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La calma en la tormenta

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En medio de las “turbulencias” que someten a la Argentina a una nueva tormenta financiera, el gobernador Hugo Passalacqua selló un acuerdo histórico para Misiones que brinda tranquilidad en el presente y previsibilidad a las futuras generaciones. En silencio, el domingo pasado, firmó una compensación de deudas con la Nación, que significó la reducción a la mitad de la deuda pública de Misiones.
¿Por qué histórico? En menos de una década, durante los 90, Misiones llegó a deber dos veces y media su presupuesto y el 95 por ciento de la deuda estaba en dólares. Mil millones de dólares que después del estallido de la Convertibilidad se pesificaron atados a la inflación, lo que aumentó exponencialmente la deuda. Pero en 2003, la Provincia inició un proceso de desendeudamiento que desemboca en el acuerdo final. No se tomó más deuda y se reconfiguró la deuda en dólares, que se redujo del 90 al cinco por ciento del total. Hoy Misiones no solo es una de las provincias más desendeudadas del país, sino que tampoco padece las “tormentas” por las fluctuaciones del dólar.
 


La reducción a la mitad de la deuda pública corona el saneamiento fiscal iniciado en 2003 y se traduce en  la independencia para poder sostener una política económica con el Estado presente. El desendeudamiento se convirtió en una marca registrada, mientras que la Nación está sufriendo las consecuencias de un acelerado endeudamiento en los últimos dos años, que condiciona la política y pone en jaque a la economía.
Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, recomendó a la Argentina iniciar un proceso de reestructuración o quita de la deuda, para poder salir de la emergencia del ajuste que impuso el presidente Mauricio Macri.
El economista insistió en que en lugar de renegociar las condiciones del préstamo del Fondo Monetario Internacional, Nicolás Dujovne debería enfocarse en conseguir un “nuevo reperfilamiento” lo que significa “aplazar los pagos inmediatos” de la deuda externa contraída en los últimos dos años y medio. “Pero sospecho, dada la magnitud de los errores económicos que se han cometido en los últimos años, que tendría que haber una quita en la deuda”, insistió.
No parece descabellado empezar a pensar en un “reperfilamiento”. Sería saltarse un par de pasos y evitar males mayores.
En estos momentos la Argentina está pasando por la etapa del blindaje y los respaldos políticos. Antes fue George Bush, ahora es Donald Trump los que dan las bendiciones a los presidentes argentinos. Después del blindaje llegó el megacanje, que no era más que postergar vencimientos a cambio de un generoso aumento de intereses y finalmente, la decisión -ante la imposibilidad- de no pagar nada, el default.
Las turbulencias de estos días obedecen a que los “mercados” (¿alguna vez sabremos sus nombres y apellidos?) dudan de la capacidad de pago de la Argentina en los vencimientos del próximo año. Por eso, Macri se apresuró en pedir una renegociación del acuerdo firmado apenas hace unos meses y acelerar desembolsos que garanticen que la Argentina pagará su deuda (con más deuda).
El problema está en que el modelo económico financiero no está diseñado para generar recursos, sino que, por el contrario, se alimenta de ellos. Por eso se hace necesario un ajuste cada vez mayor.
Si la economía no reacciona, cada ajuste no hace más que profundizar la recesión y pronto no habrá dónde recortar.
Ser amigo de los mercados y la vuelta al mundo, no garantizan por si solos, que el nuevo plan tenga éxito.
Christine Lagarde será la presidenta de un FMI bueno, pero no deja de ser, en definitiva, un banco que debe evaluar el perfil del tomador de un crédito. Suele fallar, es cierto, estrepitosamente, en sus pronósticos, pero eso no le quita el carácter técnico.
Por eso la ansiedad del Presidente al confirmar que un nuevo acuerdo estaba cerrado, chocó con la gélida mirada de Mrs Christine: no hay nada cerrado hasta ser evaluados. La reacción de los “mercados” fue la lógica estampida que disparó el dólar por encima de los 40 pesos apenas unas horas después del discurso presidencial con rostro adusto, lleno de dramatismo y la apelación a sus “peores cinco meses” que no necesariamente coinciden temporalmente con el resto de los argentinos.
La profundización de la crisis autogenerada obligó al Gobierno a tomar medidas que despreció en campaña y desarticuló en los primeros meses de gestión. Vuelven las retenciones a las exportaciones y se discute poner en un paréntesis la rebaja de algunos impuestos. Hasta se analiza gravar los bienes de los argentinos en el exterior a través de un aumento en la alícuota que se paga por Bienes Personales, que pasaría de 0,25% a 1% solo para las propiedades fuera del país. Se renovaron los “Precios Cuidados” y se dará un “bono” en dos cuotas a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

