mar. Feb 3rd, 2026

Colombia

El Gobierno asignó el cupo de exportación de carne vacuna a Colombia para 2026 por 947 toneladas

By Redacción Economis 1 mes ago
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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía oficializó la asignación del Cupo II de exportación de carne vacuna (bovinas) a la República de Colombia para el ciclo comercial 2026. La medida, instrumentada mediante la Resolución 258/2025, define el reparto de 947,377 toneladas entre frigoríficos y operadores habilitados, en el marco del Acuerdo de Complementación Económica N° 72 (MERCOSUR–Colombia), y tendrá vigencia desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

La decisión resulta clave para la planificación exportadora del sector cárnico argentino, ya que garantiza previsibilidad regulatoria y acceso preferencial a un mercado regional relevante, bajo condiciones arancelarias acordadas en el ámbito del MERCOSUR y la Comunidad Andina. Al mismo tiempo, consolida un esquema institucional de asignación basado en criterios objetivos, controles sanitarios y cumplimiento estricto de los requisitos formales.

Marco normativo y antecedentes del cupo MERCOSUR–Colombia

El contingente se encuadra en los Acuerdos de Complementación Económica Nros. 59 y 72, firmados entre los Estados Parte del MERCOSUR —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— y la República de Colombia. Estos acuerdos establecieron una zona de libre comercio para productos originarios, incluyendo carnes vacunas enfriadas y congeladas, con cupos y preferencias arancelarias específicas.

En particular, el Anexo II del ACE 59, Apéndice 3, definió los contingentes de carne bovina otorgados por Colombia al MERCOSUR, distinguiendo entre el Cupo I (Cortes Finos) y el Cupo II (Los Demás Cortes). Este esquema se mantuvo vigente con la suscripción del ACE 72. Posteriormente, en la LIX Reunión Ordinaria del Grupo Mercado Común del MERCOSUR, celebrada los días 22 y 23 de agosto de 2005, se resolvió que los cupos cárnicos se distribuyeran en partes iguales entre los Estados Parte, asignando a cada uno el 25% del tonelaje total anual.

En el plano interno, el mecanismo de asignación fue reglamentado por la Resolución 20/2018 de la ex Secretaría de Mercados Agroindustriales, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026 por la Resolución 5/2023. Sobre esa base normativa se abrió, entre el 1 y el 15 de diciembre de 2025, el período de inscripción para el ciclo 2026 a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

Asignación, controles y exclusiones en el ciclo 2026

Según informó la Secretaría del MERCOSUR mediante la Nota N° SM/896/25, el Cupo II asignado a la Argentina para 2026 asciende a 947,377 toneladas. La Resolución 258/2025 dispuso su distribución conforme a los criterios establecidos en el artículo 12 de la Resolución 20/2018, en función de las solicitudes presentadas y validadas.

Durante el proceso, la autoridad de aplicación verificó que los postulantes estuvieran inscriptos en el Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (SIOCAL) y que los establecimientos frigoríficos contaran con las habilitaciones sanitarias del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para exportar a Colombia.

En ese marco, se desestimaron dos presentaciones. La firma FRIAR S.A. fue excluida por haber presentado su solicitud fuera del plazo previsto, incumpliendo el artículo 13 de la Resolución 20/2018. En tanto, Agropecuaria La Fe quedó fuera del reparto por no contar con matrícula de exportador de ganados y carnes, requisito exigido por el artículo 4°, inciso d), de la misma norma.

Asimismo, la resolución reconoció como grupo económico a Sociedad Anónima Carnes Pampeanas S.A. y Black Bamboo Enterprises S.A., a los fines de la determinación del tonelaje adjudicado, habilitando que el cupo asignado pueda ejecutarse en los distintos establecimientos que integran ese grupo.

