Por Sarah Hurtes y Julie Turkewitz. En el borde de la Amazonía colombiana, en una aldea indígena rodeada de torres de perforación petrolera, el pueblo siona enfrentaba un dilema.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o PNUD, acababa de anunciar un paquete de asistencia regional de 1,9 millones de dólares. En una comunidad sin servicio de agua corriente, con electricidad intermitente y donde la pobreza es un problema que persiste, cualquier suma de dinero significaría alimento y oportunidades.

Pero el programa de asistencia formaba parte de una alianza entre la agencia de Naciones Unidas y GeoPark, una empresa petrolera multinacional. La compañía tiene contratos para perforar cerca de la reserva de los siona, entre ellos uno con el gobierno que extendería las operaciones hasta lo que los siona consideran su tierra ancestral. Para el pueblo siona del resguardo Buenavista (una reserva indígena), la perforación petrolera es una violación, similar a sacar la sangre de la tierra.

Esta colaboración es un ejemplo del modo en que una de las organizaciones para el desarrollo sostenible más grandes del mundo se asocia con agentes contaminantes, incluso con aquellos que en ocasiones trabajan contra los intereses de las comunidades que se supone que la agencia debería ayudar.

De México a Kazajistán, estas alianzas forman parte de una estrategia que no considera a las empresas petroleras como villanos ambientales sino como grandes empleadores que pueden llevar electricidad a las zonas remotas y crecimiento económico a los países pobres y de ingreso medio. La agencia de desarrollo ha usado fondos de la industria petrolera para proveer de agua limpia y capacitación laboral a zonas que de otra manera estarían abandonadas.

Pero documentos internos y decenas de entrevistas con funcionarios y exfuncionarios muestran que cuando Naciones Unidas se ha aliado con las grandes petroleras, la agencia también ha sofocado la oposición local a la perforación, además de realizar análisis de negocios para la industria y trabajar para que sea más fácil que las compañías sigan operando en zonas sensibles.

La oficina de la agencia en Colombia, en particular, es una puerta giratoria de funcionarios que entran y salen de empresas petroleras y oficinas gubernamentales de energía. La agencia de desarrollo de Naciones Unidas también ha trabajado con el gobierno y con la industria petrolera para recopilar expedientes sobre los opositores a la perforación. No hay pruebas de que esos expedientes se hayan usado para atacar a alguna persona, pero en un país donde los activistas ambientales son asesinados a mayor ritmo que en cualquier otro lugar del mundo, activistas e integrantes de la comunidad dijeron que sintieron que sus vidas se habían puesto en riesgo.

Incluso cuando Naciones Unidas advierte con alarma sobre el cambio climático y hace llamados para la reducción dramática del consumo de combustibles fósiles, su agencia de desarrollo en ocasiones funge como un ente que impulsa la industria del gas y del petróleo.

“El sector de petróleo y gas es uno de los sectores industriales a nivel mundial capaz de generar los mayores impactos positivos en las condiciones de desarrollo de las personas”, apuntó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 2018.

La agencia de desarrollo dijo que apoya la transición a una energía limpia y no alienta la perforación. Pero Achim Steiner, líder de la agencia, dijo que su misión es sacar a las personas de la pobreza y que, a menudo, eso significa trabajar en países que dependen del carbón, el petróleo y el gas. “Tenemos que empezar donde las economías están hoy”, dijo Steiner en una entrevista. “No veo una contradicción, sin embargo hay una tensión”.

Según funcionarios y exfuncionarios, un factor que incrementa esa tensión es la incesante presión para recaudar fondos. La agencia se queda con una parte —entre 3 y 10 por ciento— de las donaciones. Los funcionarios, respaldados por las propias auditorías de la agencia, dicen que eso presiona a los funcionarios de desarrollo para encontrar aliados en sus países asignados, incluso cuando los donantes trabajan en contra de los propios intereses de su agencia.

