Carlos Guberman

El Gobierno amplía el BONCAP hasta $1,5 billones para canjear deuda con el Banco Central

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El Ministerio de Economía autorizó una operación de conversión de deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que permitirá reemplazar una Letra del Tesoro que vence a fines de agosto por un bono con vencimiento en junio de 2027. Para instrumentar el canje, el Tesoro dispuso ampliar la emisión del BONCAP T30J7 por hasta $1,5 billones de valor nominal original.

La medida fue establecida mediante la Resolución Conjunta 51/2026 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este martes en el Boletín Oficial. La norma contempla la conversión de las tenencias que posee el BCRA de la LECAP S31G6, con vencimiento el 31 de agosto de 2026, por BONCAP T30J7, cuyo vencimiento está previsto para el 30 de junio de 2027.

En términos financieros, la operación supone extender el horizonte de vencimiento de esos instrumentos en poder del Banco Central. La LECAP que será entregada al Tesoro tenía como fecha de vencimiento el 31 de agosto próximo, mientras que el título recibido por el BCRA prolongará ese compromiso hasta junio de 2027. La operación, por lo tanto, modifica el perfil temporal de la deuda sin implicar por sí misma una cancelación de obligaciones.

El Gobierno justificó la operación dentro del marco legal que regula el crédito público y, específicamente, de las facultades establecidas en el Presupuesto 2026. La resolución recuerda que el artículo 44 de la Ley 27.798 habilita al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público dentro de los montos y destinos establecidos en la normativa presupuestaria.

El instrumento utilizado será el BONCAP T30J7, un bono del Tesoro capitalizable en pesos que ya había sido emitido originalmente en enero de 2026. La ampliación estará limitada a $1.500.000 millones de valor nominal original y se realizará exclusivamente por el monto que resulte necesario para concretar la conversión con el BCRA.

La particularidad de la operación es que no se trata de una licitación abierta a inversores privados, sino de una conversión de títulos con el Banco Central. La normativa vigente permite que determinadas suscripciones de instrumentos de deuda pública se realicen mediante otros títulos de deuda, con precios determinados en función de las condiciones observadas en los mercados.

Para establecer la relación de canje se tomarán como referencia los precios registrados el 21 de agosto de 2026 en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), inmediatamente antes de las 13:30, con liquidación a 24 horas. La fecha prevista para concretar la operación fue fijada para el 24 de agosto.

El dato relevante para el mercado es que el Tesoro transforma un vencimiento concentrado en el corto plazo en una obligación con un horizonte más extendido. La LECAP que debía ser atendida a fin de agosto es sustituida por un instrumento que vence diez meses después, lo que contribuye a administrar el calendario de vencimientos en pesos del sector público.

La operación también muestra el papel que continúa desempeñando el BCRA como tenedor de instrumentos del Tesoro. En este caso, el mecanismo permite reemplazar una posición que estaba próxima a su vencimiento por otro título público, evitando que la renovación de esa obligación dependa exclusivamente de una nueva colocación de deuda en el mercado.

Eel desafío será que este tipo de operaciones contribuya efectivamente a distribuir los vencimientos en el tiempo y a reducir las necesidades de refinanciamiento inmediato. El efecto sobre las cuentas públicas dependerá, entre otros factores, de las condiciones financieras bajo las cuales continúe renovándose la deuda en pesos y de la capacidad del Tesoro para sostener el acceso al mercado voluntario.

La resolución lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, y entró en vigencia desde el día de su dictado.

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Economía recompra al BCRA USD 781 millones de Letras intransferibles

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El Gobierno nacional dispuso una nueva operación de recompra de Letras Intransferibles en dólares estadounidenses que están en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA), por un valor efectivo de USD 781,47 millones, en una maniobra orientada a avanzar en la cancelación de estos instrumentos y reducir su peso dentro de los registros de deuda pública.

La medida fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 47/2026 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este martes en el Boletín Oficial. La operación se encuadra en el mecanismo habilitado por el Decreto 453/2025, que autorizó a ambas dependencias del Ministerio de Economía a continuar con la cancelación de las Letras Intransferibles que permanecen en cartera del BCRA.

El esquema establece que las Letras deben ser tomadas siguiendo el orden cronológico de sus vencimientos, comenzando por las de vencimiento más cercano. En este caso, la operación comprende dos instrumentos: una Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares con vencimiento el 30 de junio de 2031 y otra con vencimiento el 20 de abril de 2032.

Para la Letra que vence en 2031, el Gobierno fijó un valor nominal original de USD 76,25 millones y un precio de USD 64,363467 por cada USD 100 de valor nominal. El segundo instrumento, con vencimiento en 2032, posee un valor nominal original de USD 1.226,34 millones y será adquirido a un precio de USD 59,721453 por cada USD 100 de valor nominal.

