CHUBUT

Arcioni anunció la derogación de la ley de zonificación minera en Chubut y la convocatoria a un plebiscito

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El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anunció hoy la derogación de la ley de zonificación minera sancionada la semana pasada por la Legislatura provincial, que generó protestas y violentos incidentes de organizaciones ambientalistas, y anticipó la convocatoria a un plebiscito “para escuchar a todas las voces del pueblo” en este tema.

Así lo informó a través de su cuenta en la red social Twitter, luego de que se produjeran masivas marchas en rechazo a la ley.

El mandatario afirmó que de esta forma abrirá “un nuevo proceso de diálogo social con todos los actores involucrados en este proyecto, ya sea que estén a favor o en contra”.

El miércoles pasado, la Legislatura provincial aprobó la ley de zonificación minera en un marco de protestas signadas por enfrentamientos y represión que derivaron en múltiples pronunciamientos, tanto desde el ámbito político, como sindical e incluso de representantes de la Iglesia en la región.

“Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad, la oportunidad de pensar cómo damos trabajo a quienes no lo tienen, cómo generamos inversiones para industrializar nuestra producción, y con qué recursos mejoramos nuestra educación, nuestra seguridad y nuestra salud”, planteó esta tarde Arcioni.

Allí anunció su decisión de “derogar la ley” e “impulsar un plebiscito a nivel provincial para escuchar a todas las voces del pueblo”.

El jueves pasado, el gobernador promulgó la Ley de Zonificación de la Actividad Minera en Chubut, que avala la “diversificación productiva” en los departamentos de Gastre y Telsen, del interior provincial, con la habilitación de la explotación de los recursos sin cianuro.

La nueva zonificación iba a permitir el desarrollo del denominado Proyecto Navidad, un yacimiento de plata considerado de los más importantes del mundo, lo que implicaría una inversión superior a los US$ 1.000 millones, la creación de miles de puestos de trabajo y de una red de proveedores locales.

La norma había quedado registrada como “XVII N° 149” y fue promulgada a través del Decreto 1285/21, tras su sanción en la Cámara de Diputados provincial por 14 votos a favor y 11 en contra.

El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo chubutense el año pasado y tenía dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales desde marzo, aunque nunca se había tratado en la Legislatura unicameral, hasta que finalmente se aprobó el miércoles y un día antes de lo previsto en la agenda de trabajo legislativa.

La Ley buscaba promover el desarrollo productivo en la Meseta Central de Chubut, la zona más postergada de la provincia, mediante un equilibrio de tres aspectos vinculados con el desarrollo sostenible, mediante la “inversión para el desarrollo económico, promoción de la equidad social y cuidado ambiental”.

En ese sentido, la norma ahora derogada ponía énfasis en generación de empleo local y la promoción de la cadena de valor chubutense, y creaba un Observatorio de la actividad industrial minera, como órgano consultivo y social participativo, sobre aspectos sociales, ambientales y cadena de valor.

Además, creaba el Observatorio de Recursos Naturales, integrado por tres centros de investigación para la Gestión y Monitoreo Ambiental para la Minería; para el Desarrollo de la Actividad Minera y para el Desarrollo Productivo de la Meseta.

La sanción del proyecto había recibido el respaldo del gobierno nacional a través de la cartera de Desarrollo Productivo que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Minería y del Consejo Federal de Minería (Cofemin), esta última integrada por las provincias productoras, por considerar que se trataba de un “importante paso hacia adelante” que contribuiría al “desarrollo de la industria” en la provincia y el país.

“Es una herramienta válida para comenzar a transitar con la prudencia que merita el rubro, el camino de la producción y de la industria minera, y hacerlo, además, es pensar en desarrollo, crecimiento, trabajo genuino e inversiones que naturalmente llegarán a La Meseta Central y localidades aledañas de la provincia del Chubut”, manifestó en esa oportunidad el Cofemin.

