La imponente marea de pañuelos blancos marchando en Plaza de Mayo y en los rincones más alejados del país dejó en claro que la Memoria es innegociable para buena parte de los argentinos, incluso entre quienes levantan banderas diferentes. La contundente respuesta de la sociedad al fallo de la Corte Suprema que benefició a un represor, obligó al mismo Gobierno nacional a retroceder sobre sus pasos y repudiar la decisión de los cortesanos. Antes hubo justificaciones y elogios a la “independencia” de los poderes que obliga a acatar la decisión de la justicia.
El presidente Mauricio Macri se expresó una semana después de conocido el escándalo, después de que la onda expansiva comenzara a hacer mella en su propia imagen. Es que el fallo solo pudo concebirse en éste y no en otro tiempo. Es un Gobierno no demasiado afecto a los derechos humanos “politizados”. El más lejano, quizás, desde la recuperación de la democracia. Y el golpe de la Corte fue tan duro como el de la Obediencia Debida o el Punto Final, aunque los contextos son diferentes. Aquel Gobierno tenía la presión de una casta militar que se resistía a asumir las culpas de la dictadura. Este no cuenta con esa excusa. Por el contrario. El perdón cortesano exacerbó los ánimos incluso entre quienes habían apostado al cambio.
Las más de 500 mil personas que tiñeron de blanco el centro porteño y los miles que marcharon en todo el país son la respuesta de la sociedad a la encerrona de la mayoría de ministros.
Fue la primera vez que hubo una manifestación tan visible contra un fallo de la Corte, el único poder del Estado que no sufrió el desprecio del “que se vayan todos” en 2001, que terminó en la huida del breve Fernando De la Rúa. Los últimos años cambiaron la percepción. La justicia comenzó a ser mirada con detenimiento, por su negativa a pagar impuestos como cualquier ciudadano y un empecinamiento a jugar en la política, desde los jueces inferiores hasta el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien alguna vez soñó con mudarse a la Casa Rosada.
Zorro viejo, es quien más indemne sale de la cruzada libertadora que marcará por siempre a los designados por Macri, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, quien, en el epílogo de su carrera, le debe la permanencia en la Corte al Presidente. Han quedado manchados.
El rechazo fue tan alto que obligó al Gobierno a intentar despegarse y al Congreso a minimizar los daños. No era solo un desconocido de rango menor como Luis Muiña el beneficiado, sino que el mismísimo Miguel Etchecolatz estaba en condiciones de ser liberado (además de ser un frío asesino, era un marido golpeador y mostraba desprecio hasta por sus hijos, tal como contó a la Revista Anfibia, en un estremecedor reportaje Mariana D, quien se cambió la identidad para alejarse del terror que inspiraba el apellido de su progenitor).
Los diputados y senadores le hicieron un favor enorme al Gobierno al acotar los beneficios de la derogada ley del 2×1 y excluir a los genocidas, reforma que frenó los intentos de iniciar un juicio político a los tres jueces que votaron a favor.
El apego al tecnicismo legal se dio de bruces contra el sentido común de una sociedad que no quiere caminar junto a genocidas sueltos.
El garantismo, denostado cuando beneficia a un don nadie, le jugó una mala pasada a la Corte, que ahora, en una decisión incluso más inexplicable, anuncia que pedirá la “opinión” a las partes cuando haya que decidir un conflicto similar.
En Misiones el garantismo también generó un fuerte conflicto judicial. Un Tribunal decidió excarcelar a dos condenados a 20 años de cárcel por abuso sexual de menores. La sentencia se conoció en 2011, pero el argumento es que todavía no ha quedado firme, ya que la Corte –la del 2×1- todavía no se expidió. El pedido de liberación lo había hecho el defensor de los acusados, Marcelo Ozuna, el 19 de diciembre de 2013. El 8 de mayo de 2014, el fiscal Rolando Oliva dio el visto bueno para la excarcelación.
Sin embargo, entre el consentimiento del fiscal y la decisión del nuevo tribunal, volvieron a pasar otros cuatro años, tiempo durante el cual el fallo de primera instancia, fue ratificado por el Superior Tribunal de Justicia. Y desconocido por los jueces César Yaya, Marcelo Cardozo y César Jiménez, quienes otorgaron la excarcelación de los transportistas acusados de abuso sexual de menores.
La diferencia de visiones derivó en un pedido del máximo cuerpo –por mayoría- para que se abra una investigación que, de acuerdo a diversas fuentes, puede tener como consecuencia extrema un pedido de enjuiciamiento al trío de magistrados. Lo más benévolo, una sanción administrativa. Los jueces se defienden en la Constitución, que en el artículo 140 sostiene que los magistrados no pueden ser “investigados” ni molestados por sus fallos.
La dura condena de los transportistas tuvo como protagonista central a la fiscal Liliana Picazo, quien pidió la condena que recibieron madre e hijo, acusados de abusar sexualmente de menores de edad.
La actual fiscal fue propuesta por el gobernador Hugo Passalacqua para integrar el Superior Tribunal de Justicia. Debe ser la primera vez que un candidato cuenta con tanto consenso social. Con más de 40 años de trabajo en la justicia misionera, solo debe ser rechazada por quienes envió tras las rejas con sus implacables alegatos.
Su presencia en el STJ –se descarta la aprobación de la Legislatura-, aportará mucho conocimiento en el área penal y sobre el funcionamiento de los juzgados, pero marcará también un hecho inédito: la Corte provincial tendrá mayoría de mujeres. Serán cinco con ella, Ramona Velázquez, Cristina Leiva, María Laura Niveyro y Rosanna Pía Venchiarutti Sartori. Quedarán cuatro hombres encabezados por Froilán Zarza, Rubén Uset, Marcelo Benítez y el veterano Jorge Rojas. Mencionada alguna vez para integrar la primera Corte de Néstor Kirchner, llegará ahora a prestigiar un cuerpo que a diferencia de aquella, goza de buena salud institucional.
