En el marco de su Asamblea General en Panamá, el Forest Stewardship Council (FSC) presentó los resultados de la Encuesta Global de Opinión de Consumidores 2025, elaborada por IPSOS en 50 países con más de 40.000 participantes. El estudio muestra un giro en la percepción pública: mientras las guerras y conflictos (52%) se posicionan como la principal inquietud global, el cambio climático retrocede al 31%, marcando una brecha de 21 puntos entre ambos temas.
Si se observan solo los 32 países encuestados en 2022 y 2025, la distancia aumentó de 12 a 16 puntos, evidenciando un declive sostenido en la prioridad otorgada a la crisis climática.
Latinoamérica exhibe una de las mayores dispersiónes regionales. Mientras México lidera con 42% de preocupación, Bolivia apenas alcanza el 17%, una diferencia de 25 puntos, la más amplia del mundo.
Solo Brasil y México incrementaron su nivel de inquietud respecto de 2022. En el caso brasileño, la preocupación casi se duplicó (de 18% a 33%), convirtiéndose en el país con mayor crecimiento global. En contraste, otros mercados regionales mostraron descensos:
Argentina: 26% → 21%
Colombia: 29% → 25%
Chile: 30% → 26%
Perú: 27% → 26%
“No es apatía, sino una señal de pragmatismo. Cuando las personas perciben riesgos forestales concretos —incendios, estrés hídrico o pérdida de biodiversidad— responden. El desafío es hacer que la acción climática sea tangible”, explicó Subhra Bhattacharjee, Directora General del FSC.
Los bosques, epicentro de la percepción climática
La encuesta confirma que los bosques son el lugar donde los latinoamericanos sienten más directamente el cambio climático. La tala ilegal (25%) es la principal preocupación ambiental en la región, seguida por incendios forestales y deforestación. Ninguna otra región del mundo prioriza estos temas con la misma intensidad.
“Las comunidades están más seguras cuando las cadenas de suministro premian las buenas prácticas”, añadió Bhattacharjee. “Comprar a operaciones verificadas y libres de deforestación protege tanto a la gente como a los bosques”.
Pese a la caída en la preocupación declarada, el comportamiento de compra mantiene un fuerte componente ambiental. En 29 mercados, el 72% de los consumidores prefiere productos que no dañen plantas ni animales.
Además, el reconocimiento del sello FSC está asociado a mayores niveles de confianza en las marcas. En México (89%), Brasil (86%) y Chile (83%), los consumidores muestran una confianza superior al promedio global (72%) en productos con certificación FSC, lo que los convierte en mercados clave para la sustentabilidad corporativa.
“La gente vota con su billetera. Quieren opciones sostenibles y premian a las marcas que pueden demostrar su impacto”, destacó Helen Chepkemoi Too, Directora Senior de Mercados del FSC.
Panorama global: descenso generalizado
Europa: caída de entre 6 y 10 puntos en Francia, Dinamarca, España, Reino Unido y Alemania, en un contexto de políticas climáticas ambiciosas pero bajo compromiso ciudadano.
Canadá: disminuye la preocupación climática, aunque los incendios forestales (46%) dominan los temores ambientales.
Kenia: baja de 42% a 30% (-12 puntos).
Japón: uno de los pocos casos contracorriente, con un aumento de 9 puntos (29% → 38%).
Riesgo de despriorización
El informe del FSC advierte que las guerras, las pandemias y la inflación están desplazando la conciencia climática tanto en la opinión pública como en la agenda política. Sin embargo, la mayoría de los encuestados espera que las empresas aseguren cadenas de suministro libres de deforestación y productos que no contribuyan a la pérdida de biodiversidad.
Por ello, el FSC llama a integrar la acción ambiental con la seguridad social y económica, para evitar que las soluciones climáticas pierdan impulso frente a las crisis inmediatas.
📊 Metodología
Encuesta Global de Opinión de Consumidores FSC x IPSOS 2025:
Muestra: 40.000 personas
Cobertura: 50 países
Comparación histórica: 32 países entre 2022 y 2025
Ramiro Barreiro (Dialogue Earth). Hay una leyenda guaraní que cuenta la historia de un joven indígena que se adentra en la selva del Chaco, equipado con un trozo de tacuara -un tipo de caña de bambú- y una calabaza conocida como “mati” en su idioma. Después de perder el rumbo y toda esperanza, sus provisiones resultan ser una bendición cuando encuentra las hojas de una planta que, una vez mezcladas con agua y sorbidas desde su calabaza, le devuelven el ánimo y le dan energía para continuar.