La crisis desarmó todas las proyecciones. Se espera una inflación del 42 por ciento -según datos no oficiales del ministerio de Economía- y una caída de la actividad del 2,4 por ciento, con una “reacción” a cero en 2019, con una inflación del 25 por ciento.
Es curioso ver como medidas que eran despreciadas por los integrantes de la alianza Cambiemos cuando estaban en el llano, son silenciosamente aprobadas ahora.
En la Legislatura misionera, caja de resonancia de reclamos varios, casi no se escucha la voz de radicales y macristas. Antes cuestionaban la emergencia económica en Misiones, ahora consienten la emergencia a la que fue empujada la Argentina. Antes repudiaban los impuestos que se cobraba a las exportaciones misioneras. Ahora deben defender un “impuesto malísimo”. 
El Presidente también se vio obligado a reducir el “mejor equipo” y suprimió once ministerios, varios de los cuáles él mismo había creado apenas asumió. El recorte es más bien simbólico: los ex ministros degradados siguen todos en sus puestos. Apenas renunció Mario Quintana, mientras que Gustavo Lopetegui seguirá como asesor de Macri, lo mismo que Francisco Cabrera, el ex ministro de Producción que sigue en el gabinete. Marcos Peña, el más apuntado por el rumbo político del Gobierno, se mantiene en su sillón “fortalecido”, aunque no tenga demasiados triunfos para mostrar.
En cambio, se eliminaron el ministerio de Salud y de Trabajo y Agricultura. Aunque ya venían con una parálisis presupuestaria, son áreas que tienen una enorme relevancia. Los efectos en la salud no se verán ahora, sino en el mediano plazo. En el empleo, habrá mayor desamparo de los trabajadores, lo mismo que en la producción agraria, donde ya se privilegia a las grandes siembras por encima de los pequeños productores. Esos recortes son también un símbolo del modelo.
El Presidente dijo que después de cinco tormentas, volvió la calma, pero admitió que cualquier turbulencia puede volver a poner en jaque a la Argentina. “El mercado entendió el mensaje y vamos camino hacia la normalidad”, se emocionó Luis Caputo, el Messi de las finanzas que encabeza el Banco Central. 
La agencia Moody’s no es tan optimista.  Como Stiglitz, advierte que el Gobierno tomó la decisión de consolidar lo fiscal que “es positivo para el crédito”, pero tiene un costo económico y político.
“La recesión económica que la Argentina ha comenzado a transitar en abril podría extenderse incluso hasta 2020”, sentencia el último informe sobre la situación argentina. La caída de la economía, en lugar del 2,4 por ciento admitido por Economía, podría llegar al 3 por ciento.
La imagen del Presidente también está en caída. “La crisis cambiaria activa el pesimismo y diluye el capital político de Macri”, expone D’Alessio Irol y proyecta: “La ausencia de una alternativa parece no ser suficiente barrera de contención como para asegurar una reelección”.
La Universidad San Andrés revela que el 79 por ciento de sus encuestados está muy insatisfecho o insatisfecho con la marcha general del país. El 43 por ciento desaprueba mucho la gestión de Macri, insatisfacción que se extiende al 87 por ciento cuando se analiza la situación económica.
Raúl Aragón y Asociados sostiene que un 35 por ciento de sus encuestados considera que la situación del país es gravísima y otro 26,1 la califica como “caótica”.
El 65,8 por ciento no votaría a Macri si buscara la reelección, 53,9 tampoco elegiría a María Eugenia Vidal y el 60,5 rechazaría un eventual regreso de Cristina Fernández, lo que revela que la política todavía no sale de la grieta, pero tampoco ofrece alternativas. El 52 por ciento estima que la pobreza creció desde que asumió Macri. Un alarmante 51,1 por ciento considera que es probable que una crisis como la de 2001 se repita.

