Carlos Guberman

Economía aprueba dos préstamos por hasta US$3.200 millones con respaldo del Banco Mundial y el BID

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El Ministerio de Economía avanzó con una nueva estrategia de financiamiento externo al aprobar dos préstamos por hasta US$3.200 millones respaldados por organismos multilaterales. La operación busca mejorar el perfil de la deuda, reducir el costo del crédito internacional y ampliar el acceso del Tesoro a los mercados de capitales en un contexto de normalización financiera.

La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda oficializaron, mediante las resoluciones conjuntas 40, 41 y 42/2026, la instrumentación de dos operaciones de crédito internacional que suman hasta US$3.200 millones, una con garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), ambos integrantes del Grupo Banco Mundial, y otra con respaldo parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La decisión se inscribe dentro de la estrategia financiera del Gobierno nacional para diversificar las fuentes de financiamiento y disminuir el costo del endeudamiento mediante el uso de garantías multilaterales, una herramienta que reduce el riesgo percibido por los acreedores y permite acceder a mejores condiciones crediticias.

La mayor de las operaciones corresponde a un préstamo de hasta US$2.000 millones, que será otorgado por BBVA Nueva York y Banco Santander S.A., con garantía del esquema BIRF/MIGA. Paralelamente, Economía aprobó un segundo financiamiento de hasta US$1.200 millones con Deutsche Bank AG, London Branch, respaldado parcialmente por el BID mediante una garantía de US$550 millones.

Las tres resoluciones fueron firmadas por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La Resolución 42 corrige un error material de la Resolución 40 respecto de la denominación jurídica del Banco Santander, sin modificar las condiciones financieras de la operación.

Garantías multilaterales para bajar el costo del crédito

El elemento central de estas operaciones es la utilización de garantías otorgadas por organismos multilaterales de crédito. Este mecanismo permite que una parte del riesgo soberano sea asumido por entidades como el Banco Mundial o el BID, mejorando la percepción de los mercados internacionales sobre el préstamo.

Desde el punto de vista financiero, esto se traduce en tasas de interés más bajas, mayores plazos y mejores condiciones de acceso para el Tesoro argentino.

El esquema forma parte de una tendencia creciente entre economías emergentes que buscan recuperar financiamiento privado sin depender exclusivamente de emisiones tradicionales de bonos soberanos.

Cómo queda estructurado el financiamiento. Las resoluciones establecen que US$2.000 millones serán financiados por BBVA Nueva York y Banco Santander S.A., con garantía BIRF/MIGA. US$1.200 millones serán otorgados por Deutsche Bank AG, London Branch, con garantía parcial del BID por US$550 millones. En ambas operaciones se reconoce una comisión de estructuración del 0,50% sobre el monto financiado. The Bank of New York Mellon (BNY) actuará como agente administrador de ambos préstamos. El Banco Nación será el agente de proceso en Nueva York.

Asimismo, las operaciones contemplan cláusulas de prórroga de jurisdicción hacia tribunales de Nueva York, autorizadas previamente por el Decreto 478/2026, aunque el Gobierno aclara que ello no implica renuncia a la inmunidad de ejecución sobre los bienes protegidos del Estado argentino, tal como establece la legislación vigente.

Qué significa para la estrategia económica

La utilización de créditos garantizados por organismos multilaterales refleja un cambio en la composición del financiamiento del sector público.

En lugar de recurrir exclusivamente a colocaciones abiertas de deuda soberana —que suelen exigir mayores rendimientos cuando aumenta el riesgo país—, el Tesoro busca aprovechar el respaldo institucional del Banco Mundial y del BID para reducir el costo financiero.

Para los inversores internacionales, la participación de estos organismos constituye una señal de mitigación del riesgo crediticio, facilitando la colocación de préstamos en mejores condiciones.

Aunque se trata de operaciones destinadas al financiamiento del Estado nacional, su efecto trasciende el plano fiscal.

Una mejora en el perfil de vencimientos y en el costo del endeudamiento contribuye a estabilizar las necesidades financieras del Tesoro, un factor que incide sobre el mercado cambiario, la disponibilidad de crédito y el costo del financiamiento para el sector privado.

