Con Carlos Rovira nuevamente sentado en su banca, la Cámara de Representantes de Misiones tuvo su segunda sesión tras el receso. El diputado provincial de Encuentro Misionero volvió al recinto parlamentario después de exactamente dos meses de ausencia, en un escenario político sustancialmente diferente al de su última participación legislativa.
La última vez que Rovira había ocupado su banca fue el 18 de junio. Desde entonces faltó a las dos sesiones realizadas antes del receso invernal de julio y tampoco participó de la primera reunión legislativa después de las vacaciones.
Durante la ausencia de Rovira se produjo la ruptura del bloque de Encuentro Misionero y buena parte de los diputados que integraban ese espacio conformaron el Movimiento por lo que Viene, alineado con el gobernador Hugo Passalacqua, que ahora tiene un bloque que representa a la primera minoría y quedó al borde de la mayoría automática.
El nuevo esquema modificó la distribución política dentro de la Legislatura y dejó al espacio conducido históricamente por Rovira con una representación mínima frente al bloque que responde al mandatario provincial.
El regreso de Rovira a su banca adquiere una significación política particular porque las ausencias coincidieron con el período de mayor reconfiguración política de los últimos años. Su silencio en la banca no despejó las dudas sobre su futuro político inmediato. Sin embargo, otra figura marcó posición: el vicegobernador Lucas Romero Spinelli estuvo en el palco de invitados, en una llamativa soledad.
La ausencia del exgobernador incluso había ingresado explícitamente en el debate parlamentario durante la sesión de la semana pasada.
El presidente del bloque Movimiento por lo que Viene, Juan José Szychowski, y el diputado libertario Martín Arjol realizaron intervenciones que, aunque evitaron mencionarlo por su nombre, fueron interpretadas como cuestionamientos dirigidos al fundador del Frente Renovador de la Concordia.
Este jueves, sin embargo, la fotografía política fue diferente.
Antes del comienzo de la sesión, Szychowski se acercó a saludar efusivamente a Rovira, una imagen significativa después de las tensiones políticas de las últimas semanas. Ya iniciado el debate, las referencias que habían dominado parte de la sesión anterior desaparecieron del centro de la escena.
Misma banca, distinto escenario. Rovira quedó casi en soledad, rodeado por diputados del bloque Movimiento por lo que Viene.
El regreso de Rovira ocurre así en una Legislatura distinta de aquella que dejó el 18 de junio. En apenas dos meses, el oficialismo provincial atravesó una reorganización de bloques, nuevos alineamientos internos y una redefinición de liderazgos que tiene como protagonista central al gobernador Passalacqua.
Una denuncia penal presentada contra el diputado provincial y exgobernador Carlos Eduardo Rovira abrió un nuevo capítulo judicial en torno a su patrimonio y a la evolución de sus bienes durante las más de tres décadas en las que ocupó distintos cargos dentro del Estado misionero.
La presentación fue realizada por el ex diputado radical Gustavo González, quien se identifica en el escrito como ciudadano de la provincia de Misiones. La denuncia atribuye a Rovira la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, contemplado en el artículo 268 inciso 2° del Código Penal, y plantea además la posible existencia de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de declaraciones juradas e infracciones vinculadas al dominio público e hidráulico.
La presentación constituye una denuncia y no implica que los hechos allí expuestos hayan sido acreditados judicialmente. Buena parte de las afirmaciones formuladas deberán ser verificadas mediante las medidas de prueba que el propio denunciante solicita.
El argumento central de la presentación apunta a establecer si existe correspondencia entre los ingresos obtenidos por Rovira durante su trayectoria en la función pública y el patrimonio que el denunciante le atribuye directa o indirectamente.
El escrito repasa su paso por la Dirección Provincial de Vialidad, la intendencia de Posadas, la Gobernación -entre 1999 y 2007- y posteriormente por la Cámara de Representantes, donde se desempeñó como diputado y presidente del cuerpo. Sobre esa trayectoria, el denunciante sostiene que debería reconstruirse la evolución patrimonial del dirigente y de su núcleo familiar.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es una propiedad ubicada sobre la costa del río Paraná, en Posadas. El escrito estima que el predio tiene aproximadamente 14.000 metros cuadrados y sostiene que su titularidad se encontraría registrada a nombre de la esposa de Rovira. La denuncia plantea que la Justicia debería determinar la situación dominial del inmueble y establecer si existe alguna irregularidad vinculada con su propiedad.
