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Paraguay, la paja en el ojo ajeno

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Paraguay anunció en estos días que no reconoce los resultados electorales para la Asamblea Nacional Constituyente, de Venezuela, del 30 de julio pasado, sumándose así a la lista de países que adoptaron la misma posición, como Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil, Panamá, Perú y España.

El canciller Eladio Loizaga, se encargó de hacer el anuncio respectivo, sobre la base de la repetición de los argumentos conocidos contra el gobierno de Nicolás Maduro, que es una “dictadura”, que el pueblo “está pasando hambre”, que “hay una sangrienta represión”, que “no hay libertad”, y la mar en coche.

Que lo diga Loizaga, desconcierta, por lo menos. Primero, por su pasado de rabioso anticomunista, y su estrecha vinculación con el llamado “Plan Cóndor”, el operativo que unió a las dictaduras del cono sur en la persecución y asesinato de sus opositores políticos. Loizaga, por supuesto, evita referirse a esto, y palidece cada vez que alguien se atreve a restregarle su complicidad con el genocidio de los ´70. Para su suerte, esto último no sucede a menudo, los periodistas lo escuchan impávidos y le formulan preguntas de forma, como si no hubieran estado escuchándolo pavonearse como un demócrata de toda la vida.

Después, por la realidad del gobierno al que representa el canciller, que ha endeudado al país como nunca desde la época de los López, donde Paraguay prestaba plata. Cartes, incrementó la deuda pública en un 65,9 %, lo que equivale al 23,3% del PIB. Según el Ministerio de Hacienda, la deuda pública total al cierre del mes de mayo suma 6.928,5 millones de dólares.

Cartes, argumenta que la toma de deuda es necesaria para el desarrollo de proyectos de infraestructura y la generación de puestos de trabajo. Pero, la realidad muestra que las estadísticas sociales se han derrumbado, que se ha disparado la pobreza a niveles históricos, y que el desempleo azota ciudades y zonas rurales. Los cálculos hablan de 2 millones de pobres, el 20% de la población. Ni que hablar de la corrupción, la represión, la concentración de la riqueza cada vez en menos manos. El mismo Horacio Cartes no deja de comprar todo lo que se le pone enfrente, medios, conciencias, voluntades, puestos políticos.

La protesta campesina que acampa en Asunción hace unas tres semanas, esperando que el gobierno resuelva su problemática económica derivada del desarrollo de un modelo agrícola extensivo cimentado en el despojo y la asfixia de comunidades rurales enteras, vuelve a contradecir al canciller, que muy horondamente repite un glosario de acusaciones contra Nicolás Maduro por su “violación de los derechos humanos”.

Las familias campesinas piden la condonación de deudas adquiridas por políticas públicas fallidas. El Senado, aprobó en estos días un proyecto de ley haciendo lugar a las reivindicaciones campesinas. Se espera que Diputados lo refrende en los próximos días. Pero, aun así, es muy probable que Cartes vete la iniciativa, tal como ya vienen anunciando sus voceros políticos. 

Días antes de la elección Constituyente del domingo, Maduro entregó en Venezuela la vivienda Nº 1.700.000, construidas durante los 18 años de gobierno bolivariano. En Paraguay, también días antes de la Constituyente venezolana, la Secretaría de la Vivienda, de Cartes, informó un balance de 20.250 unidades construidas desde 2014 a junio de este año, un curita para una hemorragia, en un país con un déficit habitacional que el mismo organismo oficial calcula en 1.000.000 de unidades.

Paraguay, no sufre el desabastecimiento de productos básicos, como Venezuela, es cierto. Aquí, los supermercados rebosan de artículos de todo tipo, muchos de ellos ingresados de contrabando por empresarios que pagan salarios de hambre a trabajadores que tienen prohibido sindicalizarse. Hay comida, el país la produce para el mundo, es el cuarto productor mundial de soja, y la carne paraguaya se sirve en Rusia; pero las estadísticas del propio gobierno dicen que cada noche, casi medio millón de personas se van a dormir sin comer.

