En la “Conferencia de Planeación 2023”, organizada por el Gobierno de Estados Unidos en conjunto con la Policía Nacional de Colombia, participó el ministro de Gobierno Marcelo Pérez y anunció que se lograron capacitaciones, cursos e intercambios para la Policía de Misiones.
El ministro de Gobierno de la provincia Marcelo Pérez participó en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, de la Conferencia de Planeación 2023 del “Plan de Acción Conjunta de Seguridad Regional” (USCAP en inglés), que se desarrolló del 26 al 30 de septiembre, organizada por el Departamento de Estados Unidos y la Policía Nacional de Colombia. Durante esta Conferencia, se concretaron importantes cursos y capacitaciones para la Policía de Misiones.
El titular de cartera de Gobierno fue invitado por la Embajada de los Estados Unidos a este importante encuentro, que tuvo por objetivo planificar capacitaciones estratégicas, operacionales y tácticas, que permitan multiplicar el conocimiento, a través de la generación de nuevas capacidades en adiestramiento, a fin de hacerle frente a la inseguridad que amenaza la estabilidad de la región.
El Plan de Acción Conjunta de Seguridad Regional (USCAP, por su sigla en inglés) es uno de los programas con mayor alcance impulsado por los Estados Unidos, con el apoyo de Colombia. Fue implementado y puesto en marcha por el ex presidente estadounidense Barack Obama durante su participación en la Cumbre de las Américas, precisamente en Cartagena, Colombia, en abril de 2012. Este plan busca brindar asistencia en seguridad a los países de la región, y fortalecer la lucha contra el problema mundial de las drogas y el crimen transnacional.
Durante su participación, Marcelo Pérez, resaltó el compromiso de la provincia en la lucha contra el delito, además de la importancia de la capacitación y apoyo permanente brindado por el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahaud, quien además envió sus saludos a los presentes.
Integración y capacitación
Con respecto a su participación en las jornadas, Pérez afirmó que la importancia para Misiones se da “desde el punto de la integración regional, en primer lugar, por la ubicación geográfica estratégica de la provincia y porque la coloca en un marco de relevancia internacional, con lo que esto significa a todo nivel”.
Además, agregó que “es para destacar la cooperación y los cursos de formación que recibiremos para la Policía de Misiones durante el año próximo. Comenzarán en marzo y se extenderán hasta diciembre, con financiamiento de Estados Unidos y dictado por miembros de la Policía de Colombia. Con esto no solo se capacitará a nuestra fuerza de seguridad en los últimos avances en la lucha contra distintas temáticas de narcotráfico, contrabando, etc. sino que el intercambio de experiencias permitirá un crecimiento mutuo, esto es parte de la integración”.
La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, fue incluida en el listado que la revista estadounidense Time elabora cada año con los 100 líderes emergentes del mundo, en el que se la describe como “una de las estrellas en ascenso de toda la industria mundial”.
La publicación califica a la vice como “una mujer de acción y líder que aspira a impulsar un cambio positivo”, y pone especial atención en su lucha por la preservación del medio ambiente.
“Una enorme felicitación a nuestra vicepresidente”, escribió en su cuenta de la red Twitter el presidente Gustavo Petro.
Time reconoce cada año a 100 personalidades en ascenso de ámbitos variados, como músicos, profesionales, funcionarios, empresarios, líderes de movimientos sociales y artistas, entre otros.
“Como no hay una sola forma de generar impacto en las sociedades, la revista tampoco tiene una sola forma de medir la influencia de los líderes mundiales, por lo que su selección responde a distintos factores”, explica Time.
El perfil de Márquez en esta última edición de la revista fue hecho por el expresidente de Costa Rica Carlos Alvarado, y Márquez es de las pocas personalidades latinoamericanas que integra el listado.
“Las comunidades afroamericanas, indígenas y rurales de Colombia tienen en ella una campeona, al igual que las de América Latina y el Caribe. Y con su poderoso ejemplo, Francia ya está dejando su huella en todos los niños y niñas del hemisferio occidental que dicen: ‘Quiero ser como Francia cuando sea grande'”, señala Alvarado en el texto.
De 40 años y nacida en una familia pobre del departamento sudoccidental de Cauca, una región donde los grupos armados imponen su ley financiados por el narcotráfico y la minería ilegal, Márquez se convirtió en activista a los 13 años, cuando la construcción de una represa amenazó a su comunidad.
A los 16 fue madre soltera y se vio obligada a dejar la escuela y trabajar en la minería de oro artesanal a pequeña escala para criar a su hijo, sin dejar de lado la defensa de su tierra.