 
La preocupación por la economía se percibe en la calle y en las reuniones familiares. Incluso en los jóvenes, a los que se les suele achacar desinterés por las cuestiones políticas. Los jóvenes de Podemos recibieron a sala llena a Santiago Bulat, el economista que vino a hablares especialmente a los emprendedores. El interés es amplio. La Confederación Económica de Misiones recibió más de 500 inscripciones para escuchar este miércoles al sociólogo Eduardo Fidanza y Carlos Melconian, el ministro de Economía que espera en boxes si fracasa Dujovne. 
Para evitar zozobra en la economía, es fundamental sostener políticas de Estado que hagan de contención. El Ahora Pan que presentó el gobernador Hugo Passalacqua es, en este momento, un bálsamo para el bolsillo. La harina aumentó 82 por ciento en el último mes y destruye la rentabilidad del sector. Pero el pan de mesa no aumentará por lo menos hasta diciembre por el acuerdo con el Gobierno, a cambio de una rebaja en la tarifa eléctrica. Ante la corrida en el precio de la harina, este lunes se hará un acuerdo de ratificación.
El bolsillo es una preocupación central, porque marca el pulso de la actividad económica. Al Ahora Pan se sumará esta semana otro eslabón del Ahora Misiones referido directamente al consumo de alimentos, pero en lugar de las doce cuotas con tarjeta de crédito, se hará una devolución automática en las compras con tarjetas de débito. El objetivo es beneficiar al consumidor y al comercio de alimentos, que venía mirando de afuera los programas de promoción. 
Misiones lo puede hacer por un modelo de política económica que se sostiene en el tiempo. Es una de las pocas provincias con espalda económica y financiera, que le permite, incluso en estas turbulencias, sostener la calma.
La educación es el pilar, dijo el Gobernador en el acto de homenaje a los docentes. “Tengo la íntima convicción que la escuela fue siempre la piedra basal de la sociedad y continúa siendo el único lugar desde donde apalancar para modificar mundos….y la responsabilidad es de ustedes queridos colegas. El orgullo que siento es enorme porque sé que esa responsabilidad la asumieron, la asumen todos los santos días y eso es algo que no se ve y emociona saber que nuestros chicos están en buenas manos, en manos extraordinarias” señaló.
Es la educación misionera la que cerró, en lo que va del año la mejor paritaria del país, con un incremento del 20 por ciento, que por lo menos empata con la inflación acumulada hasta agosto. Es el resultado de un trabajo que se inició en febrero y que marcó dos aumentos iniciales en bolsillo que descomprimieron las demandas.
Sin embargo, esa solvencia financiera que viene mostrando la Provincia, se pone en riesgo por el ajuste impuesto por Nación. Dujovne anunció la transferencia a las provincias de los subsidios a la energía y al transporte. Pero ante el reclamo airado de las provincias y con la urgencia de contar con los votos para aprobar el Presupuesto, finalmente se retrotrajo el recorte en el subsidio a la energía. Si tuviera que hacerse cargo, la Provincia debería desembolsar entre 45 y 50 millones de pesos más por mes lo que se le paga a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica. Misiones tiene 120 mil usuarios con tarifa social, alrededor de 35 por ciento del total del padrón de usuarios aproximadamente.
Salvado el subsidio a la energía, todavía queda la quita en el transporte. Misiones pierde 1005 millones de pesos al año entre tarifa y combustible para las empresas, que están con la soga al cuello.
El subsidio al transporte muestra nuevamente cómo el país central se retroalimenta. Se elimina todo subsidio intra jurisdiccional de todo tipo (Sistema Integrado de Transporte Automotor, Sistau sueldos, al gasoil etc), lo que impacta directo en tarifa. Pero el Gobierno nacional decidió mantener el subsidio interjurisdiccional bajo el argumento que lo “intra” es responsabilidad de las provincias y municipios y lo “ínter” es una cuestión federal. El transporte entre el Conurbano y Capital tendrá subsidios (oh casualidad). El interior no.
Algunos empresarios del transporte ya amenazaron con retacear sueldos al ritmo de la recaudación.
No es la única alarma que sonó en las empresas. Los contadores de las principales firmas pusieron la lupa sobre un cambio en los aportes patronales que deben pagar por cada empleado. El pacto fiscal modificó las reglas y una quita que se aplicaba, dejará de utilizarse: “En el caso de trabajadores de jornada completa, al liquidar haberes del salario bruto de 17 mil pesos, se restan 2.400 y se pagan aportes patronales sobre 14.600. El Consenso Fiscal preveía ir aumentando 2.400 por año. Esto es 4.800 en 2019 y así llegar a 2022 con 12.000 pesos, por debajo de los cuáles, no se pagarían aportes. Pero dentro del paquete fiscal durante 2019 no va a haber aumentos y se va a seguir restando solo 2.400, pesos con todas las implicancias que eso conlleva en las estructuras de costos”, explicó un analista económico. 
En total, la Provincia calcula que por la quita de subsidios perderá no menos de cuatro mil millones de pesos. Por eso planteó que la Nación coparticipe la recaudación excedente que tendrá por las retenciones a las exportaciones. Los diputados de Cambiemos fueron los únicos en oponerse.
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Closs impulsa ley para garantizar prestaciones sociales a mujeres con discapacidad

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El senador Maurice Closs propuso una ley para que sea obligatorio otorgar y sostener las prestaciones sociales a las mujeres con discapacidad mientras subsistan las causas que las originaron.
El legislador misionero sostiene que “en ningún caso el derecho de una mujer a percibir una pensión por discapacidad podrá suspenderse o condicionarse” a la posibilidad de los parientes legalmente obligados a proporcionarles alimentos, a los bienes, ingresos y recursos que posean las mujeres con discapacidad u otra razón esgrimida en la reglamentación de la pensión por invalidez que pueda aplicarse en detrimento de los derechos adquiridos por las mujeres con discapacidad.
El proyecto de ley es clave en momentos en que se discuten diversas medidas de ajuste y el Gobierno recorta los aportes sociales. Por eso, Closs sostiene que las prestaciones por discapacidad otorgadas a mujeres que hubieren sido suspendidas deberán ser restablecidas en un plazo no mayor a 30 días.
Closs reconoce que en la política de ampliación de derechos de los últimos años pudieron haber errores, pero advierte que “sería razonable lograr el equilibrio fiscal quitando las pensiones a quienes falsificaron y mintieron sus niveles de discapacidad”, pero no quitar beneficios bajo el argumento de los ingresos, el poder adquisitivo o el patrimonio de su cónyuge.
“Dejar a esta mujer sin pensión implica lisa y llanamente dejarla bajo el único sostén y dependencia absoluta de su cónyuge o marido. No es una decisión que se debe tomar con un criterio economicista exclusivo. El Estado debe velar ante esta situación y garantizar ese ingreso mínimo que le permitirá a esta mujer discapacitada tener, por lo menos, alguna independencia económica que morigere la ya difícil situación de desigualdad por las que debe atravesar producto de su discapacidad”, argumenta Closs.