Mientras Loizaga informa a los medios sobre la decisión tomada por el gobierno paraguayo en relación con Venezuela, en la vereda de los supermercados, en esquinas y calles, incluso afuera mismo del edificio de estilo neoclásico donde habla el canciller, niños, hombres, mujeres, ancianos, estiran sus manos a los vehículos implorando por una moneda de 1000 guaraníes (U$S 0,17). La escena se repite hasta el cansancio, todo el día, todos los días; de vez en cuando aparece en los medios, porque ni los medios, ni aquí, ni en Venezuela, ni en ninguna parte del mundo, tampoco pueden tapar el sol con la mano.

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Paraguay acuerda arancel cero con Taiwán para sus productos

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Los gobiernos de Asunción y Taipei suscribirán hoy un arancel cero para 54 categorías de productos industriales de Paraguay que ingresen a Taiwán, que abarcan desde carne bovina congelada y leche en polvo, jugos y concentrados cítricos hasta pisos de madera.

El acuerdo se rubricará durante la visita del presidente Horacio Cartes a la isla asiática, semanas después de que Panamá decidiera romper relaciones con Taiwán para establecerlas con China.

Paraguay es el único aliado diplomático de Taiwán en Sudamérica y forma parte de la veintena de países en el mundo que reconocen a la isla, considerada por China como una provincia rebelde.

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Paraguay: el cartismo insistiría con la enmienda presentando un nuevo proyecto legislativo

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La oposición cree que ahora que el presidente Horacio Cartes tiene holgada mayoría en ambas cámaras del Congreso podría volver a intentar enviar un nuevo proyecto de manera a lograr incluir la figura de la reelección presidencial en la Constitución Nacional.

Según el diario Última Hora, el oficialismo colorado podría presentar un nuevo proyecto de enmienda el 26 de agosto próximo.

El 25 de agosto del año pasado se había rechazado un documento similar en el Senado y la Carta Magna establece que un proyecto de enmienda rechazado solo puede ser planteado un año después, es decir, el 26 de agosto próximo.

Los opositores, cuando se trató el proyecto el 31 de marzo pasado, tildaron de inconstitucional el documento justamente alegando que no se podía tratar hasta el 25 de agosto de este año porque la Constitución lo prohibía.

Otro punto del debate fue que la Carta Magna establece que la única forma de incluir la figura de la reelección es vía reforma constitucional. Sin embargo, el cartismo siempre estuvo convencido de que lo puede hacer a través de la enmienda y tal como ocurrió el 31 de marzo lo podrá volver a hacer por mayoría de votos, que ahora lo tiene holgadamente.

Los tiempos ayudan al mandatario porque el periodo de inscripción de candidaturas en la ANR se estableció desde el 4 de setiembre hasta el 3 de octubre del 2017.

De tratarse el proyecto de enmienda en agosto próximo, se tendrá el tiempo establecido de 60 días antes de las elecciones internas para realizar un referéndum, tal como lo establecen los plazos. Las internas se realizarán el 17 de diciembre, tiempo si bien no holgado, pero suficiente para el cartismo.

Además, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), con mayoría afín a Cartes, siempre señaló que desde esa institución están preparados para llamar a un referéndum. Desde el oficialismo alegan que para muchos referentes importantes es difícil aceptar a Sebastián Peña como candidato por lo que no tendrían problemas en apoyar a Cartes a volver a intentar su reelección.

El presidente consiguió dominar de nuevo el Senado gracias a un pacto con el Frente Guasu y el llanismo. Fruto de este pacto se le eligió a Lugo como presidente del Senado y a cambio el luguismo prometió darle gobernabilidad a Cartes en el último año de gestión.

Pero el punto más importante del acuerdo era que el oficialismo prometió apoyar la agenda legislativa del FG que incluía entre otros el impuesto a la soja.