En 2009, junto a otros líderes comunitarios, inició un proceso de lucha para evitar el desalojo de comunidades afrodescendientes luego de que el gobierno entregara a multinacionales títulos de explotación minera en sus territorios.
Por su lucha ambiental obtuvo en 2015 el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y en 2018 el Goldman Environmental Prize, considerado el Nobel de los ambientalistas.
Pero su activismo casi le costó la vida: en 2019 quisieron matarla en su región, en un atentado con granadas y ráfagas de fusil, en el que dos de sus escoltas resultaron heridos.
Tras una candidatura infructuosa en las legislativas de 2018, Márquez decidió lanzar a mediados de 2021 su precandidatura presidencial en las primarias del Pacto Histórico, la alianza progresista integrada también por Petro.
Perdió, pero el sorpresivo resultado que logró empujó a Peptro a elegirla como compañera de fórmula y el triunfo posterior la convirtió en la segunda mujer y primera afrodescendiente en ser vice de Colombia.
El director de la Policía Nacional de Colombia, Henry Sanabria, ordenó hoy la suspensión inmediata del uso de glifosato y la erradicación forzada de cultivos de cocaína, informaron las autoridades y medios locales.
“Por orden del mayor general Henry Sanabria, la Policía de Colombia suspende la erradicación forzada de cultivos de coca en el país y se aplicará una erradicación voluntaria”, publicó en su cuenta de Twitter la emisora Caracol Radio.
Sanabria dijo al diario local El Tiempo que el objetivo de la suspensión es fomentar la erradicación voluntaria para evitar el uso del glifosato que, según algunos estudios, afecta la salud humana.
“Lo que estamos aplicando es la erradicación voluntaria en ciertos sitios donde hemos tenido una reunión de campo de ciertos miembros de la institución y otras entidades del Estado para motivar la erradicación voluntaria y la sustitución”, expuso.
Además, refirió que no es de su conocimiento si el presidente Gustavo Petro había avisado al Gobierno de Estados Unidos sobre esta decisión.
Sanabria afirmó además que la única directriz hasta el momento en la Dirección Antinarcóticos es que se le envió a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales una petición para no dar continuidad “al permiso ambiental que se le había solicitado para el uso de glifosato, esperando las conclusiones del consejo de ministros”.
“Esperaremos las directrices bajo este punto, mientras tanto la persecución a las organizaciones ilegales dedicadas a este negocio criminal seguirán para dar con la captura de las personas que tenemos señaladas dentro del narcotráfico”, concluyó.
Por Sarah Hurtes y Julie Turkewitz. En el borde de la Amazonía colombiana, en una aldea indígena rodeada de torres de perforación petrolera, el pueblo siona enfrentaba un dilema.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o PNUD, acababa de anunciar un paquete de asistencia regional de 1,9 millones de dólares. En una comunidad sin servicio de agua corriente, con electricidad intermitente y donde la pobreza es un problema que persiste, cualquier suma de dinero significaría alimento y oportunidades.
Pero el programa de asistencia formaba parte de una alianza entre la agencia de Naciones Unidas y GeoPark, una empresa petrolera multinacional. La compañía tiene contratos para perforar cerca de la reserva de los siona, entre ellos uno con el gobierno que extendería las operaciones hasta lo que los siona consideran su tierra ancestral. Para el pueblo siona del resguardo Buenavista (una reserva indígena), la perforación petrolera es una violación, similar a sacar la sangre de la tierra.
Esta colaboración es un ejemplo del modo en que una de las organizaciones para el desarrollo sostenible más grandes del mundo se asocia con agentes contaminantes, incluso con aquellos que en ocasiones trabajan contra los intereses de las comunidades que se supone que la agencia debería ayudar.
De México a Kazajistán, estas alianzas forman parte de una estrategia que no considera a las empresas petroleras como villanos ambientales sino como grandes empleadores que pueden llevar electricidad a las zonas remotas y crecimiento económico a los países pobres y de ingreso medio. La agencia de desarrollo ha usado fondos de la industria petrolera para proveer de agua limpia y capacitación laboral a zonas que de otra manera estarían abandonadas.
Pero documentos internos y decenas de entrevistas con funcionarios y exfuncionarios muestran que cuando Naciones Unidas se ha aliado con las grandes petroleras, la agencia también ha sofocado la oposición local a la perforación, además de realizar análisis de negocios para la industria y trabajar para que sea más fácil que las compañías sigan operando en zonas sensibles.