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La tormenta perfecta

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Hay una Argentina que, más allá de esta tormenta, se sigue moviendo, sigue siendo vital y no hay que creer que esta tormenta va a llevarnos a una crisis parecida a una que hayamos tenido en el pasado”. El presidente Mauricio Macri apeló en media hora diez veces a la “tormenta” para evitar la palabra “crisis”, que agobia a la economía Argentina.
Pero en la conferencia de prensa que convocó a mitad de la semana, no se mostró como un piloto avezado, sino como un espectador de una escena, de la que no se siente protagonista. Es algo que está pasando, pero en lo que no tiene responsabilidad.
Del “pasaron cosas” a una “tormenta”. Una tormenta es un fenómeno meteorológico cuyos efectos ni duración se pueden controlar. Pero la economía no es un fenómeno meteorológico. Es una ciencia que, no exacta, permite avizorar con tiempo qué puede suceder de acuerdo a las decisiones que se van tomando o dejando de tomar en el camino.
Cualquier economista más o menos serio advertía que una eventual suba de tasas de Estados Unidos podría complicar la estrategia de financiamiento vía deuda que tiene la Argentina por el aumento de los costos y la fuga de dólares hacia el país gobernado por Trump. Sucedió y se convirtió en “tormenta”.
La corrida cambiaria se convirtió en una tormenta que expulsó varios miles de millones de dólares, pero nadie atinó a abrir el paraguas hasta que el agua ya estaba al cuello.
Cualquier economista más o menos serio advertía que la inflación estaba lejos de ser controlada, pero cerró junio con 3,7 por ciento y anualizada ya superó el 29 por ciento. La suba de precios se convirtió en una tormenta, que abre las puertas para que el Fondo Monetario Internacional comience a imponer reglas en la economía argentina. Christine Lagarde o sus gerentes, serán nuevamente visitantes asiduos al país para comenzar a “monitorear” las variables de la política económica.
Macri volvió a hacer un relato de su propio gobierno al que le queda poco más de año y medio de mandato. “El objetivo es claramente bajar la inflación, y el plan que hemos presentado y que es parte del acuerdo con el Fondo va a en esa dirección: el año que viene va a bajar más de 10 puntos, y esperamos en el siguiente año ya estar cerca de la inflación de un dígito que es lo que todos queremos, y que es lo que tienen todos los países normales”. Se hizo largo el segundo semestre, tan largo que la expectativa del Presidente es terminar con una inflación en los mismos elevados valores que estaban cuando asumió.
Volvió a apelar al compromiso de “todos” para bajar el deficit fiscal y cuestionó a un Estado que “gasta más de lo que ingresa”. Pero los datos vuelven a demostrar que las promesas van a contramano de la realidad.  El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), think thank que aportó numerosos funcionarios al Gobierno nacional y de Buenos Aires, emitió un lapidario informe en el que revela que desde la llegada de Macri a la Casa Rosada, aumentó el tamaño de la estructura del Ejecutivo al tiempo que se multiplicaron los nombramientos discrecionales de funcionarios.
Además del andamiaje formal dentro de la estructura estatal, también aumentaron los cargos extraescalafonarios, es decir, aquellos que son nombrados directamente por el Poder Ejecutivo Nacional pero que se encuentran excluidos del Sistema Nacional de Empleo Público. Estos cargos tienen un grado de jerarquía equivalente a niveles de secretarías, subsecretarías y coordinaciones, y son instrumentos para designar personal político fuera de la estructura formal, explica el informe.
Entre 2015 y 2017, se crearon 1.111 cargos políticos y solo 62 fueron en la estructura formal. Así, se crearon 1.049 cargos extraescalafonarios en toda la Administración Pública Nacional lo que significó un crecimiento porcentual del 50%. La Jefatura de Gabinete de Ministros explicó el 31% del aumento, la Presidencia el 22% y el ministerio de Modernización que explicó el 11% del total de los cargos extraescalafonarios creados. Esa ampliación de los cargos políticos contradice la ola de despidos de los trabajadores subalternos.
 “Que a la crisis la vistan de tormenta, no le quita su esencia, sigue siendo una crisis”, definió el politólogo Mario Riorda después de escuchar al Presidente. “Macri habló como candidato a Presidente. Pura voluntad y esperanza. Un presidente aspiracional con un discurso esperanzador, coloquial y simple. Fue una colección de promesas. Si su problema es gestionar las expectativas, esta conferencia no ayuda en nada”, analizó.  
La situación por la que pasa la Argentina dista demasiado de obedecer al clima. Las mismas causas deberían haber arrastrado a economías parecidas, pero el efecto no fue el mismo. Argentina es por lejos el país que más devaluó en el mundo y es, por lejos, el país que más deuda emitió en corto plazo. La recesión amenaza con estirar la tormenta hasta los primeros meses del año que viene.
Las encuestas comienzan a mostrar que el descontento se extiende más allá de las huestes opositoras. Ya no es el kirchnerismo ni la herencia, sino la escasez de resultados positivos en los últimos años. La reelección asegurada hasta hace unos meses, es puesta en duda hoy, aunque el Presidente insista en que “seguirá hasta que ustedes quieran”.
La “tormenta” también azota a la provincia de Buenos Aires, donde María Eugenia Vidal aparece salpicada por un escándalo mayúsculo, que surgió de una investigación periodística que reveló una enorme cantidad de aportantes truchos a la campaña de Cambiemos.
El PRO tomaba identidades y los anotaba como aportantes propios para justificar millones de pesos en la campaña. Incluso hay funcionarios y dirigentes de Cambiemos que niegan haber puesto plata de su bolsillo para la campaña. Más allá de la gravedad del robo de identidades, es tan o más relevante conocer el origen del dinero negro. 
La Gobernadora obvió los alcances del escándalo hasta que aparecieron en los grandes diarios. Ahí echó a la contadora general bonaerense, María Fernanda Iza que había sido designada cinco días antes. Es decir, asumió en medio de la escalada de datos que la involucraban directamente. La Gobernadora amagó con enterarse recién con los diarios, pero la funcionaria desplazada era la contadora del partido que ella preside en Buenos Aires. Demasiado cerca. Echar la culpa al contador no es siquiera una estrategia inesperada. Lo mismo hizo hace poco Mariano Rajoy antes de ser obligado a dimitir en España por el escándalo de las cajas paralelas.
En medio del escándalo, Macri prometió una ley para bancarizar los aportes.
Fue tan escasa la condena del Presidente y de la propia Vidal que hasta los medios amigos hicieron notar su descontento. “Macri no dijo la verdad. Caramba señor Presidente, esto merece su condena. Porque usted lo hubiera hecho con otros partidos. Esto pone en duda su palabra de transparencia”, adoctrinó el doctor Nélson Castro desde la pantalla de Todo Noticias.
Cuando se entere el veterano columnista que la campaña de Cambiemos en 2017 se financió con 88 por ciento de aportes en efectivo, quizás monte en cólera.
“Que Cambiemos (desde la voz de su presidente) no condene la opacidad de la causa de los aportantes en Buenos Aires, es como mínimo el pase de Cambiemos a la categoría de partidos clásicos. Uno más del montón”, agrega Riorda con su habitual lucidez.
El escándalo de los aportes puede extenderse en varias provincias y sacude los cimientos de la alianza gobernante. En su breve paso por Misiones, Ricardo Alfonsín dejó trazos del discurso de su padre en contra de las políticas neoliberales que aplica el Gobierno. Aunque no saca los pies del plato, cada vez son más voces las que se animan a cuestionar la conducción política de Cambiemos, tanto en el ámbito nacional como en el provincial, donde reina el silencio sobre las medidas de ajuste que impactan en Misiones.
El hijo del ex presidente vino a Posadas en homenaje al senador Mario Losada, cuyo nombre distinguirá a una plaza de la Costanera. Allí se reunió con el economista Federico Villagra, uno de los que se animó a romper con la estructura vertical y analiza armar un nuevo espacio con los desencantados.
En el radicalismo causó cierto alivio la frustrada visita de Lilita Carrió a Posadas, porque se temía que la blonda reitere su diatriba contra los dirigentes de la UCR que prefieren quedarse al cobijo de los cargos.

