Cámara de Representantes de Misiones

Con amplio respaldo, la Legislatura aprobó el pliego de Andrés Poujade para el Superior Tribunal de Justicia

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La Cámara de Representantes de Misiones aprobó este jueves el pliego de Andrés Poujade para incorporarse al Superior Tribunal de Justicia (STJ), en una de las decisiones institucionales más relevantes del año para el sistema judicial provincial.

La propuesta enviada por el gobernador Hugo Passalacqua obtuvo 40 votos afirmativos, reflejando un amplio consenso político dentro del recinto. La defensa del dictamen estuvo a cargo de la diputada Anazul Centeno, integrante de Encuentro Misionero, quien destacó la trayectoria profesional, académica e institucional del candidato.

El acompañamiento al pliego trascendió las fronteras partidarias. Votaron a favor legisladores de la Renovación, de sectores libertarios y de bloques opositores. Entre ellos, Martín Arjol, Pablo Steckler, Adrián Núñez, Juan Ahumada y Ramón Amarilla, quienes respaldaron la incorporación de Poujade al máximo tribunal provincial.

La designación permitirá completar nuevamente la integración de nueve miembros del Superior Tribunal de Justicia, luego de la jubilación de Ramona Velázquez. Con este nombramiento, además, se modifica la composición de género del cuerpo, que vuelve a quedar conformado por cinco hombres y cuatro mujeres.

La incorporación de Poujade tiene relevancia institucional por el rol que desempeña el STJ dentro de la estructura estatal. Además de constituir la última instancia judicial provincial, el tribunal ejerce la superintendencia administrativa del Poder Judicial y fija criterios jurisprudenciales que impactan sobre la totalidad del sistema.

La sesión también avanzó con una amplia renovación de cargos judiciales en distintas jurisdicciones de la provincia. Fueron aprobados los acuerdos para Carla Alejandra Freitag como jueza de Instrucción del Juzgado N.º 1 de Posadas; Diego Agustín Lafata para el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oberá; y César Humberto Lirussi para el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Eldorado.

Asimismo, la Legislatura prestó acuerdo para la designación de Camila Arruti como fiscal de Primera Instancia en Puerto Rico y de Martín Ignacio Balor como agente fiscal en lo Correccional y de Menores de la Primera Circunscripción Judicial.

La nómina se completó con las designaciones de Luis Sebastián Martínez como juez de Paz Letrado de Primera Categoría de Posadas y de Rosa Raquel Dionisia Mazal como jueza de Paz Letrada de Primera Categoría de Puerto Iguazú.

La cobertura simultánea de vacantes en el Superior Tribunal, juzgados de instrucción, fiscalías y juzgados de paz constituye una de las renovaciones judiciales más amplias de los últimos años en Misiones. El objetivo es fortalecer la estructura permanente del Poder Judicial, reducir la dependencia de subrogancias y mejorar la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio provincial.

Desde el punto de vista constitucional, el proceso también ratifica el mecanismo de control cruzado previsto por el sistema republicano provincial: el Poder Ejecutivo propone y la Legislatura evalúa antecedentes, analiza idoneidad y otorga el acuerdo para la designación definitiva de magistrados y funcionarios judiciales.

Con la aprobación de estos pliegos, Misiones consolida una nueva etapa en la integración de su estructura judicial, con funcionarios que tendrán incidencia directa en la administración de justicia durante los próximos años.

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Misiones emitirá bonos por hasta USD 300 millones para financiar obras e innovación productiva

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Misiones se prepara para debatir una de las iniciativas financieras más relevantes de los últimos años. Un proyecto de ley ingresado a la Cámara de Representantes e impulsado por Carlos Rovira, de Encuentro Misionero, propone autorizar al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por hasta 300 millones de dólares, mediante la emisión de bonos, títulos públicos u otros instrumentos financieros, con el objetivo de financiar inversiones estratégicas en infraestructura y desarrollo productivo.

La iniciativa faculta al Ministerio de Hacienda, a estructurar las emisiones en al menos tres series y colocarlas tanto en el mercado local como internacional. El proyecto establece expresamente que los fondos obtenidos deberán destinarse exclusivamente a gastos de capital y no podrán ser utilizados para financiar gastos corrientes de la administración provincial.

Entre las inversiones previstas figuran obras viales, habitacionales, energéticas, de conectividad digital y de infraestructura social y barrial. El texto incluye desde la construcción y rehabilitación de rutas provinciales, avenidas, puentes y caminos rurales hasta la ampliación de redes de fibra óptica, conectividad satelital, electrificación rural, estaciones transformadoras y sistemas de generación renovable. También contempla la adquisición de ambulancias, maquinaria vial, equipamiento sanitario y tecnológico para fortalecer la capacidad operativa del Estado.

Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es la creación del Fondo Misionero para la Innovación Productiva (FONMIP), un instrumento orientado a financiar pequeñas empresas, cooperativas y startups radicadas en Misiones. 

De aprobarse la iniciativa, será la primera vez desde 1999 que Misiones recurre al mercado de capitales, aunque con una diferencia fundamental. La última emisión había sido de 100 millones de dólares, en noviembre del último año del siglo pasado, para financiar gastos corrientes y deudas estatales.

La ley dispone que al menos el cinco por ciento de los recursos provenientes de las emisiones se destinen a este fondo, que podrá otorgar créditos, garantías, aportes de capital, coinversiones y otras herramientas de financiamiento para impulsar el crecimiento tecnológico y productivo de emprendimientos locales.

De concretarse el monto máximo autorizado, el FONMIP dispondría de un piso de 15 millones de dólares para financiar proyectos innovadores en la provincia. El fondo estará sujeto a mecanismos específicos de transparencia, trazabilidad y control, cuya reglamentación deberá definir criterios de elegibilidad, gobernanza y administración fiduciaria.

El proyecto también establece límites y mecanismos de control sobre las emisiones. Ninguna serie podrá superar los 100 millones de dólares y, antes de cada colocación, el Ministerio de Hacienda deberá incorporar informes técnicos que acrediten la compatibilidad de la operación con los límites constitucionales de endeudamiento, la previsión presupuestaria para afrontar los servicios de la deuda y la conveniencia económica y financiera de la operación frente a otras alternativas de financiamiento.

Asimismo, la selección de los bancos colocadores, estructuradores, fiduciarios y demás intermediarios financieros deberá realizarse mediante licitación pública de alcance nacional. La iniciativa exige además que el Poder Ejecutivo remita cada seis meses a la Cámara de Representantes un informe detallado sobre las emisiones realizadas, las condiciones financieras obtenidas, el destino de los fondos y la evolución de la deuda generada.

En los fundamentos del proyecto se argumenta que la reducción del financiamiento nacional destinado a infraestructura y la desaceleración económica han limitado la capacidad de inversión pública de la provincia. El texto sostiene que Misiones enfrenta necesidades crecientes en materia de infraestructura vial, energética y digital, particularmente en un territorio con fuerte dispersión geográfica, amplias zonas rurales y una economía que depende cada vez más de la conectividad y la innovación para sostener su competitividad.

La iniciativa plantea además que las inversiones financiadas con la emisión de deuda tendrían un efecto multiplicador sobre la economía provincial, al movilizar cadenas de valor vinculadas a la construcción, la industria, el transporte, los servicios tecnológicos y la innovación. Según los fundamentos, el objetivo es transformar financiamiento en infraestructura estratégica y capital emprendedor, promoviendo empleo, desarrollo territorial y crecimiento económico de largo plazo.

La propuesta se inscribe en un contexto en el que varias provincias buscan alternativas para sostener la inversión pública ante la retracción de los recursos nacionales destinados a obras. En el caso de Misiones, el proyecto combina dos objetivos: financiar infraestructura física para mejorar competitividad y calidad de vida, y al mismo tiempo crear un instrumento permanente de apoyo a la innovación productiva, considerado uno de los ejes centrales de la estrategia de desarrollo provincial.

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Bárbaro pidió controles urgentes sobre el ingreso de tabaco a Misiones y reclamó fondos pendientes para productores

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El diputado provincial Héctor Bárbaro volvió a advertir sobre la situación del sector tabacalero en Misiones y pidió tratamiento preferencial para una serie de proyectos legislativos orientados a proteger a los productores, garantizar transparencia en el circuito comercial y defender los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET).

Durante su intervención en la sesión del jueves en la Cámara de Representantes, el legislador del Partido Agrario y Social sostuvo que el sector “está desordenado” y denunció el ingreso irregular de tabaco proveniente de otras provincias e incluso de Paraguay, situación que —según afirmó— perjudica directamente a miles de familias tabacaleras misioneras.

“Hay casi dos mil productores que todavía no pudieron entregar su tabaco después de dos meses y medio de espera. Mientras tanto, están entrando millones de kilos de tabaco de afuera en complicidad con algunos sectores empresariales”, afirmó Bárbaro durante el debate legislativo.