Tras los hechos de las últimas jornadas, el Procurador General del Chubut, Jorge Miquelarena, anunció esta mañana la creación de un equipo especial que “se encargará de investigar todo lo relacionado con los incidentes que se produjeron tras la aprobación de la ley de zonificación minera, para identificar a los vándalos que produjeron los destrozos a los edificios públicos y también si hubo compra de voluntades” entre los diputados que lo aprobaron.

“Son tres expedientes que se abrieron”, explicó Jorge Miquelarena en una conferencia de prensa que se realizó en una de las pocas oficinas que quedaron en condiciones, tras el raid de incendios de edificios públicos registrados en el marco de la protestas.

El tema generó en las últimas jornadas nuevos posicionamientos públicos, entre ellos especialistas que negaron que los proyectos habilitados por la ley de zonificación produzcan un consumo excesivo de agua que provoque su desabastecimiento, y comprendan al río Chubut, el principal curso de agua de la provincia, cuya cuenca cubre el 60% de la superficie provincial; a la vez que relativizaron la contaminación atmosférica.

“Lo que está muy claro es el desconocimiento de la temática por mucha gente, pero también hay mala información que es adrede”, opinó Carlos Scatizza, hidrogeólogo y presidente de la empresa Hidroar, la cual en 2011 descubrió la Cuenca de Sacanana, lugar que contiene una enorme reserva de agua.

En dicha cuenca se ubica el yacimiento de plata del Proyecto Navidad que con la ley de rezonificación se habilitará el inicio de su explotación.

En similar sentido, el investigador en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Jorge Zavatti, puntualizó que “el proyecto de zonificación no es un proyecto de zonificación de todo Chubut sino solo para Telsen y Gastre”, y destacó que “en ambos departamentos toda el área que rodea los cursos del arroyo Telsen y el río Chubut queda por fuera de la zona habilitada para el desarrollo de la minería”.

Del otro lado de la discusión, quienes se oponen a la ley, aseguran que la empresa minera Pan American Silver, propietaria del proyecto, usará un método distinto al cianuro pero no menos nocivo: el xantato.

“La decisión del gobierno y la legislatura provincial de avanzar con la megaminería no cuenta con licencia social, a lo que se suma el cuestionamiento de diversos organismos científicos y académicos”, sostuvo un documento firmado por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CTERA, Barrios de Pie, Jóvenes por el Clima, y personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Masristella Svampa y Rita Segato.

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Chubut: la Legislatura aprobó la zonificación minera, en las calles hubo disturbios y represión

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Manifestantes que se oponen a la ley de megaminería incendiaron la Casa de Gobierno y otros edificios públicos. Reclamaron que el gobernador vete el polémico proyecto votado el miércoles en la Legislatura provincial. Ayer por la tarde, Mariano Arcioni promulgó la ley

Con 14 votos a favor y 11 en contra, la Legislatura provincial de Chubut sancionó la Ley de Zonificación que autoriza la minería -sin el uso de cianuro- en la meseta central de la provincia. Afuera del recinto, manifestantes ambientalistas fueron reprimidos por la Policía.

La iniciativa, que estaba cerca de perder el estado parlamentario, tenía dictamen de Comisión, aunque nunca se había tratado en la Cámara. Permitirá la minería metalífera química, de plata, cobre y plomo, en algunas zonas de la provincia, como Telsen y Gastre.

“Hicieron una gran maniobra distractiva. Sacaron una sesión ordinaria de la manga. La habían llamado para mañana (por el jueves). La inventaron. Así se manejan. La foto de esto hay que mirarla desde hace un año en la que se ve que estamos ante una de las legislaturas más corruptas de la historia”, dijo a AM750 Pablo Lada, miembro de la Unión de Asambleas de la Comunidades de Chubut, y describió la represión como “una cacería”.

Las manifestaciones se extendieron en distintas ciudades de la provincia. De acuerdo con las primeras informaciones, hubo siete detenidos y personas heridas con balas de goma que fueron derivadas al Hospital de Rawson.