La diferencia entre el valor nominal de los títulos y el monto efectivo desembolsado constituye uno de los aspectos centrales de la operación. En conjunto, el Gobierno utilizará USD 781,47 millones de valor efectivo para cancelar instrumentos cuyo valor nominal original supera los USD 1.300 millones. Los valores efectivos serán redondeados al entero más cercano y la operación quedó liquidada el lunes 10 de agosto.

El punto relevante para las cuentas públicas es que los títulos recibidos por el Tesoro serán dados de baja de los registros de la deuda pública. De esta manera, la operación no se limita a modificar la composición de los activos y pasivos entre el Tesoro y el BCRA, sino que implica una reducción efectiva del stock de deuda registrado por el Estado nacional.

Las Letras Intransferibles constituyen un instrumento utilizado históricamente para documentar el financiamiento del Tesoro al Banco Central y permanecen en la cartera del organismo monetario. La estrategia adoptada por la actual administración busca avanzar en su cancelación mediante operaciones de administración de pasivos, utilizando los mecanismos habilitados por la normativa presupuestaria y financiera.

El artículo 55 de la Ley 11.672 faculta a las Secretarías de Hacienda y Finanzas a realizar operaciones de administración de pasivos, incluyendo compras, ventas y canjes de instrumentos financieros. El Decreto 453/2025 amplió específicamente el marco para continuar con la cancelación de las Letras Intransferibles en poder del BCRA, utilizando recursos provenientes de organismos internacionales de crédito u otras fuentes que determinen ambas secretarías.

La operación también muestra una particularidad financiera relevante: el Gobierno no está recomprando estos títulos a su valor nominal, sino utilizando precios determinados sobre la base de los valores considerados para la transacción. Esto permite cancelar un volumen nominal superior al desembolso efectivo realizado, aunque el efecto final debe analizarse dentro del conjunto de activos, pasivos y relaciones financieras entre el Tesoro y el Banco Central.

Desde la perspectiva de las cuentas públicas, la medida apunta a simplificar la estructura de deuda y continuar con el proceso de saneamiento de los instrumentos que vinculan al Tesoro con el BCRA. Para el mercado, el dato más concreto es la baja de deuda pública por los títulos adquiridos, en un contexto en el que la administración económica busca utilizar operaciones de manejo de pasivos para modificar la composición y el perfil de las obligaciones del Estado.

La resolución lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, y entró en vigencia el mismo día de su dictado.

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Economía aprueba dos préstamos por hasta US$3.200 millones con respaldo del Banco Mundial y el BID

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El Ministerio de Economía avanzó con una nueva estrategia de financiamiento externo al aprobar dos préstamos por hasta US$3.200 millones respaldados por organismos multilaterales. La operación busca mejorar el perfil de la deuda, reducir el costo del crédito internacional y ampliar el acceso del Tesoro a los mercados de capitales en un contexto de normalización financiera.

La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda oficializaron, mediante las resoluciones conjuntas 40, 41 y 42/2026, la instrumentación de dos operaciones de crédito internacional que suman hasta US$3.200 millones, una con garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), ambos integrantes del Grupo Banco Mundial, y otra con respaldo parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La decisión se inscribe dentro de la estrategia financiera del Gobierno nacional para diversificar las fuentes de financiamiento y disminuir el costo del endeudamiento mediante el uso de garantías multilaterales, una herramienta que reduce el riesgo percibido por los acreedores y permite acceder a mejores condiciones crediticias.

La mayor de las operaciones corresponde a un préstamo de hasta US$2.000 millones, que será otorgado por BBVA Nueva York y Banco Santander S.A., con garantía del esquema BIRF/MIGA. Paralelamente, Economía aprobó un segundo financiamiento de hasta US$1.200 millones con Deutsche Bank AG, London Branch, respaldado parcialmente por el BID mediante una garantía de US$550 millones.

Las tres resoluciones fueron firmadas por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La Resolución 42 corrige un error material de la Resolución 40 respecto de la denominación jurídica del Banco Santander, sin modificar las condiciones financieras de la operación.

Garantías multilaterales para bajar el costo del crédito

El elemento central de estas operaciones es la utilización de garantías otorgadas por organismos multilaterales de crédito. Este mecanismo permite que una parte del riesgo soberano sea asumido por entidades como el Banco Mundial o el BID, mejorando la percepción de los mercados internacionales sobre el préstamo.

Desde el punto de vista financiero, esto se traduce en tasas de interés más bajas, mayores plazos y mejores condiciones de acceso para el Tesoro argentino.