Mientras el temporal sacude los cimientos de Cambiemos, el Gobierno sigue su curso. El debate está centrado en el monto del ajuste necesario para cumplir con las metas impuestas en la letra chica del préstamo del FMI.
En los primeros escarceos, el superministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el de Interior, Rogelio Frigerio, mostraron una mayor predisposición a que sea la Nación la que asuma la mayor parte de los recortes, estimada en 200 mil millones de pesos, mientras que las provincias deberían absorber otros cien mil millones, especialmente en transferencias no automáticas y obra pública.
En ese escenario, Misiones debería ceder poco más de tres mil millones de pesos en 2019, de acuerdo al índice de coparticipación. Después de escuchar los planteos de los ministros de Macri, Misiones volvió a insistir con la necesidad de medidas que compensen las asimetrías y el ajuste encubierto a través de las subas incesantes de la única fuente de energía que tiene la provincia. El combustible Premium ya roza los 40 pesos y la nafta común se acerca a esa marca. Por eso, los funcionarios provinciales remarcaron que Misiones debe volver a contar con el ITC diferenciado hasta que haya otra fuente energética que compense costos de logística y distancia.
Es que Misiones ya viene soportando con hidalguía el retroceso en los fondos que no se detiene. La Nación evalúa ponerle fin al Fondo Nacional de Incentivo Docente y liquidar el Fondo de la Soja, que sostiene la infraestructura de los municipios.
“Ya no vamos a discutir aumentos, sino sostener lo que tenemos”, alertó la secretaria general de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, Stella Maris Leverberg.
Es que por más esfuerzo que haga Misiones, si se confirma que la Nación deja de financiar el Incentivo, la Provincia debería hacerse cargo de 60 millones extra por mes solo para sostener el nivel de salario actual. Ni hablar de paritarias hacia arriba.
Y eso que la Educación es la prioridad del Gobierno misionero. Nuevamente, como en los últimos años, es el área que se lleva el 30 por ciento de los recursos proyectados para 2019.
Con una anticipación inusual, pero que responde a la previsibilidad en el manejo de las cuentas en Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua giró el proyecto de Presupuesto a la Legislatura.
Las áreas sociales en su conjunto contendrán el récord de 60 por ciento de la inversión del Estado, mientras que la obra pública se llevará otro 20 por ciento.
Nuevamente es Misiones la provincia que hace punta en el tratamiento de su presupuesto, aún sin contar con la proyección de los recursos federales. Pero está a tono con las metas de ajuste fiscal, con un crecimiento del gasto estimado en 16 por ciento, lo que marca un tácito ajuste por inflación. En total, se proyecta un presupuesto de 67.225.502.000 pesos.
“Sosteniendo nuestra concepción misionerista, tenemos un Estado provincial fuerte, responsable, organizado y con las cuentas equilibradas; y ello es así porque en lo fiscal seguimos el mandato de nuestro espacio político, como lo venimos haciendo desde 2003”, argumenta Passalacqua.
La Renovación, con la bandera del misionerismo, a diferencia de los percances de la alianza nacional, goza de buena salud. Una encuesta de Analía del Franco señala que Passalacqua presenta hoy un nivel de aprobación de gestión de 78 por ciento, con un promedio de evaluación positiva del 73%.
El alto nivel de aprobación del gobernador y su gobierno es pareja en todas las localidades de la provincia. En Posadas es de 71% positivo y en interior 75%. El apoyo de los Posadeños es altmente significativo dado que es una ciudad donde hace menos de un año en las elecciones legislativas ganó la oposición.

