La pérdida de bosques primarios tropicales se redujo 36 por ciento en 2025 respecto de 2024, un año marcado por incendios extremos. El dato surge del laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland, disponible en Global Forest Watch, WRI y Global Nature Watch. Sin embargo, la mejora no alcanza para cambiar el diagnóstico de fondo: el planeta perdió 4,3 millones de hectáreas de selvas tropicales primarias, el equivalente a más de once campos de fútbol por minuto.
La caída aparece como una señal alentadora, pero no como una reversión estructural. Según el informe, la pérdida de bosques primarios tropicales sigue siendo 46 por ciento más alta que hace una década, lo que mantiene bajo presión a ecosistemas clave para la biodiversidad, el almacenamiento de carbono, la regulación del clima, la provisión de agua y la identidad cultural de comunidades locales.
El dato central tiene una lectura directa para regiones como Misiones, donde la conservación de la Selva Paranaense forma parte de una estrategia ambiental, turística y productiva. El informe global vuelve a mostrar que la expansión agropecuaria, la presión sobre la tierra y los incendios siguen siendo los principales factores de pérdida de cobertura arbórea.
Bosques tropicales primarios: señales de alivio, alerta de fondo
Datos 2025 de GLAD / Universidad de Maryland, Global Forest Watch y WRI
Pérdida tropical primaria 2025
4,3 millones de hectáreas
Variación contra 2024
-36%
Ritmo equivalente
Más de 11 canchas por minuto
Comparación con una década atrás
+46%
Distancia frente a la meta 2030
70% por encima del nivel necesario
Fuente: GLAD / Universidad de Maryland, Global Forest Watch, WRI y Global Nature Watch.
Brasil fue el principal responsable de la mejora global. El país redujo 42 por ciento la pérdida de bosques primarios y alcanzó su nivel más bajo de pérdida no asociada a incendios. El informe vincula esa mejora con políticas ambientales más activas, mayor fiscalización y el relanzamiento del PPCDAm, el plan federal contra la deforestación.
Pero el mismo caso brasileño expone las tensiones de fondo. Las actividades agropecuarias permanentes explicaron 73 por ciento de la pérdida de bosques primarios entre 2002 y 2025, principalmente por soja y ganadería. Algunos estados amazónicos, además, avanzaron en normas que debilitan incentivos ambientales, lo que abre interrogantes sobre la continuidad de la moratoria de la soja.
Colombia también redujo la pérdida de bosques primarios, con una baja de 17 por ciento entre 2024 y 2025. El informe asocia ese resultado con nuevas herramientas legales, concesiones forestales comunitarias, reconocimiento de entidades territoriales indígenas y normas de trazabilidad ganadera.
Quiénes mejoraron y dónde siguen las alertas
Pérdida de bosques primarios tropicales en 2025
País
Dato central
Lectura
Brasil
-42%
Redujo fuerte la pérdida, asociada a mayor control ambiental y políticas públicas.
Colombia
-17%
Baja vinculada a trazabilidad ganadera, concesiones forestales y territorios indígenas.
Indonesia
+14%
Aumentó, aunque sigue por debajo de los picos de la década pasada.
Bolivia
Segundo nivel más alto registrado
Incendios, ganadería y expansión agrícola mantienen una presión crítica.
República Democrática del Congo
Tercera mayor pérdida tropical
Cultivo itinerante, leña, conflicto armado y minería agravan la pérdida forestal.
Fuente: GLAD / Universidad de Maryland, Global Forest Watch, WRI y Global Nature Watch.
En cambio, Bolivia aparece como uno de los focos más críticos. En 2025 registró su segunda mayor pérdida de bosque primario tropical, detrás del récord de 2024. El informe señala que los incendios, en gran parte provocados por acción humana, y la expansión de la ganadería, la soja, el maíz y el sorgo explican buena parte del deterioro.
La República Democrática del Congo tuvo la tercera mayor pérdida de bosques primarios tropicales. Allí, el informe identifica como motores principales el cultivo itinerante a pequeña escala, la extracción de madera para leña y carbón, el conflicto armado y la minería.
El informe advierte que el mundo está lejos del objetivo de detener y revertir la pérdida de bosques para 2030. La deforestación de 2025 fue 70 por ciento superior al nivel compatible con esa meta.
Con una masiva plantación de árboles de especies nativas en la Reserva Natural Urbana “El Corredor” de San Miguel, el domingo 19 de abril de 2026 tuvo lugar el demorado evento central en Argentina de la edición número 20 de La Hora del Planeta, el mayor movimiento ambiental en el mundo.
