El gobernador Hugo Passalacqua publicó en sus redes sociales: “Muy feliz de acompañar ayer la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto para reducir al 10,5% la alícuota del IVA a la fécula de mandioca y sus derivados, una iniciativa impulsada por Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz y respaldada por todo el bloque Argentina Federal”.
Tambien señaló que “es un paso histórico que corrige una asimetría de años y pone en igualdad de condiciones a nuestra producción frente a la harina de trigo, beneficiando a más de 10.000 familias productoras y cooperativas misioneras, y representando un alivio directo al bolsillo de la comunidad celíaca y de quienes necesitan alimentos libres de gluten”.
“Este logro ratifica el camino de una agenda constructiva y con identidad propia, producto del trabajo de nuestros legisladores nacionales enfocado en el bienestar de la gente como prioridad absoluta. Cuando todos tiramos para el mismo lado, los resultados llegan”, añadió.
La baja del IVA a la fécula de mandioca impulsará toda su cadena productiva
En detalle, la Cámara de Diputados aprobó por 231 votos el proyecto que reduce del 21% al 10,5% la alícuota de IVA para la fécula de mandioca, iniciativa del diputado misionero Oscar Herrera Ahuad que contó con el respaldo unánime de toda la bancada de Misiones. El texto, sin modificaciones respecto al dictamen de Comisión del 12 de agosto, extiende el beneficio a la harina de mandioca, la fariña y todos los alimentos elaborados con estos farináceos, equiparándolos a otros productos básicos como carnes, frutas, verduras, medicamentos y harina de trigo que ya gozan de esa alícuota reducida. Con media sanción, el proyecto pasa al Senado en un contexto crítico para la cadena productiva provincial, ya que todas las fábricas del rubro están radicadas en Misiones, donde once establecimientos (cuatro cooperativas y siete empresas familiares) generan unas 18 mil toneladas anuales y sostienen a cerca de 10 mil productores locales.
La mandioca misionera consiguió una media sanción que excede largamente una modificación tributaria. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad, con 231 votos afirmativos, el proyecto impulsado por el diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Ahuad, ahora integrante del bloque Argentina Federal, que propone reducir del 21% al 10,5% la alícuota del IVA sobre la fécula de mandioca y extender el tratamiento diferencial a otros derivados de la raíz. El proyecto deberá pasar ahora al Senado.
La votación convierte en media sanción una iniciativa que Herrera Ahuad llevó al Congreso con un doble argumento: corregir una asimetría tributaria que penaliza a una economía regional concentrada fundamentalmente en Misiones y, al mismo tiempo, abaratar insumos esenciales para la producción de alimentos libres de gluten.
Pero detrás de la discusión impositiva aparece una cuestión económica de mayor profundidad. La mandioca atraviesa un momento delicado como economía regional. Economis viene advirtiendo sobre el deterioro de las condiciones de competitividad de la cadena: el último Semáforo de Economías Regionales de Coninagro mantuvo a la actividad en rojo, con dificultades en el frente productivo y comercial y, particularmente, con una aceleración de las importaciones de productos vinculados a la mandioca, que crecieron 223% en los últimos doce meses.
En ese contexto, la reducción del IVA deja de ser solamente una discusión fiscal y pasa a convertirse en una herramienta para intentar devolver competitividad a la industria nacional frente a Brasil y Paraguay.
La dimensión misionera de la iniciativa es contundente. La provincia reúne alrededor de 10.000 productores de mandioca, mayoritariamente pequeños agricultores y unidades de agricultura familiar. Alrededor del 75% de la producción se destina al consumo en fresco, mientras que el resto alimenta una cadena industrial que transforma la raíz en fécula, harina, fariña y otros derivados.
Pero hay un dato todavía más significativo: Misiones concentra el 100% de las industrias productoras de fécula de mandioca de la Argentina.
Son 11 establecimientos industriales, entre ellos cuatro cooperativas y siete empresas familiares, que articulan una cadena en la que participan productores, cooperativas, industrias de molienda y procesamiento, transportistas y fabricantes de alimentos.
La producción anual industrial ronda las 18.000 toneladas, una escala relativamente pequeña dentro de la economía nacional. Precisamente por eso, Herrera Ahuad argumentó que la reducción de la alícuota tendría un impacto fiscal marginal para las cuentas nacionales, pero podría producir un efecto considerable sobre una cadena regional intensiva en pequeños productores y agregado de valor en origen.