También solicita investigar intervenciones realizadas sobre la costa, entre ellas un paredón perimetral, una calle pública que -según la presentación- habría quedado incorporada al predio, un muelle y una toma de agua vinculada con una laguna artificial. Todos esos elementos aparecen formulados como hechos a constatar mediante información catastral, municipal y una inspección de Prefectura Naval Argentina. Sin embargo, ya habían sido parte de una denuncia similar que no prosperó en la Justicia.
Otros inmuebles y el entorno familiar
La denuncia pide extender la investigación hacia otros activos que atribuye al entorno del legislador. Entre ellos menciona un establecimiento ubicado sobre la Ruta Nacional 105, en la zona de Garupá/Fachinal, y lotes y campos en diferentes puntos del interior provincial.
En estos casos, el propio escrito habla de bienes cuya vinculación con Rovira debería determinarse mediante la investigación y solicita identificar eventuales propiedades registradas a nombre de familiares, allegados o sociedades.
Otro capítulo se concentra en el núcleo familiar y solicita reconstruir movimientos económicos, bienes y gastos en el exterior. La presentación menciona particularmente a hijos del dirigente residentes fuera del país y pide analizar si existe correspondencia entre esos movimientos y los ingresos declarados.
Asimismo, reclama investigar eventuales relaciones entre integrantes del entorno familiar y empresas contratistas del Estado provincial. Entre las firmas mencionadas por el denunciante aparecen Constructora Spotorno y Agro Sustentable SA, aunque el escrito no acredita por sí mismo la existencia de una conducta delictiva y solicita precisamente que esas relaciones sean materia de investigación.
Qué medidas pide la denuncia
La presentación dedica una parte relevante a las medidas que pretende que adopte la Justicia.
González solicita la prohibición de salida del país de Rovira, la retención de su documentación de viaje y una inhibición general de bienes. Fundamenta ese planteo en lo que considera riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, argumento que deberá ser evaluado por la autoridad judicial competente.
También plantea la cuestión de los fueros parlamentarios. Como Rovira ocupa una banca en la Legislatura provincial, el denunciante sostiene que las inmunidades no impedirían avanzar inicialmente con medidas de prueba patrimoniales, fiscales, bancarias y registrales. A la vez, solicita que, si la investigación alcanza una instancia procesal que lo requiera, se tramite ante la Cámara de Representantes su desafuero.
Para avanzar sobre el punto central de la denuncia, González propone una batería de medidas destinadas a reconstruir la trazabilidad patrimonial.
Pide al Registro General de la Propiedad Inmueble de Misiones un informe histórico sobre el inmueble costero de Posadas y un listado de propiedades urbanas y rurales registradas a nombre de Rovira, su esposa y sus hijos. También solicita informes al Catastro provincial y a la Municipalidad de Posadas para verificar la situación de las calles públicas y del camino de sirga mencionados en la presentación.
En materia fiscal, reclama que ARCA remita las declaraciones juradas de Bienes Personales y Ganancias de Rovira y Spotorno correspondientes a los últimos quince períodos fiscales.
Además, solicita requerir información al Banco Central sobre cuentas, plazos fijos, cajas de seguridad y transferencias al exterior del grupo familiar, así como pedir a Migraciones los registros de entradas y salidas del país durante los últimos diez años.
El planteo busca que la investigación cruce tres variables: ingresos declarados, evolución patrimonial y titularidad efectiva de los activos.
El documento incorpora como antecedentes publicaciones periodísticas nacionales y solicita que sean acompañadas por información registral, tributaria, financiera y administrativa. Es decir, la denuncia utiliza esas publicaciones como punto de partida, pero reclama medidas oficiales para determinar si las afirmaciones pueden ser corroboradas.
Será el viernes 7 de agosto, desde las 8.30, con la participación de reconocidos especialistas que abordarán los desafíos que plantean las noticias falsas, la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad.
La Cámara de Representantes de Misiones será sede de la jornada “Fake News: Desinformación, derechos y responsabilidades”, un espacio de análisis y reflexión sobre uno de los principales desafíos que enfrenta la sociedad en el actual ecosistema digital. La actividad se realizará el viernes 7 de agosto, a partir de las 8.30, en el Salón de las Dos Constituciones, en la ciudad de Posadas.
La iniciativa es organizada en conjunto con el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) y propone un abordaje sociológico, jurídico y filosófico de la desinformación, con el objetivo de brindar herramientas de análisis y reflexión aplicables a los distintos ámbitos de la vida institucional, profesional y ciudadana.