La Hora del Planeta es una iniciativa coordinada a nivel global por WWF y organizada en nuestro país por la Fundación Vida Silvestre Argentina de forma ininterrumpida desde el 2009. Aunque la mayoría de los países participantes llevaron a cabo sus actividades el 28 de marzo, en Argentina el evento principal debió reprogramarse debido al clima.
Además de la plantación de más de 150 plantines nativos de especies de la zona como chilca blanca, carquejas, chilca, chilca amarga y talilla, que contribuyó a restaurar a Reserva, los participantes pudieron sumarse a una recorrida interpretativa para conocer la naturaleza de la zona, juegos, propuestas educativas, una feria de emprendedores sustentables, un show de circo realizado con materiales reciclados y otras actividades sobre naturaleza para toda la familia.
El evento, que contó con la conducción de Agustina Grasso fue organizado por la Fundación Vida Silvestre Argentina en conjunto con la Subsecretaría de Ambiente de San Miguel y contó con el apoyo de: Reserva Natural Urbana “El Corredor”, NaranjaX, Santander, Zurich, Bicho Canasto, Carrefour, Ecofactory y Wandergreen.
Como parte de la edición de La Hora del Planeta 2026, Fundación Vida Silvestre Argentina también organizó una jornada de limpieza comunitaria junto con la Municipalidad de Puerto Iguazú, Misiones. Durante poco más de una hora de trabajo conjunto, lograron llenar un camión volcador con residuos retirados del entorno de la rotonda de acceso a la ciudad.
Escribe Mario Osava / IPS Noticias – Brasil es un caso singular de desarrollo agrícola acelerado, multiplicó casi por nueve su producción de granos en 50 años, se presenta como un modelo de agricultura tropical, pero tiene vulnerabilidades acentuadas por las guerras y, más existencial y permanente, por la crisis climática.
De 39,4 millones de toneladas de cereales, leguminosas y oleaginosas en 1975, la cosecha anual saltó para 346,1 millones de toneladas en 2025, según datos del estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Ibge).
De importador de cerca de 30 % de los alimentos que consumía, el país se convirtió en gran exportador, con un superávit de 149 000 millones de dólares en el sector agrícola. Las importaciones se limitaron a 20 000 millones de dólares, registró el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
En ese período de cinco décadas, la población brasileña se duplicó, de 107 millones de habitantes a 213 millones, según el mismo Ibge. En 1975 aún era mayoritariamente rural, con 52 %. El censo de 2022 apuntó que 87 % de los brasileños viven en ciudades.
Es decir, el salto en la producción agrícola ocurrió en un período de intenso éxodo rural, con la rápida urbanización de la población brasileña.
La investigación científica que permitió al país incorporar a la agricultura extensas tierras del Cerrado, la sabana brasileña, antes consideradas inadecuadas, suele ser apuntada como un factor decisivo de la transformación de Brasil en uno de los graneros del mundo.
¿Razones financieras detrás del bum?
“Hay varias explicaciones, pero quizás una de las más importantes sean las restricciones de recursos externos para importar alimentos. Brasil era muy dependiente de alimentos importados, y eso se agravó por la crisis de los años 80”, evaluó Jorge Arbache, profesor de economía de la Universidad de Brasilia.
Los países latinoamericanos y muchos otros en desarrollo sufrieron en aquella “década perdida” una empobrecedora crisis de la deuda externa que forzó a duros ajustes económicos.
Brasil vivió entonces un recrudecimiento de la hiperinflación, que alcanzó 235 % en 1985, y el inicio de un proceso de desindustrialización. El sector manufacturero pasó a perder participación en el producto interno bruto (PIB), al contrario de la agricultura.
Para ello contribuyó, de forma decisiva en la mirada agronómica, un gran esfuerzo en investigación y desarrollo volcado al sector agrícola. La estatal Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), creada en 1975, tuvo un rol principal, pero otras instituciones especializadas también fueron relevantes.
“Eso resultó en un plan sofisticado de cultivos en el Cerrado”, recordó Arbache, en referencia al bioma que conforma la sabana más biodiversa del mundo.