La oficina de la agencia en Colombia, en particular, es una puerta giratoria de funcionarios que entran y salen de empresas petroleras y oficinas gubernamentales de energía. La agencia de desarrollo de Naciones Unidas también ha trabajado con el gobierno y con la industria petrolera para recopilar expedientes sobre los opositores a la perforación. No hay pruebas de que esos expedientes se hayan usado para atacar a alguna persona, pero en un país donde los activistas ambientales son asesinados a mayor ritmo que en cualquier otro lugar del mundo, activistas e integrantes de la comunidad dijeron que sintieron que sus vidas se habían puesto en riesgo.
Incluso cuando Naciones Unidas advierte con alarma sobre el cambio climático y hace llamados para la reducción dramática del consumo de combustibles fósiles, su agencia de desarrollo en ocasiones funge como un ente que impulsa la industria del gas y del petróleo.
“El sector de petróleo y gas es uno de los sectores industriales a nivel mundial capaz de generar los mayores impactos positivos en las condiciones de desarrollo de las personas”, apuntó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 2018.
La agencia de desarrollo dijo que apoya la transición a una energía limpia y no alienta la perforación. Pero Achim Steiner, líder de la agencia, dijo que su misión es sacar a las personas de la pobreza y que, a menudo, eso significa trabajar en países que dependen del carbón, el petróleo y el gas. “Tenemos que empezar donde las economías están hoy”, dijo Steiner en una entrevista. “No veo una contradicción, sin embargo hay una tensión”.
Según funcionarios y exfuncionarios, un factor que incrementa esa tensión es la incesante presión para recaudar fondos. La agencia se queda con una parte —entre 3 y 10 por ciento— de las donaciones. Los funcionarios, respaldados por las propias auditorías de la agencia, dicen que eso presiona a los funcionarios de desarrollo para encontrar aliados en sus países asignados, incluso cuando los donantes trabajan en contra de los propios intereses de su agencia.
Un arroyo contaminado con petróleo en el departamento del Putumayo. Credit…Federico Rios para The New York Times
Correos electrónicos internos muestran que altos funcionarios se han molestado por tener que lavarle la cara a algunas de las empresas más sucias, un proceso que los críticos denominan blue washing (o lavado azul), debido al color emblemático de la organización.
En 2017, por ejemplo, dos años después de que los líderes mundiales adoptaron el acuerdo de París sobre el clima, la agencia publicó un informe sobre el papel positivo que la industria de petróleo y gas podía tener en el mundo. Mencionaba una iniciativa de reciclaje de Exxon Mobil y la promoción de Chevron de la ingeniería en los salones de clase.
“Realmente considero que esta publicación es problemática, pues busca presentar a la industria de hidrocarburos bajo una luz favorable”, escribió un empleado de la agencia en un correo electrónico grupal. El informe “estaba perjudicando nuestro mensaje sobre energía sostenible”, decía otro correo electrónico.
Como parte del presupuesto total de 8000 millones de dólares de la agencia, el dinero de la industria de la energía es mínimo: unos 6 millones de dólares al año, según los datos proporcionados por el PNUD. Pero, a nivel local, estos fondos pueden tener efectos enormes.
En ningún otro lugar estos efectos se sienten más que en Colombia, donde las empresas petroleras, el gobierno, los grupos armados y los ambientalistas se enfrentan por el futuro de la Amazonía. La deforestación ha alcanzado niveles récord y amenaza a un bosque tropical que sirve como amortiguador clave contra el cambio climático.
Hasta el año pasado, el pueblo siona, que vive en las orillas del terroso río Putumayo en el sur de Colombia, veía a la agencia de desarrollo de Naciones Unidas como una posible aliada en ese enfrentamiento. La comunidad ya se había beneficiado de un fondo previo procedente de la agencia.
Luego sucedió la alianza con GeoPark.
‘El gran negocio del año’
Mario Erazo Yaiguaje, un líder comunitario de voz suave y exgobernador de la reserva Buenavista, sospechaba que el programa de asistencia del PNUD era un intento encubierto de la petrolera para presionar a su pueblo con el fin de que aceptara su presencia en la región.
Los siona de Buenavista viven en casas de madera en un pequeño pueblo de la Amazonía, en la frontera con Ecuador. La vida comunitaria gira en torno a la parcela agrícola familiar, llamada chagra, y al yagé, una sustancia que en el mundo exterior se tipifica como alucinógena pero que los siona consideran como una medicina que, si se toma bajo el acompañamiento de un guía, les permite adquirir sabiduría y orientación.
Durante generaciones esta región ha sido un escenario de conflictos y los siona perciben a las empresas petroleras como la fuente de sus problemas, al atraer tanto a los rebeldes de izquierda que han atacado los oleoductos de la zona como a los soldados gubernamentales que han sido enviados para resguardar la infraestructura de las compañías. La industria petrolera y el negocio de la cocaína han contribuido tanto a la violencia que la Corte Constitucional de Colombia clasificó a los siona como en “riesgo de exterminio”.