Impacto ambiental

Landa explicó en diálogo con Am750 que si bien el proyecto habla de “zonificación minera” esto “es un eufemismo para decir megaminería”. “Desde 2003 que tenemos una ley que prohíbe lo que es la minería a cielo abierto y el uso de cianuro. Esto sería como una zona de excepción donde se permitiría la actividad, que es muy grande, y hay un artículo que permite que se amplíe”, señaló.

El proyecto había sido presentado el año pasado por el Gobierno provincial y rechazado por amplios sectores de la sociedad, mientras que académicos de la Universidad Nacional de la Patagonia y el Conicet alertaron sobre las consecuencias negativas que tendría sobre el ambiente: a pesar de que no estará permitido el uso de cianuro, se empleará el xanato.

“La megaminería representa un escenario de amenaza, frente a un sistema ambiental vulnerable que cobra especial relevancia cuando se trata de una provincia donde los recursos hídricos superficiales son escasos”, dice el informe presentado por los científicos.

“Sumado a las condiciones de escasez de agua de la región, los escenarios de cambio climático por sí mismos generarán situaciones preocupantes de estrés hídrico en el futuro. En las últimas décadas se han registrado cambios en las variables climáticas que regulan la disponibilidad de agua dulce en nuestra región”, agrega.

El proyecto minero

Pero los defensores del proyecto argumentaron que los titulares de emprendimientos mineros deberán presentar Estudios Línea Base Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental y obtener la aprobación del Estado a través de la Declaración de Impacto Ambiental y que desde el punto de económico generará empleo y dejará regalías y aportes adicionales a las arcas del Estado provincial.

Al cierre del debate, el diputado Carlos Eliceche (Frente de Todos), quien preside la comisión de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo que el proyecto responde “a un pedido del presidente Alberto Fernández para que la minería se desarrolle y existan inversiones”.

“Basta de postergación para el interior provincial, que se merece tener las mismas oportunidades que el resto de las ciudades”, expuso Eliceche y destacó el impulso de la iniciativa por parte del gobernador Mariano Arcioni.

La ley se aprobó con el voto favorable de Juan Horacio Pais, Roddy Ingram, Graciela Cigudosa, Emiliano Mongilardi, María Cativa, Carlos Gómez, Gabriela De Lucía, Mariela Williams, Graciela Cigudosa y Pablo Nouveau, del bloque oficialista de Chubut al Frente; Tatiana Goic (Cultura, Educación y Trabajo); Carlos Eliceche (Visión Peronista): Sebastián López (Integrando Chubut); y Adriana Casanovas y Mónica Saso (Frente de Todos).

En cambio, votaron en contra los legisladores María Belén Baskovc, Rafael Williams, Carlos Mantegna (Frente de Todos); Rosana Artero, Leila Lloyd Jones, José Giménez y Ángel Tirso Chiquichano (Chubut Unido); Manuel Pagliaroni y María Andrea Aguilera (UCR); y Zulema Andén y Miguel Antin (Chubut al Frente), mientras que estuvieron ausentes Xenia Gabella (Chubut al Frente) y Mario Mansilla (Frente de Todos).

El lobby y el proyecto Navidad

Landa denunció que algunos de los legisladores que votaron a favor de la megaminería “han sido denunciados por cobrar coimas millonarias” para hacer lobby para las empresas.

Pan American Silver es una empresa canadiense que tiene presencia y presionó para que la ley salga. En Chubut está prohibida la explotación pero no la exploración. La empresa ha hecho agujeros en el territorio que ya han afectado las fuentes de agua y está instalada hace muchos años”, afirmó.

El proyecto más avanzado en la provincia es Navidad, de Pan American Silver, que se extiende sobre el mayor yacimiento de plata sin explotar del mundo, ubicadas en el centro-norte de la provincia de Chubut.