El maíz y el algodón también tuvieron saltos de producción en las dos últimas décadas, impulsados por la soja, la locomotora cultivada entre noviembre y marzo. Enseguida se siembra algodón o maíz en la misma tierra. Con dos o tres cosechas al año, la agricultura tropical es naturalmente competitiva. Imagen: Mario Osava / IPS
La decisiva soja
La adaptación de la soja al suelo ácido y al clima del Cerrado, que ocupa dos millones de kilómetros cuadrados en el centro de Brasil, fue determinante para el bum agrícola. En 2025 esa oleaginosa, y también leguminosa, representó 48 % de la producción total de granos en Brasil, o sea 166,1 millones de toneladas.
Hace 50 años era un cultivo marginal restringido al extremo sur del país. Hoy Mato Grosso, un estado de la región del Centro-oeste en su mayor parte ocupado por el Cerrado y parte por la Amazonia, concentra 30,4 % de la cosecha nacional de soja.
“La gran capacidad de adaptación de la soja a suelos y clima distintos favoreció esa expansión. La Embrapa y otros centros de investigación lograron seleccionar variedades de producción espectacular en el Centro-Oeste”, explicó Jean Marc von der Weid, economista agrícola con maestría en la francesa Universidad París I Panthéon Sorbone.
Pero más importante fue la inversión en recursos humanos y en la extensión rural, a través de una red que llevó el conocimiento a los agricultores, opinó Arbache a IPS en una entrevista desde Brasilia.
Además, la soja impulsó la siembra de maíz y algodón, de los que Mato Groso se convirtió en el mayor productor nacional en años recientes. Ello porque que esos dos cultivos componen la segunda cosecha anual en las mismas áreas, una ventaja de la agricultura tropical.
“No conozco otro caso (de desarrollo agrícola) comparable al de Brasil. Si hay proyectos específicos y controlados, casi experimentales, de siembras en zonas áridas, pero nada relevante en ninguna mirada global”, acotó Arbache
Una vulnerabilidad fue que la concentración de granos en la frontera agrícola centro-occidental generó una fuerte demanda logística.
Pequeña porción de un bosque amazónico incendiado. Cada árbol talado o quemado en la Amazonia representa miles de litros de agua a menos cada día en los llamados ríos voladores, que llevan lluvias a la agricultura más productiva de Brasil, hacía el sur. Imagen: Mario Osava / IPS
¿Bum sostenible pese a las vulnerabilidades?
Hay además otras neurálgicas vulnerabilidades.
“Nuestra agricultura es demasiado dependiente de insumos importados, tecnologías, fertilizantes, agroquímicos variados, servicios digitales, y buena parte del comercio es dominado por empresas internacionales”, señaló el profesor de economía Arbache.
“El valor agregado local es relativamente bajo. El sector tiene un talón de Aquiles. Una crisis internacional, como la que ocurre actualmente, puede poner nuestra agricultura de rodillas, a causa de un modelo de negocios muy vulnerable”, acotó.
Se refiere a la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, desde febrero de 2022, y la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero, que afectan el suministro de dos insumos indispensables: fertilizantes y diésel.
Brasil importa cerca de 85 % de los fertilizantes que consume. Rusia, principalmente, y países del Medio Oriente como Arabia Saudí y Qatar son sus proveedores y, por lo tanto, fuentes de inseguridad, como las guerras en Ucrania y contra Irán evidencian.
Pero, sin duda, la mayor vulnerabilidad es la climática, dijo a IPS, en su residencia en Río de Janeiro, von der Weid, fundador de la organización no gubernamental AS-PTA Agricultura Familiar y Agroecología, originalmente Asesoría y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa, cuyas siglas mantiene.
Ferrocarriles y almacenes insuficientes encarecen la soja y otros granos de exportación brasileños. Esa infraestructura logística es de Anápolis, en el estado centro-oriental de Goiás, donde se conectan dos ferrocarriles. Imagen: Mario Osava / IPS
¿Camina la bonanza de monocultivos hacia la insolvencia?
Las olas de calor redujeron la producción de café y cacao en todo el mundo y hacen mucho daño a la soja y el maíz, los cultivos más voluminosos de Brasil, siendo el maíz el más vulnerable a la sequía, ejemplificó Von der Weid.
Campesinos del Corredor Seco Centroamericano se adiestran en la construcción de un estanque de piedra, una de las «tecnologías» de acopio de agua de lluvia en el Semiárido brasileño, donde estuvieron en junio de 2018, para un intercambio de conocimientos sobre cómo lidiar con las sequias. Imagen: Mario Osava / IPS
¿El Semiárido, la respuesta para el futuro?