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Leve crecimiento del empleo privado en Misiones durante el primer trimestre

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Nuevos datos referentes al empleo asalariado registrado del sector privado de Misiones, correspondientes a marzo de 2018, indican un aumento anual del 2,9% del total de los trabajadores bajo relación de dependencia, y de un 2,4% si se toma la serie desestacionalizada.
En efecto, se contabilizaron en la provincia 105.471 trabajadores asalariados registrados en el sector privado. En la comparación interanual (marzo de 2018 – marzo de 2017), se advierte un crecimiento neto de 2.931 asalariados formales. Sin embargo, al desestimarse las fluctuaciones estacionales, el crecimiento respecto al mismo mes de 2017 asciende a 2.532 trabajadores asalariados registrados. De todos modos, todavía se está lejos del pico de empleo privado registrado en julio de 2015, con 111.938 trabajadores en blanco.

Por otra parte, en cuanto a la variación mensual, se observa un incremento de 4.616 trabajadores registrados en el sector privado, en relación al mes anterior. Esto indica que, en términos porcentuales, el total del trabajo asalariado registrado en empresas aumentó un 4,6%. En tanto que, desde el punto de vista de la variación desestacionalizada, en marzo de 2018 se observó un crecimiento de 747 trabajadores, representando un incremento del 0,7% mensual.

 
En el análisis trimestral, la cantidad de empleados registrados pasó de 100.390 en el primer trimestre de 2017 a 102.117 puestos en el mismo período de 2018. Esto implica un incremento del empleo asalariado registrado del sector privado de Misiones del 1,7%.
En cuanto a la serie desestacionalizada, se pasó de 103.650 asalariados registrados a 105.393, entre los primeros trimestres de este año y del año pasado. En este sentido, el incremento también fue del 1,7%, según la información es elaborada por el Instituto Provincial de Estadística y Censos a partir de la publicación al respecto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Dicho organismo utiliza como fuente de información los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Este incluye la totalidad de los empleos asalariados del sector privado del país.

 
Por último, y teniendo en cuenta el período de los últimos ocho años (marzo 2010 – marzo 2018), en el último mes el crecimiento mensual del empleo registrado del sector privado, en la serie desestacionalizada, fue de 0,7%. Esto muestra un registro inferior al pico máximo respecto al mes anterior, el cual se alcanzó en marzo del 2016 (3,1%). La última caída pronunciada fue en agosto de 2017 (-1,9%).
 