Hoy en día, esta hoja, de la planta Ilex paraguariensis o yerba mate, una vez tostada, secada, molida y preparada, es la infusión favorita de Sudamérica.
Argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileños consumen distintos tipos de yerba según los diferentes tipos de canchada, como se le llama a la molienda. La yerba argentina y paraguaya es gruesa e incluye partes de las ramas del árbol, “el palo”; la que consumen en Uruguay, en cambio, es fina y, por consiguiente, tiene más polvo; y en Brasil la yerba es casi un polvo verde. Pese a las diferencias, todos son cultores de esta bebida, y en estos países el mate es un clásico para el trabajo en equipo, en jornadas de trabajo o estudio, charlas cruciales y también banales, y como presentación ante extranjeros, que suelen acceder a probar este extraño brebaje verde con desconfianza.
Su gran popularidad también contribuye a impulsar una industria que genera más de 2.000 millones de dólares al año. Más allá de la infusión tradicional, la yerba mate se utiliza cada vez más en bebidas energéticas, cosméticos, barritas de cereales, helados y vermú, entre otros productos.
Sin embargo, a medida que los efectos del cambio climático traen consigodesafíos ytransformaciones en la agricultura en este rincón de América del Sur, el panorama de la producción de yerba mate, actualmente dividida entre Argentina, el sur de Brasil y Paraguay, también podría estar a punto de cambiar.
En 2023, Argentina fue el principal productor de yerba mate con 982.000 toneladas, seguido de Brasil (736.000 toneladas) y Paraguay (160.000 toneladas), según datos de laOrganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Uruguay, por su parte, nunca ha cultivado la planta en grandes volúmenes, pero la sed de sus 3,4 millones de habitantes por esta bebida lo convierte en el mayor consumidor per cápita, con aproximadamente10 kg por ciudadano al año, demanda que se cubre con importaciones de sus vecinos.
Un estudio realizado en 2024 por científicos brasileños advirtió que esa realidad puede cambiar, y que las áreas favorables para los cultivos de yerba mate se reducirán en Paraguay y Brasil y se mantendrán estables o hasta aumentarán en Uruguay, por efectos del cambio climático, lo que podría desarrollar esa nueva industria.
El informe presenta cuatro posibles escenarios de cambio climático con diferentes grados de optimismo en cuanto a la magnitud de la reducción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero durante cuatro periodos de 20 años, desde 2020 hasta 2100.
En todos los escenarios posibles proyectados por los investigadores, a medida que pasan los periodos, las zonas cultivables parecen desplazarse a lo largo de los cuatro países, desde el noreste hacia el suroeste.
Para comienzos del próximo siglo, y en el peor escenario posible, Uruguay, al sur del departamento Río Negro, quedaría dentro de un selecto grupo favorable para el cultivo de yerba mate, junto a una pequeña porción de la provincia de Buenos Aires en Argentina, y zonas más pequeñas aún en Rio Grande do Sul y Santa Catarina en Brasil.
En la actualidad Argentina lidera el podio de superficies cultivadas con yerba mate, con más de 230.000 hectáreas; le sigue Brasil, que cuenta con 85.000 hectáreas cultivadas de yerba mate —sin contar la recolección silvestre—; por último, Paraguay con unas 40.000 hectáreas. Uruguay posee producción, de momento, artesanal, por lo que no existen registros estadísticos.
“Este escenario sugiere que Uruguay podría consolidarse como un centro estratégico para el cultivo de yerba mate en las próximas décadas, especialmente si invierte en tecnologías adaptativas y políticas de fomento a la producción. Sin embargo, es importante destacar que este potencial está fuertemente condicionado por el grado de calentamiento global”, advierte a Dialogue Earth Guilherme Botega, del Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, uno de los investigadores.
En medio de estos posibles cambios, Dialogue Earth visitó a pequeños productores de yerba mate que actualmente trabajan en Uruguay y habló con figuras de la industria en Argentina que evalúan la resiliencia de su producción, tras haber sido testigos de los efectos del cambio climático.
