COMPETENCIA DESLEAL

Pymes misioneras mantienen la cautela y advierten caída de expectativas

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La economía pyme de Misiones continúa transitando un escenario de estancamiento y elevada incertidumbre. Sin señales claras de recuperación de la demanda ni de mejora en las condiciones de competitividad, los empresarios de la provincia mantienen una postura defensiva frente a la evolución de la actividad económica, el empleo y las inversiones.

Así lo refleja la última Encuesta Provincial de la Confederación Económica de Misiones (CEM), elaborada sobre una muestra de 212 empresarios de distintos sectores productivos y comerciales de la provincia. Los resultados muestran una economía que no termina de encontrar un punto de inflexión positivo y donde predominan las preocupaciones vinculadas a la presión tributaria, los costos laborales, la informalidad y la competencia desleal.

Durante mayo, el 42% de los encuestados calificó el movimiento económico como “regular”, consolidando una tendencia que se viene repitiendo desde hace varios meses. Apenas un 14% evaluó la actividad como buena o muy buena, mientras que un 41% la consideró mala o muy mala, evidenciando que el proceso de estabilización macroeconómica nacional todavía no logra traducirse en una mejora homogénea para el entramado pyme misionero.

La cautela también se refleja en las decisiones vinculadas al empleo. El 86% de los empresarios aseguró que no prevé modificar su plantilla laboral, mientras que apenas un 2% manifestó intenciones de contratar personal. En contrapartida, un 12% anticipó posibles despidos, un dato que refleja las dificultades que enfrentan muchas empresas para sostener costos en un contexto de consumo débil y márgenes ajustados.

Entre los principales obstáculos para incorporar trabajadores aparecen las elevadas cargas laborales, señaladas por el 28% de los consultados. También pesan la inestabilidad económica, mencionada por el 21%, el riesgo sindical con un 15% y el temor a litigios laborales con un 13%. La combinación de estos factores configura un escenario donde la generación de empleo privado continúa encontrando fuertes barreras estructurales.

A nivel nacional, los empresarios identifican a la carga tributaria como el principal problema que afecta la actividad económica, con un 24% de las respuestas. Muy cerca aparecen los costos laborales, con un 23%, y la recesión económica, con un 21%. Más atrás se ubican las dificultades de financiamiento, la corrupción y la inflación, lo que muestra cómo la agenda empresarial se ha desplazado desde la preocupación por los precios hacia la competitividad y la rentabilidad.

En el plano provincial, las demandas históricas del sector privado mantienen plena vigencia. La carga tributaria lidera las preocupaciones con el 32% de las respuestas, seguida por las barreras arancelarias con el 26%. La corrupción y los problemas de infraestructura completan el cuadro de dificultades señaladas por los empresarios.

Sin embargo, cuando se analiza la realidad municipal, emerge una problemática que gana cada vez más relevancia: la informalidad y la competencia desleal. Con el 24% de las menciones, se ubica como el principal condicionante de la actividad económica local. A ello se suman el impacto del comercio fronterizo, las tasas municipales y las dificultades de infraestructura y burocracia administrativa.

La percepción sobre el futuro tampoco muestra señales contundentes de optimismo. Respecto de la evolución de la economía nacional durante los próximos seis meses, apenas el 28% cree que Argentina crecerá, mientras que un 31% considera que no lo hará y un 33% manifiesta incertidumbre.

Las expectativas son aún más pesimistas cuando se consulta sobre Misiones. Solo el 7% de los empresarios cree que la provincia experimentará crecimiento en el próximo semestre, mientras que el 54% considera que no habrá expansión económica y un 32% no tiene una opinión definida.

Otro dato que revela la fragilidad del escenario económico es la percepción sobre los precios. A pesar de la desaceleración inflacionaria observada a nivel nacional, casi el 88% de los empresarios continúa registrando aumentos de costos y precios en su actividad diaria, mientras apenas un 10% no percibe variaciones significativas.

La situación financiera de empresas y consumidores también muestra señales de tensión. El 50% de los encuestados detectó un incremento de la mora en los pagos de sus clientes durante el último período. De ese total, un 23% aseguró que el aumento fue significativo y un 27% señaló que se incrementó levemente.

En paralelo, la problemática de los cheques rechazados continúa presente en la operatoria comercial. Entre quienes utilizan este instrumento, más de una cuarta parte reconoce recibir cheques rechazados con cierta frecuencia u ocasionalmente, un indicador que suele funcionar como termómetro adelantado de las dificultades financieras en el sector privado.