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El presidente Alberto Fernández abogó por “un nuevo contrato global, inclusivo y sostenible”

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El presidente Alberto Fernández pidió hoy por una serie de iniciativas para garantizar “un nuevo contrato global, inclusivo y sostenible”, al participar de la 25° Conferencia Anual CAF, organizada de manera conjunta por el Banco de Desarrollo de América Latina y Diálogo Interamericano, con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En su discurso de esta tarde, ofrecido por videoconferencia, Fernández aseguró que “América Latina y el Caribe enfrentan el desafío de un nuevo comienzo”, sobre el que precisó: “O renacemos mejores o renacemos peores”.

El mandatario, que expuso en el panel de alto nivel, “A conversation with presidents of Latin America”, junto a los mandatarios de Colombia, Iván Duque; Ecuador, Guillermo Lasso, y Panamá, Laurentino Cortizo, enfatizó: “Es el tiempo de la solidaridad y esa solidaridad comienza por nuestra propia región”.

“La CAF es un gran motor para promover una integración inclusiva entre nuestras regiones, que agregue valor, que diversifique exportaciones, que busque crear nuevas cadenas de valor que están reconfigurándose a partir de los efectos de la pospandemia”, explicó Fernández sobre el rol del organismo de desarrollo regional en América Latina.

En ese sentido, evaluó que “profundizar vínculos significa no sólo pensar en los grandes acuerdos escritos en un papel sino también reparar en los detalles que hacen exitosa una integración regional con vecinos amigos y confiables”.

Durante el encuentro virtual, Fernández se refirió a la necesidad de estimular un reordenamiento de la “arquitectura financiera global”, ante una realidad, en la que “según la Cepal el 60% de las exportaciones regionales están destinadas al pago de servicios de la deuda externa, que como promedio representa el 76 por ciento del PBI” de esos países.

En ese sentido, explicó que Argentina, en conjunto con Estados Unidos, Barbados, Colombia, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, propuso una serie de iniciativas para garantizar un nuevo modelo financiero internacional que incluya también “un nuevo contrato global, inclusivo y sostenible”.

Al respecto, el mandatario argentino puntualizó que entre los objetivos del plan están la valorización de los activos ambientales; el impulso de nuevas fuentes de financiamiento innovadoras, además de reglas e incentivos globales; el fortalecimiento del multilateralismo ambiental; la introducción de los canjes de deuda por acción climática y de mecanismos de pago por servicios ecosistémicos.

Además, Fernández destacó la necesidad de aplicar la emisión de los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional para generar un Fondo de Resiliencia, Sostenibilidad y Lucha contra la Pobreza, que “permitirá financiar un gran pacto de solidaridad ambiental que incluya a los países de bajos ingresos y de renta media, y que sirva para extender los plazos de pago de los endeudamientos y la aplicación de menores tasas bajo las actuales circunstancias de estrés sanitario y ecológico”.

El jefe de Estado argentino finalizó su alocución con un llamado “a transitar este camino de la mano del resto de los presidentes de la región, y de todos aquellos que hoy planifican un futuro mejor” y sostuvo que “no es tiempo de resignación, de temor, de transitar los caminos fracasados de siempre”, sino que es “tiempo de creatividad, de escucha atenta, de diálogo productivo”.

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Leyes que atrasan: el Gobierno de Chubut paga por cazar pumas y zorros

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Fundación Vida Silvestre Argentina expresa su preocupación ante las políticas implementadas por la provincia de Chubut de promover y recompensar la caza de zorros colorados y pumas, con el objetivo de solucionar el conflicto entre animales silvestres y ganado. 

