CLASE MEDIA

La mitad del país se percibe clase baja y casi 9 de cada 10 asegura que su salario no le gana a la inflación

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El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora de junio confirma que el malestar económico ya no es sólo una percepción difusa, sino un dato estructural con anclaje directo en el bolsillo: el 50,2% de los argentinos se autopercibe de clase baja, el 86,1% asegura que su salario no le está ganando a la inflación, y el 61% llega con sus ingresos, como máximo, hasta el día 20 del mes.

La autopercepción de clase social confirma una sociedad que se ubica mayoritariamente en la base de la pirámide: el 50,2% se define como clase baja, contra apenas un 10,5% que se reconoce en la clase alta; el resto —cerca de cuatro de cada diez— se percibe de clase media. Esta fotografía no es un dato subjetivo aislado ni una simple etiqueta de autopercepción. A diferencia de otras mediciones donde la clase social es sólo una variable descriptiva, en este informe se convierte en la clave explicativa de todo lo demás: cuando se la cruza con la experiencia concreta del ingreso, la autopercepción se confirma número por número, y ahí es donde el diagnóstico deja de ser una sensación para volverse un patrón sistemático.
 


El primer punto de contacto entre percepción y realidad es el salario. El 86,1% de los encuestados afirma que su ingreso no le está ganando a la inflación, un nivel apenas por debajo del máximo de la serie (86,6% en abril) que confirma que, desde marzo, ese indicador se mantiene estable en una franja alta, sin señales de mejora en los últimos cuatro meses. La estabilización del dato no debería leerse como buena noticia: significa que la sociedad lleva ya un tercio de año conviviendo con la misma sensación de pérdida, sin que la desaceleración de la inflación general alcance para revertirla. Lo notable es que este malestar no es exclusivo de quienes se oponen al Gobierno: entre los propios votantes oficialistas, el 70,2% reconoce que su salario pierde contra la inflación, contra un 96,6% entre los votantes opositores. La brecha entre ambos electorados es amplia, pero lo que los separa no es si el ajuste existe —lo sienten los dos, incluso los que respaldan al Presidente— sino cómo se lo interpreta: como costo de una transición todavía en curso para unos, como prueba de un fracaso para otros.
 


Esa pérdida de poder adquisitivo tiene, además, una fecha concreta en el calendario, y es ahí donde el informe encuentra su dato más contundente. El 61% de los encuestados llega con sus ingresos, como máximo, hasta el día 20 del mes, y sólo el 13% llega a fin de mes y logra ahorrar. Es en este punto donde la autopercepción de clase deja de ser una etiqueta y se convierte en el eje explicativo de todo el informe: entre los sectores de clase alta, apenas el 11,8% se queda sin ingresos antes del día 20; entre la clase media, esa cifra trepa al 43%; y entre la clase baja llega al 86,1% —el mismo número que, a nivel país, dice perder contra la inflación—.
 

La coincidencia entre ambos indicadores no es casual: describe, desde dos preguntas distintas del estudio, exactamente el mismo fenómeno. Para la mitad de la Argentina que se percibe pobre, quedarse sin salario antes de fin de mes dejó de ser la excepción para convertirse en la norma con la que se convive todos los meses, un ritmo que se repite de manera casi mecánica cada treinta días.

Ese mismo patrón de clase se repite cuando se mide la confianza en el termómetro oficial de los precios, lo que sugiere que no se trata de un fenómeno aislado al ingreso, sino de una desconfianza más amplia hacia el relato de la estabilización económica. A nivel país, el 68,8% considera que el índice de inflación del INDEC no refleja la variación de precios que percibe en su vida diaria; entre los sectores de clase baja esa desconfianza es sensiblemente mayor, unos 15 puntos por encima del promedio nacional, rozando el 84%.

Cuanto más ajustado está el bolsillo, menos crédito se le da al dato oficial: quien vive al límite del día 20 tiene, lógicamente, menos margen para creer que los precios subieron sólo lo que dice el organismo estadístico. Y esa misma lógica se proyecta hacia el futuro: el 55,1% de los encuestados cree que “lo peor está por venir” en materia económica, contra apenas un 24% que considera que lo peor ya pasó, con el pesimismo otra vez más marcado entre los sectores de clase baja.