Correos electrónicos internos muestran que altos funcionarios se han molestado por tener que lavarle la cara a algunas de las empresas más sucias, un proceso que los críticos denominan blue washing (o lavado azul), debido al color emblemático de la organización.

En 2017, por ejemplo, dos años después de que los líderes mundiales adoptaron el acuerdo de París sobre el clima, la agencia publicó un informe sobre el papel positivo que la industria de petróleo y gas podía tener en el mundo. Mencionaba una iniciativa de reciclaje de Exxon Mobil y la promoción de Chevron de la ingeniería en los salones de clase.

“Realmente considero que esta publicación es problemática, pues busca presentar a la industria de hidrocarburos bajo una luz favorable”, escribió un empleado de la agencia en un correo electrónico grupal. El informe “estaba perjudicando nuestro mensaje sobre energía sostenible”, decía otro correo electrónico.

Como parte del presupuesto total de 8000 millones de dólares de la agencia, el dinero de la industria de la energía es mínimo: unos 6 millones de dólares al año, según los datos proporcionados por el PNUD. Pero, a nivel local, estos fondos pueden tener efectos enormes.

En ningún otro lugar estos efectos se sienten más que en Colombia, donde las empresas petroleras, el gobierno, los grupos armados y los ambientalistas se enfrentan por el futuro de la Amazonía. La deforestación ha alcanzado niveles récord y amenaza a un bosque tropical que sirve como amortiguador clave contra el cambio climático.

Hasta el año pasado, el pueblo siona, que vive en las orillas del terroso río Putumayo en el sur de Colombia, veía a la agencia de desarrollo de Naciones Unidas como una posible aliada en ese enfrentamiento. La comunidad ya se había beneficiado de un fondo previo procedente de la agencia.

Luego sucedió la alianza con GeoPark.

‘El gran negocio del año’

Mario Erazo Yaiguaje, un líder comunitario de voz suave y exgobernador de la reserva Buenavista, sospechaba que el programa de asistencia del PNUD era un intento encubierto de la petrolera para presionar a su pueblo con el fin de que aceptara su presencia en la región.

Los siona de Buenavista viven en casas de madera en un pequeño pueblo de la Amazonía, en la frontera con Ecuador. La vida comunitaria gira en torno a la parcela agrícola familiar, llamada chagra, y al yagé, una sustancia que en el mundo exterior se tipifica como alucinógena pero que los siona consideran como una medicina que, si se toma bajo el acompañamiento de un guía, les permite adquirir sabiduría y orientación.

Durante generaciones esta región ha sido un escenario de conflictos y los siona perciben a las empresas petroleras como la fuente de sus problemas, al atraer tanto a los rebeldes de izquierda que han atacado los oleoductos de la zona como a los soldados gubernamentales que han sido enviados para resguardar la infraestructura de las compañías. La industria petrolera y el negocio de la cocaína han contribuido tanto a la violencia que la Corte Constitucional de Colombia clasificó a los siona como en “riesgo de exterminio”.

Naciones Unidas anunció su alianza con GeoPark en un momento de controversia. La compañía ya estaba defendiéndose en una demanda por un derrame de petróleo en la región. Luego, una organización local de defensa acusó públicamente a GeoPark de contratar a un grupo armado para amenazar a quienes se oponen a la perforación. La empresa negó con vehemencia la denuncia, pero los activistas en la región indicaron que temían por sus vidas.

Para Erazo el acuerdo con GeoPark era una táctica. “Una cosa de limpiar el nombre”, dijo. “Cuando nos damos cuenta de que GeoPark le da recursos al PNUD, lo miramos como que hicieron el gran negocio del año”.

GeoPark dice que no tiene interés en perforar en la reserva siona y que ha tomado medidas para abandonar su concesión en el territorio en disputa. Dijo que su alianza con la agencia de desarrollo estaba enfocada en ayudar a las comunidades afectadas económicamente durante la pandemia de la COVID-19. El dinero nunca estuvo destinado para los siona, dijo la empresa.