“Hablar de la era digital y del acceso instantáneo a la información es hablar de una realidad marcada por la hiperconectividad y la omnipresencia de las redes sociales, que han reconfigurado la relación entre el poder, la comunicación y la sociedad. Muchas veces, mediante imágenes o información falsa, se destruyen la reputación de personas o instituciones. Queremos generar un debate que permita dimensionar el verdadero impacto de las fake news, esas noticias falsas que el papa Francisco definía como ‘el padre de las mentiras'”, expresó el Dr. César Raúl Jiménez, coordinador del Capítulo Argentina de COPAJU.
La jornada reunirá a destacados especialistas del ámbito jurídico y académico para analizar el impacto de la desinformación, la circulación de noticias falsas, los desafíos que plantea la inteligencia artificial y las responsabilidades institucionales y ciudadanas frente a estos fenómenos.
La apertura estará encabezada por el Ing. Sebastián Macías, presidente de la Cámara de Representantes de Misiones; el Dr. Roberto Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU); y el Dr. César Raúl Jiménez, coordinador del Capítulo Argentina de COPAJU. El panel de disertaciones contará con la participación del Dr. Juan Pablo Espeche, fiscal especializado en Ciberdelitos de la Provincia de Misiones; el Dr. Lucas Ciarniello Ibáñez; la Dra. Genoveva María Ferrero; y el Dr. César Raúl Jiménez.
La propuesta busca aportar herramientas para comprender el fenómeno de las fake news y la inteligencia artificial desde una perspectiva jurídica, comunicacional y social, fortaleciendo el compromiso con el ejercicio responsable de la comunicación y la defensa del derecho a una información veraz.
La participación ciudadana empieza mucho antes de llegar a una urna. También puede construirse en las aulas, cuando los estudiantes identifican problemas de su comunidad, investigan sus causas y se animan a pensar soluciones. Con esa premisa, la Cámara de Representantes de Misiones puso en marcha la edición 2026 del Parlamento Disruptivo Infantojuvenil, una iniciativa que busca convertir a las escuelas en espacios de formación democrática y a las ideas de niños, niñas y adolescentes en insumos para la tarea legislativa.
El primer paso fue el sorteo de las instituciones educativas que participarán de esta segunda edición. La selección definió las escuelas titulares y suplentes que ocuparán las 40 bancas previstas para los niveles Inicial, Primario y Secundario. A partir de ahora comenzará una etapa de trabajo en cada institución, donde estudiantes y docentes desarrollarán proyectos legislativos mediante metodologías disruptivas que luego serán debatidos durante las sesiones del Parlamento.
El acto contó con la participación de la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, Paula Franco; el ministro de Educación, Ramiro Aranda; y la presidenta del Consejo General de Educación, Daniela López. Las autoridades recibieron a estudiantes, docentes y directivos y destacaron el valor de generar mecanismos concretos para que las nuevas generaciones conozcan las instituciones y participen en la construcción de propuestas para su entorno.
Franco transmitió el saludo del presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías, y planteó que el desafío no consiste únicamente en enseñar cómo funciona el Poder Legislativo, sino en habilitar a los estudiantes a ocupar ese espacio desde sus propias perspectivas. La legisladora sostuvo que imaginar el futuro también implica identificar qué necesitan las comunidades y qué soluciones pueden aportar quienes las integran.
En esa lógica, el Parlamento Disruptivo propone trasladar una parte de la dinámica legislativa al ámbito educativo. Los estudiantes deberán trabajar junto con docentes y familias para detectar necesidades, investigar alternativas y elaborar propuestas que puedan convertirse en proyectos de ley. La experiencia busca así vincular contenidos educativos con problemas concretos de la vida cotidiana.
La presidenta del Consejo General de Educación destacó que la continuidad de la iniciativa permite profundizar una metodología basada en creatividad, investigación y compromiso de la comunidad educativa. La posibilidad de que una propuesta elaborada en una escuela llegue a convertirse en una iniciativa legislativa introduce, además, una dimensión concreta al aprendizaje de la ciudadanía.
Aranda, por su parte, valoró la participación de escuelas de distintos puntos de Misiones y remarcó que el programa permite que los jóvenes se aproximen al funcionamiento de las instituciones democráticas desde una posición activa. La propuesta no los ubica únicamente como receptores de conocimientos sobre ciudadanía, sino como protagonistas capaces de formular nuevas miradas frente a los desafíos sociales.
El aspecto diferencial del Parlamento Disruptivo está precisamente en ese pasaje de la teoría a la práctica. La educación cívica deja de limitarse al conocimiento de normas, autoridades o procedimientos y se transforma en un ejercicio de identificación de problemas, deliberación y construcción de soluciones. Para una democracia que necesita ampliar los canales de participación, esa experiencia adquiere un valor que trasciende la actividad escolar.