 


La brecha se agranda todavía más si se mira por identidad política: entre los votantes de Milei en 2025, el 55,4% cree que lo peor ya pasó; entre los votantes de la oposición, sólo el 3,4% piensa lo mismo. Es, junto con la fecha en la que se acaba la plata, una de las divisiones más nítidas de todo el estudio: la misma economía, leída como el final de un ajuste necesario por unos y como un fracaso sin salida por otros, según de qué lado de la grieta electoral —y, cada vez más, de qué lado de la pirámide social— se la mire.

Ese cuadro de ajuste generalizado también ordena la agenda de preocupaciones y ayuda a explicar por qué la corrupción, y no la economía, es hoy la palabra que más rápido asocian los argentinos con los problemas del país. Cuando se pregunta, sin opciones cerradas, cuál es en una sola palabra el principal problema de Argentina, corrupción es la respuesta más repetida y Milei aparece en segundo lugar, por delante de economía: el diagnóstico social ya no se agota en una categoría abstracta, se personaliza tanto en una causa estructural como en una figura de gobierno concreta. La pregunta cerrada de preocupaciones lo confirma: corrupción lidera con el 51,3%, apenas por delante de ingresos/salario (48,2%) y de la incertidumbre económica (37,1%). Que la corrupción encabece la respuesta espontánea es la forma en que una sociedad que vive el ajuste en el cuerpo canaliza ese malestar hacia una explicación moral y política, antes que estrictamente económica.
 

Imagen del Gobierno en este contexto


Frente a este cuadro económico, el dato político de junio llama la atención por contraste. La desaprobación a la gestión de Javier Milei, que venía en ascenso sostenido desde marzo hasta tocar un pico del 61,2% en mayo, retrocedió en junio al 56,6%, cortando por primera vez en cuatro meses la racha negativa; la aprobación, en el mismo lapso, pasó del 32,2% al 33,2%. Es un freno acotado y todavía dentro de lo que puede leerse como estabilización más que como reversión de tendencia, pero contrasta con la dureza del resto de los indicadores: el malestar económico no cede en ninguno de los planos relevados —ni en el salario, ni en el calendario del bolsillo, ni en la confianza hacia el futuro— y, sin embargo, ese malestar dejó de traducirse en más desaprobación para el Gobierno nacional.

Una lectura posible es que ese freno no responda todavía a una mejora real en la percepción económica, sino a que buena parte de la sociedad ya “descontó” el ajuste como parte del paisaje: cuando el deterioro se estabiliza en un piso alto durante varios meses seguidos, como ocurre con el 86,1% de los salarios perdiendo contra la inflación, deja de operar como sorpresa negativa capaz de erosionar más la imagen presidencial.
 


El freno en la desaprobación de la gestión, sin embargo, no implica que la erosión de imagen haya quedado atrás. El desgaste es un fenómeno que atraviesa a casi toda la dirigencia medida: de las cuatro figuras del informe, tres tienen balance neto de imagen negativo en junio —Milei (-22,4 pp), Kicillof (-13,8 pp) y Bullrich (-13,3 pp) —, y sólo Myriam Bregman muestra un balance positivo (+3,8 pp), con la mejor imagen positiva del grupo (44,1%). Más que una debilidad puntual del oficialismo, el dato sugiere un humor social crítico con la dirigencia política en general, donde ningún referente logra, por ahora, capitalizar de forma sólida el malestar económico que describe el resto de este informe.
 


Cuando se analiza por tipo de votante, tanto en 2023 como en 2025, el crecimiento de Bregman parece estar capitalizando, al menos en parte, a un electorado que no encuentra representación plena ni en el kirchnerismo ni en el peronismo más tradicional. Ambos espacios, absorbidos por sus disputas internas, no logran generar un debate de propuestas que interpele a una sociedad que reclama alternativas. Ese vacío es el que el espacio de Bregman parece estar ocupando.