Sin embargo, ese mismo día que se trató el proyecto de impuesto, el propio presidente de la República hizo anunciar que vetaría el documento con lo cual quedó sin sustento el supuesto acuerdo.

Ahora que se habla de nuevo de la enmienda tiene más lógica el pacto Cartes-Lugo, atendiendo a que el ex obispo también tiene intenciones reeleccionistas.

 
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Municipalidades en jaque, golpes “a lo Paraguay”

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Varias municipalidades opositoras enfrentan la amenaza de ser intervenidas por el gobierno central, luego de que sus intendentes resolvieran auditar las administraciones coloradas anteriores, revelando en todos los casos escándalos de malversación, fraude y enriquecimiento ilícito.

Las municipalidades de Carlos Antonio López y Encarnación, en el sureño Departamento de Itapúa, fronterizo con Argentina; y Lambaré, en el Departamento Central, están en el ojo de una tormenta política desatada como consecuencia de la decisión de sus actuales intendentes de revisar lo actuado por sus predecesores colorados.  

Podría parecer exagerado, pero el modus operandi sugiere la figura de un “golpe parlamentario” que comienza gestándose en la Junta Municipal (legislativo), de aplastante mayoría colorada en todos los casos, y se resuelve en la Cámara de Diputados, donde los colorados también son mayoría.

La posible intervención de la Municipalidad de Lambaré, vecina a Asunción, podría ser el primero de una serie de “golpes parlamentarios” en municipios en manos de la oposición al Partido Colorado.

Según especulan sus leales, el intendente lambareño Armando Gómez estaría viviendo sus últimas semanas al frente de la Municipalidad de una de las principales ciudades del área metropolitana de Asunción.

Gómez, que asumió hace poco más de un año, derrotó al colorado Roberto Cárdenas, quien iba por su segundo mandato cuando una serie de escándalos de corrupción con fondos destinados a la Educación, entre otros casos, minó sus posibilidades en el tramo final de la campaña electoral.

La mafia del transporte

En Encarnación, el intendente Luis Yd, quien puso fin a 80 años de gobiernos colorados al frente de una coalición que agrupó a liberales, luguistas e independientes, vive una situación similar luego de impulsar una auditoría de las administraciones anteriores que reveló multimillonarios faltantes en las arcas municipales.

Los reveladores datos pusieron contra las cuerdas a, por lo menos, dos administraciones coloradas, la del hasta hace poco director de la binacional Yacyretá, Juan Alberto Schmalko, y su delfín, el abogado Joel Maidana, derrotado por Yd en las últimas elecciones municipales de 2015.

Maidana, ocupó la intendencia al renunciar Schmalko para asumir en Yacyretá, pero también fue concejal, así que aparece doblemente comprometido en las denuncias de corrupción surgidas de la auditoria dispuesta por Yd, que también salpican a otros ediles, algunos de ellos en funciones.

Como contracara, la gestión actual consiguió un superávit de casi dos millones de dólares en el presupuesto municipal, un dato inédito si se tiene en cuenta que la comuna encarnacena vivía gestionando préstamos en bancos de plaza hasta para atender gastos corrientes.

El conflicto político recrudeció en las últimas semanas con la intención de la actual administración de llamar a licitación para renovar flota e itinerarios del transporte público de la ciudad, monopolizado desde siempre por un grupo de empresarios ligados al Partido Colorado.

Esta semana, la mayoría colorada ratificó una ordenanza ya vetada por Yd, otorgándoles a los transportistas otros siete años de usufructo de un servicio abiertamente deficitario y que pone en peligro la vida de miles de personas todos los días. Y que además se contrapone con la moderna infraestructura con que cuenta actualmente Encarnación, capital del verano y el carnaval paraguayo.

Las escenas de colectivos perdiendo alguna rueda en pleno viaje, que bien podrían integrarse a la galería universal de “los bloopers y los videos más asombrosos” de Discovery Channel, no sorprenden a nadie en la ciudad. Tampoco los buses parados en medio del camino, o empujados por los mismos pasajeros. Amén de horarios e itinerarios que jamás se cumplen.