El detalle completo de la distribución figura en el anexo oficial, que incluye a una veintena de empresas frigoríficas y operadores del sector, con asignaciones individuales que, en la mayoría de los casos, rondan las 55 toneladas anuales

Proyección exportadora

La asignación del cupo a Colombia reafirma la importancia de los acuerdos comerciales regionales como herramienta de inserción internacional para la carne vacuna argentina. Si bien el volumen —947,377 toneladas— resulta acotado en relación con el total exportado por el país, el régimen ofrece condiciones arancelarias preferenciales que mejoran la competitividad frente a otros proveedores y sostienen la presencia argentina en un mercado estratégico de América Latina.

Desde el punto de vista institucional, la medida consolida un esquema de administración del comercio basado en reglas claras, controles sanitarios estrictos y trazabilidad documental, factores que impactan directamente en la reputación internacional del complejo cárnico. Para los frigoríficos adjudicatarios, el horizonte hasta el 31 de diciembre de 2026 permite ordenar contratos, logística y programación productiva, en un contexto de alta sensibilidad regulatoria para el sector.

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El patio trasero de Trump

By Lucas Doronuk 3 meses ago
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El mandatario estadounidense es un fiel reflejo del producto político de su país. Más allá de todas las polémicas y novedades en las que se involucra, hay tradiciones que no cambian. Es evidente que el intervencionismo continúa siendo parte de la agenda de Donald Trump, más allá de cierto proteccionismo económico. América Latina parece seguir ocupando el lugar de patio trasero de los Estados Unidos, con todo lo que ello implica.

Son tres los grandes ejemplos que modelan hoy la política exterior de los Estados Unidos con América Latina: Colombia, Venezuela y Argentina.

En el caso colombiano, Trump ha marcado una profunda distancia con su par Gustavo Petro. Las diferencias políticas e ideológicas son evidentes, aunque también pesan las acusaciones cruzadas por narcotráfico. Casi como en un déjà vu, Colombia vuelve a enfrentar denuncias sobre los vínculos entre la política y el narcotráfico, e incluso sobre el control territorial que mantienen los cárteles.
¿Realmente le preocupa a los Estados Unidos el narcotráfico en Colombia? Difícilmente, cuando ni siquiera logra resolver sus propios problemas internos con las drogas ilegales. Lo que se observa es más bien un aprovechamiento de la disparidad ideológica entre los líderes para generar polarización y externalizar el conflicto, con el objetivo de justificar la expansión de su flota bélica cerca de Panamá. La cercanía con este país sigue siendo estratégica para ejercer un control más riguroso —e incluso ilegal— del canal de Panamá, en el marco de una disputa comercial de mayor envergadura con China.

Con Venezuela el escenario es distinto, aunque igualmente tenso. Hay un fuerte enfrentamiento con Nicolás Maduro, a quien Trump acusa de encabezar un grupo de jerarcas con lazos directos con los cárteles de droga. Tampoco parece que al gobierno estadounidense le interese demasiado la producción o distribución de drogas desde ese país, más allá de los efectos internos que pueda generar. El trasfondo es otro: los intereses petroleros. Venezuela es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, y mantener bajo control su comercio —al mismo tiempo que se bloquea la injerencia rusa y china— es un objetivo central de la administración republicana.

En el caso argentino, la presión es más indirecta pero responde a las mismas intenciones. No existe aquí una amenaza de militarización, sino de dominación económica. Es sabido que el gobierno de Javier Milei busca financiamiento externo para sostener sus “logros” económicos. En ese contexto, las advertencias sobre la continuidad del régimen político o el fortalecimiento institucional a cambio de apoyo financiero adquieren un tono de chantaje. Los Estados Unidos, una vez más, sacan provecho: el acceso a recursos estratégicos como el litio o el cobre, sumado al respaldo diplomático que genera efectos en cadena en la región, consolidan su posición de influencia. Además, la reducción de la presencia china en la economía argentina es un objetivo explícito en los despachos de la Casa Blanca.

En este contexto, el factor común es evidente: la enemistad con China. América Latina sigue siendo, para los Estados Unidos, su zona de influencia natural y prioritaria.