El proyecto de Ambá
La jornada arranca temprano en las sierras de Rocha -a unos 300 metros sobre el nivel del mar- donde la blanca bruma se hace más densa por el aporte de un fogón preparado para sapecar unos 30 kilos de hojas de yerba mate.
Sapecar significa “abrir los ojos” en guaraní, y en términos técnicos, sirve para reventar los estomas, las estructuras por dónde respira la planta, en un primer proceso de deshidratación, que se completa en el secado.
Empleados empaquetan yerba mate en grandes bolsas en una plantación de Misiones, Argentina. El país es actualmente el líder en superficie cultivada de yerba mate, mientras que los proyectos en Uruguay son en su mayoría de pequeña escala (Imagen: Jason Rothe / Alamy)
El tostado se lleva a cabo en un proyecto dirigido por Ambá, una organización sin fines de lucro dedicada a la restauración de la naturaleza y los ecosistemas. En su centro de regeneración en el este uruguayo ya registraron un millar de árboles de ilex paraguariensis en dos campos de poco más de siete hectáreas. Se trata de árboles que crecen en forma silvestre entre las quebradas, protegidas por una mata de bosque nativo.
Ambá significa “el propósito más alto” en guaraní. La organización plantea que el vínculo emocional del ser humano con la naturaleza está dañado, y se han decidido a cambiar esa realidad restaurando ecosistemas como base para el desarrollo de las comunidades locales y las economías regenerativas.
La yerba mate que se ha integrado en sus paisajes puede que sea solo para su propio consumo, pero no son los únicos que muestran las posibilidades de este cultivo artesanal. Los campos privados y el cultivo de yerba a pequeña escala son cada vez más numerosos. Entre los productores más conocidos se encuentran elvivero I Porá, en el departamento de Maldonado, en el sur del país, y Quebrada de los Cuervos, en el departamento de Treinta y Tres, dirigido por Alberto Demichelli, a quien se considera “pionero” en la reintroducción de la especie en el país.
Los árboles de Ambá en Rocha crecen a su antojo, gracias a las aves que comen sus semillas rojas —parecidas a las del café—, y que luego de un proceso de escarificación en el tracto digestivo, son dispersadas con la deposición.
“Haciendo la cosecha de hojas en un campo, sin querer, el dueño nos dijo que vio un árbol nuevo. Nos llevó a ver ese árbol y caminando por la zona encontramos diez más que no habíamos contado. Eso es dispersión pura de la semilla”, cuenta Talía Zamboni, coordinadora de Restauración Ecológica de Ambá.
El grupo organiza actividades abiertas a la comunidad, en las se circundan los distintos senderos serranos y se realiza parte del proceso que convierte a las hojas en yerba y, como es de prever, todo sucede al ritmo del mate.
Una historia de silvicultura y ganadería
Su cultivo a gran escala ha hecho creer al público que la yerba mate es un arbusto, pero en estado silvestre es un árbol que puede alcanzar alturas de entre 10 y 30 metros, con troncos de hasta 80 centímetros de diámetro, por lo que se poda para facilitar la recolección de las ramas.
Arbustos de yerba mate plantados en una granja finca en Brasil. En estado silvestre, los arbustos se convierten en árboles que pueden alcanzar alturas de entre 10 y 30 metros, pero en las plantaciones se podan para facilitar la recolección de las ramas (Imagen: Adilson Sochodolak / Alamy)
La especie se desarrolla mejor en regiones con una temperatura media anual de entre 15 y 25 °C, siendo la óptima de 20 a 23 °C, y una precipitación anual superior a 1.200 mm. Además, es reacia a la luz solar directa.
Otro de los pioneros en Uruguay es el ingeniero agrónomo Raúl Nin, quien vio por primera vez un árbol de yerba mate en 1964, en el departamento de Tacuarembó, y se ha vuelto referencia y proveedor de árboles.
Cientos de plantines esperan crecer en su vivero Ca’aguigua —“morador del bosque” en guaraní—, un espacio de 1.600 metros cuadrados a menos de un kilómetro del mar de la ciudad costera de La Paloma, con más de 200 especies nativas.
Nin cuenta que hay productores que le solicitan cientos de plantas y reseña que ha pasado con los árboles de yerba mate que crecían en el Uruguay a mediados del siglo XX.
