 2024), apalancadas por un aumento del precio promedio a US$ 38,8 por onza.

Para el 2026, el escenario proyecta una baja de producción a 19,5 millones de onzas (-10% vs. 2025). Sin embargo, la proyección es contundente por el efecto precio: las exportaciones de plata podrían trepar a US$ 1.172 millones (+49% vs. 2025). Con un precio promedio proyectado de US$ 60 por onza, nuevamente, el componente decisivo es el precio: la plata exporta más dólares aun produciendo menos. 

El protagonismo del litio: en 2025 por volumen; 2026 por volumen y precio

Si oro y plata sostienen su nivel exportador por la vía de precios, el litio es el que aporta crecimiento de producción año tras año. En 2025, la producción alcanzó 116 mil toneladas LCE, un salto de +56% interanual y +241% vs. 2018, explicado por expansiones y ramp-up de operaciones (Salar Olaroz, Mina Fénix, Cauchari-Olaroz) y la incorporación/crecimiento de nuevos proyectos. Aun con una caída del precio (el precio promedio de exportación bajó a US$ 8,7 por kilo), el volumen empujó las exportaciones a US$ 911 millones (+44% vs. 2024), mostrando que el litio logró crecer incluso con precios internacionales menos favorables.

Un nuevo salto espera aparecer en 2026: la producción proyectada de un escenario intermedio se espera alcance las 172 mil toneladas LCE (+48% vs. 2025), en línea con una mayor utilización de capacidad instalada y el avance de proyectos. La diferencia respecto de 2025 es que en 2026 se espera una combinación de más volumen y mejor precio: el precio promedio de exportación está proyectado en torno a los US$ 14,9 por kilo. De esta manera, las exportaciones podrían escalar a US$ 2.559 millones, lo que implica +181% vs. 2025. De esta manera, el litio pasaría de ser el “motor por volumen” en 2025 a un “motor por volumen y precio” en 2026. 

La inversión extranjera en minería alcanza récords históricos

Además del aporte comercial vía exportaciones, la minería también canaliza divisas a través de la inversión extranjera directa (IED). Según datos del BCRA, la IED en las diversas actividades del sector minero mostró un salto de peso en los últimos dos años. El 2024 trajo uno de los años de mayor ingreso de capitales por IED en la minería argentina, con más de US$ 4.517 millones invertidos. No obstante, el 2025 también cerró con elevados niveles de inversión del sector, superando los US$ 3.767 millones, apuntalando aún más el ingreso de inversión extranjera para seguir potenciando a la minería argentina.

De esta manera, la minería muestra su impacto exportador sobre el frente externo, con sus ventas al exterior fortaleciendo el balance comercial. Sin embargo, también se observa la fuerza de la minería sobre la economía argentina a través de las inversiones directas, que contribuyen a aumentar el stock de capital de la economía nacional mientras financian ampliaciones, ramp-ups y nuevas capacidades productivas.

En 2025 las inversiones extranjeras de la minería en Argentina crecieron un 27% respecto al año anterior y un 88% con relación al 2023. Además, si se compara el último trimestre del 2025 con el mismo período del 2017, el crecimiento asciende a 202%. En este marco, al último día del 2025, el stock de inversiones extranjeras en minería marcó un récord histórico, superando los US$ 17.645 millones.

De la mano del RIGI, uno de los protagonistas centrales de la IED en Argentina es el cobre, que aspira a volver a producirse a gran escala en el país en los años venideros. Vale la pena destacar que la minería es el principal sector de ingreso neto de divisas por inversión extranjera directa en Argentina desde el 2003, es decir, hace más de dos décadas. 

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La revolución silenciosa del mercado: cómo la tokenización de activos redefine las finanzas argentinas

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Un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sostiene que la tokenización representa una de las convergencias más disruptivas de las últimas décadas entre el sistema financiero tradicional y las tecnologías de registro distribuido. El concepto es simple en su definición, pero profundo en sus implicancias: convertir derechos económicos sobre activos reales —como inmuebles, commodities, infraestructura o deuda corporativa— en tokens digitales negociables sobre redes blockchain.

La tokenización de activos reales en Argentina representa la convergencia más disruptiva en las últimas décadas entre el mercado de capitales y la tecnología.

Convertir derechos económicos sobre activos tangibles —inmuebles, commodities, infraestructura, deuda corporativa— en tokens digitales emitidos sobre redes blockchain, logra fraccionar inversiones que históricamente estuvieron reservadas a grandes patrimonios, reducir drásticamente los costos y tiempos de transacción, y dotar de liquidez a mercados estructuralmente ilíquidos. 

La trazabilidad inherente a la tecnología de registro distribuido garantiza la identificación del beneficiario final en tiempo real, fortaleciendo los estándares de transparencia. A ello se le suma la garantía para el inversor del acceso al arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos, lo cual constituye una garantía de celeridad, especialización y ejecutoriedad que dotan del dinamismo necesario para esta modalidad de financiamiento.

