Cámara de Representantes de Misiones

Destacan una investigación jurídica sobre acceso a la Justicia de mujeres indígenas

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La Cámara de Representantes de Misiones dio un nuevo respaldo al fortalecimiento de las políticas públicas con enfoque en derechos humanos al emitir dictamen favorable para declarar de Interés Provincial la investigación jurídica “Multiculturalismo y acceso a la Justicia: el caso de las mujeres de pueblos indígenas en la provincia de Misiones”, desarrollada por el magistrado Juan Manuel Lezcano. La iniciativa reconoce un trabajo académico que busca aportar herramientas concretas para reducir las barreras que enfrentan las comunidades originarias en el acceso al sistema judicial.

El proyecto, impulsado por la diputada Blanca Raquel Núñez, recibió el acompañamiento de la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones, en línea con los objetivos institucionales definidos para el actual período parlamentario, que promueven la construcción de instituciones más innovadoras, inclusivas y adaptadas a los desafíos sociales contemporáneos.

La investigación permitió a Lezcano obtener el título de posdoctor en Derecho otorgado por la Universidad Nacional de Rosario y constituye uno de los estudios más específicos desarrollados en la provincia sobre la relación entre multiculturalismo, perspectiva de género y acceso efectivo a la Justicia. Además de su función como magistrado, el autor se desempeña como docente en la sede Santos Mártires de la Universidad Católica de Santa Fe, en Posadas.

El trabajo analiza las dificultades estructurales que enfrentan las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas para acceder a los mecanismos judiciales y plantea la necesidad de incorporar una mirada intercultural dentro del funcionamiento de las instituciones. En ese sentido, propone que las políticas judiciales contemplen no solo las normas jurídicas vigentes, sino también las particularidades culturales, lingüísticas y territoriales de las comunidades originarias.

El reconocimiento legislativo trasciende el plano académico. La investigación es considerada un insumo estratégico para el desarrollo institucional del Poder Judicial misionero, ya que aporta fundamentos teóricos y evidencia para el diseño de nuevas herramientas procesales, protocolos de atención y políticas públicas orientadas a garantizar un acceso más equitativo a la Justicia.

En una provincia caracterizada por su diversidad cultural y la presencia de comunidades mbya guaraní, el estudio pone el foco en la necesidad de reducir las barreras idiomáticas, geográficas y socioculturales que históricamente dificultaron el ejercicio pleno de derechos por parte de las mujeres indígenas. Desde esa perspectiva, la investigación se presenta como un aporte para fortalecer una Justicia más cercana, accesible y respetuosa de las particularidades de cada comunidad.

El dictamen también dispone remitir copia de la declaración al Poder Ejecutivo provincial y a la Universidad Católica de Santa Fe, sede Posadas, consolidando el vínculo entre la producción científica, el ámbito legislativo y las instituciones encargadas de la aplicación de las políticas públicas.

La declaración de interés se inscribe en una estrategia más amplia de fortalecimiento institucional que busca complementar los procesos de modernización tecnológica con la generación de conocimiento jurídico propio. Bajo esa lógica, el desarrollo de investigaciones aplicadas aparece como un componente central para consolidar un sistema judicial capaz de responder a los desafíos de una sociedad multicultural y de incorporar la perspectiva de género e interculturalidad en la formulación de sus decisiones y mecanismos de atención.

Investigación acceso a la Justicia de mujeres indígenas by CristianMilciades

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Misiones impulsa una ley para que el Estado deje de pedir los mismos papeles una y otra vez

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La burocracia suele tener una característica que irrita por igual a ciudadanos, empresas y profesionales: pedir una y otra vez información que el propio Estado ya posee.

Fotocopias del DNI, certificados emitidos por otros organismos, constancias repetidas, formularios duplicados y largas recorridas entre oficinas forman parte de una rutina que consume tiempo, dinero y recursos. Esa lógica podría comenzar a cambiar en Misiones.