La mandioca comparte así una característica con otras producciones emblemáticas de Misiones: tiene un peso reducido cuando se la observa desde las grandes variables macroeconómicas nacionales, pero una incidencia económica y social considerable en los territorios donde se produce.
Herrera Ahuad buscó, durante su intervención en el recinto, sacar la discusión del terreno exclusivamente productivo. “Lejos de pensar que esta es una ley pensada exclusivamente en una economía regional del NEA y de algunas provincias del NOA, nosotros venimos a proponer la igualdad de oportunidades”, sostuvo. Médico pediatra de profesión, recordó además las dificultades que existían años atrás para diagnosticar la celiaquía en el interior del país y planteó que la expansión del diagnóstico dejó al descubierto una desigualdad que también es económica: quienes necesitan alimentos sin TACC enfrentan precios considerablemente superiores. Como ejemplo, señaló que mientras un kilo de pan común cuesta entre $3.000 y $4.000, uno sin TACC puede ubicarse entre $19.000 y $32.000. Esa brecha, explicó, también termina condicionando el consumo: estimó que una persona con intolerancia al gluten consume alrededor de dos kilos de pan por mes, frente a los cerca de siete kilos de quien puede acceder al pan tradicional.
El diputado de Argentina Federal vinculó esa desigualdad con la matriz tributaria. Recordó que la harina de trigo recibió en 2006 el tratamiento diferencial del IVA por su carácter esencial en la alimentación, mientras los derivados de mandioca utilizados en buena parte de los alimentos libres de gluten quedaron alcanzados por la alícuota general. “Venimos a plantear esta posibilidad de que podamos tener una cuestión más justa en la matriz impositiva”, resumió. Herrera Ahuad remarcó que la modificación tendría, al mismo tiempo, un efecto directo sobre la economía regional: mencionó a más de 10.000 productores de mandioca del NEA, con especial peso en Misiones, y a las cooperativas e industrias dedicadas a elaborar harina y fécula. De ese modo, presentó la rebaja del IVA como una medida con dos caras complementarias: abaratar alimentos para quienes no pueden consumir gluten y agregar valor a una cadena productiva profundamente arraigada en Misiones.
El corazón del proyecto apunta sobre una distorsión concreta. Mientras la mandioca comercializada como hortaliza tributa una alícuota reducida del 10,5%, cuando esa misma raíz atraviesa un proceso industrial y se transforma en fécula, harina u otros derivados, la carga impositiva sube al 21%. Es decir, el sistema tributario termina gravando con mayor intensidad el agregado de valor.
La iniciativa encabezada por Herrera Ahuad busca invertir esa lógica y equiparar el tratamiento fiscal de la mandioca industrializada con el que ya tiene la harina de trigo desde la sanción de la Ley 26.151.
El crecimiento del 223% de las importaciones vinculadas con la mandioca durante los últimos doce meses expone el problema central: una industria localizada enteramente en Misiones debe competir con productos provenientes principalmente de economías vecinas que operan con otras escalas y estructuras de costos.
El texto que llegó al recinto, además, terminó siendo más amplio que la propuesta original.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda unificó el proyecto encabezado por Herrera Ahuad con otra iniciativa presentada por Yamila Ruiz y legisladores misioneros. El dictamen no quedó limitado a la fécula identificada en la posición 1108.14.00 de la Nomenclatura Común del Mercosur, sino que incorporó también harina y fariña de mandioca, otros farináceos derivados de la raíz y productos alimenticios elaborados total o parcialmente con esos insumos.
Así, el beneficio puede alcanzar a panificados, galletitas, pastas, productos de pastelería, premezclas y otros alimentos. La modificación es relevante porque amplía el efecto desde la fábrica de fécula hasta los productos que llegan a la góndola.
Herrera Ahuad incorporó además una segunda dimensión al debate: la sanitaria. Durante la sesión comparó el precio de los alimentos tradicionales con aquellos destinados a personas que no pueden consumir gluten. Señaló que mientras un kilo de pan común se ubica entre 3.000 y 4.000 pesos, el kilo de pan sin TACC puede costar entre 19.000 y 32.000 pesos.