Naciones Unidas anunció su alianza con GeoPark en un momento de controversia. La compañía ya estaba defendiéndose en una demanda por un derrame de petróleo en la región. Luego, una organización local de defensa acusó públicamente a GeoPark de contratar a un grupo armado para amenazar a quienes se oponen a la perforación. La empresa negó con vehemencia la denuncia, pero los activistas en la región indicaron que temían por sus vidas.
Para Erazo el acuerdo con GeoPark era una táctica. “Una cosa de limpiar el nombre”, dijo. “Cuando nos damos cuenta de que GeoPark le da recursos al PNUD, lo miramos como que hicieron el gran negocio del año”.
GeoPark dice que no tiene interés en perforar en la reserva siona y que ha tomado medidas para abandonar su concesión en el territorio en disputa. Dijo que su alianza con la agencia de desarrollo estaba enfocada en ayudar a las comunidades afectadas económicamente durante la pandemia de la COVID-19. El dinero nunca estuvo destinado para los siona, dijo la empresa.
“Siempre hemos tenido una relación con nuestros vecinos basada en el diálogo, el respeto y la construcción de confianza”, dijo la empresa en un comunicado.
Los siona de Buenavista vieron las cosas de otra manera y empezaron a prepararse para una decisión difícil. Sentado en la primera fila de una asamblea comunitaria el año pasado, ataviado con la túnica blanca tradicional que se reserva para las ocasiones especiales, Erazo escuchaba mientras abogada de la comunidad, Lina María Espinosa formulaba así su decisión:
“Van a recibir una platica que les va a servir para cualquier necesidad familiar”, dijo. “Pero la platica que viene, o la que va a venir más adelante, es de la petrolera”.
Espinosa preguntó: “¿Van a recibir?”
‘Alimentar a la bestia’
Erazo comprendía por qué GeoPark querría asociarse con Naciones Unidas. Pero ¿por qué querría una agencia de desarrollo sostenible asociarse con una empresa petrolera?
Los orígenes de estos acuerdos son turbios. A diferencia de Naciones Unidas, la agencia no recibe aportaciones de los Estados miembro. Sus donaciones provienen en su mayor parte de gobiernos y grandes fondos internacionales. Los grupos como la Fundación Bill y Melinda Gates y las empresas privadas conforman el resto.
Algunos exfuncionarios dicen que la relación actual con las grandes compañías energéticas puede remontarse a una pelea con uno de los mayores benefactores de la agencia, un fondo sin fines de lucro llamado Global Environmental Facility que reúne dinero de los gobiernos para atender los principales desafíos del planeta.
En 2011, Monique Barbut, la principal ejecutiva del fondo en ese momento, se convenció de que el PNUD estaba demasiado enfocado en recaudar fondos y tenía poco que mostrar como resultados. “Esta gente no era responsable ante nadie”, dijo Barbut en una entrevista. Y empezó a recortar el financiamiento.
Esos recortes coincidieron con los efectos persistentes de la crisis financiera global y un aumento en la demanda de ayuda para el desarrollo. Así que la agencia reforzó sus labores de recolección de fondos. Entre los objetivos estaban las empresas de energía.
“En un ambiente de ayuda decreciente, los ingresos de los sectores extractivos pueden servir como una fuente adicional de financiamiento”, escribió el PNUD en 2012 como parte de una estrategia dedicada al petróleo, el gas y la minería.
Ese año, la agencia anunció una alianza con Shell Oil que ayudó a capacitar a iraquíes para trabajar en la industria de hidrocarburos. Un proyecto con la empresa estatal Pemex ayudó a ampliar la producción petrolera en México.
Funcionarios de desarrollo, que operan con amplia autoridad en sus países asignados, recuerdan la presión constante para conseguir dinero.
“Es un sistema centrado en alimentar a la bestia”, dijo Benoit Lebot, quien trabajó en proyectos ambientales durante ese periodo. Lebot dijo que estalló con sus supervisores: “¡No soy un número en una hoja de cálculo!”. Y terminó por renunciar.
Incluso hoy, los integrantes del personal dicen —y lo reiteran las formas de evaluación de desempeño— que los supervisores priorizan la recaudación de fondos y el lanzamiento de proyectos. “¿Cuántos proyectos conseguiste? ¿Cuánto dinero trajiste?”, dijo Dominic Rasool, quien renunció a su trabajo de asesor técnico en 2018. Si los proyectos tenían éxito o no, dijo, importa menos.