“En la Segunda Guerra Mundial no quedó un monte en pie en Uruguay porque no había petróleo y hubo que traer la línea férrea desde Paraguay para sacar el carbón. Luego llegó el negocio forestal, o sea, se perdió la producción en masa por decisiones políticas y por necesidad de la época”, relata.
Ganado Angus en la finca Rincón del Sauce, en el departamento de Florida, en el sur de Uruguay. Los árboles de yerba mate del país desaparecieron debido a factores como el auge de la ganadería, tanto por el uso de la tierra como por el gusto de las vacas por las hojas amargas de yerba, señala el ingeniero agrícola Raúl Nin (Imagen: Pablo Bielli / Dialogue Earth)
Nin agrega otros factores: el reemplazo de nativas por exóticas y el auge de la ganadería, tanto por el uso de la tierra como por debilidad que tienen las vacas por las amargas hojas de yerba mate.
Regeneración
Así como Nin y Ambá en Uruguay están tratando de demostrar el potencial de la producción de yerba mate a pequeña escala para integrarse a los ecosistemas locales, los productores a gran escala, como los de Argentina, también se ven obligados a tener en cuenta los cambios ambientales y la necesidad de adoptar enfoques diferentes.
“Necesitamos volver a generar sistemas productivos que se parezcan a sus ambientes naturales”, plantea la subgerente del área técnica del Instituto argentino de la Yerba Mate (INYM), Verónica Scalerandi.
La ingeniera agrónoma reconoce que el informe de sus colegas brasileños “invita a tomar conciencia” y advierte que ya ha visto algunos avances de lo que plantea en las últimas sequías de 2021-2022.
“Los efectos de las precipitaciones no son solamente que llueva 1.200 milímetros de promedio [en las zonas de cultivo de yerba mate de Argentina], sino que el cambio climático lo que está haciendo es que estas precipitaciones se concentren, y además se conjuga con algo que el informe no tiene, que es que nuestros suelos están altamente degradados, y que la precipitación llegue a las raíces de las plantas no depende de la cantidad de agua que cae, sino de las condiciones físicas de nuestros suelos”, afirma.
Un informe del INYM al que Dialogue Earth tuvo acceso relevó condiciones físico-químicas de los suelos yerbateros argentinos que demuestra que cerca del 80% están en condiciones malas de calidad física, por laboreo, sobrelaboreo, compactación, y falta de cobertura, lo que implica que menos del 60% de las precipitaciones efectivamente lleguen a las raíces de las plantas.
“Tenemos promedios de producción muy bajos que evidencian que hay cultivos que están muy degradados y produciendo muy poquito, pero uno va a veces a un campo, a un productor que maneja las cosas bien y tiene rendimientos altos”, dice Scalerandi.
La especialista es, no obstante, optimista. “La yerba mate es la oportunidad para nuestra ecoregión, que es el relicto de selva paranaense, porque es un cultivo nativo que le gusta la sombra, que se lleva muy bien con la cobertura arbórea y que se puede cultivar haciendo un manejo eficiente de las coberturas espontáneas y naturales de los suelos, lo que otros llaman malezas”, sostiene.
La representante del INYM considera que la sostenibilidad del sector no se logrará únicamente aumentando la producción, sino que la verdadera oportunidad frente al cambio climático reside en desarrollar sistemas más resilientes y priorizar la protección del suelo, que considera el único factor capaz de garantizar la producción a largo plazo.
Escribe Busani Bafana / Inter Press Service – Desde las cataratas Victoria, en la frontera entre Zambia y Zimbabue, conocidas como localmente como «el humo que truena», hasta las impresionantes pirámides de Egipto, pasando por el romántico Taj Mahal de la India, al igual que otros sitios icónicos a nivel mundial, se enfrentan a una amenaza creciente: el riesgo hídrico.
Varios sitios del Patrimonio Mundial podrían perderse para siempre si no se toman medidas urgentes para proteger la naturaleza, por ejemplo, mediante la restauración de paisajes vitales como los humedales, advierte un nuevo informe del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) tras un análisis que indica que las sequías y las inundaciones están amenazando esos emblemas globales.