Para las economías regionales del NEA, incluida Misiones, un escenario de mayor estabilidad macroeconómica puede traducirse en condiciones más favorables para acceder al crédito de inversión y para sostener proyectos vinculados a infraestructura, exportaciones y desarrollo productivo.

No obstante, el verdadero impacto dependerá de que esta estrategia logre consolidarse en el tiempo y contribuya a reducir el riesgo soberano, variable que continúa siendo uno de los principales determinantes del costo financiero que enfrentan las empresas argentinas.

El mercado seguirá de cerca si estas operaciones representan el inicio de un acceso más fluido al financiamiento internacional o si constituyen una herramienta puntual dentro de la administración de pasivos del Tesoro. La capacidad de combinar crédito multilateral, disciplina fiscal y reducción del riesgo país será uno de los factores que definirá el costo del capital para la economía argentina durante los próximos años.

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Deudas mutuas: Nación reconoció 20 mil millones a favor de Misiones

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El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, ratificó mediante el Decreto N° 654 un nuevo entendimiento financiero con el Estado nacional que permitirá incorporar $20.000 millones al Presupuesto provincial vigente, en el marco del “Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas” establecido por el Decreto Nacional 969/2024.

La medida formaliza el “Acta de Intención” suscripta el 18 de febrero de 2026 entre la Provincia de Misiones y la Secretaría de Hacienda de la Nación, encabezada por Carlos Guberman, mientras que la representación provincial estuvo a cargo del ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

El acuerdo se inscribe dentro de una negociación más amplia iniciada en abril de 2025 entre la provincia y el Ministerio de Economía de la Nación, conducido por Luis Caputo, destinada a compensar deudas y acreencias recíprocas entre ambas jurisdicciones.

Según detalla el decreto, el Estado nacional reconoció a favor de Misiones una acreencia total de $20.000 millones, que será cancelada mediante un adelanto inicial de $661,9 millones y cinco cuotas mensuales consecutivas de $4.000 millones cada una.

El texto oficial señala que estos recursos serán incorporados como ingresos corrientes no tributarios al Presupuesto provincial y tendrán como destino principal programas bajo la órbita de “Obligaciones a Cargo del Tesoro”, además de transferencias automáticas a municipios.

De ese total, $1.773 millones serán distribuidos entre las comunas misioneras en concepto de compensación vinculada al Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, conforme al esquema previsto por la Ley XXI N° 67 y normativa complementaria. El resto, unos $18.226 millones, quedará bajo administración provincial para financiar programas y erogaciones consideradas prioritarias.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial sostiene que el acuerdo permitirá “mantener la aplicación de políticas públicas que coadyuven a sostener los niveles de empleo, preservar las actividades productivas y financiar la asistencia requerida por los sectores sociales desprotegidos”.

La decisión se produce en un contexto de fuerte presión sobre las cuentas provinciales por la caída real de las transferencias automáticas de Nación y el deterioro de la recaudación propia. En ese escenario, el Gobierno misionero busca reforzar liquidez y garantizar continuidad financiera para programas sociales, infraestructura y sostenimiento económico.

El decreto también instruye al Ministerio de Hacienda provincial a adoptar las medidas necesarias para instrumentar el convenio y habilita las partidas presupuestarias correspondientes para ejecutar los fondos.

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El Ministerio de Economía corrige condiciones de bonos y reestructura deuda de corto plazo con el Banco Central

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Economía amplía una emisión de letras y corrige condiciones de bonos del Tesoro para ordenar el perfil de deuda de corto plazo.

El Ministerio de Economía dispuso este martes dos medidas clave para continuar con la estrategia de refinanciamiento del Tesoro Nacional hacia el cierre del ejercicio 2025: una ampliación de letras por hasta $3 billones para una operación con el Banco Central y una rectificación técnica sobre los términos de bonos recientemente emitidos.

Las decisiones fueron oficializadas mediante las Resoluciones Conjuntas 56/2025 y 57/2025 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, publicadas en el Boletín Oficial.