“Siempre hemos tenido una relación con nuestros vecinos basada en el diálogo, el respeto y la construcción de confianza”, dijo la empresa en un comunicado.

Los siona de Buenavista vieron las cosas de otra manera y empezaron a prepararse para una decisión difícil. Sentado en la primera fila de una asamblea comunitaria el año pasado, ataviado con la túnica blanca tradicional que se reserva para las ocasiones especiales, Erazo escuchaba mientras abogada de la comunidad, Lina María Espinosa formulaba así su decisión:

“Van a recibir una platica que les va a servir para cualquier necesidad familiar”, dijo. “Pero la platica que viene, o la que va a venir más adelante, es de la petrolera”.

Espinosa preguntó: “¿Van a recibir?”

‘Alimentar a la bestia’

Erazo comprendía por qué GeoPark querría asociarse con Naciones Unidas. Pero ¿por qué querría una agencia de desarrollo sostenible asociarse con una empresa petrolera?

Los orígenes de estos acuerdos son turbios. A diferencia de Naciones Unidas, la agencia no recibe aportaciones de los Estados miembro. Sus donaciones provienen en su mayor parte de gobiernos y grandes fondos internacionales. Los grupos como la Fundación Bill y Melinda Gates y las empresas privadas conforman el resto.

Algunos exfuncionarios dicen que la relación actual con las grandes compañías energéticas puede remontarse a una pelea con uno de los mayores benefactores de la agencia, un fondo sin fines de lucro llamado Global Environmental Facility que reúne dinero de los gobiernos para atender los principales desafíos del planeta.

En 2011, Monique Barbut, la principal ejecutiva del fondo en ese momento, se convenció de que el PNUD estaba demasiado enfocado en recaudar fondos y tenía poco que mostrar como resultados. “Esta gente no era responsable ante nadie”, dijo Barbut en una entrevista. Y empezó a recortar el financiamiento.

Esos recortes coincidieron con los efectos persistentes de la crisis financiera global y un aumento en la demanda de ayuda para el desarrollo. Así que la agencia reforzó sus labores de recolección de fondos. Entre los objetivos estaban las empresas de energía.

“En un ambiente de ayuda decreciente, los ingresos de los sectores extractivos pueden servir como una fuente adicional de financiamiento”, escribió el PNUD en 2012 como parte de una estrategia dedicada al petróleo, el gas y la minería.

Ese año, la agencia anunció una alianza con Shell Oil que ayudó a capacitar a iraquíes para trabajar en la industria de hidrocarburos. Un proyecto con la empresa estatal Pemex ayudó a ampliar la producción petrolera en México.

Funcionarios de desarrollo, que operan con amplia autoridad en sus países asignados, recuerdan la presión constante para conseguir dinero.

“Es un sistema centrado en alimentar a la bestia”, dijo Benoit Lebot, quien trabajó en proyectos ambientales durante ese periodo. Lebot dijo que estalló con sus supervisores: “¡No soy un número en una hoja de cálculo!”. Y terminó por renunciar.

Incluso hoy, los integrantes del personal dicen —y lo reiteran las formas de evaluación de desempeño— que los supervisores priorizan la recaudación de fondos y el lanzamiento de proyectos. “¿Cuántos proyectos conseguiste? ¿Cuánto dinero trajiste?”, dijo Dominic Rasool, quien renunció a su trabajo de asesor técnico en 2018. Si los proyectos tenían éxito o no, dijo, importa menos.

Steiner, el principal ejecutivo de la agencia, no se disculpa por el enfoque en la recaudación de fondos.

“Para quienes dicen que ahí hay esa presión, solo puedo decirles: ‘Bueno, bienvenidos a la realidad’”, dijo.

Sin embargo, rechazó con firmeza la idea de que prioriza la recaudación de fondos por encima de la operación de programas exitosos. Dijo que cada proyecto es revisado y calificado por evaluadores independientes.