Los sitios del Patrimonio Mundial son lugares de excepcional importancia cultural, histórica, científica o natural, reconocidos y preservados para las generaciones futuras mediante su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Alrededor de 73 % de los 1172 sitios del Patrimonio Mundial no marinos están expuestos al menos a un riesgo hídrico grave, como sequías, inundaciones o crecidas de ríos o costas. Según un análisis realizado con datos de Aqueduct del WRI, alrededor de 21 % de esos sitios afrontan el doble problema de exceso y escasez de agua.
Se prevé que en promedio los sitios del Patrimonio Mundial expuestos a niveles altos o extremadamente altos de estrés hídrico aumente de 40 % a 44 % para 2050, pero los impactos serán mucho más graves en regiones como Medio Oriente y el norte de África, partes del sur de Asia y el norte de China, según el informe.
Los resultados de la investigación destacan que los riesgos hídricos amenazan a muchos de los más de 1200 sitios del Patrimonio Mundial de la Unesco.
El Taj Mahal, por ejemplo, se enfrenta a una escasez de agua que está aumentando la contaminación y agotando las aguas subterráneas, lo que está dañando al más famoso monumento funerario del mundo.
Mientras, en 2022, una gran inundación cerró todo el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, y costó más de 20 millones de dólares en reparaciones de infraestructura para reabrirlo.
En el mismo continente americano, las inundaciones fluviales están afectando a la ciudad desértica de Chan Chan, en Perú. Según la plataforma Aqueduct del WRI, el sitio de la Unesco y su región circundante en La Libertad se enfrentan a un riesgo extremadamente alto de inundaciones fluviales.
Para 2050, se espera que la población afectada por las inundaciones anuales en un año promedio sin actividad del fenómeno de El Niño en La Libertad se duplique de 16 000 a 34 000 debido a una combinación de actividad humana y cambio climático. En un año con El Niño activo, ese aumento puede ser mucho mayor.
Además, el Parque Nacional del Serengeti en Tanzania, rico en biodiversidad, la ciudad sagrada de Chichén Itzá en México y la medina de Fez en Marruecos se enfrentan a riesgos hídricos cada vez mayores que no solo ponen en peligro los sitios emblemáticos, sino también a los millones de personas que dependen de ellos para su alimentación, sus medios de vida o su conexión con su cultura, o que simplemente disfrutan viajando a estos destinos.
A caballo entre la frontera entre Zambia y Zimbabue, las cataratas Victoria fueron inscritas en la lista del Patrimonio Mundial en 1989 por su ecosistema vital y su importancia como fuente de sustento para miles de personas, además de ser un importante atractivo turístico.
A pesar de su reputación de una cascada de agua masiva, Mosi-oa-Tunya, como se conoce a las cataratas Victoria antes que llegara a ellas el explorador escocés David Livingstone y les pusiera el nombre con que se las conoce en Occidente, se ha enfrentado a sequías recurrentes durante la última década y, en ocasiones, se ha secado hasta quedar reducida a un hilo de agua.
El informe de WRI recuerda que la selva tropical que rodea Mosi-oa-Tunya/cataratas Victoria alberga una rica diversidad de fauna y flora que podría perderse.
Según el WRI, las cataratas Victoria han sufrido sequías recurrentes en 2016, 2019 y 2024.
Las investigaciones sobre los patrones de precipitaciones cerca de Mosi-oa-Tunya/cataratas Victoria muestran que el inicio de la temporada de lluvias, normalmente en octubre, se está retrasando. Esto significa que, en un año de sequía, el alivio tarda más en llegar y, cuanto más dura la sequía, más afecta a la población, los cultivos y la economía de la zona.
Un análisis de Aqueduct reveló que las cataratas Victoria tienen un riesgo medio de sequía, por debajo de los más de 430 sitios del Patrimonio Mundial de la Unesco que tienen un riesgo alto de sequía. Esto se debe principalmente a que la densidad de población relativamente baja y el desarrollo humano limitado en las inmediaciones del sitio reducen la exposición general.
«Sin embargo, el sitio se enfrenta a una presión cada vez mayor por el desarrollo de infraestructuras relacionadas con el turismo, y los datos muestran que la probabilidad de que se produzca una sequía es alta, una conclusión reforzada por las numerosas sequías recientes que han azotado la región», señala el informe.
El WRI detalla, no obstante, que «no solo se prevé que el cambio climático haga que estas sequías sean más frecuentes, sino que la recuperación sea más lenta, especialmente en lugares que no están preparados».
