CESAR JIMENEZ

Francisco nombró a Zaffaroni en un nuevo organismo vaticano y formalizó un Comité del juez Gallardo

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El papa Francisco nombró hoy al exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni en un nuevo organismo académico vaticano sobre derechos sociales y colonialismo, al tiempo que le concedió estatus de “Asociación Privada de Fieles” a un Comité de Jueces creado por el magistrado porteño Andrés Gallardo en 2019

A través de un quirógrafo dado a conocer este viernes por el Vaticano, el Papa resolvió “la creación del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales Fray Bartolomé de las Casas, con finalidades académicas, docentes y de formación sobre la temática de Derechos Sociales, migración y colonialismo”.

El nuevo organismo funcionará en el ámbito de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, que preside el cardenal Peter Turkson, y será sostenido económicamente, dirigido y administrado” por el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) creado por el pontífice en el Vaticano en junio de 2019.

“Designo para el período 2023-2028 como Junta Académica Fundadora del citado Instituto a los Profesores Doctores Raúl Eugenio Zaffaroni, Alberto Filippi y Marcelo Suárez Orozco”, agregó el quirógrafo del Papa publicado hoy por la oficina de Prensa de la Santa Sede.

El quirógrafo resolvió también el cambio de estatus vaticano del Copaju, que pasará a ser un ente formal dentro de la estructura.

“Haciéndome eco del pedido efectuado por sus Fundadores, expreso mi aprobación para que el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, pase a ser una Asociación Privada de Fieles de carácter internacional en conformidad con los cánones 298-311 y 321-329, erigida como persona jurídica privada dentro del ordenamiento canónico, de acuerdo al canon 322, §1”, afirmó el escrito papal.

“Designo para el período 2023-2028 como Presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) al Juez Roberto Andrés Gallardo de la República Argentina, como Vice Presidenta a la Jueza Ana Algorta Latorre de la República Federativa del Brasil, como Secretario al Magistrado Gustavo Daniel Moreno de la República Argentina y como vocales a los Jueces María Julia Figueredo Vivas de la República de Colombia, Tamila Ipema de los Estados Unidos de América, Daniel Urrutia Laubreaux de la República de Chile y Janet Tello Gilardi de la República del Perú”, detalló el pontífice.

En su quirógrafo, un escrito con fuerza de decreto, el Papa sostuvo que “la organización de magistrados Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana tuvo incipiente origen local en la Ciudad de Buenos Aires y luego destacada actuación en la República Argentina desde el año 2017, gestando el primer encuentro regional en junio de 2018 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires”.

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Zaffaroni, Jiménez y otros jueces hablarán sobre colonialismo con el Papa en el Vaticano

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El jurista Eugenio Raúl Zaffaroni encabezará una delegación de jueces y juezas de todo el mundo que participarán la semana próxima en el Vaticano de un congreso de dos días sobre colonialismo junto al papa Francisco, y que es organizado por el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana que encabeza el magistrado Roberto Andrés Gallardo. En la comitiva también está el juez misionero César Jiménez.

Con el tema “Colonialismo, Descolonización y Neocolonialismo: una Justicia Social con perspectiva de Bien Común”, la exposición tendrá lugar en la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano el 30 y 31 de marzo, adelantaron fuentes vaticanas a Télam.

Además de Zaffaroni y Gallardo, participarán la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa; la diputada del Frente de Todos (FdT) Vanesa Siley y el titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo, Guillermo Tracey.

El seminario de dos días será presidido por el cardenal ghanés Peter Turkson y estará centrado en los contextos africano y panamericano, y se examinará la problemática neocolonial desde los derechos sociales y la doctrina franciscana, con trabajos que se centrarán en las secuelas neocoloniales de las manifestaciones actuales de injusticia, desigualdad global, cambio climático incontrolado, desarrollo insostenible y migraciones masivas.

Entre los participantes están también el intelectual portugués Boaventura De Sousa Santos; la jueza ugandesa Joyce Kavuma, del Comité Panafricano, y el exprocurador del Tesoro Carlos Balbín.

El papa Francisco, según el programa dado a los participantes, dará un discurso el viernes 31 por la tarde para clausurar el evento.

En un documento del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, se especifica que el trabajo se centrará en las secuelas neocoloniales, en las “manifestaciones actuales de injusticia, desigualdad global, cambio climático incontrolado, desarrollo insostenible y migraciones masivas”. Sobre todo, se lee, se destacará el papel del sistema judicial y demás instituciones de la sociedad a la hora de abordar y revertir dichos desarrollos.