El argumento del legislador misionero es que existe una inequidad adicional: los productos elaborados con harina de trigo tienen una alícuota reducida, mientras que uno de los principales insumos utilizados para producir alimentos libres de gluten soporta una carga superior.
“Venimos a plantearle este desafío para que más de 10 millones de argentinos tengan igualdad de oportunidades”, planteó Herrera Ahuad durante el debate.
Yamila Ruiz acompañó el planteo al señalar que la fécula y los farináceos de mandioca deberían tributar, al igual que la harina de trigo, el 10,5%.
Para Misiones hay además una discusión de fondo que Economis viene siguiendo desde hace años: industrializar la ruralidad. La mandioca es probablemente uno de los ejemplos más claros de esa lógica.
La votación también adquiere una dimensión política. Herrera Ahuad llega a esta media sanción como diputado nacional por Misiones e integrante de Argentina Federal, el nuevo bloque conformado por legisladores de Misiones, Salta, San Luis y Formosa, que busca llevar al Congreso una agenda vinculada con las provincias, la infraestructura, la producción y las economías regionales. La mandioca aparece como un primer caso concreto de esa agenda.
El proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional 2026, enviado por el presidente Javier Milei, obtuvo este martes dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, habilitando su tratamiento en el recinto. El avance del oficialismo estuvo marcado por la incorporación de la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario, una decisión que reavivó tensiones políticas e institucionales y motivó disidencias parciales, incluso entre aliados.
La reunión fue presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, y culminó con un despacho que reunió 28 firmas, seis de ellas en disidencia, provenientes de La Libertad Avanza (LLA), PRO, UCR, MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo. En contraposición, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 18 firmas, mientras que el interbloque Unidos impulsó un tercer despacho con tres rúbricas.
El artículo 75 y la derogación de leyes sensibles
El punto más controvertido del dictamen de mayoría quedó plasmado en el artículo 75, que dispone la derogación de las leyes 27.793 y 27.795, correspondientes a la emergencia en Discapacidad y al financiamiento universitario, normas que habían sido impulsadas por la oposición y sancionadas tras vetos presidenciales.
Si bien el Poder Ejecutivo había mantenido estas leyes sin aplicación efectiva, su derogación explícita en el texto presupuestario introdujo un fuerte componente político al debate. Desde el oficialismo se sostuvo que la medida busca ordenar el esquema normativo y fiscal, mientras que sectores opositores y aliados críticos advirtieron sobre el impacto institucional y social de eliminar marcos de emergencia vinculados a derechos básicos.
En este contexto, se destacó la disidencia parcial del bloque misionero, integrada por Alberto Arrúa, Oscar Herrera Ahuad, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz, quienes acompañaron el objetivo general del Presupuesto pero rechazaron expresamente el artículo 75. En su fundamentación, señalaron que “derogar las leyes 27.793 y 27.795 es un error” y reclamaron mantener la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Desde nuestro espacio político siempre defendemos y resguardamos a nuestros discapacitados y a la educación pública”, afirmaron, al tiempo que solicitaron la eliminación del artículo 75 del dictamen de mayoría.
Proyecciones macroeconómicas y diferencias con el FMI
El Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo proyecta un escenario de fuerte recuperación macroeconómica. Según el texto, la economía crecería 5% del PBI, con una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar en diciembre de 2026. En el frente externo, se prevé un incremento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones.
En materia fiscal, el Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2% del PBI, una vez computados los intereses de la deuda. Estas proyecciones, sin embargo, difieren de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que para 2026 anticipa un crecimiento del 4% y una inflación anual del 16,4% para la Argentina.
La brecha entre ambas miradas vuelve a poner en el centro del debate la consistencia de las proyecciones oficiales y su impacto sobre la credibilidad del programa económico, especialmente en un año clave para la consolidación fiscal y la relación con los organismos internacionales.
Energía, combustibles y tensiones federales
El dictamen de mayoría también incorpora medidas relevantes en materia energética. Entre ellas, un artículo que exime del pago de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diesel oil, así como a su comercialización en el mercado interno durante 2026. El objetivo declarado es compensar picos de demanda no cubiertos por la producción local, especialmente para garantizar el abastecimiento del sistema de generación eléctrica.