La tokenización no es una moda tecnológica: es una reingeniería profunda de la infraestructura financiera global que democratiza el acceso al capital, amplía el universo de inversores y activos, y posiciona a quienes adopten este paradigma —emisores, mercados y reguladores—de las nuevas finanzas.

Comienzos

Hasta mediados de 2025, el mercado de capitales argentino carecía de un marco regulatorio específico para la representación digital de valores negociables mediante tecnologías de registro distribuido (TRD). Por este motivo, la práctica de tokenización de activos inmobiliarios y financieros quedaba sujeta a una incertidumbre jurídica tanto para emisores como para inversores, limitando el potencial transformador de esta tecnología dentro de los canales regulados.

El punto de inflexión se produjo con la sanción de la Ley N° 27.739 en 2024, que otorgó a la CNV facultades de supervisión, regulación y sanción sobre los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), consolidando la arquitectura institucional necesaria para avanzar en la integración entre el mercado tradicional de capitales y el ecosistema de activos digitales.

Sobre esa base, la CNV inició un proceso normativo escalonado que se desarrolló en cuatro etapas:

Etapa I — RG N° 1069/2025 (13/06/2025): incorporación del Título XXII al régimen de Normas N.T. 2013, habilitando la tokenización de valores representativos de deuda y certificados de participación de fideicomisos financieros con oferta pública, y cuotapartes de FCI cerrados, respaldados por activos del mundo real.

Etapa II — RG N° 1081/2025 (20/08/2025): ampliación del universo tokenizable a acciones, obligaciones negociables y CEDEARs; designación de los PSAV inscriptos en todas las categorías del registro CNV como depositarios elegibles.

Etapa III — RG N° 1087/2025 (22/10/2025): habilitación de tokenizaciones bajo regímenes de oferta pública automática de mediano impacto, emisores y emisiones frecuentes de fideicomisos financieros. Extensión del Sandbox Regulatorio hasta el 21/08/2026.

Etapa IV — RG N° 1137/2026 (30/04/2026): apertura de proceso de Elaboración Participativa de Normas donde se propone la posibilidad de tokenizar aquellos valores negociables que encuadren bajo los distintos Regímenes de Autorización Automática, con excepción de Fondos Comunes de Inversión Abierta. Esta norma tiene como objetivo ubicar a Argentina como hub regional de finanzas digitales.

¿Cómo se tokeniza un activo?

1-    Arquitectura Regulatoria de la Tokenización

En primer lugar, debemos saber que el régimen de tokenización establecido por la CNV descansa sobre cuatro pilares jurídico-técnicos:

a)    Tecnología de Registro Distribuido (TRD): la representación digital del valor negociable debe garantizar la inmutabilidad del registro, la trazabilidad de las transacciones, la nominatividad del instrumento y la identificación indubitable del emisor. La blockchain —como especie del género TRD— es la tecnología de elección en los casos concretos bajo análisis.

b)    PSAV como operadores habilitados: únicamente los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales inscriptos en el Registro CNV en todas las categorías pueden actuar como depositarios de los valores representados digitalmente y como responsables de su comercialización en plataformas digitales.

c)    Agente Depositario Central de Valores Negociables (ADCVN): los valores tokenizados deben depositarse en un ADCVN habilitado. Los titulares registrales pueden ser PSAV, Agentes de Custodia o ALyC actuando por cuenta de los inversores, asegurando la integridad del sistema de anotaciones en cuenta.


d)    Entidad especializada en TRD: responsable de generar la representación digital bajo estándares de seguridad, inmutabilidad, fungibilidad y trazabilidad, operando como eslabón técnico entre el emisor y el mercado.

2-    El Proceso Paso a Paso

Si se analiza el caso concreto de la tokenización inmobiliaria, ésta no implica la digitalización directa del bien registral, sino la representación digital de los derechos económicos emergentes de un vehículo jurídico que tiene al inmueble como activo subyacente. El proceso opera de la siguiente manera:

a)    Constitución del vehículo jurídico: el activo inmobiliario se transfiere a un fideicomiso financiero (en el caso de oferta pública) o a un fideicomiso privado inmobiliario (en el caso de mercado privado). El fiduciario administra el patrimonio de afectación, separándolo del patrimonio del fiduciante y del propio fiduciario.

b)    Emisión de valores negociables o derechos económicos: el fideicomiso emite Certificados de Participación (CP) o Valores Representativos de Deuda (VRD) que representan derechos proporcionales sobre los flujos de fondos generados por el activo (rentas de alquiler, plusvalía por venta, etc.)

c)    Tokenización del instrumento: una entidad especializada en TRD —articulada con el PSAV habilitado por CNV— genera un smart contract en la blockchain elegida (, emitiendo tokens que representan cada unidad del CP o del derecho económico. Cada token es único, fungible dentro de su clase y trazable desde su origen.

d)    Plataforma de distribución: el inversor accede a través de una plataforma digital (web o mobile) con validación de identidad por DNI y biometría. Selecciona la unidad o fracción a adquirir, firma electrónicamente el contrato y acredita el pago. El token se acredita en su wallet digital en minutos.

e)    Operatoria secundaria: para fideicomisos con oferta pública CNV, los CPs tokenizados pueden negociarse en mercados secundarios autorizados a través de ALyC habilitados, generando liquidez adicional. El fondo de liquidez del emisor complementa este mecanismo.

f)    Identificación del beneficiario final: la tecnología blockchain garantiza la trazabilidad integral desde la emisión hasta el beneficiario final, cumplimentando las exigencias de la Unidad de Información Financiera (UIF) en materia de prevención del lavado de activos.