Ampliación de la LECAP S16E6: conversión de deuda con el Banco Central

La Resolución Conjunta 56/2025, firmada el 3 de noviembre, autoriza la ampliación de la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de enero de 2026” (LECAP S16E6) por hasta $3 billones de valor nominal original.
El objetivo es realizar una operación de conversión de títulos con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que entregará sus tenencias de la LECAP con vencimiento el 10 de noviembre de 2025 (S10N5) a cambio del nuevo instrumento, extendiendo así el plazo de vencimiento en poco más de dos meses.

La operación se enmarca en el Decreto 453/2025, que faculta al Ministerio de Economía a emitir deuda de corto plazo para refinanciar vencimientos dentro del ejercicio fiscal, y en el Decreto 331/2022, incorporado a la Ley 11.672 de Presupuesto Complementario Permanente.
Según la norma, los precios de conversión se determinarán el 3 de noviembre de 2025 con liquidación al día siguiente, 4 de noviembre, tomando las cotizaciones de mercado de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) previas a las 13:30 horas.

Con esta conversión, el Tesoro extiende vencimientos concentrados de noviembre y busca evitar tensiones de liquidez en el cierre del año, en un contexto de altas necesidades de refinanciamiento y tasas en descenso.
La medida autoriza a la Oficina Nacional de Crédito Público y dependencias técnicas del Ministerio a suscribir la documentación correspondiente

Corrección técnica en bonos recientemente emitidos

En paralelo, la Resolución Conjunta 57/2025 rectifica los términos de los instrumentos emitidos el 29 de octubre bajo la Resolución Conjunta 54/2025, luego de detectarse un error en la fórmula de cálculo de la tasa efectiva mensual capitalizable.

Se trata de dos títulos en pesos emitidos durante la última licitación del Tesoro:

  • Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de octubre de 2026.
  • Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de abril de 2027.

Ambos instrumentos fueron emitidos a la par, en moneda local, con amortización íntegra al vencimiento y una tasa efectiva mensual que se capitaliza hasta su cancelación, determinada en la licitación.
Cada uno cuenta con un monto máximo de emisión de hasta $5 billones de valor nominal original, con negociación en A3 Mercados S.A. y en bolsas y mercados de valores del país.
Los pagos se cursarán a través del Banco Central, y las emisiones gozan de las exenciones impositivas previstas en la legislación vigente.

La rectificación técnica busca garantizar la precisión en los cálculos financieros de los títulos en circulación, asegurando coherencia en la estructura de tasas y condiciones dentro del programa de deuda pública.

Contexto y alcance de las medidas

Ambas resoluciones forman parte del programa de administración de pasivos y normalización del perfil de vencimientos que lleva adelante el Ministerio de Economía, en un mes donde el Tesoro enfrenta compromisos superiores a $10,5 billones.

La operación con el Banco Central permite liberar presión de corto plazo. Mientras que las correcciones técnicas aseguran la transparencia y previsibilidad de las emisiones ante los inversores institucionales.

La estrategia se apoya en los instrumentos previstos por las resoluciones conjuntas 9/2019 y sus modificatorias, que regulan los procedimientos de colocación de títulos públicos. Y en la coordinación entre Finanzas y Hacienda como órgano responsable de la administración financiera del Estado.

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Recompra de bonos: el Gobierno busca normalizar la curva en pesos y reducir el costo financiero

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El Gobierno recompró bonos por $1,2 billones para bajar las tasas en pesos y preparar la licitación de deuda por $12 billones.

Tras el resultado electoral, el Tesoro ejecutó una estrategia de recompra para reducir rendimientos, descomprimir la curva en pesos y apuntalar la reactivación del crédito privado.

Señal de estabilidad tras las elecciones: el Tesoro busca normalizar la curva en pesos

El Gobierno nacional salió a recomprar bonos del Tesoro en pesos en los dos primeros días hábiles posteriores a las elecciones legislativas. La medida, que implicó una inyección estimada de $1,2 billones, tuvo un objetivo doble: bajar las tasas de interés de los títulos públicos y preparar el terreno para la licitación de deuda de este miércoles, que involucra vencimientos por alrededor de $12 billones.