“Muchos países del continente americano comparten, con un conjunto importante de países del continente africano, un pasado histórico común de expoliación, dominación, control y también el haber estado brutalmente sometidos a los dictados de la centralidad económica-mundial”, se lee en el documento que presenta la iniciativa.

En la invitación a los participantes, Gallardo y el académico Marcelo Suárez-Orozco plantean que “ambos continentes sufren altas tasas de pobreza y marcados índices de desocupación: la tierra, el techo y el trabajo son asignaturas pendientes para la mayoría de las poblaciones de esas naciones”.

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Iguazú será sede de la cumbre de Magistradas y Magistrados sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana

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Los días 3 y 4 de marzo próximos, se llevará a cabo la primera cumbre de Magistradas y Magistrados sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana. La cumbre se realizará en Puerto Iguazú, con la organización del juez misionero, César Jiménez, además del Gobierno provincial.

El eje de las jornadas serán los “Derechos Sociales y Doctrina Franciscana en tiempos de pandemia y pospandemia”.

La doctrina franciscana trata de llevar la propuesta del Papa Francisco, “que es terminar con el nominalismo, o sea que existen leyes, tratados y normas escritas pero que no se cumplen. Se busca que el Poder Judicial asuma un rol activo y protagónico en la concreción de los derechos sociales, básicamente el Papa los define de forma no judicial con los términos Techo, Tierra y Trabajo, que hacen a la dignidad de las personas”, había explicado a Economis Andrés Gallardo, Juez y Presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana.

Explicó que este fenómeno de la desigualdad se da en el país y en el mundo. Por ello es que se busca que “se termine la Justicia alejada de las personas que sufren, terminar con la Justicia que vive enfrascada en si misma”. Para estos jueces no hay democracia con hambre, no hay desarrollo con pobreza, no hay Justicia en la desigualdad.

El encuentro que debía realizarse en marzo del 2020, fue pospuesto por la pandemia de Covid-19, reunirá a los referentes de toda América como el Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffarroni; al Embajador Argentino en Italia, Roberto Carles y a Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, Canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias.

Los puntales de este encuentro serán el tratamiento y preocupación por el deterioro del sistema normativo, su aplicación y sus problemas por ajustarse a los convenios de Derechos Humanos. El otro punto de debate es la crisis económica y las repercusiones ecológicas.

Organizan el evento el Capítulo Argentino del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los
Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana; el Gobierno de la Provincia de Misiones y el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana.

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Denuncias de abuso: el cura Rajimón se apartó y designaron a una nueva rectora en el Roque González

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No nos callamos más”, decía una de las pancartas que exhibían las jóvenes que revolucionaron la comunidad educativa misionera al denunciar abuso y acoso sexual en el colegio Roque González de Santa Cruz, uno de los más tradicionales y conservadores de Posadas. El grito silencioso, diez días después, terminó en la salida del rector, el sacerdote Juan Rajimón, a quien las estudiantes apuntaban como quien no les daba las respuestas necesarias. 

El cura, uno de los históricos de la capital misionera y que tiene en su foto de perfil un saludo con el Papa Francisco, ya había estado en el ojo de la tormenta cuando fue a bendecir una fiesta multitudinaria que rompió todos los protocolos sanitarios que impuso la pandemia. Esa vez, no hace tanto, el sacerdote eludió las críticas. Ahora “las pibas” fueron más fuertes. 

Desde que las denuncias de acoso y abuso por parte de un grupo de varones de segundo año, comenzaron a traspasar los muros del Roque González, Rajimón mantuvo la tesitura de minimizar el reclamo y esperar que la tormenta pase. La presión, sin embargo, esta vez no fue en declive, sino al revés. Se vio obligado a pedir licencia y en su lugar designaron a Gabriela Stefania Kagerer, una matemática de 33 años, egresada de la Universidad Nacional de Misiones y que reivindica el feminismo. Todo un dato.  

No es la única derivación del escándalo educativo. Un ciudadano pidió iniciar un jury contra el juez de Menores, César Jiménez por falta de cumplimiento de los deberes correspondientes  a su cargo”. El ciudadano lo acusa de omisión y retardo en “la toma de  decisiones y sanciones” para la reeducación de quienes ejercen violencia. Como es de forma, el planteo debe ser analizado por el Jurado de Enjuiciamiento, que abrirá o no el proceso. En paralelo hay una recusación que debe ser resuelta ahora por la Cámara de Apelaciones.