Las 40 bancas distribuidas entre los niveles Inicial, Primario y Secundario serán el punto de partida de un proceso que continuará en las escuelas. Las instituciones seleccionadas contarán con el acompañamiento de equipos de la Cámara de Representantes y de los organismos educativos provinciales durante la elaboración de las propuestas.
El desafío, desde ahora, será convertir la participación en resultados concretos. Cada proyecto elaborado permitirá que los estudiantes conozcan desde adentro cómo una preocupación de la comunidad puede transformarse en una propuesta institucional y cómo esa propuesta debe ser fundamentada, discutida y mejorada antes de convertirse en una herramienta legislativa.
En ese recorrido, el Parlamento Disruptivo 2026 plantea una idea de fondo: formar ciudadanía no consiste solamente en explicar cómo funciona la democracia, sino en ofrecer oportunidades reales para ejercerla. Las 40 bancas que comienzan a tomar forma serán, en ese sentido, espacios para que las nuevas generaciones aprendan a participar, pero también para que el sistema institucional escuche soluciones surgidas desde las aulas.
La crisis de la producción primaria de yerba mate dio un nuevo paso hacia la búsqueda de una respuesta institucional. Tras reunirse con el gobernador Hugo Passalacqua, representantes de asociaciones de productores y de los tareferos entregaron un proyecto de ley que propone declarar la emergencia yerbatera en Misiones y crear un régimen extraordinario para proteger a los pequeños productores mediante la fijación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde. La iniciativa busca contener una situación que, según los impulsores, ya dejó de ser un problema sectorial para convertirse en una amenaza para la economía provincial.
El abogado de las asociaciones de productores, Federico Padolsky, explicó a Economis que el encuentro permitió abrir una instancia de trabajo con el Ejecutivo provincial. “Le presentamos un proyecto de ley de emergencia. Entendemos que se tiene que decretar la emergencia yerbatera en la provincia de Misiones. El gobernador nos escuchó y nos dijo que estaba totalmente de acuerdo con lo que le comentaron tanto tareferos como productores”, señaló.
Como resultado de la reunión, las partes acordaron conformar una mesa de trabajo para revisar la iniciativa y darle forma definitiva antes de enviarla a la Cámara de Representantes de Misiones para su tratamiento legislativo.
De la reunión participaron el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; referentes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), encabezados por Hugo Sand; representantes del INYM, de la Asociación del Alto Uruguay, de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, de la Cooperativa Río Paraná y del Movimiento Agrario de Misiones, además de integrantes del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), del Sindicato de Tareferos de Jardín América (SITAJA), de la UATRE y de la Asociación Civil de Tareferos de la Zona Centro.
Productores esperando ser recibidos por el Gobernador de Misiones
“Siempre estoy del lado de aquellos que producen”, afirmó Passalacqua
A través de un comunicado emitido por Casa de Gobierno, se indicó que el mandatario propuso avanzar con una mesa de diálogo para profundizar el análisis de la situación y manifestó su acompañamiento a los reclamos de los productores. “Siempre estoy del lado de aquellos que producen”, remarcó.
El gobernador también ratificó su respaldo a la recuperación de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). “No voy a parar de luchar para que el instituto recupere sus facultades. Acá no hay cuestiones partidarias”, afirmó.
Además, sostuvo que las cuestiones de mercado no resuelven por sí solas todos los problemas económicos de los ciudadanos y señaló que la situación que atraviesa la actividad yerbatera “priva a todos los misioneros” de mejores condiciones de vida.
La propuesta se sustenta en un diagnóstico económico contundente. Según expusieron los representantes del sector durante el encuentro, la caída del precio de la hoja verde provocó que aproximadamente 250.000 millones de pesos dejaran de ingresar al circuito económico de Misiones, afectando no solo a los productores y tareferos, sino también al comercio, los municipios y toda la economía del interior.
Padolsky remarcó que la problemática no responde a una crisis del negocio yerbatero en su conjunto, sino específicamente al eslabón más débil de la cadena productiva. “No es la crisis del negocio yerbatero; es la crisis del sector primario. Al desaparecer la herramienta de regulación de precios, los pequeños productores perdieron capacidad de negociación y hoy enfrentan un proceso acelerado de descapitalización“, sostuvo.