Además, el texto prorroga hasta 2045 la exención de tributos para la energía renovable, reforzando un esquema de incentivos de largo plazo para el sector, y mantiene la derogación de las metas de financiamiento mínimo para educación, ciencia y defensa.
Otro cambio significativo aparece en el artículo referido a la compensación a las distribuidoras, donde se reemplaza la obligación del Estado de “determinar” diferencias de ingresos por la posibilidad de que “podrá determinar” dichas diferencias, una redacción que flexibiliza la responsabilidad estatal.
En paralelo, una de las disidencias del PRO incorporó un reclamo específico por la deuda de la Nación con la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, exige el pago de $274.000 millones y la inclusión en el Presupuesto 2026 de una cláusula que garantice la transferencia semanal del 1,55% de la masa coparticipable, conforme a un fallo favorable de la Corte Suprema.
Un debate abierto en el recinto
Con el dictamen de mayoría firmado, el proyecto quedó habilitado para su tratamiento en el recinto, donde se anticipa un debate intenso. La derogación de las emergencias en Discapacidad y Universidad, las proyecciones macroeconómicas, el esquema energético y las tensiones federales configuran un escenario de alta sensibilidad política.
El Presupuesto 2026 se presenta así como algo más que una ley de gastos y recursos: se convierte en una pieza central del programa económico e institucional del Gobierno, con impactos directos sobre derechos sociales, la estructura productiva y la relación entre Nación y provincias.
Allanan el despacho y la vivienda de José Luis Espert en el marco de una causa por presunto lavado de dinero vinculado a Fred Machado.
La Justicia Federal de San Isidro dispuso allanamientos simultáneos en el domicilio del diputado y en su despacho del Congreso. La investigación, originada por una denuncia de Juan Grabois, apunta a una transferencia de USD 200.000 realizada por el empresario argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
La Justicia avanza sobre Espert por presuntos vínculos con una red internacional
Por orden del Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo del magistrado Lino Mirabelli, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron este jueves allanamientos en el domicilio particular del diputado nacional José Luis Espert, ubicado en la localidad bonaerense de Beccar, y en su despacho del Congreso de la Nación.
Las medidas se enmarcan en una investigación por presunto lavado de dinero derivada de una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, que señala al legislador por sus supuestos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente imputado y detenido por narcotráfico en los Estados Unidos.
Fuentes judiciales confirmaron que el operativo fue ejecutado bajo secreto de sumario por orden del fiscal federal Federico Domínguez. Durante el allanamiento en su vivienda, Espert entregó voluntariamente un teléfono celular, que quedará en poder de la Justicia hasta su peritaje forense.
El propio legislador recibió a los agentes en su domicilio acompañado por su equipo de abogados. Paralelamente, en el Congreso, la Cámara de Diputados autorizó el ingreso de la PFA al despacho del legislador, en cumplimiento del pedido judicial remitido por Mirabelli, conforme al procedimiento previsto para funcionarios con fueros parlamentarios.
El despacho de Espert quedó clausurado con fajas de seguridad, mientras personal judicial retiraba documentación y equipos electrónicos.
La denuncia de Grabois y la transferencia investigada
La causa tuvo origen en una transferencia de USD 200.000 que, según registros financieros del Bank of America, fue realizada por una empresa vinculada a Fred Machado a nombre de Espert. La denuncia plantea que esos fondos podrían provenir de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, juzgada por la justicia federal del Estado de Texas (EE.UU.), y que podrían configurar el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 303 inciso 1 del Código Penal argentino.
El nombre del diputado libertario aparece además en documentación contable paralela utilizada como prueba en el juicio que culminó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia comercial de Machado.
En su descargo público, Espert explicó que el pago correspondía a un “adelanto de honorarios profesionales” por un asesoramiento económico a la firma Minas del Pueblo de Guatemala, presuntamente vinculada al empresario.
“Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Era un contrato de un millón de dólares, del cual recibí un anticipo de 200 mil”, afirmó Espert en un video difundido en redes sociales.
Según su versión, el trabajo nunca se concretó por la irrupción de la pandemia y porque, tras su participación electoral de 2019, no retomó la actividad profesional privada.