Ayer la URSS, hoy China

La receta se repite: dominar América Latina para apropiarse de sus recursos y fortalecer la zona de control ante la influencia de potencias extranjeras. Como en los tiempos de la Guerra Fría y bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, los Estados Unidos intensifican, bajo el mandato de Trump, su presencia en la región mediante amenazas bélicas, chantajes económicos y estrategias culturales.

Si se observa el tablero geopolítico actual, los tres principales líderes del mundo —Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping— comparten una misma lógica: la expansión de sus zonas de influencia. Como si se tratara de una nueva “paz armada”, cada potencia busca extender sus fronteras de control. Trump entendió que Joe Biden había descuidado América Latina desde la perspectiva de los intereses estadounidenses y, casi a contrarreloj, busca ahora recuperar ese terreno aplicando una vieja fórmula. América Latina no es solo su patio trasero: también es su laboratorio y su proveedor de recursos.

Con China y Rusia ocurre algo similar. Xi Jinping mantiene una fuerte presencia en torno a Taiwán, en el marco de un conflicto histórico que se articula con la llamada Línea de los Nueve Puntos. Paralelamente, Rusia busca preservar su influencia en Europa del Este, con la guerra en Ucrania y la amenaza constante sobre países miembros de la OTAN y de la Unión Europea cercanos a su frontera, como Polonia, Finlandia y los Estados Bálticos.

Este panorama desnuda el modus operandi de las potencias en un mundo cada vez más multipolar. Pueden añadirse otros ejemplos, como las tensiones en el subcontinente indio o los movimientos nacionalistas en África, para comprender que la tendencia dominante es la desglobalización.

Lejos de un Estados Unidos hegemónico, lo que predomina es una nueva distribución de zonas de influencia, donde las potencias refuerzan su presencia histórica y profundizan las relaciones desiguales con los países más pobres o dependientes. En síntesis: América para los Estados Unidos, Asia para China y Europa para Rusia. El resto, que se las arregle como pueda.

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Joaquin Sarmiento/Agence France-Presse — Getty Images

En Colombia está surgiendo una nueva guerra

By Redacción Economis 5 meses ago
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Por Elizabeth Dickinson, experta en grupos armados y crimen organizado en Colombia y Latinoamérica. (New York Times) Hace unos años, uno de los mayores riesgos de conducir por la región del Guaviare, al sur de Colombia, era quedarse con una llanta atascada en el barro de sus tortuosas carreteras sin pavimentar. El Guaviare, antiguo bastión de la insurgencia izquierdista, se liberó de décadas de control rebelde en 2016, cuando Bogotá firmó un acuerdo de paz para desmovilizar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los habitantes de las zonas rurales miraban con esperanza e incredulidad cómo la policía, en lugar de los guerrilleros, patrullaba sus pueblos. Parecía que la paz finalmente había llegado.

Menos de una década después, esa paz ha desaparecido. Artefactos explosivos bordean muchos de los caminos lodosos. Los residentes se aferran a carnets de identidad no oficiales exigidas por los grupos armados para distinguir a sus amigos de sus enemigos. “La guerrilla le da tres opciones ahora”, me dijo hace poco un joven líder comunitario. “O se cumple, o se va, o se muere”.

La efímera tranquilidad del Guaviare forma parte de un alarmante deterioro de la seguridad en Colombia. El acuerdo de paz de 2016 puso fin a medio siglo de guerra y redujo drásticamente la violencia. A medida que los guerrilleros entregaron las armas, las tasas de homicidio en todo el país —que antes estaban entre las más altas del mundo— cayeron por debajo de las de muchas ciudades estadounidenses. Miembros de las antiguas FARC, que durante décadas utilizaron el narcotráfico para financiar su rebelión, abandonaron el tráfico de cocaína.

En la actualidad, Colombia aún está lejos del brutal caos de la década de 1990 y principios de la de 2000. Pero una nueva generación de grupos armados se ha expandido y multiplicado a lo largo del país, y alimenta una explosión de delitos violentos que abarcan desde la extorsión hasta el secuestro y el reclutamiento de menores. El asesinato del aspirante a la presidencia Miguel Uribe Turbay este verano y una reciente oleada de atentados terroristas con bombas y drones auguran mayor violencia antes de las elecciones de 2026.