«Es posible que el tiempo entre sequías no sea suficiente para que el ecosistema se recupere, lo que es especialmente preocupante para Mosi-oa-Tunya/Cataratas Victoria», anticipa el informe.
Restaurar la naturaleza, una solución para mitigar los riesgos hídricos
El informe recomienda actuar con rapidez para restaurar los paisajes vitales a nivel local que favorecen un agua saludable y estable, e invertir en soluciones basadas en la naturaleza, como plantar árboles para restaurar los bosques de cabecera o revitalizar los humedales para capturar las aguas de las inundaciones y recargar los acuíferos. El compromiso político es clave para que esto suceda.
Además, se ha instado a los países a promulgar políticas nacionales de conservación para proteger los paisajes vitales del desarrollo insostenible a nivel mundial, y es necesario elevar el estatus del agua como bien común global, al tiempo que se establecen acuerdos transfronterizos equitativos sobre el reparto del agua entre países.
Zimbabue acogió en julio la 15 reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención de Ramsar, justamente en las cataratas Victoria, bajo el lema «Proteger los humedales para nuestro futuro común».
La COP15 de la Convención Ramsar, también conocida como la Convención sobre los humedales, subrayó entre sus conclusiones que la protección de los recursos hídricos mundiales es ahora más urgente que nunca.
Samantha Kuzma, responsable de datos de Aqueduct en el WRI, dio en una entrevista con IPS un dato positivo: «la voluntad política de invertir en la naturaleza existe en todo el mundo».
«Hay comunidades comprometidas que están encontrando formas de proteger y restaurar paisajes vitales como los humedales. El problema es que estos esfuerzos son fragmentarios. A nivel mundial, no vemos la voluntad política a la escala necesaria para lograr un cambio real y duradero», detalló.
Según el Banco Mundial, el mundo necesita movilizar hasta siete billones (millones de millones) de dólares para 2030 para que la infraestructura hídrica mundial cumpla los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con el agua y aborde décadas de inversión insuficiente.
En la actualidad, casi 91 % del gasto anual en agua proviene del sector público, incluidos los gobiernos y las empresas estatales, y menos de 2 % corresponde al sector privado, según el Banco Mundial, que señala la importancia de un compromiso firme con la reforma del sector del agua mediante políticas, instituciones y regulaciones progresistas, y una mejor planificación y gestión del capital existente asignado al sector.
«Nos encontramos en un punto en el que la inacción es más costosa que la acción», destacó Kuzma, para hacer después hincapié en que el mundo debe comprender mejor el papel fundamental del agua en el sostenimiento de las economías, ya que su valor está en todas partes y es invisible hasta que se ve amenazado.
«Tomemos como ejemplo los sitios del Patrimonio Mundial de la Unesco. Su valor ecológico y cultural es incalculable y, en términos puramente pragmáticos, a menudo son el eje de las economías locales», afirmó Kuzma.
«Cualquier cierre o daño tendrá un efecto dominó inmediato en las comunidades. Se puede afirmar con seguridad que, a nivel mundial, estamos fallando en lo que respecta a la protección de la naturaleza. Pero para cambiar el rumbo, primero debemos comprender por qué», concluyó.
Busani Bafana corresponsal galardonado en múltiples ocasiones con sede en Bulawayo, Zimbabue, con más de 10 años de experiencia, especializado en periodismo ambiental y de negocios y reportajes en línea.
En una sentencia sin precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció un sólido vínculo entre la emergencia climática y las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Lo hizo a través de la Opinión Consultiva OC 32/25, notificada el pasado 3 de julio, a partir de una solicitud conjunta presentada en enero de 2023 por Chile y Colombia. “No hay margen para la indiferencia”, advirtió con firmeza la presidenta del tribunal, la jueza Nancy Hernández López, durante el acto de notificación este viernes.
El dictamen, de alcance continental, fue resultado del proceso consultivo más participativo en la historia de la Corte IDH: se recibieron 263 escritos de 613 actores, entre ellos Estados, organismos internacionales, instituciones académicas, comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo fue clarificar las obligaciones estatales frente a los efectos del cambio climático, especialmente respecto de grupos en situación de vulnerabilidad.