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El peor resultado

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Si hubiera que medir el estado de un Gobierno en función del acierto de sus proyecciones y el número de promesas cumplidas, el de Mauricio Macri debe estar en su peor momento. En los últimos días hubo un aluvión de datos negativos que exceden a la coyuntura y son consecuencia de las decisiones tomadas en los últimos dos años y medio. Repasemos.
De aquel: “Daniel, no vamos a devaluar”, a una caída del peso que superó el 75 por ciento en los últimos doce meses. Desde el inicio de la corrida cambiaria, en abril, la pérdida de valor del peso llegó al 45 por ciento y es del 56,5 en lo que va de 2018. Esa devaluación significa un ajuste directo en el bolsillo.
Del “está todo bien” de un lunes, al dramatismo del martes de volver al Fondo Monetario Internacional a pedir un auxilio financiero record de 50 mil millones de dólares.
Del “fuimos al Fondo para evitar a una crisis” a un dólar incontenible, que acarició los 30 pesos y no encuentra techo.
“Estamos en una transición hacia una mayor estabilidad”, sostenía, firme, el ahora presidente del Banco Central, Luis Caputo. No hace mucho, en mayo, la efusiva Lilita Carrió prometía sin ponerse colorada: “El dólar va a quedar en 23 pesos, yo no le miento a mi electorado”.
De la promesa de “un país normal” a celebrar ser un mercado emergente, para volver a estar pendiente del riesgo país, que tocó los 612 puntos, récord desde 2015, con pánico en la Bolsa y caída de acciones. Todo en una misma semana.
O el mercado está fuera de control o es la esquizofrenia del mejor equipo que interviene, que no, que vende mucho, vende poco, promete flotación limpia pero subasta deuda para tranquilizar a los amigos ávidos de dólares más baratos que en las casas de cambio.
Hay que explicar el mecanismo para entender quienes ganan con este descalabro. Todos los días el Gobierno está subastando porciones de la deuda asumida con el FMI –que pagarán las generaciones futuras- para “calmar” la fiebre alcista. En el remate, los grandes compradores acceden a billetes un peso por debajo de lo que se consigue en las casas de cambio, accesibles para el pequeño ahorrista o el que se quiere ir de vacaciones.
También se pasó de la crítica al cepo a analizar un corralito para los que compren dólares para viajar al exterior.
De la pobreza cero a un lapidario informe de la Universidad Católica Argentina que revela que la pobreza infantil aumentó de 60,4 a 62,5 por ciento, lo que implica que hay ocho millones de niños privados de algún derecho. Si se toman los datos más actualizados de la UCA con una muestra más abarcativa del último trimestre del 2017 se observa que la intensidad de privaciones en los menores llegó al 65 por ciento. En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos reveló un informe sobre la evolución de la distribución del ingreso: más del 35 por ciento de los hogares tiene ingresos inferiores al umbral de la pobreza. No es casual, en lo que va del año, el salario perdió 1,7 por ciento en la carrera contra los precios (oficiales).
El presidente Mauricio Macri visitó esta semana a la sede de la Confederación Económica de la Mediana Empresa para celebrar el día de las Pymes. Las ponderó y prometió respaldos para las empresas que generan el 60 por ciento del empleo del país. Apenas unas horas después, la Confederación General Empresaria informaba que en los últimos dos años se cerraron 4800 pymes.
El ministerio de Trabajo admite que en el primer cuatrimestre se perdieron 94.500 empleos en blanco. Entre los asalariados privados se perdieron 39.800 empleos, monotributistas (2.000), los autónomos (500) y monotributistas sociales (5.700). La pérdida es transversal. “Un 60 por ciento de la producción industrial está dedicada al servicio de la construcción. Prácticamente despareció. No hay obra nueva. Eso provocó un corte en la línea de pago”, explicó Héctor Fernández, presidente de la Cámara Misionera de Industriales Metalúrgicos en declaraciones a radio Activa.
Pero en el Gobierno no entienden el paro general de la CGT, aunque antes celebraban las protestas por el impuesto a las Ganancias.
Según la misma Came, la industria Pyme cortó una racha de 10 meses consecutivos de crecimiento. En mayo sólo el 39,4% de las empresas crecieron y el uso de la capacidad instalada bajó a 60,5%. Además, solamente el 39,5% tuvo rentabilidad positiva y el 75% se encontró con más dificultades para cobrar a sus clientes, con un plazo promedio de cobro que se estiró a 53 días.
Ante los empresarios, liderados ahora por el misionero Gerardo Díaz Beltrán, Macri prometió “una nueva ley pymes”, pese a que la vigente se aprobó hace apenas dos años, el 1 de julio de 2016. También garantizó que en agosto se hará la postergada reglamentación del artículo 10, una promesa incumplida de la campaña, con beneficios para las economías de frontera.
Pero ahora esos beneficios no llegarán a todas las provincias, sino a aquellas que cobren Ingresos Brutos a la actividad comercial por debajo del tres por ciento. Hace apenas unos meses, el Pacto Fiscal que impuso la Nación en enero, había elevado el techo para los tributos a esa actividad, al cinco por ciento.
Se modifican nuevamente las reglas de juego, pero los beneficios no llegaron nunca. Solo Posadas perdió más de 18 mil millones de pesos en los últimos dos años mediante la sangría hacia Encarnación, en busca de precios más bajos.