Según fuentes del Ministerio de Economía, la operación apuntó a dar una señal de confianza a los mercados, mostrando que la administración mantiene capacidad de pago y busca estabilizar el mercado de deuda doméstico. “La prioridad ahora es reducir los rendimientos que paga el Tesoro y normalizar la curva de pesos”, señalaron en el equipo económico.

Las compras se concentraron especialmente en Lecap con vencimiento en febrero de 2026, un tramo clave de la curva que el Tesoro busca extender para disminuir la presión de refinanciaciones en los próximos meses. Con la incertidumbre electoral despejada, el Gobierno apuesta a que las tasas en pesos converjan gradualmente hacia niveles “razonables”, en torno al 30% anual para los plazos más cortos.

Estrategia de liquidez: menos refinanciación y más crédito privado

En paralelo, los analistas financieros interpretaron que el Tesoro podría no renovar el 100% de los vencimientos de esta semana, lo que implicaría una inyección adicional de liquidez al sistema. El informe de Cocos Capital anticipa que esta estrategia busca aliviar la escasez de pesos que se observa en la plaza, producto de la absorción monetaria del Banco Central y del desarme de posiciones en futuros.

“El escenario poselectoral encuentra al mercado con poca liquidez. Parte de ello se explica por la política del Ministerio de Economía desde julio, que absorbió excedentes monetarios para evitar presiones sobre el dólar antes de los comicios”, explicaron desde la consultora.

La operatoria coincidió con un fuerte incremento de las tasas de caución —que llegaron a operar entre 50% y 80% anual— debido a la alta demanda de cobertura cambiaria. Según estimaciones oficiales, durante las semanas previas a las elecciones el sector privado dolarizó el equivalente al 50% del dinero transaccional (M2).

Con la recomposición de las expectativas y el fin de la tensión electoral, el Gobierno espera una recuperación gradual de la demanda de dinero, que permita bajar las tasas en pesos, reducir la carga de intereses del Tesoro y reanimar el crédito al sector privado.

Desconcentrar vencimientos y recomponer expectativas

El equipo económico también trabaja en la reconfiguración del perfil de vencimientos, concentrado en el corto plazo. Según cálculos oficiales, en los próximos tres meses se acumulan compromisos por $86 billones, lo que representa un desafío financiero significativo.

En ese contexto, la estrategia es canjear deuda de corto plazo por títulos más largos, aprovechando la mejora en las expectativas tras los comicios. La recompra de Lecap y Boncer apunta a descomprimir el calendario de pagos y restablecer una curva de rendimientos más previsible.

Durante el período preelectoral, la demanda de cobertura en dólares generó una fuerte presión sobre los bonos ajustables por inflación, cuyas series más largas llegaron a pagar sobretasas superiores al 30% anual. El objetivo oficial es llevar esos rendimientos a niveles del 10%, acercándolos a parámetros consistentes con la meta de estabilización fiscal y monetaria.

Claves de la política financiera poselectoral

  • Monto recomprado: alrededor de $1,2 billones entre lunes y martes.
  • Vencimientos inmediatos: cerca de $12 billones este miércoles.
  • Tasa objetivo: convergencia hacia un 30% anual en pesos.
  • Bonos intervenidos: Lecap con vencimiento en febrero de 2026 y tramos intermedios de la curva.
  • Liquidez: posible no refinanciación total para inyectar más pesos al mercado.
  • Objetivo estructural: reducción de tasas, normalización del crédito y descompresión de la deuda de corto plazo.

El proceso de estabilización que el Ministerio de Economía impulsa tras el resultado electoral será determinante para marcar la velocidad de la recuperación financiera y del crédito privado, dos variables clave para el desempeño económico de 2026.

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El Gobierno libertario busca aprobar su primer Presupuesto con superávit del 1,5% del PBI

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Presupuesto 2026, el Gobierno libertario enfrenta su primera gran prueba de gobernabilidad tras las elecciones

El proyecto será el primer test político y fiscal de Javier Milei ante el nuevo Congreso. La discusión sobre el equilibrio presupuestario, la presión tributaria y la recaudación marcará el pulso del debate económico de fin de año.