La Cámara de Representantes tomó estado parlamentario de un proyecto impulsado por el conductor político del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira, y presentado por la diputada provincial Paula Franco, que propone una reforma integral de la relación entre el ciudadano y el Estado mediante la denominada Ley de Simplificación, Digitalización y Accesibilidad del Poder Ejecutivo Provincial.

La iniciativa parte de un principio simple: que sea el Estado el que comparta internamente la información que ya posee, en lugar de trasladar esa carga a los ciudadanos.

El fin del ciudadano como mensajero entre oficinas

Uno de los ejes centrales del proyecto establece que ningún organismo provincial podrá requerir reiteradamente datos o documentación que ya se encuentren en poder de otra dependencia estatal.

La propuesta apunta a eliminar una práctica habitual: que una persona deba presentar varias veces la misma documentación para realizar distintos trámites públicos.

La modificación parece administrativa, pero tiene un impacto concreto en la vida cotidiana. Para quienes viven en localidades alejadas de los principales centros urbanos, cada trámite suele implicar traslados, costos y pérdida de jornadas laborales.

La ley busca revertir esa situación mediante mecanismos de interoperabilidad que permitan el intercambio seguro de información entre organismos públicos.

En términos prácticos, si un dato ya fue validado por una dependencia provincial, otra oficina debería poder acceder a esa información sin exigir nuevamente certificados, copias o formularios al ciudadano.

Una sola identidad digital para todos los servicios

El proyecto también impulsa la construcción progresiva de una identidad digital única para cada ciudadano.

Actualmente, distintos organismos provinciales operan con plataformas independientes, cada una con sus propios usuarios, contraseñas y sistemas de validación.

La iniciativa propone unificar esos accesos para que cada persona pueda relacionarse con el Estado a través de una única credencial digital.

El objetivo es simplificar el acceso a los servicios públicos, reducir barreras administrativas y mejorar la experiencia de uso de las plataformas estatales.

Una ventanilla única para toda la administración pública

Otro de los puntos destacados es la creación de un Portal Único Provincial de Servicios Digitales.

La plataforma funcionará como una ventanilla única virtual desde donde los ciudadanos podrán iniciar trámites, consultar expedientes, recibir notificaciones oficiales, acceder a documentación y gestionar distintos servicios públicos.

La intención es concentrar en un mismo entorno digital procesos que actualmente se encuentran dispersos entre múltiples organismos y sitios web.

La centralización permitirá reducir tiempos de búsqueda, mejorar la trazabilidad de los expedientes y facilitar el seguimiento de cada gestión.

Trámites disponibles las 24 horas

La modernización también contempla la disponibilidad permanente de los servicios digitales cuando la naturaleza del trámite lo permita.

De esta manera, muchas gestiones podrán realizarse durante las 24 horas, los siete días de la semana, sin depender exclusivamente de los horarios de atención presencial.

Para trabajadores, estudiantes, emprendedores y habitantes del interior profundo, la medida representa una herramienta concreta para reducir costos y optimizar tiempos.

Digitalización con inclusión

Los autores del proyecto advierten que la transformación tecnológica no puede dejar personas afuera.

Por ese motivo, la iniciativa establece la obligación de mantener canales alternativos de atención presencial, telefónica y remota para adultos mayores, personas con discapacidad o ciudadanos con dificultades de acceso a herramientas digitales.

La propuesta incorpora además un compromiso explícito para continuar ampliando la infraestructura tecnológica provincial.

El Poder Ejecutivo deberá fortalecer progresivamente la conectividad, el equipamiento y los puntos de acceso digital, especialmente en aquellas zonas donde todavía existen limitaciones para acceder a internet.

El objetivo es que la modernización alcance tanto a las grandes ciudades como a los municipios más pequeños y alejados.

Un cambio cultural en la gestión pública

Más allá de los aspectos tecnológicos, la iniciativa plantea una transformación de fondo en la manera en que el Estado se vincula con los ciudadanos.

La pregunta que atraviesa todo el proyecto es sencilla: ¿por qué una persona debería invertir tiempo y dinero para obtener información que el propio Estado ya posee?

La respuesta que propone la ley es invertir esa lógica. Que los organismos públicos compartan información entre sí, que los trámites sean más simples y que la tecnología permita acercar el Estado a la gente.