Mediante una ley anacrónica, pero que sigue en vigencia, el Gobierno de Chubut fomenta la caza de animales silvestres nativos con incentivos monetarios, a razón de $1000 pesos por cada piel de zorro, y $5000 por piel y cráneo de puma. Otras implicancias de la ley incluyen las capacitaciones para colocar adecuadamente trampas para los animales, así como también obligar a los propietarios de campos a controlar a estos depredadores o a colaborar para que otros lo hagan. En ese sentido desde Fundación Vida Silvestre Argentina enviaron una carta al Gobernador Mariano Arcioni solicitando que arbitre los medios e inicie los procesos correspondientes para la derogación de la Ley Provincial XVII-Nº 52

Además de utilizar fondos públicos para la matanza de animales silvestres nativos, la ley establece una Comisión de Control de las Especies Depredadoras de la Ganadería, donde están ausentes la comunidad académica y científica, así como organizaciones ambientales y sociales. La sociedad civil únicamente está representada por la Federación de Sociedades Rurales de la Provincia de Chubut, por lo que la participación ciudadana se ve reducida y queda a merced de intereses unilaterales. De esta forma, ante un supuesto beneficio para un pequeño sector de la sociedad, el resto se ve perjudicado. 

El conflicto entre productores agropecuarios y animales silvestres es tan antiguo como la actividad misma. Desde entonces, y con un énfasis dramático en las últimas décadas, los ecosistemas silvestres y las especies que los habitan fueron perdiendo esta disputa sin consideración de los impactos negativos en términos de la riqueza de la biodiversidad y de los servicios ambientales como la calidad del agua, de los suelos, secuestro de gases de invernadero, control de especies portadoras de zoonosis, etc. El mundo de hoy no permite seguir produciendo como hace un siglo. Ha mejorado nuestro conocimiento y han empeorado drásticamente los indicadores de salud del ambiente, y las prácticas ganaderas han ido evolucionando para considerar estas variables. 

El incentivo económico para la matanza de animales silvestres nativos demuestra grandes retrocesos en nuestra sociedad y acentúa la preocupación sobre prácticas productivas negativas para el ambiente. Hace falta elaborar planes de manejo de estas especies que estén basados en información técnica sólida para evaluar su situación poblacional, identificar claramente los problemas o conflictos con las actividades productivas, y analizar diferentes alternativas para solucionarlos. Como se refleja en nuestra trayectoria y en nuestra visión institucional, creemos firmemente en que la producción y el desarrollo económico son compatibles con la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales” detalló Manuel Jaramillo, Director General de Fundación Vida Silvestre Argentina. 

En los últimos años, la producción ha empezado a acompañar el cuidado ambiental implementado buenas prácticas e incorporando normativas de sostenibilidad. Uno de los aspectos más atractivos es el desarrollo de incentivos de mercado para favorecer aquella producción amigable con el ambiente. Estos incentivos se apoyan en el respeto de la producción tanto por los ecosistemas y sus especies, como por el bienestar animal del ganado mismo. 

Los predadores tope — como los zorros y pumas— son un eslabón fundamental en los ecosistemas y esto incluye sinergias positivas incluso con la actividad agropecuaria: 

  • En la práctica, la mayoría de zorros y pumas no predan sobre animales domésticos, pero protegen su territorio del ingreso de otros de su misma especie, convirtiéndose en aliados de la producción. 
  • Poblaciones sanas de predadores previenen explosiones demográficas de otras especies como liebres europeas y guanacos. 
  • Perros domésticos o asilvestrados suelen generar mayores daños que los carnívoros nativos, contribuyendo y perpetuando la confusión y estigmatización de los carnívoros silvestres. 
  • La experiencia indica que el uso de perros protectores es una práctica efectiva que permite la convivencia de carnívoros y ganado doméstico. 
  • Todas las otras herramientas de control letal o no letal de predadores han demostrado ser obsoletas y contraproducentes. 

¿Por qué es URGENTE derogar la Ley XVII-Nº 52 (Ex 4100) de la provincia de Chubut? 