Una emergencia con peso jurídico
El documento reconoce, por unanimidad, que el mundo atraviesa una emergencia climática derivada del incremento de la temperatura global causada por la actividad humana, con consecuencias especialmente graves para los sectores más vulnerables. A partir de esa premisa, el tribunal afirmó que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) están obligados a adoptar medidas urgentes y eficaces de mitigación, adaptación y transición hacia un desarrollo sostenible, integrando los derechos humanos en esas estrategias.
La Corte desglosa cuatro obligaciones generales de los Estados en este contexto: el respeto de los derechos humanos (abstenerse de prácticas que frenen su protección), su garantía efectiva, el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y la adecuación normativa a nivel interno, alineada con la ciencia climática y los compromisos internacionales.
La Naturaleza como sujeto de derechos
Uno de los aspectos más innovadores de la OC 32 es el reconocimiento -por mayoría- de la Naturaleza y sus componentes como sujetos de derecho. La Corte fundamenta esta afirmación en la creciente interdependencia entre los derechos humanos y el ambiente, lo que implica una doble obligación para los Estados: evitar daños significativos y adoptar acciones para restaurar y regenerar ecosistemas.
Otro aporte mayor del fallo es la afirmación, por unanimidad, de que existen conductas humanas cuya afectación irreversible sobre el equilibrio del ecosistema constituye una violación de normas imperativas del derecho internacional (jus cogens). Por ello, los Estados no solo deben abstenerse de incurrir en estas conductas, sino también cooperar activamente para erradicarlas.
Nuevos derechos y obligaciones
La Opinión desarrolla el concepto del derecho al clima sano, como dimensión del derecho al ambiente sano, con implicancias tanto colectivas —protección de generaciones futuras y la Naturaleza— como individuales —el derecho de cada persona a vivir sin los efectos peligrosos del cambio climático causado por la actividad humana—. También afirma la protección de los conocimientos tradicionales, indígenas y locales como parte de los DESCA.
A la vez, fija obligaciones específicas frente a situaciones de especial vulnerabilidad: niñas, niños, pueblos originarios, comunidades afrodescendientes, campesinas y pesqueras, así como personas afectadas por desastres climáticos. Reconoce que el Estado debe proteger también a quienes, por razones contextuales, quedan fuera de las categorías tradicionalmente protegidas.
En ese sentido, la Corte subraya con particular énfasis la obligación de proteger a las personas defensoras del ambiente, frente a un “clima general de criminalización”. Exige un estándar reforzado de investigación, juzgamiento y sanción ante los delitos cometidos contra ellas, así como acciones concretas contra la impunidad y el hostigamiento.
La OC 32 constituye la primera Opinión Consultiva de la Corte IDH sobre el cambio climático. En paralelo, se encuentra en proceso una consulta similar ante la Corte Internacional de Justicia. Pero el tribunal interamericano se adelantó, ofreciendo ya una interpretación robusta que vincula la ciencia climática con los derechos humanos.
Entre los principales aportes, se destacan: el reconocimiento de la emergencia climática basado en evidencia científica; la amplitud del proceso participativo; la tipificación de ciertas prácticas como violaciones a normas imperativas del derecho internacional; la elevación de la Naturaleza como sujeto de derechos; y el enfoque reforzado en las obligaciones estatales frente a la vulnerabilidad y la protección de futuras generaciones.
Desde ahora, los Estados de la región no solo están convocados a actuar: están jurídicamente obligados a hacerlo. Y como lo expresó la presidenta Hernández López, en tiempos de crisis climática, “no hay margen para la indiferencia”.
La primera Conferencia Climática Internacional “Compromiso Latinoamericano hacia la COP30” y 5° Cumbre Mundial de Economía Circular que se realizarán los días 1, 2 y 3 de julio próximos convocarán a un amplio arco de speakers internacionales, académicos y expertos de América Latina y Europa.
El objetivo principal será la construcción de una agenda colaborativa que sintetice, con perspectiva regional, los principales desafíos de los gobiernos subnacionales y locales, en el camino hacia la 30° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30) que se llevará a cabo en noviembre de 2025, en la ciudad de Belém, Brasil.
A partir de esta agenda, se propone elaborar una hoja de ruta que recoja los principales puntos de convergencia para generar transformaciones estratégicas para el desarrollo territorial sostenible.