El esquema forma parte de una tendencia creciente entre economías emergentes que buscan recuperar financiamiento privado sin depender exclusivamente de emisiones tradicionales de bonos soberanos.

Cómo queda estructurado el financiamiento. Las resoluciones establecen que US$2.000 millones serán financiados por BBVA Nueva York y Banco Santander S.A., con garantía BIRF/MIGA. US$1.200 millones serán otorgados por Deutsche Bank AG, London Branch, con garantía parcial del BID por US$550 millones. En ambas operaciones se reconoce una comisión de estructuración del 0,50% sobre el monto financiado. The Bank of New York Mellon (BNY) actuará como agente administrador de ambos préstamos. El Banco Nación será el agente de proceso en Nueva York.

Asimismo, las operaciones contemplan cláusulas de prórroga de jurisdicción hacia tribunales de Nueva York, autorizadas previamente por el Decreto 478/2026, aunque el Gobierno aclara que ello no implica renuncia a la inmunidad de ejecución sobre los bienes protegidos del Estado argentino, tal como establece la legislación vigente.

Qué significa para la estrategia económica

La utilización de créditos garantizados por organismos multilaterales refleja un cambio en la composición del financiamiento del sector público.

En lugar de recurrir exclusivamente a colocaciones abiertas de deuda soberana —que suelen exigir mayores rendimientos cuando aumenta el riesgo país—, el Tesoro busca aprovechar el respaldo institucional del Banco Mundial y del BID para reducir el costo financiero.

Para los inversores internacionales, la participación de estos organismos constituye una señal de mitigación del riesgo crediticio, facilitando la colocación de préstamos en mejores condiciones.

Aunque se trata de operaciones destinadas al financiamiento del Estado nacional, su efecto trasciende el plano fiscal.

Una mejora en el perfil de vencimientos y en el costo del endeudamiento contribuye a estabilizar las necesidades financieras del Tesoro, un factor que incide sobre el mercado cambiario, la disponibilidad de crédito y el costo del financiamiento para el sector privado.

Para las economías regionales del NEA, incluida Misiones, un escenario de mayor estabilidad macroeconómica puede traducirse en condiciones más favorables para acceder al crédito de inversión y para sostener proyectos vinculados a infraestructura, exportaciones y desarrollo productivo.

No obstante, el verdadero impacto dependerá de que esta estrategia logre consolidarse en el tiempo y contribuya a reducir el riesgo soberano, variable que continúa siendo uno de los principales determinantes del costo financiero que enfrentan las empresas argentinas.

El mercado seguirá de cerca si estas operaciones representan el inicio de un acceso más fluido al financiamiento internacional o si constituyen una herramienta puntual dentro de la administración de pasivos del Tesoro. La capacidad de combinar crédito multilateral, disciplina fiscal y reducción del riesgo país será uno de los factores que definirá el costo del capital para la economía argentina durante los próximos años.

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Deudas mutuas: Nación reconoció 20 mil millones a favor de Misiones

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El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, ratificó mediante el Decreto N° 654 un nuevo entendimiento financiero con el Estado nacional que permitirá incorporar $20.000 millones al Presupuesto provincial vigente, en el marco del “Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas” establecido por el Decreto Nacional 969/2024.

La medida formaliza el “Acta de Intención” suscripta el 18 de febrero de 2026 entre la Provincia de Misiones y la Secretaría de Hacienda de la Nación, encabezada por Carlos Guberman, mientras que la representación provincial estuvo a cargo del ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

El acuerdo se inscribe dentro de una negociación más amplia iniciada en abril de 2025 entre la provincia y el Ministerio de Economía de la Nación, conducido por Luis Caputo, destinada a compensar deudas y acreencias recíprocas entre ambas jurisdicciones.

Según detalla el decreto, el Estado nacional reconoció a favor de Misiones una acreencia total de $20.000 millones, que será cancelada mediante un adelanto inicial de $661,9 millones y cinco cuotas mensuales consecutivas de $4.000 millones cada una.

El texto oficial señala que estos recursos serán incorporados como ingresos corrientes no tributarios al Presupuesto provincial y tendrán como destino principal programas bajo la órbita de “Obligaciones a Cargo del Tesoro”, además de transferencias automáticas a municipios.

De ese total, $1.773 millones serán distribuidos entre las comunas misioneras en concepto de compensación vinculada al Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, conforme al esquema previsto por la Ley XXI N° 67 y normativa complementaria. El resto, unos $18.226 millones, quedará bajo administración provincial para financiar programas y erogaciones consideradas prioritarias.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial sostiene que el acuerdo permitirá “mantener la aplicación de políticas públicas que coadyuven a sostener los niveles de empleo, preservar las actividades productivas y financiar la asistencia requerida por los sectores sociales desprotegidos”.

