COMPETENCIA DESLEAL

La Justicia española obliga a Meta a indemnizar a medios por 479 millones

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Fallo histórico en España, condenan a Meta a pagar 479 millones de euros a la prensa digital por uso ilícito de datos

El Juzgado Mercantil N.° 15 de Madrid ordenó a Meta compensar con 479 millones de euros a 87 editoras y agencias agrupadas en la Asociación de Medios de Información (AMI), al determinar que la empresa obtuvo una ventaja competitiva indebida en el mercado publicitario mediante el uso de datos personales extraídos de Facebook e Instagram, en violación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). ADEPA calificó el fallo como un precedente histórico para el ecosistema digital.

La resolución judicial y los fundamentos: uso indebido de datos y ventaja competitiva en el mercado publicitario

El fallo del Juzgado Mercantil N.° 15 de Madrid marca un hito en la disputa global entre plataformas tecnológicas y medios de comunicación. La sentencia condena a Meta a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital y agencias de noticias integradas en la Asociación de Medios de Información (AMI), tras concluir que la empresa obtuvo “una posición de ventaja competitiva significativa” en el mercado publicitario local.

La Justicia española determinó que Meta utilizó datos personales de usuarios de Facebook e Instagram mediante un tratamiento contrario al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El fallo afirma que, tras la entrada en vigor del reglamento europeo, la compañía “sustituyó el consentimiento del usuario por la necesidad de ejecución del contrato” para justificar la recopilación y uso de información personal, un mecanismo que el tribunal consideró inválido para prácticas de publicidad comportamental.

Además de la compensación global, la sentencia ordena pagar 2.570.000 euros al Grupo Europa Press y 13.563 euros a Radio Blanca, en concepto de daños económicos derivados de la pérdida de competitividad frente a Meta.

Reacción del sector y alcance del precedente

La decisión judicial provocó repercusión inmediata en el ámbito editorial. En un comunicado, ADEPA destacó el carácter trascendental del fallo: “La sentencia representa un precedente histórico porque reconoce que el modelo de negocio publicitario de Meta, basado durante años en el tratamiento ilícito de datos personales, generó un daño económico directo a los medios digitales que sí estaban obligados a cumplir el RGPD y que no podían competir en igualdad de condiciones”.

La entidad subrayó que la decisión judicial confirma una percepción sostenida por la industria en los últimos años:
“En la práctica, el fallo valida que parte de la caída de ingresos publicitarios del sector no fue solo un fenómeno de mercado, sino el resultado de una ventaja competitiva indebida de la plataforma”, añadió ADEPA.

El pronunciamiento judicial se incorpora así a un debate global sobre el equilibrio entre plataformas tecnológicas y empresas periodísticas, especialmente en torno al uso de datos, la transparencia en la publicidad digital y la supervivencia económica de los medios. Aunque el fallo se circunscribe al ámbito español, su impacto potencial se extiende a otros mercados regulados que aplican normativas equivalentes al RGPD.

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Corrientes: empresarios madereros revelan trabajo en negro y maniobras ilegales

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Crisis en la foresto–industria de Corrientes, denuncias cruzadas de empresarios madereros por trabajo informal, evasión y competencia desleal tras los cierres en Santa Rosa

Una entrevista a un referente del Parque Foresto-Industrial Santa Rosa detonó un conflicto interno sin precedentes: empresarios del sector se acusaron públicamente por prácticas laborales ilegales, evasión impositiva y maniobras con madera sin documentación. La reacción expuso una crisis estructural que va más allá de la coyuntura económica y revela fallas profundas en gestión empresarial, informalidad y ausencia de inversión.

Un testimonio que encendió la mecha: acusaciones inéditas dentro del Parque Foresto-Industrial Santa Rosa

La entrevista publicada este miércoles por ArgentinaForestal al empresario Juan Ramón Sotelo —presidente del Parque Foresto-Industrial Santa Rosa, miembro de APEFIC y propietario de Todo Pallets SRL— abrió una grieta que el sector mantenía bajo silencio desde hace años. Lo que comenzó como un análisis sobre la caída del mercado interno, el aumento de costos y el impacto de las lluvias en la actividad derivó en una serie de denuncias cruzadas entre industriales de la zona.

A partir de esa publicación, diferentes referentes de la foresto–industria correntina señalaron que los problemas no responden únicamente a la coyuntura económica, sino a fallas estructurales de gestión. Según un empresario consultado, los inconvenientes de Sotelo “no tienen nada que ver con la crisis actual”, sino con “cuestiones internas de su administración”, una situación que —según señalaron— se repite en la mayoría de los aserraderos de la región.

La polémica escaló rápidamente. Los industriales comenzaron a exponer públicamente lo que describen como una “cultura de informalidad” en la zona de Santa Rosa: evasión tributaria, trabajo en negro, subdeclaración de horas, compra de madera ilegal y uso de guías adulteradas para trasladar la producción. Incluso algunos testimonios mencionaron vínculos con organizaciones delictivas que operan en la región.

Trabajo informal, evasión y denuncias de madera ilegal: la estructura que los empresarios revelaron

Los testimonios coinciden en que la informalidad es la regla, no la excepción. La brecha entre los costos laborales formales y los pagos informales es uno de los puntos centrales.

De acuerdo con empresarios de la zona: Un empleador formal debería pagar cerca de $300.000 mensuales por operario en cargas sociales. Muchos aserraderos pagan solo $30.000 por trabajador, utilizando seguros u otros esquemas no registrados. La hora oficial de un operario maderero, fijada en $4.300, se paga en la práctica entre $2.500 y $3.000. Varias empresas declaran menos horas de las trabajadas para reducir su carga formal.

La consecuencia inmediata es una competencia desleal que perjudica a quienes operan en regla, profundiza la desigualdad de condiciones y deteriora el mercado.