En un contexto donde gran parte de la sociedad no logra recomponer sus ingresos y convive con el ajuste —ya sea aceptándolo como condición necesaria para una mejora futura, o rechazándolo como un fracaso de modelo—, lo que no aparece con claridad es una oposición que le hable a ese malestar, que genere propuestas y plantee un horizonte alternativo. En la práctica, Milei enfrenta una oposición más ocupada en sus conflictos internos que en capitalizar los errores del Gobierno. Eso le despeja el escenario a oficialismo.

Con los recientes cambios en el gabinete —la salida de Adorni y el ingreso de perfiles más dialoguistas—, si la economía cotidiana comienza a mejorar, el año 2027 podría ser relativamente tranquilo para un gobierno que ya logró estabilizar la macro y que tiene pendiente estabilizar la micro. Si lo consigue, y considerando la ausencia de figuras opositoras con peso propio —incluyendo la del centroderecha, como el PRO, que podría plantearle una interna competitiva—, la reelección empieza a ser un escenario plausible. La condición, en todo caso, sigue siendo la misma: que la mejora llegue a los ingresos y al día a día de las familias.

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Cáritas Posadas: crece la cantidad de familias de clase media que piden ayuda por la crisis económica

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El padre Alberto Barros, vicepresidente de la entidad diocesana, describió un escenario alarmante en el que sectores que antes se sostenían solos hoy necesitan asistencia para cubrir necesidades básicas. También cuestionó las cifras oficiales sobre pobreza.
El impacto de la crisis económica en Posadas ya no se mide solo en los barrios más vulnerables. Desde Cáritas diocesana advierten que un número creciente de familias de clase media se acerca a pedir ayuda con alimentos, medicamentos, pago de servicios y hasta pasajes de colectivo. Es una situación que, según el padre Alberto Barros —vicepresidente de la institución—, no se registraba con esta magnitud desde hace muchos años.
En declaraciones a Canal Doce, el sacerdote señaló que no solo aumentó la cantidad de personas que solicitan asistencia, sino que cambió el perfil de quienes se acercan. Familias que hasta hace poco lograban sostenerse con ingresos estables hoy se encuentran desbordadas por deudas, alquileres y tarifas de servicios que no paran de subir.
Empleo perdido, changas como salida
Barros hizo hincapié en la pérdida de empleo formal como uno de los factores centrales. Muchos trabajadores que quedaron fuera del mercado laboral recurren a aplicaciones de delivery o trabajos informales que implican ingresos menores y mayor desgaste físico. La reinserción laboral, explicó, se vuelve cada vez más difícil, y mientras tanto las deudas se acumulan.
Según el referente eclesiástico, el endeudamiento familiar creció de manera notable: personas que no logran cubrir lo básico —alquiler, luz, agua— y que hasta hace poco vivían con un piso mínimo de dignidad hoy están en una situación de empobrecimiento total.
Duras críticas a los datos oficiales sobre pobreza
El sacerdote fue contundente al referirse a las estadísticas del Gobierno nacional. Para Barros, la clase media que históricamente caracterizó a la Argentina fue destruida por un programa político, económico y cultural que profundiza la pobreza estructural. En ese marco, calificó como manipulados y falsos los datos oficiales que hablan de una baja en los índices de pobreza.
Salud mental: otra cara de la crisis
El cuadro económico también repercute en la salud mental de la población, advirtió el sacerdote. Señaló un crecimiento preocupante de cuadros de angustia, crisis familiares y suicidios vinculados a la incertidumbre y el deterioro de las condiciones de vida. Frente a ese panorama, Barros destacó que el rol de Cáritas no se limita a lo material: el acompañamiento espiritual, la contención emocional y el fortalecimiento de las familias en momentos críticos son parte esencial de la tarea que lleva adelante la institución.