Los “chatarreros”, como llaman los encarnacenos a los transportistas, son aliados históricos de la logística colorada en la ciudad. Algunos de ellos hasta son “seccionaleros”, nombre que reciben aquí los operadores o punteros partidarios barriales y comunitarios.

Se trata de una verdadera mafia que ha manejado los hilos de un renglón importante de la actividad económica de Encarnación durante el último medio siglo. Todas las administraciones coloradas de la ciudad han sido abiertamente indulgentes con ellos, incluso a pesar de los reclamos, protestas y muestras de indignación ciudadana, como la que se volvió a producir en estos días, en ocasión de la decisión de la bancada colorada municipal de ratificar la norma vetada por Yd.

Según observadores políticos encarnacenos, la aprobación de esta ordenanza, es el punto 4 de un menú golpista que ya incluyó el rechazo a la ejecución presupuestaria 2016 del Intendente, el rechazo al llamado a licitación pública para el transporte, y el rechazo a su veto a la cuestionada ordenanza por el mismo tema. Ahora, dicen, sigue el rechazo a la modificación de la ejecución presupuestaria 2016, que sería la antesala de un pedido de intervención varias veces anunciado.

La prensa colorada, como el diario ADN, de propiedad del grupo Cartes, lo anunció abiertamente en tapa en dos ediciones de la primera semana de junio, con los sugestivos titulares: “Se le acaba el tiempo a Luis Yd”, y “Yd sigue callado pero con la soga al cuello”.

Presa por transparentar

En Carlos Antonio López, en el norte de Itapúa, la intendenta Ninfa González llegó incluso a ser detenida en el marco de una denuncia por difamación y calumnias que le entabló su predecesora en el cargo, Silvana González, salpicada por supuestos hechos de corrupción revelados por una auditoría de su gestión, encargada por la actual jefa comunal.

Carlos Antonio López, un distrito también tradicionalmente colorado, está en manos de una mujer del partido Participación Ciudadana, integrante del izquierdista Frente Guasú, una de las pocas comunas del país en manos de la coalición que lidera el ex presidente Fernando Lugo, apartado del cargo mediante un golpe parlamentario de características similares en 2012.

La colorada González, querelló a la Intendenta porque ésta hizo públicos los resultados de la auditoría de su gestión, algo que por otra parte está estipulado en la ley de información pública, que además obliga a los entes públicos a difundir sus acciones y finanzas, incluso a tener un sitio web con toda esa información.

La auditoría evidenciaba una millonaria malversación de fondos, entre otras irregularidades, convalidados por sus correligionarios en la Junta Municipal, algunos de ellos con más de 20 años en sus cargos.

No son pocas las voces, silenciadas por los medios de propiedad de los mismos grupos políticos y económicos que ya estuvieron detrás de otras asonadas institucionales, que señalan que Armando Gómez, Luis Yd y Ninfa González están a las puertas de ser depuestos por procedimientos “legales” pero no legítimos.

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El desempleo de los jóvenes triplica al de los adultos en Paraguay

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Según el informe sobre el mercado laboral para­guaguayo realizado por la OCDE (Organización para la Capacitación y el Desarrollo Económico), la tasa de desempleo de los jóvenes en ese país es bastante alta ya que alcanza el 12 %. La mayoría (un 72 %) de los que están empleados lo hacen en ocupaciones informales, un 15% son tra­bajadores independientes y otros 2%, emprendedo­res.

Con esa cifra del 12 % la tasa de desempleo entre los jóvenes sigue sien­do más de tres veces mayor que el índice de desempleo total de Pa­raguay, y un poco por encima del promedio del 10% que se registra en toda América Latina y el Ca­ribe.

El mismo informe que reseña el sitio 5 días detalla que un 15% de los jó­venes de entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan. Este grupo representa un 20% en América Latina y un 15% en los países de OCDE.  

 
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