En ese marco, presentó un proyecto de comunicación solicitando a la Agencia Tributaria Misiones (ATM) información detallada sobre el ingreso de tabaco crudo a la provincia. La iniciativa exige conocer volúmenes ingresados, origen de las cargas, destino comercial y empresas responsables, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de trazabilidad y control.

“El productor misionero trabaja todo el año en la chacra y no puede competir con quienes hacen negocio trayendo tabaco de afuera para cobrar retornos y beneficios que corresponden a la producción genuina de Misiones”, remarcó.

Bárbaro sostuvo que el tabaco moviliza alrededor de 120 mil millones de pesos en la economía provincial y representa el sustento directo de cerca de 13 mil familias productoras. Por eso, insistió en la necesidad de evitar distorsiones que afecten la distribución del FET y el precio que perciben los colonos.

“Nosotros defendemos al productor tabacalero porque es el que sigue viviendo y trabajando en la chacra todos los días. No podemos permitir que unos pocos hagan negocios perjudicando a miles de familias rurales”, expresó.

Fondos retenidos

Otro de los planteos impulsados por el legislador reclama a los diputados nacionales por Misiones que gestionen ante Nación la transferencia urgente de fondos ya asignados correspondientes a programas de reconversión productiva del Fondo Especial del Tabaco. Según detalló, se trata de recursos pendientes desde hace casi un año por aproximadamente 20 mil millones de pesos.

“El dinero es de los productores misioneros y hace falta para diversificación productiva, mejoras rurales y acompañamiento a las chacras. La demora afecta directamente a las familias tabacaleras”, señaló.

Además, recordó que durante su mandato como diputado nacional impulsó la ley de transferencia automática de los recursos del FET a las provincias tabacaleras y reclamó que esos fondos sean acreditados de manera inmediata a los productores.

“El último día de abril ingresaron más de 750 millones de pesos correspondientes al FET. Esa plata tiene que llegar rápidamente a los colonos y no quedar demorada mientras las familias necesitan esos recursos”, sostuvo.

Impuesto a los vapeadores

Asimismo, Bárbaro presentó una iniciativa para que los vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos de tabaco calentado comiencen a tributar al Fondo Especial del Tabaco bajo las mismas condiciones que los cigarrillos tradicionales.

El proyecto solicita que los diputados nacionales por Misiones impulsen una modificación a la Ley Nacional 19.800 para incorporar estos nuevos productos al esquema vigente de contribución tabacalera, luego de que fueran habilitados formalmente por organismos nacionales.

“El Estado no puede permitir que productos que compiten directamente con el cigarrillo queden afuera del sistema que sostiene a miles de productores tabacaleros”, argumentó el diputado.

Desde el Partido Agrario y Social señalaron que las iniciativas forman parte de una agenda legislativa enfocada en la defensa de las economías regionales, la transparencia del sistema tabacalero y la protección de miles de familias rurales que dependen de esta actividad histórica para Misiones.

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La Legislatura abre el año con una agenda cargada: Ficha Limpia, reforma electoral, inversiones y más tiempo de sesiones

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La Cámara de Representantes de Misiones inicia un nuevo período legislativo con una batería de proyectos de fuerte impacto político, institucional y económico. Entre los temas más sensibles aparecen la iniciativa de Ficha Limpia impulsada por Carlos Rovira, que ya tomó estado parlamentario; una reforma para extender el período ordinario de sesiones presentada por Cristian Castro; modificaciones al régimen electoral promovidas por Martín Arjol; y varios proyectos vinculados a incentivos productivos e inversiones, como el de la diputada Paula Franco.

El inicio del trabajo parlamentario muestra un escenario donde la discusión institucional se mezcla con la necesidad de sostener la actividad económica en un contexto de fuerte ajuste nacional, caída de recursos y tensión sobre las economías regionales.

Uno de los expedientes más potentes es el de Ficha Limpia, impulsado por Carlos Rovira, que ya ingresó formalmente y comenzó su recorrido legislativo.

La propuesta busca impedir que personas con condenas judiciales confirmadas por determinados delitos puedan ser candidatas a cargos electivos, un tema que genera fuerte debate político a nivel nacional y que en Misiones adquiere especial relevancia por el impacto institucional y electoral.

El proyecto ya había generado repercusión pública y ahora entra en la etapa parlamentaria formal, donde deberá atravesar comisiones y sumar consensos para avanzar hacia el recinto.

El proyecto establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas a pena privativa de libertad -aunque la sentencia no esté firme y aun cuando la pena sea de cumplimiento en suspenso- por delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero, el orden democrático, la seguridad pública, delitos contra las personas, contra la propiedad, la fe pública, el ambiente y también por crueldad o maltrato animal.