No obstante, evaluadores actuales y anteriores dicen que, cuando sí identifican problemas, Naciones Unidas y funcionarios gubernamentales locales a menudo los presionan para que suavicen sus conclusiones.

“La mayor parte del tiempo se hace de forma elegante”, dijo Roland Wong, quien evaluó proyectos para la agencia durante más de una década. En otras ocasiones los cambios son más indignantes. “Las evaluaciones pueden sufrir un embellecimiento grosero al punto que es casi falso”.

Una técnica común, según dijeron funcionarios y exfuncionarios, es presentar los fracasos como “lecciones aprendidas”.

‘Es un engaño’

Steiner habla de que hay que encontrar a las economías donde están y la economía de Colombia depende mucho del petróleo. Es la exportación más importante del país. Cualquiera que busque recaudar dinero para el desarrollo aquí naturalmente hallaría el camino hacia las empresas de combustibles fósiles.

Si bien Steiner dice que la agencia no apoya la perforación, los registros muestran que sí trabaja para que sea más sencillo perforar. Durante años, las agencias nacionales de hidrocarburos de Colombia y la mayor empresa del país, Ecopetrol, han contratado a PNUD para analizar riesgos y brindar asesoría con el fin de llevar a cabo el negocio con menos contratiempos.

Ese negocio puede significar un ducto con fuga, donde el análisis de la agencia puede ayudar a prevenir o mitigar un problema medioambiental. En otras ocasiones el riesgo de negocio puede ser una comunidad molesta que se opone a la perforación.

En esas situaciones, los registros muestran que los funcionarios de desarrollo intervienen para calmar las cosas, con el objetivo de asegurar que las operaciones procedan según lo planeado. Como parte de varios proyectos del PNUD, la agencia trabajó con Ecopetrol y el ministerio de hidrocarburos de Colombia para recopilar expedientes de personas en zonas de perforación.

Un informe, en el departamento de Meta, en la zona central del país, fue publicado inadvertidamente en un sitio web del gobierno en 2015. El reporte, preparado para el ministerio del Interior, identificaba a concejales locales y agricultores que tenían un “discurso agresivo” contra la industria petrolera. Se identificaba una iglesia donde, al final de la misa, el párroco “toma los últimos minutos para pronunciar discursos contra la industria”.

En Colombia los activistas ambientales son asesinados a un ritmo de más de uno por semana, según Global Witness, una organización de derechos humanos con oficinas en Londres, Washington y Bruselas, lo que convierte al país en el lugar más mortífero para defender al planeta. Cuando los activistas se vieron en el reporte, sintieron que la agencia de desarrollo los había puesto en riesgo. No hay pruebas de que este documento u otros expedientes hayan provocado incidentes violentos.

Ecopetrol indicó en un comunicado que trabaja con la agencia de desarrollo por su reputación de imparcialidad y para asegurarse de que las comunidades desfavorecidas reciban la atención que merecen.

“La empresa ha reconocido de forma reiterada la relevancia que tienen los líderes sociales y su aporte a la sociedad”, dijo Ecopetrol, refiriéndose a los líderes medioambientales. La empresa indicó que rechaza cualquier acción o amenaza “que impida el libre, seguro y legítimo ejercicio de su labor.”

Steiner dijo que este es un proceso esencial conocido como “mapeo de actores” o de stakeholders. Si los gobiernos van a consultar a la gente en todos los bandos de un tema, hay que identificar a los participantes clave.

Sin embargo, el reporte publicado se enfocaba en los opositores a la industria petrolera. Entre las actividades a realizar del informe resaltan la organización de un foro con integrantes de la comunidad y ambientalistas y “desestimar su discurso”.

El PNUD dijo que, aunque el reporte fue redactado por un contratista de la agencia y se alojaba en el servidor de la agencia e incluía su logotipo, en realidad había sido redactado por solicitud del gobierno colombiano. Por lo tanto, un portavoz de la agencia no quiso comentar el contenido del informe.