Si avanza en el proceso legislativo y se convierte en ley, Misiones dará un paso importante hacia una administración pública más moderna, eficiente y centrada en el ciudadano. Menos papeles, menos filas y menos burocracia. Más tiempo para las personas.

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Con amplio respaldo, la Legislatura aprobó el pliego de Andrés Poujade para el Superior Tribunal de Justicia

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La Cámara de Representantes de Misiones aprobó este jueves el pliego de Andrés Poujade para incorporarse al Superior Tribunal de Justicia (STJ), en una de las decisiones institucionales más relevantes del año para el sistema judicial provincial.

La propuesta enviada por el gobernador Hugo Passalacqua obtuvo 40 votos afirmativos, reflejando un amplio consenso político dentro del recinto. La defensa del dictamen estuvo a cargo de la diputada Anazul Centeno, integrante de Encuentro Misionero, quien destacó la trayectoria profesional, académica e institucional del candidato.

El acompañamiento al pliego trascendió las fronteras partidarias. Votaron a favor legisladores de la Renovación, de sectores libertarios y de bloques opositores. Entre ellos, Martín Arjol, Pablo Steckler, Adrián Núñez, Juan Ahumada y Ramón Amarilla, quienes respaldaron la incorporación de Poujade al máximo tribunal provincial.

La designación permitirá completar nuevamente la integración de nueve miembros del Superior Tribunal de Justicia, luego de la jubilación de Ramona Velázquez. Con este nombramiento, además, se modifica la composición de género del cuerpo, que vuelve a quedar conformado por cinco hombres y cuatro mujeres.

La incorporación de Poujade tiene relevancia institucional por el rol que desempeña el STJ dentro de la estructura estatal. Además de constituir la última instancia judicial provincial, el tribunal ejerce la superintendencia administrativa del Poder Judicial y fija criterios jurisprudenciales que impactan sobre la totalidad del sistema.

La sesión también avanzó con una amplia renovación de cargos judiciales en distintas jurisdicciones de la provincia. Fueron aprobados los acuerdos para Carla Alejandra Freitag como jueza de Instrucción del Juzgado N.º 1 de Posadas; Diego Agustín Lafata para el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oberá; y César Humberto Lirussi para el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Eldorado.

Asimismo, la Legislatura prestó acuerdo para la designación de Camila Arruti como fiscal de Primera Instancia en Puerto Rico y de Martín Ignacio Balor como agente fiscal en lo Correccional y de Menores de la Primera Circunscripción Judicial.

La nómina se completó con las designaciones de Luis Sebastián Martínez como juez de Paz Letrado de Primera Categoría de Posadas y de Rosa Raquel Dionisia Mazal como jueza de Paz Letrada de Primera Categoría de Puerto Iguazú.

La cobertura simultánea de vacantes en el Superior Tribunal, juzgados de instrucción, fiscalías y juzgados de paz constituye una de las renovaciones judiciales más amplias de los últimos años en Misiones. El objetivo es fortalecer la estructura permanente del Poder Judicial, reducir la dependencia de subrogancias y mejorar la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio provincial.

Desde el punto de vista constitucional, el proceso también ratifica el mecanismo de control cruzado previsto por el sistema republicano provincial: el Poder Ejecutivo propone y la Legislatura evalúa antecedentes, analiza idoneidad y otorga el acuerdo para la designación definitiva de magistrados y funcionarios judiciales.

Con la aprobación de estos pliegos, Misiones consolida una nueva etapa en la integración de su estructura judicial, con funcionarios que tendrán incidencia directa en la administración de justicia durante los próximos años.

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Misiones emitirá bonos por hasta USD 300 millones para financiar obras e innovación productiva

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Misiones se prepara para debatir una de las iniciativas financieras más relevantes de los últimos años. Un proyecto de ley ingresado a la Cámara de Representantes e impulsado por Carlos Rovira, de Encuentro Misionero, propone autorizar al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por hasta 300 millones de dólares, mediante la emisión de bonos, títulos públicos u otros instrumentos financieros, con el objetivo de financiar inversiones estratégicas en infraestructura y desarrollo productivo.