  • Es anacrónica y no incorpora las nuevas formas de producir en armonía con la conservación de la naturaleza. 
  • En la década de la Restauración de los Ecosistemas, paga por matar fauna nativa y encima utiliza fondos públicos para ello. 
  • Crea una Comisión de Control de las Especies Depredadoras de la Ganadería, donde la sociedad civil está solo representada por la Federación de Sociedades Rurales de la Provincia de Chubut: no hay comunidad académica, científica, ni representantes de organizaciones ambientales y sociales.  
  • No presenta adecuados antecedentes de fundamentación científica que avale la autorización de matar animales silvestres. 
  • Promueve la matanza, aun con cebos tóxicos, sin un análisis especifico de los individuos de especies predadoras potencialmente conflictivos. 
  • Por promover una aparente solución para un solo sector, se acumulan efectos negativos para el resto de la sociedad. 
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Los incendios en Chubut son un atentado a la soberanía

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Parecería que lo único concreto hasta ahora, es que los múltiples focos de incendios, en los paradisíacos lugares cordilleranos del oeste de la hermosa provincia de Chubut, han sido intencionales.

Y con el atentado a pedradas contra el vehículo en el que iba el presidente -¡insólitamente sin custodia!-, el tema de los incendios parece haberse “tapado”.

De esos lamentables y criminales hechos de múltiples focos de incendios, sin datos concretos hasta ahora que definan con precisión los culpables, los autores materiales y eventualmente, los instigadores en las sombras; pueden no obstante analizarse los hechos y evaluar los accionares precedentes y diversos tipos de amenazas, o planteos y/o atentados de menores envergaduras, que pueden tener algunas o muchas vinculaciones con las brutalidades perpetradas.

Señalando en rápida síntesis, los sectores socio – económicos que –prima facie- han sido mencionados como probables instigadores o culpables de esos aberrantes hechos, solo como hipótesis de análisis pero sin pruebas concretas, son mencionados seguidamente.