Las jornadas albergarán sesiones plenarias y mesas temáticas de alto nivel y se desarrollarán en el Centro de Convenciones de la ciudad de Córdoba.
La ministra de Ambiente y Economía Circular del Gobierno de Córdoba, Victoria Flores, adelantó el temario de la Conferencia Climática Internacional organizada por el Gobierno de Córdoba. El mismo abarca biodiversidad, género, cambio climático, finanzas sostenibles y economía circular como ejes de discusión dentro de las conferencias plenarias y también las mesas de trabajo.
“El objetivo es poder juntar la academia, el saber, las experiencias, pero también terminar con acuerdos de gobiernos subnacionales que permitan trabajar distintos temas ambientales”.
La funcionaria destacó que importantes expositores y panelistas debatirán para generar acuerdos mínimos y que “ya se está trabajando con instituciones que representan desde municipios hasta provincias y gobiernos nacionales de Latinoamérica en la búsqueda de esos consensos”.
La conferencia propone una metodología ágil, integradora y dinámica, diseñada para facilitar el diálogo multiactoral, la producción colectiva de conocimiento y la construcción de acuerdos estratégicos con proyección regional e internacional.
La ministra señaló que “hay problemas globales y necesidad de plantear soluciones locales”, circunstancia por la cual “necesitamos tener consensos, fijar acuerdos y tener principios de trabajo que nos permitan cuidar nuestra casa común”.
Puntualizó además que “el gobernador Martín Llaryora ha mostrado que tiene una decisión política de trabajar, cuidar la naturaleza y generar desarrollo y este equilibrio es el que hoy el mundo debate cómo hacerlo”.
El evento internacional contará además con una bioferia y una feria energética y de movilidad eléctrica que se desarrollará durante los tres días en forma paralela a las exposiciones y paneles de debate.
Están invitados a participar autoridades nacionales y provinciales, representantes de redes y organismos internacionales, equipos de gestión pública, representantes del sector científico, productivo y privado, emprendedores de la economía circular y ciudadanía interesada.
Victoria Flores insistió en la importancia de una participación masiva. “Estamos invitando para que más gente se sume a participar, porque entendemos que el cambio empieza en cada conducta humana”
“Para cuidar el ambiente necesitamos como personas, como seres humanos, entender que somos una de las razas que habitamos la casa común en nuestro planeta y que el cambio, la transformación, tiene que empezar por cada uno de nosotros”, cerró la ministra.
Cuatro objetivos principales. La conferencia establece cuatro objetivos claros:
Agenda subnacional: Diseñar una hoja de ruta común que identifique desafíos y políticas prioritarias para el desarrollo sostenible desde los territorios.
Casos de éxito: Intercambiar experiencias reales de gestión pública que hayan logrado impactos positivos en sostenibilidad y economía circular.
Articulación multisectorial: Tender puentes entre gobiernos, sector privado, ciencia y tecnología para acelerar la acción climática.
Compromisos globales: Conectar las políticas locales con los acuerdos internacionales en materia ambiental y productiva.
Hacia la COP 30
La conferencia se enmarca en un contexto global que exige reforzar la cooperación y acelerar la transición hacia el desarrollo sostenible.
Córdoba se presenta como una sede de intercambio abierto, plural y estratégico de ideas rumbo a la COP 30, que es una reunión crucial para que las naciones presenten planes actualizados para reducir las emisiones.
El evento busca construir un compromiso regional en el camino hacia la COP 30 que recoja los principales puntos de convergencia para generar transformaciones estratégicas para el desarrollo territorial sostenible.
La COP 30 que se celebrará en Belém del 10 al 21 de noviembre se centrará en la interconexión entre el cambio climático y la biodiversidad, especialmente en la Amazonía.
La cumbre busca avanzar en la ambición climática, impulsando a los países a presentar Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) más ambiciosas y a acelerar la eliminación de combustibles fósiles y la transición a energías renovables.
Un tema crucial será la movilización de financiamiento climático, además de abordar la justicia climática y la protección de bosques y biodiversidad como pilares fundamentales.
Inscripciones para público general y medios de prensa
Para conocer más sobre la conferencia, inscribirse para participar y acceder a la agenda completa del evento, se puede ingresar a https://conferenciaclimatica.cba.gov.ar/