Un activista ambiental, Édgar Humberto Cruz, quien fue mencionado en la categoría de “problemático” en el documento, dijo que el PNUD organizó reuniones para destacar los beneficios que Ecopetrol y otras empresas traían a la región. “Nos dijeron que no era conveniente oponerse a la industria”, dijo Cruz.

Un portavoz de la agencia dijo que esas conversaciones no son parte de la política de la agencia.

Hoy la desconfianza en el Meta es profunda.

“Por lo que solo ha llegado aquí, a nuestra región, es a tratar de suavizar a las comunidades para que Ecopetrol pueda entrar a hacer sus trabajos petroleros”, dijo Gustavo Carrión, un líder en Castilla La Nueva, un poblado al noroeste del Meta.

Los propios empleados de la agencia lo reconocen. Fabián Espejo, quien trabajó durante cinco años para la agencia en Colombia, escribió en su tesis de doctorado de 2020 que la agencia tenía buenas intenciones pero que también le daba pie a los ministerios de petróleo, gas y minería “para mantener la producción sin contratiempos”.

Steiner comentó que su agencia trabaja en condiciones difíciles para llevar dinero y oportunidades a la gente que más las necesitan. Él no formula las políticas energéticas de Colombia y no puede ordenarle al gobierno que deje de perforar en ciertas zonas. Lo que puede hacer, dijo, es buscar formas de minimizar el daño a las comunidades y al medioambiente.

“Pero también de maximizar los beneficios de una industria —a gran escala las industrias extractivas– que es muy significativa y una fuente muy significativa de ingresos para muchos países en desarrollo”, dijo.

Una funcionaria de desarrollo formuló un argumento similar durante una tensa llamada con Erazo y otros sobre la alianza con GeoPark. Naciones Unidas no invitaba a las empresas petroleras a la zona, dijo la funcionaria, Jessica Faieta. Pero “ya que están en estos territorios, podemos nosotros, de cierta manera, garantizar su cumplimiento con los derechos humanos”.

Los siona de Buenavista estaban furiosos. Parecía que Naciones Unidas estaba respaldando a una empresa petrolera, dijo Erazo.

La conversación echó por tierra cualquier esperanza de ganárselos. Los siona presentaron una queja formal con la agencia, devolvieron un fondo previo y juraron jamás volver a aceptar ayuda del programa de desarrollo.

“La gente está aplaudiendo cada vez que sale un representante del PNUD, porque nos ha llegado con algo. ¡Bendito sea!”, comentó Erazo. Pero, añadió, “es un engaño”.

La alianza con GeoPark, dijo, fue “la muerte de esa organización para nosotros”.

Hoy, a lo largo de las riberas del Putumayo, Erazo anticipa los problemas que van a presentarse. La inflación ha disparado los costos de alimentos. Los precios de gasolina han hecho que incluso la transportación sencilla se vuelva difícil.

Una relacióncon el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ciertamente tendría beneficios.

Pero no se arrepiente.

La agencia de desarrollo canceló la alianza con GeoPark y ahora está investigando por qué se involucró con la compañía si los agravios de los siona ya eran tan conocidos.

“Creo que esa es una crítica legítima”, dijo Steiner. Y añadió: “Sabe, hemos aprendido lecciones”.

Una nota de Cara Buckley esta semana reportaba que los herederos de fortunas petroleras están financiando protestas contra los proyectos e iniciativas con combustibles fósiles.

“Es hora de poner al genio otra vez en la botella”, comentó uno de los descendientes de la familia Rockefeller, en su época la mayor fortuna petrolera del mundo. “Siento una obligación moral de hacer lo que me toca. ¿No lo harías tú?”.

Sofía Villamil y Genevieve Glatsky colaboraron con reportería desde Bogotá.

Sarah Hurtes es una periodista con sede en Bruselas. Se unió al equipo de investigaciones internacionales del Times en 2022. @HurtesSarah

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, que cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de mudarse a América del Sur, fue corresponsal de temas nacionales y cubrió el oeste de Estados Unidos. @julieturkewitz

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