La decisión se produce en un contexto de fuerte presión sobre las cuentas provinciales por la caída real de las transferencias automáticas de Nación y el deterioro de la recaudación propia. En ese escenario, el Gobierno misionero busca reforzar liquidez y garantizar continuidad financiera para programas sociales, infraestructura y sostenimiento económico.

El decreto también instruye al Ministerio de Hacienda provincial a adoptar las medidas necesarias para instrumentar el convenio y habilita las partidas presupuestarias correspondientes para ejecutar los fondos.

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El Ministerio de Economía corrige condiciones de bonos y reestructura deuda de corto plazo con el Banco Central

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Economía amplía una emisión de letras y corrige condiciones de bonos del Tesoro para ordenar el perfil de deuda de corto plazo.

El Ministerio de Economía dispuso este martes dos medidas clave para continuar con la estrategia de refinanciamiento del Tesoro Nacional hacia el cierre del ejercicio 2025: una ampliación de letras por hasta $3 billones para una operación con el Banco Central y una rectificación técnica sobre los términos de bonos recientemente emitidos.

Las decisiones fueron oficializadas mediante las Resoluciones Conjuntas 56/2025 y 57/2025 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, publicadas en el Boletín Oficial.

Ampliación de la LECAP S16E6: conversión de deuda con el Banco Central

La Resolución Conjunta 56/2025, firmada el 3 de noviembre, autoriza la ampliación de la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de enero de 2026” (LECAP S16E6) por hasta $3 billones de valor nominal original.
El objetivo es realizar una operación de conversión de títulos con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que entregará sus tenencias de la LECAP con vencimiento el 10 de noviembre de 2025 (S10N5) a cambio del nuevo instrumento, extendiendo así el plazo de vencimiento en poco más de dos meses.

La operación se enmarca en el Decreto 453/2025, que faculta al Ministerio de Economía a emitir deuda de corto plazo para refinanciar vencimientos dentro del ejercicio fiscal, y en el Decreto 331/2022, incorporado a la Ley 11.672 de Presupuesto Complementario Permanente.
Según la norma, los precios de conversión se determinarán el 3 de noviembre de 2025 con liquidación al día siguiente, 4 de noviembre, tomando las cotizaciones de mercado de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) previas a las 13:30 horas.

Con esta conversión, el Tesoro extiende vencimientos concentrados de noviembre y busca evitar tensiones de liquidez en el cierre del año, en un contexto de altas necesidades de refinanciamiento y tasas en descenso.
La medida autoriza a la Oficina Nacional de Crédito Público y dependencias técnicas del Ministerio a suscribir la documentación correspondiente

Corrección técnica en bonos recientemente emitidos

En paralelo, la Resolución Conjunta 57/2025 rectifica los términos de los instrumentos emitidos el 29 de octubre bajo la Resolución Conjunta 54/2025, luego de detectarse un error en la fórmula de cálculo de la tasa efectiva mensual capitalizable.

Se trata de dos títulos en pesos emitidos durante la última licitación del Tesoro:

  • Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de octubre de 2026.
  • Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de abril de 2027.

Ambos instrumentos fueron emitidos a la par, en moneda local, con amortización íntegra al vencimiento y una tasa efectiva mensual que se capitaliza hasta su cancelación, determinada en la licitación.
Cada uno cuenta con un monto máximo de emisión de hasta $5 billones de valor nominal original, con negociación en A3 Mercados S.A. y en bolsas y mercados de valores del país.
Los pagos se cursarán a través del Banco Central, y las emisiones gozan de las exenciones impositivas previstas en la legislación vigente.

La rectificación técnica busca garantizar la precisión en los cálculos financieros de los títulos en circulación, asegurando coherencia en la estructura de tasas y condiciones dentro del programa de deuda pública.

Contexto y alcance de las medidas

Ambas resoluciones forman parte del programa de administración de pasivos y normalización del perfil de vencimientos que lleva adelante el Ministerio de Economía, en un mes donde el Tesoro enfrenta compromisos superiores a $10,5 billones.

La operación con el Banco Central permite liberar presión de corto plazo. Mientras que las correcciones técnicas aseguran la transparencia y previsibilidad de las emisiones ante los inversores institucionales.

La estrategia se apoya en los instrumentos previstos por las resoluciones conjuntas 9/2019 y sus modificatorias, que regulan los procedimientos de colocación de títulos públicos. Y en la coordinación entre Finanzas y Hacienda como órgano responsable de la administración financiera del Estado.

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