Esto implica que quedarían alcanzados delitos como cohecho, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, además de delitos económicos, corrupción institucional y ataques al sistema democrático.

La norma fija una cláusula electoral clave: la condena deberá haber sido dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral para impedir la candidatura inmediata. Si la condena ocurre después del 1° de enero del año electoral, la inhabilitación regirá recién al finalizar ese proceso. La inelegibilidad comienza desde la fecha de la sentencia y se mantiene hasta su revocación o cumplimiento de la pena.

También quedarán excluidos quienes figuren como deudores alimentarios morosos, quienes mantengan deudas exigibles con el fisco provincial o municipal y quienes tengan tres o más infracciones graves de tránsito acreditadas en los últimos dos años previos a la oficialización de listas.

Uno de los puntos más novedosos es la incorporación de los ciberdelitos como causal de inelegibilidad automática. El proyecto prevé que no podrán competir quienes tengan requerimiento de elevación a juicio o prisión preventiva por delitos vinculados al mundo digital, como grooming, distribución de material de abuso sexual infantil, acceso ilegítimo a sistemas, fraudes informáticos y otros delitos tipificados en el Código Penal.

La propuesta suma además una exigencia inédita: un certificado de aptitud toxicológica obligatorio al momento de oficializar listas. El postulante deberá presentar estudios integrales sobre al menos cuatro matrices biológicas -orina, saliva, folículo piloso y sangre- para acreditar la presencia o ausencia de consumo de sustancias psicoactivas. En caso de antecedentes de consumo problemático, deberá acompañar certificación de alta terapéutica o rehabilitación exitosa.

Rovira no descartó otras iniciativas, como una reforma electoral que simplifique la ley de Lemas sancionada a mediados de los 90 en acuerdo entre el peronismo y el radicalismo. Asimismo, Rovira anticipó que el bloque de Encuentro Misionero en el Congreso nacional, acompañará la derogación de las PASO para las elecciones próximas.

Otra reforma política es impulsada por el diputado Cristian Castro, que propone modificar el artículo 96 y el artículo 116 inciso 4 de la Constitución de la Provincia de Misiones para extender el período ordinario de sesiones.

Actualmente, la Cámara sesiona de manera ordinaria desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. La iniciativa plantea que ese período pase a desarrollarse desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre.

También aparece en la agenda una iniciativa vinculada al sistema electoral impulsada por Martín Arjol, que propone modificar el artículo 48 del Título Cuarto de la Constitución Provincial, correspondiente a Derechos Políticos y Régimen Electoral.

En paralelo, la diputada Franco y otros legisladores presentaron el expediente D-69957/26, que propone crear el Programa “Invertí Misiones”, bajo la figura de un Régimen Misionero Complementario de Inversiones Estratégicas.

La idea busca generar un marco específico para atraer capital privado, fomentar nuevos proyectos productivos y complementar los esquemas de promoción existentes.

La provincia viene trabajando en distintas herramientas de incentivo para sostener la inversión frente al freno macroeconómico nacional, por lo que este expediente aparece alineado con esa estrategia de política económica.

A eso se suma el expediente D-69446/25, presentado por el diputado Loreiro junto a otras legisladoras, que propone modificar varios artículos de la Ley VIII – N.º 59 e instituir el Régimen de Promoción, Fomento, Radicación, Habilitación e Inversiones de Actividades de Producción Local.

El proyecto apunta a fortalecer la estructura productiva provincial con herramientas específicas para facilitar radicación de inversiones, simplificar habilitaciones y consolidar el desarrollo de actividades locales.

Se trata de una iniciativa especialmente sensible para sectores industriales, comerciales y emprendedores que reclaman menor burocracia y mayor previsibilidad.

La apertura parlamentaria muestra que 2026 no será un año legislativo de baja intensidad. Por el contrario, la combinación de debates sobre transparencia política, reglas electorales, funcionamiento institucional e incentivos económicos anticipa sesiones de alto voltaje.

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Misiones impulsa un Régimen Simplificado de Ingresos Brutos: cuota fija, menos trámites y alivio a pequeños contribuyentes

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La Cámara de Representantes de Misiones comenzará a analizar un proyecto de ley que busca transformar la relación tributaria de miles de pequeños contribuyentes con el fisco provincial. Se trata del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (RS-IIBB), una iniciativa orientada a monotributistas, pequeños comerciantes, profesionales independientes y emprendedores locales, con el objetivo de reducir carga administrativa, dar previsibilidad y facilitar la formalización.