 Los sectores del ultra ecologismo nucleados en el estentóreo “no a la mina” y grupos habitualmente de pocas lecturas de ciertas “progresías” fuera de foco, no dudaron en señalar como supuestos culpables a los fuertes intereses vinculados con la mega minería. Esa hipótesis no parece coherente, y precisamente a esas empresas no les interesa un escenario de tierra arrasada, por múltiples motivos, incluso de imagen pública.
 Culpar en sentido contrario, a los grupos de activistas anti mineros, tampoco se ve como algo coherente, más aun considerando que varios de ellos viven en las zonas afectadas, no pareciendo tampoco su modus operandi, si bien son proclives a la violencia, tal como lo dejaron patente en la agresión al móvil presidencial.
 Los millonarios extranjeros, que adquirieron enormes extensiones de tierras y cerraron accesos a lagos y otros sitios de interés local y turístico; así como especuladores inmobiliarios, son indicados por algunos opinantes como posibles instigadores de los incendios. No se mencionaron pruebas concretas.
 Los fuertes intereses geopolíticos, particularmente los alineados con el Bloque Atlantista, claramente buscan la disolución nacional, lo cual es un objetivo sin plazos y sin pausas, por parte de los que buscan instalar la globalización salvaje, cuyo objetivo es hacer desaparecer o al menos fragmentar hasta hacerlos inviables, a los países excluidos de ese grupo de poder. Mucho más si se trata de uno de grandes dimensiones y potencialidades, como Argentina, que además tiene la capacidad de nuclear a varias naciones hermanas de la región. Es de recordar que ya en 2001, en plena crisis terminal provocada por el neoliberalismo, se había fogoneado la nefasta idea de la “necesidad” de permutar deuda por territorios, mencionándose como posible la entrega parcial o total de La Patagonia Argentina, a ese efecto. Al volver el neoliberalismo en el cuatrienio 2015-2019, se volvió a operar en ese sentido, destrozando adrede el tejido social y la economía nacional, además de despreciar nuestra soberanía con acciones nocivas a los Intereses Nacionales, y en lo interno instando a las provincias al endeudamiento irracional en divisas y por montos impagables; a la vez que se desalentaban todas las actividades económicas, en particular las industriales, las tecnológicas y las economías provinciales periféricas (estas últimas mencionadas con el eufemismo de “economías regionales”). Arrasar el hermoso noroeste de Chubut y áreas cercanas de Río Negro, es una acción funcional al despoblamiento, el cual de perpetrarse, favorecería la fragmentación territorial de Argentina.
 Esos poderosos intereses del mega poder atlantista, cuentan con el beneplácito de sectores muy colonizados mentales de uniformados proceseros (afines a los que tomaron por asalto el poder en 1976, con la excusa de las guerrillas, para instalar el neoliberalismo salvaje, buscando retrotraernos a la hoy inviable economía primaria). El dogmatismo muy cerrado y nulo pensante es la caracterización de esos practicantes del patrioterismo declamativo y del accionar entreguista subordinado al ”mundo libre, occidental y cristiano” (que no es ni libre, ni occidental ni cristiano). Algunos de sus componentes son muy afines a las acciones violentas, como las que practicaron cuando las bayonetas protegían a los “Chicago’s Boys”. Son proclives a la “mano dura” represiva en vez de la integración cultural de toda nuestra población. No obstante, no parece que los incendios sean el modus operandi de esos grupos, pero tampoco cabe descartar de plano que hayan operado como instigadores de los perpetradores incendiarios, pues esos actos de terrorismo ambiental son funcionales al esmerilado político del actual gobierno, para favorecer el retorno de sectores oligárquicos neoliberales a los que son adictos los patrioteros.
 El accionar de pequeños pero muy activos grupos violentos, autodefinidos como “mapuches”, es muy conocido, tanto en el sur argentino como en el chileno. De hecho, la denominación de “mapuche” desplazó a la de “araucanos”, que era el nombre de esa etnia existente en Chile antes de la llegada de los españoles. Se sabe que a ambos lados de la cordillera, no solo amenazaron, sino también agredieron a propiedades y personas de etnias no mapuches, instigando el odio al blanco, incluso incendiando o destruyendo iglesias católicas. Esos grupos tienen discursos dictados desde la ONG Mapuche Nation, con sede en Bristol, Gran Bretaña (una institución que muestra trazas de ser operada por “los servicios” colonialistas británicos). Desconocen la soberanía argentina, fogoneando la fragmentación territorial a favor de la pretendida nación mapuche. Operando contra la pacífica mestización de la población argentina (que permite la integración y mezcla de diversas etnias que componen nuestra población), sus promotores –como el anarquista y por ende apátrida Osvaldo Bayer-, promueven la instalación de odios irreconciliables, como paso previo a la violencia, la cual sumada al trabajo de zapa de grupos ultra indigenistas, buscan la disolución nacional. Sus accionares y discursos muy violentos, los posicionan como posibles sospechosos de los incendios.

Cabe la salvedad, elemental pero no siempre conocida, que al ser actos de repercusiones internas pero con claros ribetes geopolíticos, es muy difícil aportar pruebas concretas, máxime analizando los hechos desde el otro extremo geográfico de Argentina. Tan elemental como entender que los análisis geopolíticos difícilmente puedan sustentarse en pruebas concretas y tangibles, por ser hechos realizados generalmente en forma solapada, y en muchos casos con atentados de distracción para ocultar los objetivos principales.

¡Claro está que no faltan enjundiosas personas opinantes, que desde mentalidades “progres fuera de foco” (de esas “antimperialistas” que terminan siendo marionetas de los poderes que dicen aborrecer), exigen pruebas concretas y tangibles, para hechos consumados desde lo oculto y muchas veces tergiversado!

Llama la atención la inacción de organismos de inteligencia para prever y ahora dar con los instigadores de esos actos criminales que costaron vidas, cuantiosos bienes y brutales daños ambientales.

Y la carencia total de aviones hidrantes, con cuyo accionar se hubieran salvado bienes y vidas, no es concebible en un país de dimensiones continentales como Argentina. Hay versiones que el rabino puesto a Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable del macrismo (tema del cual nunca demostró conocimientos), habría cancelado las operaciones de leasing (alquileres) que permitían que contemos con esos valiosos elementos para combatir grandes incendios. Faltan precisiones que terminen con los entrecruzamientos de versiones y fake news maliciosos.

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