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La economista Dal Poggetto alertó por el impacto del programa económico en la clase media

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La economista Marina Dal Poggetto sostuvo que, en el actual programa económico, “la variable de ajuste es el salario de la clase media” y remarcó que el Gobierno prioriza el ancla cambiaria y la desinflación por sobre la tasa de interés y el nivel de actividad. En un diagnóstico crítico, advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro del consumo y las dificultades crecientes del sector industrial, en un contexto de apertura comercial, tarifas elevadas y competencia importada.

Salarios, tarifas y consumo: el nuevo eje del ajuste

En declaraciones a Radio Rivadavia, la directora de la consultora Eco Go, Marina Dal Poggetto, trazó un análisis del actual esquema económico y afirmó que “la variable de ajuste es el salario de la clase media”, en contraste con el modelo anterior, donde el control de tarifas funcionaba como amortiguador del impacto inflacionario sobre los ingresos.

“El gobierno anterior pisaba las tarifas para que la gente pagara bienes caros. Ahora, con tarifas altas, si los precios de los bienes no comprimen, la variable de ajuste termina siendo el salario de la clase media”, explicó. En ese sentido, ejemplificó que algunos precios mostraron caídas significativas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) —como los electrodomésticos, que retrocedieron 45%, o los textiles, con una baja del 20%—, pero advirtió que esa corrección no alcanza para compensar el aumento de los servicios regulados.

Según Dal Poggetto, esta dinámica impacta directamente en la capacidad de consumo de los hogares: “El salario ya no alcanza para cubrir prepagas o colegios”, señaló, al describir el efecto combinado de tarifas más altas y salarios reales en retroceso.

Actividad económica, industria y apertura comercial

En su análisis, la economista subrayó que el Gobierno “prioriza el ancla cambiaria y la desinflación por sobre la tasa de interés y el nivel de actividad”, una decisión que condiciona el desempeño de amplios sectores productivos. Si bien reconoció que la economía crecerá 4,3% este año, aclaró que ese resultado responde principalmente al arrastre estadístico, más que a una recuperación homogénea.

“La actividad en noviembre estaba en los mismos niveles que el año anterior. Hay sectores ganadores y perdedores, y la industria es uno de los más rezagados”, afirmó. En ese marco, recordó que la Argentina atraviesa ciclos recurrentes de ajuste y expansión sin resolver problemas estructurales: “Argentina es pendular y siempre discutimos lo mismo”.

Dal Poggetto describió el cambio de escenario para el entramado industrial: “Antes jugaban en Disneylandia. Podían fijar precios y cantidades con pesos baratos y protección. Ahora tienen competencia importada y un fuerte aumento de costos por las tarifas y servicios indexados”. Según su diagnóstico, esta combinación está detrás del aumento de cierres de fábricas y despidos, que comenzaron a multiplicarse en distintos rubros.

Además, remarcó que el Gobierno avanza en una mayor apertura de la economía “en parte con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y con la baja de aranceles”, lo que refuerza la presión competitiva sobre la producción local.

Inflación, metodología del INDEC y perspectivas

En relación con la inflación, la economista señaló que, de acuerdo con los relevamientos de su consultora, “en las primeras tres semanas el ritmo viene en la zona del medio punto semanal”. Si bien reconoció que se trata de un nivel todavía elevado, destacó que es inferior al de meses anteriores.

“El dato de diciembre fue muy alto y dejó un arrastre importante para enero; estamos en la zona del 2,4%, después del 2,8% de diciembre”, precisó. En este punto, recordó que a partir de enero el INDEC implementa un cambio en la metodología del índice, con nuevos ponderadores y una estructura de consumo basada en 2017.

No obstante, relativizó el impacto de esta modificación estadística: “Dado que el ajuste tarifario fuerte se hizo principalmente en 2024, no debería haber casi diferencia entre un índice y otro; es probable que el número final esté en esa zona del 2,4%”.