3-    Garantía Jurídica del Inversor: El Arbitraje.

Una de las ventajas competitivas del mercado de capitales argentino en materia de resolución de conflictos es la obligatoriedad del arbitraje para los fideicomisos financieros con oferta pública, consagrada en el artículo 46 de la Ley N° 26.831 (Ley de Mercado de Capitales). Esta norma establece que las entidades que participen en la oferta pública de valores negociables deben someterse a la jurisdicción arbitral, constituyendo una garantía estructural para el inversor.

El arbitraje ofrece ventajas decisivas frente a la jurisdicción ordinaria, especialmente relevantes en un universo de inversores masificado y fraccionado como el que genera la tokenización:

a)    Especialización técnica: los árbitros son expertos en Derecho del Mercado de Capitales, Derecho Financiero y análisis de instrumentos complejos, lo que garantiza decisiones técnicamente fundadas y precisas.

b)    Celeridad procesal: los procedimientos arbitrales se resuelven en plazos sustancialmente menores a los de la justicia ordinaria —típicamente entre 6 y 18 meses—, sin los retrasos estructurales del sistema judicial.

c)    Confidencialidad y ejecutoriedad: los laudos arbitrales son confidenciales y tienen eficacia equivalente a las sentencias judiciales, siendo ejecutables por la vía judicial ordinaria en caso de incumplimiento.

d)    Voluntad de las partes: el arbitraje preserva la autonomía de la voluntad, permitiendo a las partes diseñar el procedimiento, elegir el derecho aplicable y determinar el número de árbitros.

Para los fideicomisos privados la tendencia internacional y local apunta también a la jurisdicción privada como mecanismo preferido, dado que la especificidad técnica de los conflictos emergentes de contratos de compraventa tokenizados excede la competencia habitual de los tribunales ordinarios.

En el ámbito local, el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Rosario (TRIAR) – www.bcr.com.ar/es/servicios/tribunal-de-arbitraje – constituye un referente regional de primer orden, con árbitros especializados, reglamento propio y reconocida trayectoria en la resolución ágil de controversias comerciales y financieras. 

Impacto real

1)    Para el Inversor:

•    Democratización del acceso: tickets mínimos eliminan las barreras de entrada históricas del real estate, habilitando a inversores de clase media a participar en activos de alta calidad.

•    Liquidez potenciada: la negociabilidad en mercado secundario (BYMA) y el fondo de liquidez del fideicomiso ofrecen salidas que el ladrillo tradicional no contempla.

•    Trazabilidad y transparencia: el inversor puede verificar en tiempo real el estado de su posición, la trazabilidad de sus tokens y el desempeño del activo subyacente.

•    Renta en dólares: en el caso Espacio Añelo, la renta se cobra en moneda dura a partir del día 30, constituyendo un vehículo de dolarización de ahorro dentro de un entorno regulado.

2)    Para el Mercado de capitales en general

•    Ampliación del universo de activos: la RG N° 1087/2025 habilita la tokenización de acciones, ONs, CEDEARs y cuotapartes de FCI cerrados, abriendo el mecanismo a toda la cadena de valor del mercado de capitales.

•    Posicionamiento regional: Argentina avanza como referente latinoamericano en finanzas digitales, atrayendo inversión extranjera interesada en acceder a activos reales argentinos a través de instrumentos digitales regulados.

•    Extensión a otros sectores: el modelo es replicable a activos agropecuarios (certificados de depósito de granos tokenizados), mineros, de infraestructura energética y de deuda corporativa, configurando un ecosistema en expansión.

3)    Para el Mercado Inmobiliario

•    Financiamiento alternativo: la tokenización habilita a desarrolladores a captar capital de un universo ampliado de inversores, reduciendo la dependencia del crédito bancario y del financiamiento tradicional.

•    Revitalización urbana: la tokenización puede ser un catalizador de inversión en zonas urbanas con potencial subutilizado, como el microcentro rosarino.

•    Nuevos modelos de negocio: la gestión integral (construcción + administración + tokenización) emerge como modelo de negocio diferenciado y replicable a escala.

La tokenización de activos reales en Argentina ha superado la fase experimental para consolidarse como una innovación financiera y jurídica de impacto sistémico. Los casos ya activos y los que se están gestando, evidencian que los marcos regulatorio, tecnológico, jurídicos y de negocio están maduros para escalar esta práctica, con beneficios concretos para los inversores, emisores potenciando nuestro mercado de capitales de aquí en más. Ya no es posible hablar de tokenización como moda tecnológica, sino de una innovación tecnológica que está revolucionando de manera profunda el modo de mirar la infraestructura financiera global.

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