El nuevo ministro de Producción, Dante Sica, no parece tener mayor velocidad que su sonriente antecesor, el eyectado Francisco Cabrera, para entender el problema. “Todos deben hacer un esfuerzo compartido, las provincias deben poner lo suyo, Posadas y toda esa zona tiene tasas de Ingresos Brutos muy altas que de alguna manera también castigan al comercio y son fuertemente distorsivas”, sostuvo el funcionario en declaraciones a FM Show.
Nuevamente, el Gobierno nacional pretende que el esfuerzo y el costo político sean compartidos por los gobernadores. Ante el desmadre de los últimos días, el Presidente volvió a apelar a los gobernadores para dar señales de “cohesión” en defensa de las políticas económicas. El Jefe de Estado subrayó que “la mayoría de los gobernadores de Cambiemos, del Peronismo, intendentes, senadores, diputados estamos comprometidos” en los objetivos de achicar el déficit fiscal en todos los niveles del Estado.
“Si decimos que lo vamos a hacer, lo haremos y, si resolvemos eso, el crecimiento será ilimitado e infinito porque nuestra capacidad y talento son enormes”, enfatizó.
Y nadie duda en aplicar medidas que equilibren cuentas y achiquen costos. Pero son varios los gobernadores que salieron a advertir que el principal ajuste debe pasar por los gastos de la Nación –que no se reducen y, por el contrario, crecen con intereses de deuda- y no por las provincias que, con matices, están mucho más equilibradas.
El gobernador Hugo Passalacqua fue terminante. “Vamos a bregar todos, aún desde nuestro espacio de oposición, para que las metas de déficit de las cuentas públicas de Nación estén equilibradas para el 2020. Ya muchas provincias -y Misiones entre ellas-, con gran esfuerzo y austeridad han logrado ese equilibrio. Requerimos que la Nación también lo haga y sin perjudicar ni un milímetro a los sectores sociales más vulnerables; como tampoco se afecte la solvencia fiscal y bienestar de las provincias y de Misiones en particular”, expresó en un comunicado.
Misiones, efectivamente, es una de las provincias que puede exhibir un buen manejo de las cuentas públicas, con empleo público lejos por debajo de la media, desendeudada y con escasa exposición en dólares. Otras provincias, alentadas a tomar deuda, hoy deben 50 por ciento más que hace uno o dos meses por la corrida cambiaria.
Pero así y todo, el déficit se explica mucho más por el gasto de la Nación que por el de las provincias. No es, claro, con despidos a destajo ni con recortes de obligaciones elementales, que debería subsanarse ese rojo. La acumulación de vencimientos de deuda es una presión adicional que hasta hace un par de años no existía.
Misiones ha venido haciendo los deberes incluso antes de que el ajuste sea una obligación emergente del sistema. Passalacqua se anticipó al congelamiento de ingresos al Estado y Maurice Closs, como antecesor, había ideado una creativa medida para fomentar el retiro de estatales sin que pierdan demasiado poder adquisitivo. Sin estridencias ni el uso de dolorosos telegramas de despido. Ahora, la Legislatura provincial acaba de sancionar la ley de adhesión a la modificación de la ley de Responsabilidad Fiscal, para sumar a los municipios  al ajuste. Los intendentes no podrán gastar por encima de la inflación del Indec ni tomar empleados por encima de la proyección de crecimiento poblacional que mida el Instituto Provincial de Estadística y Censos. Como carta de intención, incuestionable. Pero los papeles no suelen ser fiel reflejo del terreno. ¿Cómo harán los intendentes para contener el gasto ante demandas sociales cada día más acuciantes? Lo mismo vale para los gobernadores, que piensan lo mismo que Passalacqua: que el peso del ajuste no debe recaer únicamente en las provincias.
Esta semana comenzarán los primeros escarceos en el debate por el Presupuesto. Los gobernadores están dispuestos a acompañar, pero también a poner condiciones.
Misiones es caso de estudio. No un fenómeno casual. Hasta fines del siglo pasado, la provincia estaba entre los primeros puestos de cuanta estadística social negativa se analizara. Aplicó descuentos salariales a los estatales y se endeudó dos veces y medio su presupuesto, mientras que la pobreza y el desempleo crecían sin parar.
Hoy es una de las pocas que paga los sueldos a término, anticipó un aumento pactado en paritarias y sigue sin endeudarse. No pasó tanto tiempo, pero hubo decisión política.
Por eso en la Renovación advierten que es momento de refugiarse en el “misionerismo” como concepto político. No se deja de lado el compromiso de gobernabilidad, pero habrá cambios en la gestualidad. Los principales dirigentes recibieron un consejo del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, a sazón, el conductor de la Renovación: “Trabajar más y fortalecer el misionerismo”. ¿Qué es el misionerismo? “Es pagar los sueldos al día, estar desendeudado, la reducción histórica de la mortalidad infantil o batir récords de secuestro de droga.
En la oposición, en cambio, reina la desorientación. Los del PRO puro no encuentran cómo defender algunas decisiones del Gobierno nacional y algunas actitudes de los propios –cayó muy mal el viaje del concejal Diego Barrios al Mundial de Rusia, donde compartió tribuna con Facundo Sartori, aunque éste no tiene que justificar faltazos-. Los radicales se inmolan como los conversos, mientras intentan disimular que el último gran boina blanca, Raúl Alfonsín, se paraba en las antípodas del modelo político actual.
Desde afuera, hace su juego el partido Agrario, que puede lanzar dardos sin preocuparse por los efectos en la gobernabilidad.

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