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Las canastas básicas subieron 4,1% en diciembre y volvieron a superar a la inflación: una familia necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

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El fuerte aumento de los alimentos impulsó en diciembre un salto del 4,1% tanto en la canasta básica alimentaria como en la canasta básica total, según el INDEC. Así, una familia tipo requirió ingresos por $1.308.713 para no caer bajo la línea de pobreza y $589.510 para no ser considerada indigente, en un contexto en el que las canastas volvieron a crecer por encima del índice general de inflación.

Los datos surgen del informe de Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y correspondiente a diciembre de 2025. El relevamiento confirma que el cierre del año estuvo marcado por una presión sostenida sobre los precios de los alimentos, con impacto directo sobre los indicadores de pobreza e indigencia y sobre el poder adquisitivo de los hogares.

Alimentos como principal motor del aumento y cierre de año con subas superiores a la inflación

Según el informe oficial, la canasta básica total (CBT), que define el umbral de pobreza, registró en diciembre una suba mensual del 4,1%, mientras que la canasta básica alimentaria (CBA), utilizada para medir la indigencia, también avanzó 4,1%. Ambas variaciones se ubicaron por encima de la inflación del mes, que fue del 2,5%.

En términos acumulados, la CBT cerró 2025 con un incremento del 27,7%, mientras que la CBA acumuló una suba aún mayor, del 31%. Esta dinámica refleja que los precios de los alimentos continúan creciendo a un ritmo superior al promedio general, una tendencia que impacta con mayor intensidad en los hogares de menores ingresos.

Para diciembre, el INDEC detalló que una familia tipo necesitó $589.510 mensuales para no ser indigente y $1.308.713 para no ser pobre. En noviembre de 2025, esos valores eran de $566.364 y $1.257.329, respectivamente, lo que evidencia un salto significativo en apenas un mes.

Evolución mensual, brecha con la inflación y señales de tensión social

El informe también destaca que en noviembre de 2025 la variación mensual de la CBA había sido del 4,1%, mientras que la CBT había aumentado 3,6%, ambas por encima de la inflación de ese mes, que se ubicó en 2,5%. La persistencia de esta brecha confirma que los alimentos siguen siendo el principal factor de presión sobre las canastas de pobreza e indigencia.

A nivel territorial, se observaron dinámicas similares. En la Ciudad de Buenos Aires, el aumento de los precios de la carne y sus derivados, junto con frutas y verduras, impulsó en diciembre una suba del 3,3% en la canasta de indigencia y del 3% en la canasta de pobreza, también por encima de la inflación promedio porteña, que fue del 2,7%.

Estos movimientos refuerzan la preocupación sobre la evolución del costo de vida y su impacto distributivo, especialmente en un contexto en el que los salarios y los ingresos informales muestran dificultades para acompañar el ritmo de los precios de los bienes esenciales.

Clase media: ingresos cada vez más exigentes para sostener el nivel de vida

El informe también expone la presión creciente sobre los sectores medios. Para ser considerada de clase media, una familia tipo debió incrementar sus ingresos en noviembre en más de $50.000, alcanzando los $2.128.461 mensuales, frente a los $2.076.904 del mes previo, siempre sin contemplar el costo del alquiler.

Cuando se incorpora el gasto en vivienda, el umbral se eleva aún más: con alquiler incluido, el ingreso necesario para sostener un nivel de vida de clase media superó los $3.200.000 mensuales. Este dato refuerza la tensión estructural que atraviesa a los hogares urbanos, donde la vivienda y los alimentos concentran una porción cada vez mayor del presupuesto familiar.

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Informe del IARAF: cuatro de seis sectores cerraron 2025 con ingresos reales negativos

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Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la mayoría de los ingresos reales registrados en la Argentina perdió poder adquisitivo, en un período que coincide con el inicio de la gestión de Javier Milei. Así lo revela un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), difundido por el economista Nadin Argañaraz, que muestra caídas reales en cuatro de los seis sectores analizados. Solo dos grupos lograron ganarle a la inflación: los receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los jubilados que cobran el haber mínimo sin bono.

El estudio cuantifica pérdidas y ganancias acumuladas en términos reales, expone diferencias significativas entre sectores públicos y privados y aporta un diagnóstico preciso sobre la evolución del poder adquisitivo en los primeros dos años del actual gobierno.

