FOPEA rechaza la creación de la “Oficina de Respuesta Oficial”
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su profunda preocupación y rechazo ante la creación de la cuenta de la red social X, denominada “Oficina de Respuesta Oficial”, promovida desde la Presidencia de la Nación con el objetivo declarado de “desmentir activamente la mentira” y “dejar en evidencia operaciones”.
A través de un pronunciamiento institucional, la entidad recordó que el Artículo 1 de su Código de Ética establece que el compromiso primordial del periodismo es la búsqueda de la verdad, a partir de una tarea profesional basada en el rigor periodístico, el chequeo de la información, la multiplicidad de fuentes y la honestidad intelectual. En ese marco, subrayó que el periodismo no impone dogmas ni define verdades desde posiciones de poder, sino que trabaja para aportar información verificada a la sociedad.
Desde FOPEA advirtieron que la pretensión del Gobierno de instalar una “verdad oficial” indiscutible colisiona de manera directa con los principios fundamentales de una sociedad libre. En ese sentido, alertaron sobre la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un “tribunal de la verdad”, especialmente cuando la iniciativa fue difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia de la Nación.
Según señaló la organización, este hecho confirma el uso de estructuras oficiales —y, por lo tanto, de recursos públicos sostenidos por el conjunto de la ciudadanía— para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o el ejercicio del periodismo crítico.
El comunicado también contextualiza esta preocupación en un escenario más amplio, marcado por restricciones al acceso a la información pública, como la modificación por decreto de los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública, la ausencia de conferencias de prensa regulares y la falta de una vocería presidencial con funcionamiento pleno.
FOPEA recordó que, a lo largo de sus 23 años de vida institucional, ha expresado públicamente su preocupación frente a iniciativas similares impulsadas por distintos gobiernos. El argumento, indicaron, ha sido siempre el mismo: el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar.
Finalmente, la entidad sostuvo que el periodismo, como toda actividad pública, está expuesto y debe someterse a la crítica, pero advirtió que ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público, ya que hacerlo implica invalidar al otro, debilitar la libertad de expresión y erosionar la necesaria rendición de cuentas en una democracia.