La irregularidad climática provoca sequías y lluvias excesivas, dispersas e imprevisibles, de forma distinta en lugares incluso cercanos, se generaliza y se impone de manera similar a la que ocurre en la ecorregión del Semiárido, en el Nordeste de Brasil, donde AS-PTA más actúa desde su fundación en 1983, detalló Von der Weid.
En esa región predomina otro tipo de agricultura, la que en Brasil se denomina familiar, por involucrar poca tierra y el trabajo principalmente de las familias en la producción rural.
El Nordeste concentra 47 % de los predios de la agricultura familiar, según el censo del Ibge de 2017. Es donde más se diseminaron las prácticas agroecológicas, incluso por razones naturales, es decir las condiciones adversas, como lluvias concentradas en pocos meses, agua subterránea salobre, calor y mucha pobreza.
La mayor parte de esas cisternas, más de un millón, se destina a proveer agua potable para beber y cocinar en los hogares. Las demás, llamadas para producción, son para el riego de los huertos y para los animales.
A ello se sumaron variados programas sociales, como la Bolsa Familia, un subsidio directo a los más pobres, beneficios a los jubilados y discapacitados, y compras gubernamentales de alimentos producidos por agricultores familiares para la alimentación escolar y de las instituciones de asistencia social.
El futuro de la agricultura será agroecológico, asegura Von der Weid, una exigencia de la adaptación a los cambios climáticos, a las condiciones adversas que los campesinos ya enfrentan en el Semiárido.
“La crisis del agronegocio ya se instaló y va creciendo, pese a la pujanza que exhibe en Brasil. No se pueden ampliar indefinidamente los subsidios”, concluyó.
El cambio climático se ha consolidado como uno de los principales desafíos estructurales del siglo XXI, con impactos crecientes sobre los sistemas naturales, económicos y sociales. En este contexto, la acción climática dejó de ser una agenda exclusivamente internacional o nacional para convertirse en una responsabilidad compartida por todos los niveles de gobierno. Las jurisdicciones subnacionales — provincias y municipios— ocupan un lugar estratégico, ya que es en el territorio donde se manifiestan los impactos climáticos y donde se implementan de manera concreta las políticas públicas.
El Plan de Respuesta al Cambio Climático (PRCC) surge como una herramienta central de planificación, orientada a ordenar, priorizar y coordinar las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. A partir del caso del Plan de Respuesta al Cambio Climático de la Provincia de Misiones, este documento desarrolla: (i) qué es un Plan de Respuesta al Cambio Climático, (ii) por qué las jurisdicciones deben implementarlos, y (iii) qué beneficios y oportunidades vinculadas al desarrollo sostenible y climático aportan estos planes a los territorios.
1. ¿Qué es un Plan de Respuesta al Cambio Climático?
Un Plan de Respuesta al Cambio Climático es un instrumento de política pública de carácter estratégico que define el conjunto de lineamientos, objetivos, medidas y mecanismos institucionales que una jurisdicción adopta para enfrentar el cambio climático de manera integral. Su finalidad principal es orientar la acción climática en el territorio, abordando tanto la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (mitigación) como la disminución de la vulnerabilidad frente a los impactos climáticos presentes y futuros (adaptación).
Desde el punto de vista conceptual, el PRCC se apoya en el reconocimiento científico de que el cambio climático es un fenómeno de origen predominantemente antropogénico, asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la quema de combustibles fósiles, los cambios en el uso del suelo, la agricultura, los procesos industriales y la gestión de residuos. Frente a este
diagnóstico, los planes de respuesta traducen los compromisos internacionales y nacionales en acciones concretas a escala subnacional.
En el caso argentino, los Planes de Respuesta al Cambio Climático se enmarcan en la Ley Nacional N.º 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, que establece la obligación de las jurisdicciones de planificar e implementar políticas climáticas coherentes con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) asumidas por el país en el marco del Acuerdo de París.
Un PRCC presenta, habitualmente, los siguientes componentes:
• Diagnóstico climático y territorial, que identifica las principales fuentes de emisiones, los sumideros de carbono, las amenazas climáticas y las vulnerabilidades sectoriales.
• Componente de mitigación, con objetivos y medidas orientadas a reducir emisiones y/o aumentar capturas de carbono, priorizando sectores estratégicos como energía, transporte, residuos y uso del suelo.
• Componente de adaptación, enfocado en reducir riesgos, fortalecer la resiliencia de los sistemas productivos, sociales y ecosistémicos, y proteger a las poblaciones más vulnerables.