Pérdidas generalizadas: trabajadores y jubilados con bono, los más afectados

El informe de IARAF concluye que cuatro de los seis sectores con ingresos registrados terminaron 2025 con variaciones reales negativas respecto de noviembre de 2023. Entre los más golpeados aparecen los trabajadores públicos nacionales, los empleados del sector privado, los trabajadores públicos provinciales y los jubilados que perciben el haber mínimo más bono compensatorio.

En el caso de los asalariados del sector privado, el documento señala que “habrían finalizado el 2025 con una pérdida acumulada de poder adquisitivo equivalente al 80% del poder adquisitivo del mes de noviembre de 2023”. En términos concretos, esa merma equivale a 24 días del ingreso real de aquel mes.

Para los trabajadores públicos nacionales, la situación resulta aún más severa: la pérdida acumulada asciende a 7 ingresos reales de noviembre de 2023. El informe detalla que, aunque cobraron 25 salarios mensuales durante el período, esos ingresos equivalen en términos reales a 18 salarios de noviembre de 2023. En tanto, los trabajadores públicos provinciales cerraron 2025 con una pérdida acumulada de 2,8 salarios reales de referencia.

Los jubilados que cobran el haber mínimo más el bono tampoco lograron sostener su poder de compra. Según IARAF, este grupo perdió el equivalente a 1,4 ingresos reales de noviembre de 2023, reflejando el impacto de la inflación sobre una prestación que combina haber y refuerzos discrecionales.

En términos de pérdidas acumuladas, el informe subraya que los empleados públicos nacionales fueron el sector con mayor deterioro real, al resignar en 25 meses el equivalente a siete ingresos completos.

Los ganadores: AUH y jubilados sin bono le ganaron a la inflación

En contraste con el panorama general, el estudio identifica dos sectores con mejoras reales acumuladas. El primero es el de los receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se consolidó como el principal ganador del período.

Según el informe, quienes perciben la AUH finalizaron 2025 con un mayor poder adquisitivo acumulado equivalente a 21,3 ingresos reales de noviembre de 2023. En términos prácticos, esto implica que, en 25 meses de ingresos, obtuvieron un ingreso extra equivalente a 21 ingresos reales de aquel mes base, lo que se tradujo en un aumento del 85% del ingreso real acumulado en dos años.

El segundo grupo con resultado positivo fue el de los jubilados que cobran únicamente el haber mínimo, sin bono. Para este segmento, el cierre de 2025 significó un aumento real acumulado de 0,8 haberes de noviembre de 2023, un desempeño que el propio informe destaca como exactamente opuesto al de los trabajadores privados registrados.

Poder adquisitivo y clase media: un deterioro persistente

El análisis de IARAF también aborda la evolución del poder adquisitivo al cierre de 2025, con resultados que refuerzan la tendencia observada en los ingresos acumulados. De acuerdo con lo explicado por Argañaraz, los trabajadores privados registrados llegaron a diciembre de 2025 con un poder de compra casi 1% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

Para los trabajadores públicos nacionales, la pérdida fue mucho más profunda: 33% de poder adquisitivo, aproximadamente, respecto del mismo mes de referencia. Los empleados públicos provinciales, tras una fuerte caída inicial, cerraron el período con una pérdida real del 6,5%. En tanto, los jubilados que cobran haber mínimo más bono finalizaron 2025 con una merma del 7,5% en su poder de compra.

Del lado positivo, los jubilados que perciben solo el haber mínimo registraron una suba real del 9,3%, mientras que los beneficiarios de la AUH duplicaron su poder adquisitivo frente a noviembre de 2023, consolidándose como el sector poblacional con mayor mejora real en los últimos dos años.

El informe concluye que esta dinámica se traduce en una clase media más empobrecida, con fuertes asimetrías entre sectores y con un esquema de ingresos donde las políticas de transferencias sociales explican buena parte de las mejoras relativas.

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