El regreso de Colombia al conflicto no demuestra el fracaso del acuerdo de 2016, sino una lección sobre la dificultad de sostener la paz. El gobierno ha intentado controlar las regiones que las FARC abandonaron, y desde entonces nuevos grupos criminales han retomado las lucrativas rutas de tráfico de drogas y de personas. Para recuperar el terreno perdido, Colombia necesita volver a los principios que redujeron con tanto éxito la violencia en primer lugar: diálogo, medidas para remediar la desigualdad y la exclusión política que propician la actividad criminal, además de una sólida estrategia de seguridad para presionar a los grupos armados.

El repunte de la violencia tiene orígenes múltiples. Aunque las FARC se disolvieron formalmente en cuestión de meses, las batallas políticas sobre los aspectos polémicos del acuerdo, como la justicia transicional y los derechos de las víctimas, se han prolongado durante años. La burocracia del Estado no estaba preparada para los retos que planteaba el cumplimiento de algunos de sus compromisos más complejos, como abordar la desigualdad rural, desincentivar el cultivo de coca entre los agricultores y garantizar los derechos políticos de todos los colombianos.

Grupos armados y nuevas y ambiciosas organizaciones criminales llenaron rápidamente el vacío de poder en muchos antiguos territorios rebeldes, al detectar oportunidades en zonas donde las FARC habían cedido el control, y donde el gobierno había estado ausente durante mucho tiempo. Allí donde el Estado no podía prestar servicios con la suficiente rapidez, nuevos grupos armados llegaban con misiones médicas y fondos para la construcción de carreteras. Donde no se encontraban jueces para brindar acceso a la justicia, los delincuentes imponían sus penas por delitos como la violencia doméstica, el chisme y el quebrantamiento del toque de queda.

Al gobierno de Bogotá le ha costado responder. Para cuando el presidente Gustavo Petro, antiguo guerrillero, asumió el cargo en 2022, esta nueva generación de armados ya competía por el poder. Petro argumentó acertadamente que la desmovilización de las FARC había abierto el camino a los saboteadores criminales, y su política insignia, denominada “paz total”, proponía negociaciones simultáneas con todos los grupos armados restantes, junto con una pausa en la mayoría de las operaciones ofensivas contra ellos. La implementación del acuerdo de 2016 se ralentizó mientras la atención se centraba en nuevas conversaciones.

Ahora, la estrategia de Petro también se ha estancado, en parte porque el conflicto ha cambiado. A diferencia de las FARC, que pretendían tomar el poder en Bogotá, las organizaciones armadas actuales se centran en controlar una economía ilícita que va mucho más allá del tráfico de drogas. Han aprendido que luchar contra el Estado es costoso, pero intimidar y cooptar a la población civil es barato, y eficaz. La mayor parte de la violencia en Colombia ahora se concentra en luchas entre grupos armados por territorio e ingresos, o contra civiles que se atreven a oponerse a su régimen criminal.

Las comunidades de las regiones con presencia armada dicen que el papel de los grupos en su vida cotidiana es opresivo y meticuloso. En Guaviare, por ejemplo, el simple hecho de caminar sin el carnet puede acarrear una pena de trabajo comunitario forzoso. Los miembros de los grupos no suelen llevar uniforme. Viven entre la población local y la reclutan, gobernándola al servicio de sus intereses comerciales. Ninguna estrategia militar puede desarticular este profundo nivel de infiltración social por sí sola.

El gobierno de Petro ha hablado de paz con muchos de estos grupos y ha aprendido lecciones vitales sobre cómo adaptarse a este nuevo tipo de conflicto. En las conversaciones con un grupo del Guaviare, por ejemplo, inicialmente el gobierno ofreció inversiones en proyectos de desarrollo comunitario a cambio de que los criminales pusieran fin a la deforestación y desescalaron la violencia. Sin embargo, a corto plazo, esta experimentación ha tenido un costo: en tan solo tres años, el número de combatientes armados y auxiliares ha aumentado aproximadamente un 45 por ciento.