La iniciativa faculta al Ministerio de Hacienda, a estructurar las emisiones en al menos tres series y colocarlas tanto en el mercado local como internacional. El proyecto establece expresamente que los fondos obtenidos deberán destinarse exclusivamente a gastos de capital y no podrán ser utilizados para financiar gastos corrientes de la administración provincial.

Entre las inversiones previstas figuran obras viales, habitacionales, energéticas, de conectividad digital y de infraestructura social y barrial. El texto incluye desde la construcción y rehabilitación de rutas provinciales, avenidas, puentes y caminos rurales hasta la ampliación de redes de fibra óptica, conectividad satelital, electrificación rural, estaciones transformadoras y sistemas de generación renovable. También contempla la adquisición de ambulancias, maquinaria vial, equipamiento sanitario y tecnológico para fortalecer la capacidad operativa del Estado.

Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es la creación del Fondo Misionero para la Innovación Productiva (FONMIP), un instrumento orientado a financiar pequeñas empresas, cooperativas y startups radicadas en Misiones. 

De aprobarse la iniciativa, será la primera vez desde 1999 que Misiones recurre al mercado de capitales, aunque con una diferencia fundamental. La última emisión había sido de 100 millones de dólares, en noviembre del último año del siglo pasado, para financiar gastos corrientes y deudas estatales.

La ley dispone que al menos el cinco por ciento de los recursos provenientes de las emisiones se destinen a este fondo, que podrá otorgar créditos, garantías, aportes de capital, coinversiones y otras herramientas de financiamiento para impulsar el crecimiento tecnológico y productivo de emprendimientos locales.

De concretarse el monto máximo autorizado, el FONMIP dispondría de un piso de 15 millones de dólares para financiar proyectos innovadores en la provincia. El fondo estará sujeto a mecanismos específicos de transparencia, trazabilidad y control, cuya reglamentación deberá definir criterios de elegibilidad, gobernanza y administración fiduciaria.

El proyecto también establece límites y mecanismos de control sobre las emisiones. Ninguna serie podrá superar los 100 millones de dólares y, antes de cada colocación, el Ministerio de Hacienda deberá incorporar informes técnicos que acrediten la compatibilidad de la operación con los límites constitucionales de endeudamiento, la previsión presupuestaria para afrontar los servicios de la deuda y la conveniencia económica y financiera de la operación frente a otras alternativas de financiamiento.

Asimismo, la selección de los bancos colocadores, estructuradores, fiduciarios y demás intermediarios financieros deberá realizarse mediante licitación pública de alcance nacional. La iniciativa exige además que el Poder Ejecutivo remita cada seis meses a la Cámara de Representantes un informe detallado sobre las emisiones realizadas, las condiciones financieras obtenidas, el destino de los fondos y la evolución de la deuda generada.

En los fundamentos del proyecto se argumenta que la reducción del financiamiento nacional destinado a infraestructura y la desaceleración económica han limitado la capacidad de inversión pública de la provincia. El texto sostiene que Misiones enfrenta necesidades crecientes en materia de infraestructura vial, energética y digital, particularmente en un territorio con fuerte dispersión geográfica, amplias zonas rurales y una economía que depende cada vez más de la conectividad y la innovación para sostener su competitividad.

La iniciativa plantea además que las inversiones financiadas con la emisión de deuda tendrían un efecto multiplicador sobre la economía provincial, al movilizar cadenas de valor vinculadas a la construcción, la industria, el transporte, los servicios tecnológicos y la innovación. Según los fundamentos, el objetivo es transformar financiamiento en infraestructura estratégica y capital emprendedor, promoviendo empleo, desarrollo territorial y crecimiento económico de largo plazo.

La propuesta se inscribe en un contexto en el que varias provincias buscan alternativas para sostener la inversión pública ante la retracción de los recursos nacionales destinados a obras. En el caso de Misiones, el proyecto combina dos objetivos: financiar infraestructura física para mejorar competitividad y calidad de vida, y al mismo tiempo crear un instrumento permanente de apoyo a la innovación productiva, considerado uno de los ejes centrales de la estrategia de desarrollo provincial.