• Gobernanza climática, que define la arquitectura institucional, los mecanismos de coordinación intersectorial y la participación ciudadana. • Sistema de monitoreo y evaluación, que permite medir avances, garantizar transparencia y ajustar las políticas en el tiempo.
• Estrategia de financiamiento climático, que identifica fuentes de recursos y mecanismos para viabilizar la implementación del plan.
En síntesis, el Plan de Respuesta al Cambio Climático no es un documento declarativo, sino una hoja de ruta operativa que integra la variable climática en la planificación del desarrollo territorial.
2. ¿Por qué las jurisdicciones deben implementar Planes de Respuesta al Cambio Climático?
La implementación de Planes de Respuesta al Cambio Climático por parte de las jurisdicciones responde a razones normativas, técnicas, territoriales y políticas.
2.1 Razones normativas e institucionales
Desde el punto de vista jurídico, las jurisdicciones subnacionales tienen competencias directas sobre áreas clave para la acción climática, como el ordenamiento territorial, el transporte, la energía, la gestión de residuos, la producción agropecuaria y la protección de los ecosistemas. En el marco federal argentino, la Ley 27.520 establece presupuestos mínimos, pero delega en provincias
y municipios la responsabilidad de diseñar e implementar políticas acordes a sus realidades territoriales.
Asimismo, los Planes de Respuesta permiten asegurar la coherencia vertical entre los compromisos internacionales (Acuerdo de París), las NDC nacionales y las políticas locales, evitando superposiciones, vacíos normativos o contradicciones entre niveles de gobierno.
2.2 Razones técnicas y territoriales
El cambio climático no impacta de manera homogénea en todo el territorio. Las amenazas, vulnerabilidades y capacidades de respuesta varían significativamente entre regiones, lo que hace indispensable una planificación climática situada. Las jurisdicciones cuentan con un conocimiento más preciso de sus dinámicas productivas, sociales y ambientales, lo que les permite diseñar medidas más eficaces y contextualizadas.
En el caso de Misiones, por ejemplo, la elevada cobertura boscosa y la importancia del sector forestal determinan un perfil climático particular, caracterizado por una alta capacidad de captura de carbono. Un Plan de Respuesta permite poner en valor estas características, proteger los sumideros naturales y orientar el desarrollo hacia un modelo bajo en emisiones.
2.3 Razones políticas y de gestión pública
Los Planes de Respuesta al Cambio Climático fortalecen la capacidad de gestión pública al proporcionar un marco estratégico que ordena prioridades, asigna responsabilidades y facilita la coordinación intersectorial. Además, constituyen una señal política clara de compromiso climático, tanto hacia la ciudadanía como hacia actores nacionales e internacionales.
La existencia de un plan aprobado y en implementación mejora la elegibilidad de las jurisdicciones para acceder a financiamiento climático, cooperación técnica y programas de fortalecimiento institucional, al demostrar planificación, coherencia y capacidad de ejecución.
3. Beneficios y oportunidades de los Planes de Respuesta al Cambio Climático para los territorios
La implementación de Planes de Respuesta al Cambio Climático genera múltiples beneficios y oportunidades, que trascienden la dimensión ambiental y se articulan con el desarrollo sostenible.
3.1 Beneficios ambientales y climáticos
En primer lugar, los PRCC contribuyen directamente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la conservación de los sumideros de carbono, lo que
fortalece la contribución de las jurisdicciones a los objetivos climáticos nacionales e internacionales. Asimismo, las medidas de adaptación reducen la vulnerabilidad frente a eventos extremos, disminuyendo pérdidas económicas, daños a la infraestructura y riesgos para la salud.
La protección de ecosistemas, la gestión sostenible del suelo y la restauración de áreas degradadas generan beneficios adicionales en términos de biodiversidad, servicios ecosistémicos y calidad ambiental.
3.2 Oportunidades para el desarrollo productivo sostenible
Los Planes de Respuesta abren oportunidades para diversificar y modernizar las economías locales mediante la promoción de sectores estratégicos como las energías renovables, la eficiencia energética, la economía circular, la gestión sostenible de residuos y la producción agroforestal.
Estas acciones impulsan la generación de empleo verde, fomentan la innovación tecnológica y fortalecen cadenas de valor locales, contribuyendo a un desarrollo económico más resiliente y competitivo.