La propuesta legislativa, impulsada por la diputada provincial Paula Franco, con la firma del presidente de la Legislatura, Sebastián Macías y del diputado Carlos Rovira, plantea un esquema de cuota fija mensual por categoría, alineado con el régimen simplificado nacional (Monotributo de ARCA), eliminando la complejidad de declaraciones mensuales variables y reemplazándolas por un sistema más simple, previsible y con menor costo operativo. Misiones se alineará así a regímenes simplificados como tienen otras provincias del país. “Es un tratamiento diferencial que era una deuda pendiente con el monotributista, que le haga ahorrar tiempo y tener menos gastos”, señalaron fuentes oficiales.

El proyecto aparece en un contexto en el que Misiones viene insistiendo en la necesidad de construir herramientas fiscales propias para sostener la competitividad frente a las asimetrías con Brasil y Paraguay, y al mismo tiempo aliviar la presión sobre el pequeño contribuyente local.

El artículo 1 del proyecto crea formalmente el régimen dentro del ámbito provincial, mientras que el artículo 2 establece su finalidad principal: simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales tanto materiales como formales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, mediante el pago de una cuota fija mensual por categoría.

En concreto, quienes adhieran al régimen dejarán de liquidar Ingresos Brutos bajo el esquema tradicional y pasarán a abonar una suma mensual determinada según la categoría en la que se encuentren dentro del Monotributo nacional.

El texto establece además que esa cuota fija tendrá el carácter de anticipo íntegro de la obligación anual, integrada en doce pagos mensuales por ejercicio fiscal.

La autoridad de aplicación también definirá un vencimiento único mensual, lo que elimina superposiciones y reduce la dispersión administrativa que hoy enfrentan pequeños contribuyentes.

Según la presentación del proyecto impulsado por Encuentro Misionero, el valor de referencia parte desde 9.941 pesos para la categoría más baja, con una escala progresiva por categorías.

Podrán adherir al RS-IIBB las personas humanas y demás sujetos que:

  • revistan la condición de pequeños contribuyentes conforme al Monotributo nacional;
  • estén inscriptos como contribuyentes de Ingresos Brutos en Misiones;
  • desarrollen actividad exclusivamente dentro de la provincia.

Quedan excluidos quienes tributen bajo el Convenio Multilateral, es decir, aquellos contribuyentes con actividad en más de una jurisdicción.

También podrán ser excluidos quienes desarrollen actividades consideradas incompatibles por su naturaleza, riesgo fiscal o modalidad de comercialización, así como quienes registren sanciones o inconsistencias que justifiquen su salida del sistema.

En otras palabras, el régimen apunta especialmente a pequeños empresarios, comercios de cercanía; profesionales independientes; prestadores de servicios; emprendedores y monotributistas locales.

Uno de los principales argumentos del proyecto es que la simplificación tributaria no sólo reduce costos administrativos, sino que también mejora los niveles de formalización económica.

Cuanto más simple resulta cumplir, mayor incentivo existe para permanecer dentro del sistema formal.

Por eso, entre los objetivos declarados aparecen:

  • menor carga administrativa;
  • mayor previsibilidad financiera;
  • más formalización;
  • mayor desarrollo local;
  • impulso al empleo misionero;
  • fortalecimiento de la actividad productiva.

La propuesta también prevé mecanismos de control para evitar abusos. La autoridad de aplicación podrá establecer perfiles de riesgo fiscal, recategorizaciones, cruces de información y controles sistémicos para prevenir un uso indebido del régimen.

El proyecto define que la autoridad de aplicación será la actual Agencia Tributaria Misiones (ATM), que tendrá a su cargo la reglamentación y la implementación operativa del sistema.

Además, se invita a los municipios a celebrar convenios de colaboración e intercambio de información con la Provincia, con el objetivo de facilitar la formalización y mejorar el control sobre pequeños contribuyentes.

Este punto resulta estratégico: la coordinación entre Provincia y municipios puede convertirse en una herramienta clave para evitar superposiciones, reducir informalidad y mejorar la trazabilidad fiscal.

Más allá del aspecto técnico, el proyecto tiene una fuerte lectura política: Misiones vuelve a insistir en la construcción de herramientas tributarias adaptadas a su propia realidad económica.

La Provincia sostiene desde hace tiempo que las asimetrías de frontera, la competencia con Paraguay y Brasil, y la estructura productiva regional requieren respuestas específicas que no siempre encuentran eco en la política fiscal nacional.

En ese marco, el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos aparece como una pieza complementaria dentro de una estrategia más amplia: menos burocracia para el pequeño contribuyente, más previsibilidad para invertir y una señal de respaldo a la economía local.

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