Efectos políticos: licencia, renuncia y crisis interna en La Libertad Avanza
El escándalo judicial derivó en una serie de decisiones políticas inmediatas por parte del legislador. En primer lugar, renunció a su candidatura electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre, y luego solicitó licencia en su banca de la Cámara de Diputados. También renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, uno de los espacios de mayor influencia legislativa dentro del oficialismo.
En paralelo, la Policía Federal también allanó la vivienda de Fred Machado en Viedma, donde el empresario cumplía prisión domiciliaria mientras avanza su proceso de extradición a Estados Unidos. En ese procedimiento, los agentes encontraron el contrato de locación de servicios completo, en el que se consignaba un pago total de USD 1.000.000 a favor de Espert.
Fuentes judiciales confirmaron que la investigación busca determinar si existió una intermediación financiera o societaria orientada a encubrir operaciones de lavado internacional de activos a través de contratos de asesoría ficticios.
La resolución de Mirabelli se inscribe en una línea de cooperación judicial con Estados Unidos, que desde 2023 mantiene abierta una causa espejo vinculada a las operaciones financieras del empresario argentino.
De comprobarse los vínculos, el caso podría derivar en una acusación formal contra el diputado por lavado de dinero y asociación ilícita, con potencial impacto político sobre el bloque de La Libertad Avanza, que enfrenta su primera crisis institucional de magnitud desde la asunción de Javier Milei.
Por el momento, el expediente continuará bajo secreto de sumario mientras se analizan los dispositivos electrónicos incautados y las transferencias bancarias detectadas en el exterior.
A pesar de que el Gobierno intentó desactivar la sesión convocada por la oposición a partir del anuncio anticipado de que Guillermo Francos concurría al Congreso, la oposición alcanzó el quorum para avanzar en Diputados en la investigación de la estafa $LIBRA y dilucidar el rol que ocuparonJavier Milei y Karina Milei. En la votación del proyecto, consiguió la aprobación con 128 votos a favor, 93 en contra y 7 abstenciones.
En la redacción final, la comisión se dedicará a “investigar la sucesión de hechos vinculados a la promoción y difusión de la criptomoneda $LIBRA que derivaron en damnificados con pérdidas millonarias por parte de los actores locales y extranjeros”. Los bloques deberán enviar sus propuestas para integrar el espacio hasta el viernes 11 de abril del 2025, y la presidencia de la Cámara de Diputados tiene tiempo hasta el martes 15 de abril para confirmar la conformación de la comisión investigadora. Minutos después, se aprobó también el requerimiento al Ejecutivo para que emita un informe respondiendo las preguntas de los miembros del Congreso.
Posteriormente, se aprobó (con 131 votos a favor y 96 en contra) convocar al recinto al jefe de Gabinete Guillermo Francos, al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, al ministro de Economía Luis Caputo, y al titular de la Comisión Nacional de Valores Roberto Silva. La interpelación fue fechada el martes 22 de abril a las 14 horas. Si bien el interés de un grupo de bloques opositores estaba en citar a Karina Milei, finalmente existió consenso en ampliar las indagaciones a otros tres funcionarios del Ejecutivo, dado que Francos ya tenía previsto argumentar sobre el caso.
En la votación se expresaron los movimientos que tuvieron las voluntades legislativas en las últimas semanas. A la abstención del MID y de Lourdes Arrieta, se sumaron la de los miembros cordobeses de Encuentro Federal, en una sesión que contó con la ausencia de la bancada de Innovación Federal, habitual aliado oficialista. A su vez, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y el resto de los miembros de Encuentro Federal se sumaron al antagonismo de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, garantizando así la mayoría opositora.
La última semana, el Gobierno intentó trabar la sesión al agendar la protocolar defensa de gestión del jefe de Gabinete para el miércoles 16 de abril. Como parte de la estrategia oficialista, el temario de la citación incluyó todos los temas que le interesaban abordar a la oposición: el rol del Ejecutivo en la estafa $LIBRA y las posibles dádivas pedidas por Karina Milei a distintos emprendedores para mantener una reunión con el Presidente de la Nación. Sin embargo, los bloques alcanzaron la mayoría en el recinto y ampliaron las interpelaciones y las demandas para obtener información que pueda ser vinculante en la investigación judicial.