3.3 Beneficios sociales y territoriales
Desde una perspectiva social, los PRCC permiten incorporar criterios de equidad y justicia climática, priorizando a las poblaciones y territorios más vulnerables. La planificación climática mejora la calidad de vida al reducir riesgos sanitarios, fortalecer la seguridad hídrica y promover entornos urbanos más saludables.
Además, los procesos participativos asociados a la elaboración e implementación de los planes fortalecen la gobernanza democrática, el acceso a la información y la corresponsabilidad social en la acción climática.
3.4 Acceso a financiamiento e inserción internacional
Contar con un Plan de Respuesta al Cambio Climático posiciona a las jurisdicciones para acceder a financiamiento climático nacional e internacional, incluyendo fondos multilaterales, cooperación bilateral y mecanismos innovadores como los mercados de carbono previstos en el Artículo 6 del Acuerdo de París.
En territorios con ventajas comparativas, como aquellos con alta capacidad de captura de carbono, estos instrumentos pueden convertirse en una fuente relevante de recursos para financiar políticas públicas, siempre que se garantice la integridad ambiental y los beneficios sociales locales.
Conclusiones
El Plan de Respuesta al Cambio Climático constituye una herramienta clave para que las jurisdicciones enfrenten de manera estratégica e integrada los desafíos del cambio climático. Más allá de su función ambiental, estos planes ordenan la acción pública, fortalecen la gobernanza, generan oportunidades de desarrollo sostenible y mejoran la resiliencia de los territorios.
El caso del Plan de Respuesta al Cambio Climático de la Provincia de Misiones muestra cómo la planificación climática subnacional puede articular mitigación, adaptación y desarrollo, poniendo en valor las capacidades territoriales y alineándose con los compromisos nacionales e internacionales.
En este sentido, la implementación efectiva de estos planes no solo es una obligación normativa, sino también una oportunidad estratégica para construir territorios más sostenibles, resilientes e inclusivos.
Con índice de peligro de incendios en nivel extremo en todo el territorio provincial, el Gobierno de Misiones reforzó las medidas de prevención y convocó al acompañamiento de la comunidad para evitar incendios forestales, rurales y urbanos. La advertencia, difundida este lunes 26 de enero de 2026, responde a un escenario climático adverso, marcado por altas temperaturas y escasez de lluvias, que eleva de manera significativa el riesgo ambiental y compromete la seguridad de la población y la protección de la selva misionera.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la concientización ciudadana resulta determinante para reducir incidentes y mitigar impactos económicos, sociales y ambientales. En este contexto, se insistió en la necesidad de actuar con responsabilidad y respetar las recomendaciones vigentes durante la temporada crítica.
Condiciones climáticas extremas y alerta en todo el territorio
Las actuales condiciones meteorológicas colocan a Misiones en una situación de riesgo extremo de incendios de alcance provincial. El déficit de precipitaciones, combinado con temperaturas elevadas, incrementa la inflamabilidad de la vegetación y acelera la propagación del fuego, con potenciales consecuencias sobre recursos naturales, infraestructura y actividades productivas.
Ante este escenario, el Gobierno provincial activó un refuerzo preventivo y subrayó la importancia de la respuesta temprana ante cualquier foco de humo o fuego. La medida busca evitar daños irreversibles sobre el ambiente y reducir costos asociados a la emergencia, que impactan tanto en el sector público como en las economías locales.
Recomendaciones clave y rol del Ministerio de Ecología
A través del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, el Gobierno recordó una serie de recomendaciones básicas que resultan centrales en períodos de peligro extremo:
No prender fuego ni quemar residuos.
No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos.
No realizar fogatas en áreas naturales.
No tirar basura en rutas, caminos o espacios abiertos.
Ante la presencia de humo o fuego, llamar de inmediato al 911.
Estas pautas, reiteraron desde el Ejecutivo, apuntan a reducir conductas de riesgo que suelen ser el origen de incendios evitables. El cumplimiento estricto de estas medidas se vuelve crítico cuando el índice de peligro alcanza niveles extremos.
Prevención como responsabilidad colectiva
El Gobierno de Misiones enfatizó que la prevención es una responsabilidad compartida y que el compromiso individual de cada ciudadano es clave para proteger la selva misionera, uno de los principales activos ambientales de la provincia. La cooperación comunitaria, señalaron, permite disminuir la probabilidad de incendios, proteger la seguridad de la población y preservar los recursos naturales frente a un contexto climático cada vez más desafiante.