El fallo de la Corte aportó complejidad a un momento político signado por los sinsabores de la economía. El Gobierno nacional entró al último tramo preelectoral sin haber podido cumplir ninguna de sus metas prometidas. La inflación de abril volvió a ser superior al 2 por ciento, lo que dinamitó la meta del 17% anual y las señales de crecimiento son imperceptibles, salvo para los ojos de los funcionarios que muestran un optimismo a prueba de calle.
La marea de pañuelos blancos también sintetiza una respuesta al mal momento económico. El ajuste en el PAMI, que amenaza con dejar sin medicamentos a los abuelos, golpea donde más duele y los argumentos suenan burdos cuando hay otros sectores que gozan del favor presidencial que los beneficia en miles de millones de pesos.
Muchos entusiastas del cambio expresan ahora su enojo porque les toca de cerca el recorte en “la plata de los jubilados”.
El ajuste permanente para bajar un déficit fiscal que no para de crecer, a contramano de una deuda externa que aumenta exponencialmente, traen a la memoria descalabros de hace no mucho tiempo.
El Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, reveló que en los últimos quince meses se produjo una “agudización de los desequilibrios externo y fiscal”. Según el estudio, los cambios en los precios de la economía produjeron un deterioro en el consumo interno sin que se advierta una recuperación de la inversión ni la demanda externa.
Además, anticiparon que la economía argentina puede sufrir una “volatilidad cambiaria” que caracterizó a la Argentina en los últimos 40 años. En ese contexto, destacaron que este rasgo fue determinante para las crisis de 1981, 1989, 1995 y 2001.
Misiones también sufre los efectos de la política macroeconómica. Aunque la inflación acumulada entre diciembre y marzo es de apenas 2,2 por ciento –menos que la suba general de abril-, los motivos no son para alegrarse. “La inflación es baja porque no hay consumo. Todos van a comprar a Paraguay”, precisó una fuente oficial.
Paraguay es una válvula de escape económico para muchas familias y en los últimos meses, un atractivo para “importadores” de otras provincias que llegan en decenas de colectivos. Pero el drama es la fuga diaria de dinero, estimada entre 12 y 20 millones diarios, según los más pesimistas.
Por eso, recrudeció el reclamo de una asistencia especial de la Nación. Los comerciantes quieren que siga el ITC diferenciado para los combustibles, pero que además, se reglamente el mentado artículo 10 de la ley Pymes. La Cámara de Diputados de Misiones impulsará un reclamo a la Nación y el intendente Joaquín Losada, le envió una misiva “desesperada” al ministro de Producción, Francisco Cabrera, contándole los bemoles de la capital misionera a raíz de las asimetrías que se profundizaron con los tarifazos, la inflación y el dólar planchado.
El bloque misionerista en el Congreso también pidió que, ante la confirmación de que el gasoducto no llegará a Misiones por “falta de financiamiento”, las provincias sin gas natural por lo menos tengan el beneficio de pagar la mitad del IVA por el consumo de energía eléctrica.
El artículo 10 de la ley Pymes habilita al Ejecutivo nacional a tomar medidas especiales para atender a las provincias afectadas por situaciones de frontera o el tipo de cambio en un periodo determinado. Fue el único que no se reglamentó, pese a la reiterada promesa de los representantes de la alianza Cambiemos, Alex Ziegler y Luis Pastori.
Ambos pretenden ser ratificados en las elecciones de octubre. Pero el primero es despreciado por el PRO y busca avanzar en otros espacios. Pastori, en cambio, da por segura su candidatura a la reelección. Sin embargo, en los últimos días un grupo de jóvenes de la UCR, envalentonado por el ejemplo de Martín Lousteau en Buenos Aires, analiza forzar unas PASO en las que el veterano dirigente –en la política desde antes de 1983- tenga que demostrar cuantos votos tiene.
El radicalismo sufre una falta de recambio generacional que frena a la juventud y los mandos medios, que paradójicamente, habían sido la carta de la levantada hace cuatro años. La alianza con el PRO implica postergar el crecimiento de los jóvenes para garantizar la continuidad de los “pesos pesados” como Pastori o Hernán Damiani, ex presidente del partido, que ahora tiene a su cargo el virtual Plan Belgrano en Misiones.
“Queremos fortalecer Cambiemos mediante el consenso. Pero si no se logra, lo más saludable es ir a las PASO”, confirmó un dirigente sub-40. “Rogelio Frigerio y Marcos Peña dijeron que las listas deben contener a los mejores posicionados”, insistió. “Reparto representativo o primarias”, agregó otro dirigente.
Del otro lado, no quieren agitar las aguas. Humberto Schiavoni confirmó que tiene interés en ser candidato a senador, pero relativizó las diferencias con la UCR. “Todavía no empezamos a pelear”, ironizó.
En el PRO piden a los socios menores “reconocer que somos gobierno” para abocarse a la gestión y evitar las internas que generan un “desgaste” de la dirigencia y de recursos. “Se daña la imagen de los candidatos con fuego amigo que después es difícil de reparar”, explican en el partido del Presidente.
La Renovación maneja los nombres de los candidatos con hermetismo. El objetivo es mantener la concentración en la gestión para que sea esa la bandera de campaña. Aunque Passalacqua ratificó la idea de transitar estos meses con una garantía de paz política, las diferencias con el Gobierno nacional comenzarán a hacerse más profundas en la retórica electoral. Las diferencias están a flor de piel, hasta ahora disimuladas por la “gobernabilidad”.