Steiner, el principal ejecutivo de la agencia, no se disculpa por el enfoque en la recaudación de fondos.
“Para quienes dicen que ahí hay esa presión, solo puedo decirles: ‘Bueno, bienvenidos a la realidad’”, dijo.
Sin embargo, rechazó con firmeza la idea de que prioriza la recaudación de fondos por encima de la operación de programas exitosos. Dijo que cada proyecto es revisado y calificado por evaluadores independientes.
No obstante, evaluadores actuales y anteriores dicen que, cuando sí identifican problemas, Naciones Unidas y funcionarios gubernamentales locales a menudo los presionan para que suavicen sus conclusiones.
“La mayor parte del tiempo se hace de forma elegante”, dijo Roland Wong, quien evaluó proyectos para la agencia durante más de una década. En otras ocasiones los cambios son más indignantes. “Las evaluaciones pueden sufrir un embellecimiento grosero al punto que es casi falso”.
Una técnica común, según dijeron funcionarios y exfuncionarios, es presentar los fracasos como “lecciones aprendidas”.
‘Es un engaño’
Steiner habla de que hay que encontrar a las economías donde están y la economía de Colombia depende mucho del petróleo. Es la exportación más importante del país. Cualquiera que busque recaudar dinero para el desarrollo aquí naturalmente hallaría el camino hacia las empresas de combustibles fósiles.
Si bien Steiner dice que la agencia no apoya la perforación, los registros muestran que sí trabaja para que sea más sencillo perforar. Durante años, las agencias nacionales de hidrocarburos de Colombia y la mayor empresa del país, Ecopetrol, han contratado a PNUD para analizar riesgos y brindar asesoría con el fin de llevar a cabo el negocio con menos contratiempos.
Ese negocio puede significar un ducto con fuga, donde el análisis de la agencia puede ayudar a prevenir o mitigar un problema medioambiental. En otras ocasiones el riesgo de negocio puede ser una comunidad molesta que se opone a la perforación.
En esas situaciones, los registros muestran que los funcionarios de desarrollo intervienen para calmar las cosas, con el objetivo de asegurar que las operaciones procedan según lo planeado. Como parte de varios proyectos del PNUD, la agencia trabajó con Ecopetrol y el ministerio de hidrocarburos de Colombia para recopilar expedientes de personas en zonas de perforación.
Un informe, en el departamento de Meta, en la zona central del país, fue publicado inadvertidamente en un sitio web del gobierno en 2015. El reporte, preparado para el ministerio del Interior, identificaba a concejales locales y agricultores que tenían un “discurso agresivo” contra la industria petrolera. Se identificaba una iglesia donde, al final de la misa, el párroco “toma los últimos minutos para pronunciar discursos contra la industria”.
En Colombia los activistas ambientales son asesinados a un ritmo de más de uno por semana, según Global Witness, una organización de derechos humanos con oficinas en Londres, Washington y Bruselas, lo que convierte al país en el lugar más mortífero para defender al planeta. Cuando los activistas se vieron en el reporte, sintieron que la agencia de desarrollo los había puesto en riesgo. No hay pruebas de que este documento u otros expedientes hayan provocado incidentes violentos.
Ecopetrol indicó en un comunicado que trabaja con la agencia de desarrollo por su reputación de imparcialidad y para asegurarse de que las comunidades desfavorecidas reciban la atención que merecen.
“La empresa ha reconocido de forma reiterada la relevancia que tienen los líderes sociales y su aporte a la sociedad”, dijo Ecopetrol, refiriéndose a los líderes medioambientales. La empresa indicó que rechaza cualquier acción o amenaza “que impida el libre, seguro y legítimo ejercicio de su labor.”
Steiner dijo que este es un proceso esencial conocido como “mapeo de actores” o de stakeholders. Si los gobiernos van a consultar a la gente en todos los bandos de un tema, hay que identificar a los participantes clave.
Sin embargo, el reporte publicado se enfocaba en los opositores a la industria petrolera. Entre las actividades a realizar del informe resaltan la organización de un foro con integrantes de la comunidad y ambientalistas y “desestimar su discurso”.
El PNUD dijo que, aunque el reporte fue redactado por un contratista de la agencia y se alojaba en el servidor de la agencia e incluía su logotipo, en realidad había sido redactado por solicitud del gobierno colombiano. Por lo tanto, un portavoz de la agencia no quiso comentar el contenido del informe.
Un activista ambiental, Édgar Humberto Cruz, quien fue mencionado en la categoría de “problemático” en el documento, dijo que el PNUD organizó reuniones para destacar los beneficios que Ecopetrol y otras empresas traían a la región. “Nos dijeron que no era conveniente oponerse a la industria”, dijo Cruz.