Un examen clave para la estabilidad política y fiscal

Con el impulso político que dejaron las elecciones legislativas, el Gobierno libertario se enfrenta esta semana a su primer gran desafío de gobernabilidad: la discusión del Presupuesto 2026. El proyecto, presentado por el presidente Javier Milei el pasado 15 de diciembre, será la primera señal concreta de cómo planea ejercer el poder con una nueva correlación de fuerzas en el Congreso.

El Presupuesto constituye una prueba crucial de conducción política, luego de dos ejercicios consecutivos (2024 y 2025) con prórrogas del presupuesto 2023. En esta oportunidad, la administración busca ratificar su compromiso con el equilibrio fiscal, con una meta de superávit del 1,5% del PBI, frente al 0,9% que proponen sectores opositores como el espacio liderado por Miguel Ángel Pichetto, que anticipó la presentación de un dictamen de minoría.

La Cámara de Diputados será el escenario central del debate, donde cada bloque expondrá sus propuestas. A diferencia de ocasiones anteriores, los legisladores libertarios llegan con una base política fortalecida y el objetivo de aprobar su primer presupuesto propio, en línea con el plan de consolidación fiscal y reformas estructurales delineado por el Ejecutivo.

Las proyecciones económicas: ingresos, inflación y el rol del Estado

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expondrá esta semana ante las comisiones parlamentarias para defender las proyecciones oficiales. Según el texto presentado, el Gobierno prevé una recaudación total de $225 billones, equivalente al 21,77% del PBI, manteniendo la estructura impositiva vigente.

El desafío será explicar cómo se alcanzará ese volumen de ingresos con una inflación estimada del 10% y un crecimiento del 5% del PBI, proyecciones consideradas optimistas por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El organismo advierte que los principales tributos —IVA, Ganancias y Aportes a la Seguridad Social— representarán el 16,9% del PBI, es decir, más de las tres cuartas partes de los recursos nacionales.

Entre las claves del esquema fiscal se destacan:

  • Aumento de la presión tributaria del Impuesto a las Ganancias en 0,21 puntos porcentuales, producto de la desaceleración nominal.
  • Actualización gradual de los montos fijos del Impuesto a los Combustibles.
  • Reducción de la carga de Bienes Personales, conforme a las alícuotas menores establecidas por la Ley 27.743.

Un capítulo especial dentro del Presupuesto 2026 es la continuidad del régimen de Ganancias Simplificado, vigente actualmente por decreto. Este sistema —similar al monotributo— permite a la Administración de Recursos y Control (ARCA) generar una declaración automática de gastos que el contribuyente puede validar o ajustar. Aunque no se lo menciona explícitamente, la iniciativa funciona como un blanqueo permanente para fondos no declarados, incluidos los “dólares del colchón”, que se busca reinsertar en el sistema formal.

Primer mojón del plan libertario y reacción política

Para el oficialismo, el Presupuesto 2026 es el primer paso de una agenda más amplia que incluirá, en los próximos meses, una reforma laboral y una reforma tributaria. Milei busca demostrar a los mercados y a los gobernadores que puede mantener disciplina fiscal y gobernabilidad política en un contexto de expectativas crecientes.

El presidente ya había anticipado su disposición a dialogar con los mandatarios provinciales para garantizar la aprobación del texto. La señal de orden institucional resulta clave luego de la prórroga del Presupuesto 2023, que limitó la planificación financiera del Estado y afectó el flujo de fondos hacia las provincias.

Por otra parte, el Congreso continuará esta semana con la exposición de funcionarios. Está prevista la participación de la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, quien defenderá los gastos de su cartera; así como la de María Luciana Carrasco, jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa, y el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauro Ceratto. También asistirán Carlos Torrendell, secretario de Educación, y Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, para detallar la asignación de recursos en sus áreas.

El debate presupuestario se perfila, así, como el primer test político de la nueva etapa libertaria. Su desenlace marcará el ritmo del Gobierno hacia 2026 y será interpretado por los mercados como una señal de fortaleza o fragilidad institucional.

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