Con un año restante en el cargo, Petro aún puede dar la vuelta a la situación de seguridad. Pero su labor será aún más difícil si Estados Unidos —el principal aliado militar, donante y socio comercial de Colombia— retira su apoyo prolongado.

Se espera que a mediados de septiembre la Casa Blanca decida si “descertifica” a Colombia como socio en la guerra estadounidense contra las drogas, por sus presuntas fallas en la lucha contra el narcotráfico internacional, lo que permitiría a Estados Unidos recortar drásticamente la ayuda militar y de otro tipo. Esta medida asestaría un golpe devastador a la capacidad de Colombia para combatir la creciente inseguridad y podría socavar los propios esfuerzos del ejército estadounidense para combatir el crimen organizado, una prioridad declarada del gobierno de Trump.

Durante años, el apoyo colombiano a la política antinarcótica estadounidense ha ayudado a Estados Unidos a incautar drogas, capturar e interrogar a capos y trabajar para desentrañar las redes mundiales de tráfico, sin necesidad de las muertes innecesarias del ataque del martes pasado contra lo que, según funcionarios estadounidenses, era un barco cargado de droga en el Caribe. La pérdida de financiación de la USAID ya ha eliminado cientos de millones de dólares del presupuesto humanitario de Colombia. Más recortes perjudicarían décadas de progreso hacia un frágil equilibrio, y envalentonarían a las redes criminales cuyos mercados ilícitos se extienden hasta Estados Unidos.

Como han demostrado décadas de experiencia, no existe una solución exclusivamente militar a la violencia de Colombia. Para desmantelar el control de los grupos armados son esenciales un diálogo significativo e inversiones en las zonas del país propensas al conflicto. Si vincula la continuación de las conversaciones a programas sociales sólidos y a una estrategia de seguridad calibrada, Petro aún puede dar impulso al acuerdo de 2016 y trabajar hacia la “paz total” que ha prometido. Para los habitantes del Guaviare, la paz puede ser algo más que una ilusión pasajera.

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Cumbre amazónica defiende el bosque, pero deja intacto al petróleo

By Redacción Economis 5 meses ago
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Inter Press Service – La cumbre de los ocho países de la Amazonia, realizada este viernes 22, adoptó una declaración en favor del bosque, del clima y de los pueblos indígenas, pero sin plantear el abandono de la explotación petrolera como pidieron organizaciones ambientalistas y de los pueblos originarios.

La Declaración de Bogotá anunció el compromiso de los Estados amazónicos de “avanzar hacia una transición energética justa, ordenada y equitativa”, pero “teniendo en cuenta las circunstancias y capacidades nacionales” y sin mencionar metas, plazos o mecanismos para su instrumentación.

A esta quinta cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca), establecido hace 45 años, acudieron los presidentes de Bolivia, Luis Arce; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el anfitrión Gustavo Petro, y la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto.

Cancilleres y otros ministros acudieron en representación de los restantes miembros, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela.

La declaración apuntó hacia la 30 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), el próximo noviembre con Lula como anfitrión, pues se realizará en Belém, junto a la desembocadura del Amazonas y en un área de prospección petrolera.

La cumbre acordó reforzar con urgencia las acciones que vienen realizando los países amazónicos frente a la crisis climática, y articular sus acciones nacionales para proteger la Amazonia, con base en el conocimiento científico pero integrado con los saberes ancestrales de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales.

Lula dijo que “necesitamos calibrar qué queremos de la COP30. Por un lado, tenemos a quienes quieren actuar, pero no tienen recursos; por otro, quienes tienen recursos, pero no quieren actuar. Es importante que esta COP sea la más seria de todas y que sea considerada la COP de la verdad”.