Un portavoz de la agencia dijo que esas conversaciones no son parte de la política de la agencia.
Hoy la desconfianza en el Meta es profunda.
“Por lo que solo ha llegado aquí, a nuestra región, es a tratar de suavizar a las comunidades para que Ecopetrol pueda entrar a hacer sus trabajos petroleros”, dijo Gustavo Carrión, un líder en Castilla La Nueva, un poblado al noroeste del Meta.
Los propios empleados de la agencia lo reconocen. Fabián Espejo, quien trabajó durante cinco años para la agencia en Colombia, escribió en su tesis de doctorado de 2020 que la agencia tenía buenas intenciones pero que también le daba pie a los ministerios de petróleo, gas y minería “para mantener la producción sin contratiempos”.
El pueblo siona de Buenavista vive en hogares de madera en un pequeño territorio en la Amazonía, en la frontera con Ecuador. Credit…Federico Rios para The New York Times
Steiner comentó que su agencia trabaja en condiciones difíciles para llevar dinero y oportunidades a la gente que más las necesitan. Él no formula las políticas energéticas de Colombia y no puede ordenarle al gobierno que deje de perforar en ciertas zonas. Lo que puede hacer, dijo, es buscar formas de minimizar el daño a las comunidades y al medioambiente.
“Pero también de maximizar los beneficios de una industria —a gran escala las industrias extractivas– que es muy significativa y una fuente muy significativa de ingresos para muchos países en desarrollo”, dijo.
Una funcionaria de desarrollo formuló un argumento similar durante una tensa llamada con Erazo y otros sobre la alianza con GeoPark. Naciones Unidas no invitaba a las empresas petroleras a la zona, dijo la funcionaria, Jessica Faieta. Pero “ya que están en estos territorios, podemos nosotros, de cierta manera, garantizar su cumplimiento con los derechos humanos”.
Los siona de Buenavista estaban furiosos. Parecía que Naciones Unidas estaba respaldando a una empresa petrolera, dijo Erazo.
La conversación echó por tierra cualquier esperanza de ganárselos. Los siona presentaron una queja formal con la agencia, devolvieron un fondo previo y juraron jamás volver a aceptar ayuda del programa de desarrollo.
“La gente está aplaudiendo cada vez que sale un representante del PNUD, porque nos ha llegado con algo. ¡Bendito sea!”, comentó Erazo. Pero, añadió, “es un engaño”.
La alianza con GeoPark, dijo, fue “la muerte de esa organización para nosotros”.
Hoy, a lo largo de las riberas del Putumayo, Erazo anticipa los problemas que van a presentarse. La inflación ha disparado los costos de alimentos. Los precios de gasolina han hecho que incluso la transportación sencilla se vuelva difícil.
Una relacióncon el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ciertamente tendría beneficios.
Pero no se arrepiente.
La agencia de desarrollo canceló la alianza con GeoPark y ahora está investigando por qué se involucró con la compañía si los agravios de los siona ya eran tan conocidos.
“Creo que esa es una crítica legítima”, dijo Steiner. Y añadió: “Sabe, hemos aprendido lecciones”.
“Es hora de poner al genio otra vez en la botella”, comentó uno de los descendientes de la familia Rockefeller, en su época la mayor fortuna petrolera del mundo. “Siento una obligación moral de hacer lo que me toca. ¿No lo harías tú?”.
Sofía Villamil y Genevieve Glatsky colaboraron con reportería desde Bogotá.
Sarah Hurtes es una periodista con sede en Bruselas. Se unió al equipo de investigaciones internacionales del Times en 2022. @HurtesSarah
Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, que cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de mudarse a América del Sur, fue corresponsal de temas nacionales y cubrió el oeste de Estados Unidos. @julieturkewitz
Escribe Laura Natalia Cruz Cañón, Diálogo Chino. El primer presidente de izquierda de la historia de Colombia, Gustavo Petro, tomó posesión de su cargo este domingo 7 de agosto, junto a Francia Márquez, la primera vicepresidenta afrocolombiana del país, tras la victoria en las elecciones del 19 de junio. Obtuvieron 11,2 millones de votos en la segunda vuelta, la votación más alta en la historia de Colombia.
El gobierno de Petro y Márquez ha prometido una transformación social que lleve a Colombia a una “era de paz” en la que el cuidado del medio ambiente es una medida transversal a todo el programa de gobierno. El objetivo de la próxima administración, según se lee en el documento, es convertir al país en una “potencia mundial de la vida”, buscando “realizar transformaciones de fondo para enfrentar la emergencia por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad […] dejando atrás la dependencia exclusiva del modelo extractivista y democratizando el uso de energías limpias”.