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Bárbaro pidió controles urgentes sobre el ingreso de tabaco a Misiones y reclamó fondos pendientes para productores

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El diputado provincial Héctor Bárbaro volvió a advertir sobre la situación del sector tabacalero en Misiones y pidió tratamiento preferencial para una serie de proyectos legislativos orientados a proteger a los productores, garantizar transparencia en el circuito comercial y defender los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET).

Durante su intervención en la sesión del jueves en la Cámara de Representantes, el legislador del Partido Agrario y Social sostuvo que el sector “está desordenado” y denunció el ingreso irregular de tabaco proveniente de otras provincias e incluso de Paraguay, situación que —según afirmó— perjudica directamente a miles de familias tabacaleras misioneras.

“Hay casi dos mil productores que todavía no pudieron entregar su tabaco después de dos meses y medio de espera. Mientras tanto, están entrando millones de kilos de tabaco de afuera en complicidad con algunos sectores empresariales”, afirmó Bárbaro durante el debate legislativo.

En ese marco, presentó un proyecto de comunicación solicitando a la Agencia Tributaria Misiones (ATM) información detallada sobre el ingreso de tabaco crudo a la provincia. La iniciativa exige conocer volúmenes ingresados, origen de las cargas, destino comercial y empresas responsables, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de trazabilidad y control.

“El productor misionero trabaja todo el año en la chacra y no puede competir con quienes hacen negocio trayendo tabaco de afuera para cobrar retornos y beneficios que corresponden a la producción genuina de Misiones”, remarcó.

Bárbaro sostuvo que el tabaco moviliza alrededor de 120 mil millones de pesos en la economía provincial y representa el sustento directo de cerca de 13 mil familias productoras. Por eso, insistió en la necesidad de evitar distorsiones que afecten la distribución del FET y el precio que perciben los colonos.

“Nosotros defendemos al productor tabacalero porque es el que sigue viviendo y trabajando en la chacra todos los días. No podemos permitir que unos pocos hagan negocios perjudicando a miles de familias rurales”, expresó.

Fondos retenidos

Otro de los planteos impulsados por el legislador reclama a los diputados nacionales por Misiones que gestionen ante Nación la transferencia urgente de fondos ya asignados correspondientes a programas de reconversión productiva del Fondo Especial del Tabaco. Según detalló, se trata de recursos pendientes desde hace casi un año por aproximadamente 20 mil millones de pesos.

“El dinero es de los productores misioneros y hace falta para diversificación productiva, mejoras rurales y acompañamiento a las chacras. La demora afecta directamente a las familias tabacaleras”, señaló.

Además, recordó que durante su mandato como diputado nacional impulsó la ley de transferencia automática de los recursos del FET a las provincias tabacaleras y reclamó que esos fondos sean acreditados de manera inmediata a los productores.

“El último día de abril ingresaron más de 750 millones de pesos correspondientes al FET. Esa plata tiene que llegar rápidamente a los colonos y no quedar demorada mientras las familias necesitan esos recursos”, sostuvo.

Impuesto a los vapeadores

Asimismo, Bárbaro presentó una iniciativa para que los vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos de tabaco calentado comiencen a tributar al Fondo Especial del Tabaco bajo las mismas condiciones que los cigarrillos tradicionales.

El proyecto solicita que los diputados nacionales por Misiones impulsen una modificación a la Ley Nacional 19.800 para incorporar estos nuevos productos al esquema vigente de contribución tabacalera, luego de que fueran habilitados formalmente por organismos nacionales.

“El Estado no puede permitir que productos que compiten directamente con el cigarrillo queden afuera del sistema que sostiene a miles de productores tabacaleros”, argumentó el diputado.

Desde el Partido Agrario y Social señalaron que las iniciativas forman parte de una agenda legislativa enfocada en la defensa de las economías regionales, la transparencia del sistema tabacalero y la protección de miles de familias rurales que dependen de esta actividad histórica para Misiones.

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