Uno de los testimonios más duros fue el del empresario Hermann Rodolfo Karsten, quien escribió en redes sociales que: “Casi todos los ‘aserraderos’ de Santa Rosa no son industrias: no pagan aportes laborales, no pagan impuestos, compran materia prima en negro, venden en negro, trasladan la madera con guías truchas, compran madera robada y realizan fletes con sobrecarga.”

En otro tramo, redobló su denuncia al afirmar que algunos actores “de vez en cuando hacen de mulas del gran mercado narco con base en Santa Rosa”.

Karsten también remarcó que quienes cumplen las normas deben enfrentar una competencia que considera destructiva: “Yo vengo bancando la crisis de valor y volumen, poniendo la madera a valor cero, pagando todos los impuestos y teniendo todo el personal en blanco. Por mí que se ardan todos, así desaparece la competencia desleal.”

Las afirmaciones, lejos de ser aisladas, replican comentarios que habitualmente se escuchan “por lo bajo” entre industriales formales de la región.

Una crisis estructural: informalidad, falta de inversión y quiebre en la gobernanza sectorial

Más allá del impacto económico coyuntural —como la caída del mercado interno o la presión de costos—, los distintos actores coinciden en que la crisis tiene raíces más profundas.

Entre los factores estructurales señalados por empresarios y especialistas del sector se encuentran: Falta de capacitación de propietarios, mandos medios y altos directivos. Escasa inversión en tecnología, maquinaria y automatización. Dependencia de madera de zonas afectadas por eventos climáticos, como inundaciones. Problemas logísticos que encarecen la operatoria y afectan la competitividad.

Un productor forestal sintetizó así la contradicción central del negocio: “Las empresas que cumplen con todo son las más exitosas. Entonces, ¿por qué evadir? Se supone que evadiendo ganás más, pero la realidad muestra lo contrario”.

El conflicto escaló al plano personal cuando, tras el posteo de Karsten, varios empresarios expresaron su molestia. Según trascendió, incluso el propio Sotelo le pidió “mesura” para evitar tensiones crecientes en el sector.

Lejos de moderar su postura, Karsten desafió públicamente: “Invito a todos los empleadores y empleados a una audiencia pública en la plaza de Santa Rosa, a cara descubierta. Que digan quiénes están enojados y debatamos con nombre y apellido.”

La reacción dejó al descubierto una fractura interna que trasciende los aspectos económicos: enfrenta a empresarios que operan formalmente contra quienes trabajan por fuera del marco legal, pese a beneficiarse de un régimen provincial que promueve “impuestos cero” para atraer inversiones.

Paradójicamente, el estallido se produce en un contexto en el que el Gobierno de Corrientes sigue posicionando a Santa Rosa como modelo de radicación industrial, mientras el sector revela problemas de informalidad, fallas de gestión y un esquema productivo que muchos describen como “terminal” para cientos de aserraderos.

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INYM clausuró un molino clandestino y frenó la salida de yerba mate ilegal al mercado

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El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) ejecutó un operativo de gran escala en la localidad de General Urquiza, que culminó con la clausura de un molino no habilitado y la intervención de 33 mil kilos de yerba mate envasada y 150 mil kilos de palitos, listos para su distribución. La medida, realizada el pasado 10 de septiembre, tuvo como objetivo frenar prácticas ilegales que atentan contra la salud de los consumidores y distorsionan la competencia en el mercado yerbatero.

El procedimiento fue el resultado de semanas de investigación llevadas adelante por los departamentos de Fiscalización y Control de Calidad del INYM, en conjunto con la Dirección de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud Pública de Misiones y con apoyo de la Policía provincial.

La operación se desarrolló en un predio oculto, ubicado en la parte trasera de un establecimiento de General Urquiza, que carecía de condiciones mínimas de higiene, seguridad y calidad para manipular alimentos. Allí, los fiscalizadores encontraron yerba mate envasada y palletizada, lista para su comercialización, sin controles bromatológicos ni habilitación oficial.

La clausura se formalizó con la intervención inmediata de todo el producto y la apertura de un sumario administrativo que determinará las sanciones correspondientes.

Volumen intervenido y condiciones detectadas

La clausura de este molino clandestino constituye un precedente de peso para el sector yerbatero, ya que envía una señal clara contra la informalidad. El ingreso de yerba mate procesada sin controles afecta el precio de la materia prima, distorsiona la competencia y degrada la calidad del producto final.

Se incautó 33.000 kilos de yerba mate envasada: de dudosa calidad bromatológica, ya lista para ser enviada a los centros de distribución. Además, se decomisó 150.000 kilos de palitos de yerba mate: intervenidos por encontrarse en el mismo predio, sin trazabilidad ni control. Infraestructura clandestina: el molino operaba sin habilitación, en un sector improvisado y escondido, sin condiciones sanitarias adecuadas.

Desde el INYM subrayaron que la intervención impidió que un volumen significativo de producto irregular ingresara al mercado, evitando así perjuicios económicos al sector formal y riesgos sanitarios para los consumidores.

Por qué importa este operativo

El INYM tiene entre sus funciones la regulación y fiscalización de toda la cadena yerbatera. Este procedimiento, remarcaron desde el organismo, es un ejemplo del rol clave del Estado en la protección del consumidor y en la defensa de la producción legal.

“La maniobra detectada representaba una competencia desleal para los productores y molinos que cumplen con todas las normativas, además de un riesgo directo para la salud pública”, explicaron fuentes del instituto.

El acompañamiento de la Dirección de Saneamiento Ambiental asegura que las muestras tomadas serán sometidas a análisis bromatológicos, mientras que la Policía de Misiones garantizó la seguridad durante la intervención.

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