“El nuevo gobierno es el más ambientalista de la historia”, dice Manuel Rodríguez Becerra, presidente del Foro Nacional Ambiental y ex ministro de Ambiente, pues hay varios integrantes expertos en la materia, empezando por el mismo presidente.
Rodríguez califica a la vicepresidenta Márquez, ex premio Goldman, como “una reconocida líder socioambiental”, y destaca que la nueva ministra de Ambiente, Susana Muhamad, estuvo al frente de la cartera de Medio Ambiente de Bogotá durante la etapa de Gustavo Petro como alcalde de la capital (2012-2015).
Por otra parte, Rodríguez señala que la nueva ministra de Agricultura, la veterana Cecilia López Montaño, ya fue ministra de Ambiente en los años 90, y califica al nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, como “uno de los pocos en América Latina que ha investigado a fondo sobre desarrollo sostenible y medio ambiente”.
Puede que el gabinete esté repleto de progresistas, pero conseguir avances en cuestiones medioambientales no será del todo sencillo para el gobierno de Petro, que probablemente se enfrente a un parlamento muy dividido, a los impactos de las crisis mundiales y a la resistencia de la industria petrolera y del gas del país.
Las propuestas ambientales de Petro
El nuevo gobierno plantea dos desafíos fundamentales que debe enfrentar para lograr la transformación económica: el primero es la promoción de una economía descarbonizada, y el segundo es pasar de una economía que dependa más de la producción local que extranjera.
La clave para afrontar este reto de impulsar la productividad local son las cuestiones de gobernanza y acceso al agua, como detalla el programa de gobierno de Petro, cuya gestión también es fundamental para su ambición de convertir a Colombia en un país “líder en la lucha contra el cambio climático”. Para lograrlo, Petro propone un ordenamiento territorial alrededor del agua que impulse actividades productivas acordes con la protección de la naturaleza, no se aclara exactamente qué tipo de actividades son.
También promete proteger las fuentes de agua, incluyendo las cuencas hidrográficas, los páramos y los acuíferos del país, con un mayor control para las autoridades ambientales. El presidente también se ha comprometido a garantizar el acceso universal al mínimo vital de agua como derecho fundamental y bien común, una promesa que Petro consiguió cumplir durante su etapa como alcalde de Bogotá, aunque no sin críticas.
De acuerdo con Manuel Rodríguez, el principal reto medioambiental de Colombia es la deforestación. Según el último informe de WWF sobre este tema, Colombia tiene 2 de los 24 frentes más afectados por la deforestación en el mundo, entre los cuales se incluye la región amazónica que en 2020 perdió más de 109 mil hectáreas de bosque, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
Para resolver este tema el plan de gobierno dice que “impulsará el desarrollo de sistemas agroforestales, silvopastoriles, de aprovechamiento de productos no maderables del bosque y turismo de naturaleza bajo el liderazgo de organizaciones comunitarias… se detendrá la apropiación ilegal de predios, las actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería, con especial énfasis en zonas de frontera agraria”.
Otro tema que el nuevo gobierno promete implementar es el acuerdo de paz firmado con las FARC, que incluye una reforma rural y agraria integral que resuelva la inequidad en la tenencia de la tierra, una de las principales causas de la guerra en el país. De acuerdo con un estudio de Oxfam, realizado a partir del Censo Nacional Agropecuario de 2014, en Colombia el 1% de las fincas de mayor tamaño concentran el 81% de la tierra. El 19% restante se reparte entre el 99% de las fincas.
Petro y Márquez proponen avanzar “hacia el cierre de la brecha de desigualdad en la tenencia y uso de la tierra y el agua a través de una reforma agraria y acuaria para transformar el campo en clave productiva y de justicia social y ambiental”. Esta apuesta también incluye un fuerte enfoque de género que dará protagonismo a las mujeres quienes tendrán prioridad en la titulación de la tierra.
Un congreso aliado y renovado
Para llevar a cabo este ambicioso paquete de reformas el gobierno ya se encargó de construir una bancada mayoritaria en el Congreso de la República; además del Pacto Histórico -la coalición de partidos que apoyó la candidatura de Petro- que tiene la mayoría de curules en el Senado, el presidente ha recibido el apoyo incluso de otros partidos que antes se habían opuesto a sus ideas como el Liberal, el Conservador, el Partido de la U y la Alianza Verde, entre otros. Para sus seguidores, con esta alianza el gobierno muestra su talante conciliador, pero para la oposición es señal de que Petro está “dispuesto a venderle el alma al diablo” con tal de ejecutar su programa, frase utilizada por varioscríticos en el último mes.