En un mensaje a las naciones del Norte industrializado, agregó que “quienes quieren mantener el bosque en pie tienen que ayudarnos a pagar para mantenerlo”.

Los pueblos originarios de la región lograron en la cumbre la adopción del Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas (Mapi), para consulta permanente y además para que en las reuniones de la Otca no participen solo representantes gubernamentales sino también una representación de los indígenas.

Sin embargo, no prosperó el pedido de medio centenar de organizaciones ambientalistas, indígenas y de derechos humanos, que se reunieron en los días previos en Bogotá, para que los gobiernos de la Otca adoptasen un cese programado de la producción de hidrocarburos en la Amazonia.

Colombia habría propuesto incluir la renuncia a la producción de combustibles fósiles como un objetivo de la Amazonia, pero se opusieron Brasil, Ecuador y Perú, que actualmente extraen o proyectan extraer más crudo en esa cuenca, amén de que el resto de socios también son productores de hidrocarburos.

Alex Rafalowicz, director ejecutivo de la campaña “Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles”, opinó que “los presidentes amazónicos desaprovecharon la oportunidad de reconocer que la extracción de petróleo y gas es una de las mayores amenazas para la Amazonia”.

Diana Chávez, dirigente de la Nacionalidad kichwa de Pastaza , en Ecuador, también observó que “más de 50 organizaciones exigimos en Bogotá declarar la Amazonia libre de combustibles fósiles, pero la declaración final ignora este reclamo y omite al petróleo y al gas, principales amenazas para la selva y nuestros derechos”.

Los presidentes apoyaron el surgimiento del Fondo Bosques Tropicales para Siempre, la promoción de “una economía orientada al desarrollo sostenible” en la Amazonia, y expresaron preocupación por el auge de los delitos ambientales, en particular el tráfico de fauna y flora silvestres, y la minería ilegal.

Petro expuso que “ayer tuvimos un día difícil en Colombia, derivado de la acción armada del narcotráfico”, en alusión a atentados contra las fuerzas del orden que dejaron al menos 18 muertos- y aseguró que “después del cambio climático, el segundo enemigo que hay en Colombia se llama narcotráfico”.

Propuso por ello que se considere la “defensa con armas” de la Amazonia, contra los grupos que ejecuten acciones ilegales en la cuenca, y que se establezca en la subregión un tribunal ambiental.

Arce habló de fortalecer la acción colectiva y dijo que “debemos dejar atrás la diplomacia burocrática y procedimental que nos bloquea e inmoviliza. Es hora de proyectar a la Otca como el instrumento más poderoso que tenemos para enfrentar los retos estratégicos de la región. Para ello se requiere el coraje y la valentía”.

La próxima cumbre de la Otca se realizará el año 2027 en Ecuador.

 

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Murió Miguel Uribe Turbay, el candidato que había sufrido un atentado en Bogotá

By Redacción Economis 6 meses ago
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El candidato presidencial colombiano tenía 39 años y recibió varios disparos durante un acto de campaña.

El senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció este lunes a los 39 años a raíz de las graves heridas sufridas tras recibir varios disparos el sábado 7 de junio pasado mientras realizaba un acto de campaña en la ciudad de Bogotá.

Según informó diario El País, Uribe Turbay, quien era hijo de la periodista asesinada Diana Turbay y nieto del ex presidente Julio César Turbay Ayala, murió en la Fundación Santa Fe, clínica a la que había sido trasladado el mencionado día tras el atentado.

El estado de salud del candidato presidencial se había agravado en la madrugada del sábado cuando presentó “un sangrado intracerebral agudo” luego de una operación programada que obligó a que se le realizara una cirugía de urgencia.

En horas de la tarde desde el centro de salud informaron que el estado de salud de Uribe Turbay era “extremadamente crítico” debido a que tenía “un edema cerebral persistente y un sangrado intracerebral de difícil control”.

Tras conocerse la triste noticia, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido político al que pertenecía Uribe, Centro Democrático, lamentó la muerte del senador y señaló: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”.

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