Foto Prensa Casa de Gobierno
El planteo coincide con los fundamentos del proyecto de ley presentado al gobernador. Allí se argumenta que la crisis actual no se explica por una sobreproducción ni por una caída del consumo, sino por una alteración en las condiciones de negociación de la materia prima tras los cambios introducidos por el DNU 70/2023, que limitaron las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
La iniciativa propone declarar la emergencia por 360 días para productores cuya unidad económica no supere las 50 hectáreas, facultando al Poder Ejecutivo provincial a establecer un Precio Mínimo Sostén obligatorio para la hoja verde. Ese valor debería cubrir los costos de producción, la mano de obra, las obligaciones previsionales y tributarias, además de garantizar un margen de rentabilidad que permita la continuidad de las explotaciones familiares.
El proyecto aclara que no pretende reemplazar al INYM ni modificar el régimen nacional, sino ejercer las competencias que conserva la Provincia para proteger el trabajo rural y evitar el colapso de la principal economía regional misionera. También contempla facultades de fiscalización, control y sanciones para quienes paguen por debajo del precio mínimo establecido.
Uno de los aspectos que más destacaron los representantes del sector es el perfil social de los beneficiarios de la iniciativa. “Cuando hablamos de productores no estamos hablando de grandes empresarios. El promedio es de 20 hectáreas y el límite que propone la ley es de 50 hectáreas. Estamos hablando de minifundistas, de familias agrarias que viven exclusivamente de ese ingreso“, explicó Padolsky.
Esa mirada también fue compartida por el gobernador durante el encuentro, según relataron los participantes, al reconocer que la crisis excede a la producción primaria y termina impactando sobre toda la estructura económica provincial.
Una herramienta transitoria para evitar el colapso
El proyecto de emergencia plantea un mecanismo excepcional, pero con un objetivo concreto: evitar que miles de pequeños productores abandonen la actividad mientras se redefine el marco regulatorio nacional.
En sus fundamentos sostiene que el federalismo habilita a la Provincia a ejercer sus competencias constitucionales cuando está comprometida la continuidad de una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de Misiones.
La propuesta busca instalar un piso de negociación, no un precio único. El texto deja expresamente establecido que cualquier comprador podrá pagar por encima del Precio Mínimo Sostén, pero nunca por debajo de ese valor, considerado indispensable para garantizar la supervivencia económica de las explotaciones familiares.
Con la conformación de la mesa de trabajo entre el Gobierno provincial y las organizaciones del sector, la discusión ingresa ahora en una etapa política. Si prospera el consenso, Misiones podría debatir en las próximas semanas una ley que intenta convertirse en el principal instrumento provincial para contener una crisis que ya trasciende a la yerba mate.
Un proyecto para sostener el precio de la hoja verde
Tras la reunión, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, se refirió al proyecto presentado por los productores para abordar la situación del sector yerbatero. “Vinieron a presentar un proyecto de ley para buscar levantar el precio de la hoja verde, que es la principal problemática que venimos trabajando desde hace dos años, a partir de que el INYM perdió su función de regular un precio mínimo”, señaló.
El ministro indicó que el gobernador instruyó al Ejecutivo provincial a trabajar junto con la Cámara de Representantes en herramientas legislativas que permitan proteger a productores y trabajadores rurales mientras continúe la discusión nacional sobre las atribuciones del instituto. “Vamos a seguir defendiendo que se devuelvan las facultades del INYM y, mientras eso no ocurra, como provincia autónoma vamos a trabajar para buscar un mejor precio y respaldo para los trabajadores rurales”, sostuvo.
Foto Prensa Casa de Gobierno
Asimismo, se refirió a la postura del Gobierno provincial respecto del proyecto de modificación de la Ley de Tierras. “Misiones es una de las provincias que tiene más tierra en manos extranjeras, así que el gobernador fue contundente: no vamos a acompañar la ley de tierras”, afirmó.
Una agenda común para el futuro de la Yerba Mate
En diálogo con los medios tras la reunión, el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, destacó la necesidad de avanzar en herramientas que permitan sostener la actividad y mejorar las condiciones del sector.
“Ese valor debe contemplar los costos de producción, un margen de rentabilidad para el productor y las condiciones laborales necesarias para que los trabajadores puedan desempeñarse dignamente”, expresó.
Foto Prensa Casa de Gobierno
“Nosotros no nos resignamos. El Instituto Nacional de la Yerba Mate cumplió con sus obligaciones y con sus funciones. En el mientras tanto, necesitamos una herramienta de emergencia que nos permita sostener a los pequeños y medianos productores”, sostuvo.
Sand también valoró la propuesta del gobernador de generar un espacio de trabajo conjunto para abordar la crisis del sector. “El señor gobernador nos ofreció generar una mesa de diálogo y creemos que a partir de ahí tenemos que convocar a toda la comunidad y a todos los sectores sociales para defender los derechos de los ciudadanos”, afirmó.