El Congreso de la República que se posesionó el 20 de julio también ha supuesto una renovación para la política colombiana pues de los 295 legisladores, 181 ingresan al Congreso por primera vez y muchos de ellos vienen de los movimientos sociales, indígenas, afrodescendientes, del movimiento feminista y por supuesto también hay reconocidos líderes ambientalistas y animalistas.
La bancada gobiernista ya hizo sentir su influencia apenas una semana después de su posesión con la aprobación en segundo debate en el Senado del Acuerdo de Escazú, con 74 votos a favor y 22 en contra. Para que el Acuerdo de Escazú entre en vigencia en Colombia hace falta que sea aprobado en dos debates más en la Cámara de Representantes y que luego sea ratificado por el presidente.
Esta aprobación es clave, teniendo en cuenta que Colombia es el país más peligroso del mundo para los líderes ambientales, de acuerdo con el último informe de Global Witness que reportó 65 personas asesinadas en 2020 por su trabajo de defensa del medio ambiente. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) tiene un listado de más de 600 líderes y lideresas ambientales asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Esta administración se ha comprometido a investigar las causas y responsables de los conflictos ambientales.
Una propuesta energética impopular
El cambio en la matriz energética es el otro gran objetivo ambiental del gobierno entrante que propone superar la economía fósil y dependiente de las ganancias de la producción de petróleo, carbón y gas. Aunque el presidente Petro ha dicho que el desescalamiento del modelo extractivista será gradual, esta idea ha suscitado mucha preocupación porque la principal exportación de Colombia es el petróleo -en 2021 la petrolera estatal Ecopetrol obtuvo 3,6 mil millones de dólares en utilidades, la cifra más alta de la historia- y la producción de gas va en aumento. Concretamente el plan de gobierno afirma que no se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos pero que respetarán los acuerdos que están vigentes.
Ni siquiera los ambientalistas como Camilo Quintero, ex Subsecretario de Ambiente de la Alcaldía de Medellín, ven prudente frenar la producción. “La transición energética debe ser justa y ordenada para que al dar solución al problema ambiental no estemos creando otros problemas. Hay unas finanzas públicas que hay que cuidar y que en parte han financiado los programas sociales”, concluye.
Lo mismo opina Manuel Rodríguez: “es distinto descarbonizar la economía -es decir, producir menos gases de efecto invernadero- que suspender la exploración y explotación de hidrocarburos. Si Colombia renuncia a exportar pues otro país va a tomar ese mercado”.
El presidente Petro también manifestó en campaña que no habrá fracking en su administración y esto lo ratificó la nueva ministra de ambiente Susana Muhamad: “queremos prohibir el fracking en el Congreso de la república y detener las licencias de los pilotos que van a ser una de las primeras acciones que realizaremos como gobierno”, dijo a Noticias Caracol el mismo día de su nombramiento.
Este anuncio generó preocupación en el gremio de los hidrocarburos pues Ecopetrol tiene actualmente dos proyectos piloto de fracking en etapa de alistamiento y dos contratos vigentes con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para evaluar los efectos de este método de explotación.
Algunos representantes del gobierno han tenido que salir a matizar esta propuesta como el nuevo ministro de Hacienda José Antonio Ocampo quien dijo el mes pasado que Colombia debía “explorar más y buscar más gas” y que debía seguir produciendo petróleo para autoabastecerse y para seguir exportando o si no “el problema de balanza de pagos se vuelve inmanejable”.
Otro obstáculo es la falta de dinero que evitaría alcanzar las metas propuestas. El saliente gobierno de Iván Duque dejó el déficit fiscal en más de 19 mil millones de dólares, el más alto de la historia de Colombia. Y los problemas financieros y energéticos se podrían ver agravados por la crisis mundial que ha causado la pandemia así como la guerra entre Rusia y Ucrania.
Con esa situación adversa, Mauricio Jaramillo, profesor de ciencia política de la Universidad del Rosario cree que la transición energética no será un proceso fácil. “Ante la falta de recursos, Colombia no se puede dar el lujo de perder las ganancias del petróleo y en eso coincide un sector de la coalición de gobierno y también los partidos de centro que lo apoyaron, pero si se retrasa la transición energética puede que sus bases se sientan defraudadas”.
Igualmente, dice Jaramillo, el sector empresarial se opone a la transición y a la prohibición de los pilotos de fracking, entonces probablemente veremos una tensión constante en el gobierno por avanzar en el cambio de la matriz energética a un ritmo que no alarme al empresariado pero que tampoco decepcione a las bases que lo eligieron.