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La Justicia de Misiones ordenó la libertad de María Ovando, que había sido condenada a 20 años

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El juez César Jiménez hizo lugar hoy a un habeas corpus y ordenó la libertad de María Ramona Ovando (46), quien se encontraba detenida por una condena a 20 años de prisión, sin sentencia firme, por el supuesto abuso sexual de dos de sus hijas menores, informaron hoy fuentes judiciales.

“Esta resolución prestigia al Poder Judicial de Misiones frente a la mayoría de las resoluciones arbitrarias, con sesgo autoritario, y tiene un fuerte contenido de control de convencionalidad”, sostuvo tras el fallo Eduardo Paredes, unos de los defensores de Ovando, y valoró la actitud del juez Correccional y de Menores 2 de la Primera Circunscripción Judicial de Misiones, César Raúl Jiménez, al considerar el pedido para efectivizar la libertad.

“Se está reparando en algo todo el daño que sufrió María, sus hijos y toda su familia en estos años de persecución judicial”, agregó Roxana Rivas, otra de las defensoras, y dijo que “nos llena de expectativas para lograr su absolución”.

El habeas corpus había sido presentado en diciembre último por Nora Cortiñas, de la organización Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, quien al enterarse del fallo sostuvo: “Una alegría muy grande nos dio esta resolución”

La Justicia de Misiones ordenó la libertad de María Ovando by Juan Carlos Arguello on Scribd

El fallo del juez llega después de la audiencia por teleconferencia en la cual el magistrado escuchó los detalles del habeas corpus que determinarían su excarcelación, entre ellas su estado de salud y que la sentencia por abuso sexual aún no está firme.

En este caso y por las circunstancias que impone la pandemia, la medida debió realizarse por teleconferencia, con Ovando y sus defensores desde la Unidad Penal V, en Miguel Lanús, y el magistrado y demás partes en su despacho de los juzgados correccionales de la avenida Centenario casi Santa Catalina, de Posadas.

Los letrados se explayaron sobre la situación previa al juicio oral de octubre 2020 ante el Tribunal Penal de Eldorado, al que Ovando llegó acusada pero en libertad, y como el carácter de no firme del fallo debería beneficiarla porque durante la instrucción y hasta el debate la acusada “estuvo a derecho”, se presentó en cada citación judicial y no entorpeció el trámite de la causa.

Los camaristas Lyda Gallardo, Teresa Ramos y Eduardo Jourdán, integrantes del Tribunal Penal de Eldorado, condenaron 20 años de prisión efectiva a Ovando tras el pedido del fiscal Federico Rodríguez, quien la consideró penalmente responsable y “cómplice primaria de los abusos y partícipe o facilitadora de corrupción agravada por el vínculo” y pidió su inmediata detención.

Además, los mismos jueces sentenciaron a dos allegados a Ovando, Marcos Laurindo y Lucas Ferreira, a 18 y a 12 años de cárcel, respectivamente.

En 2012, Ovando fue juzgada y absuelta -tras haber estado un año y media presa- por “abandono de persona agravado por el vínculo” tras la muerte de su hija de 3 años a consecuencia de un cuadro de desnutrición, la que falleció en sus brazos mientras intentaba llegar a un hospital de la zona.

En esta nueva causa, se la condenó por “haber permitido o no haber impedido el abuso sexual de las niñas de su familia, cuando las mismas ya no vivían con ella por disposición de la jueza Margarita Potschka, quien en una audiencia realizada el 10 de marzo de 2015, con graves irregularidades, decidió retirarle la guarda y entregárselas a los supuestos abuelos paternos”, explicaron sus abogados cuando fue sentenciada.

El proceso fue complejo por la imprecisiones de la investigación: se inició en 2015 a partir de la denuncia de la abuela paterna, pero los abusos habrían ocurrido cuando ya no convivían con Ovando; finalmente, el fiscal elevó la causa a juicio en 2019.

Durante el juicio oral, los abogados consideraron que las audiencias se realizaron sin perspectiva de género y de derechos, pese a las masivas movilizaciones feministas en favor de María, y cuando se dictó la pena de 20 años se lo consideró “un verdadero escándalo judicial”.

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