Los resultados de la encuesta dejan en evidencia que, más allá de la estabilización macroeconómica y la desaceleración de la inflación, las pymes misioneras todavía no perciben condiciones suficientes para retomar una senda de crecimiento sostenido. La presión impositiva, los costos laborales, la informalidad y la falta de dinamismo de la demanda continúan configurando un escenario de prudencia empresarial, donde la prioridad sigue siendo sostener la actividad antes que expandirse.

CEM Encuesta Provincial MAYO 26 1 by CristianMilciades

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Yerba mate: cooperativas sostienen precios, pero advierten que el mercado “aplasta” al productor

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En pleno inicio de zafra y con el precio de la hoja verde en caída, el presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (FEDECOOP), Gustavo Hein, puso en evidencia el límite estructural del sistema cooperativo frente al nuevo escenario de mercado: aun sosteniendo mejores valores para sus socios, la competencia con operadores que compran más barato termina “aplastando” los precios.

El dato central es contundente: mientras el costo de producción ronda los 465 pesos (dato brindado por el INYM en septiembre de 2025), el mercado paga entre 210 y 250 pesos, con plazos de hasta 120 días. La tensión queda planteada: ¿puede el cooperativismo resistir en un esquema donde el precio lo fija el eslabón con mayor poder de compra?

El cooperativismo como amortiguador: hasta dónde alcanza

El planteo que Hein brindó a Economis no se limita a una queja coyuntural. Expone una dinámica que atraviesa a toda la cadena yerbatera. Las cooperativas, explicó, intentan trasladar la mayor cantidad de beneficios al productor, evitando intermediación y sosteniendo valores más altos para sus socios. Así quedó observado en los precios que pagan Las Tunas o la cooperativa que produce la marca Piporé que marcan los precios más elevados de la región entre 380 y 450

Ese esquema, que históricamente funcionó como regulador informal del mercado, hoy muestra fisuras. La razón es simple: “cuando otros actores acceden a materia prima más barata, logran competir con ventaja en la góndola”. Esa diferencia termina presionando a la baja los precios generales, explicó Hein.

El mecanismo es progresivo. “Primero cae el precio de referencia. Luego se reduce la capacidad de las cooperativas para sostener valores diferenciales. Finalmente, aparece la pérdida de mercado”.

Costos, precios y ecuación inviable

Los números que describe el sector muestran una brecha crítica. El último costo de producción sin rentabilidad se ubicaba en torno a los 465 pesos por kilo de hoja verde. A ese valor debería sumarse entre un 25% y un 30% de margen para alcanzar un precio sustentable, cercano a los 700 pesos.

Sin embargo, el mercado opera muy por debajo. En términos generales, los productores reciben entre 210 y 250 pesos. En algunos casos, incluso menos. Esto también se observa en la comercialización de yerba canchada que es otra opción que usan algunas cooperativas o pequeños molinos, allí el valor de comercialización oscila en los 800 pesos por kilo de canchada, cuando el valor no debería ser inferior a los 1440 pesos.

El problema no es solo el precio, sino la estructura de costos. Para producir un kilo de yerba canchada se requieren tres kilos de hoja verde, a lo que se suman los costos de secanza. Con valores deprimidos en origen, la ecuación se vuelve directamente inviable.

A eso se agrega otro factor crítico: los plazos de pago. La extensión a 120 días traslada la carga financiera al productor, que debe sostener costos sin ingresos inmediatos.

Gustavo Hein, presidente de Fedecoop

Competencia desigual y pérdida de referencia

El análisis de Hein introduce un concepto clave: la competencia desleal dentro del propio mercado. No se trata solo de diferencias de eficiencia, sino de estructuras de compra que permiten acceder a materia prima a valores más bajos.

Ese diferencial se traslada a la comercialización. Quien compra más barato puede vender más barato. Y quien intenta sostener precios más altos pierde competitividad (o mercados).

El efecto es sistémico. Las cooperativas, aun con voluntad de sostener precios justos, quedan atrapadas en una lógica de mercado que no controlan. El resultado es una pérdida progresiva de referencia en los valores.

Un modelo en tensión y un debate abierto

La situación del cooperativismo yerbatero refleja una discusión más amplia sobre el funcionamiento del mercado en las economías regionales. Sin herramientas de regulación, el precio se define por la capacidad de compra, no por los costos de producción.

En ese contexto, el sistema cooperativo intenta sostener un equilibrio que se vuelve cada vez más frágil. La zafra en curso será una prueba concreta de hasta dónde puede resistir ese modelo.

Las próximas semanas estarán marcadas por dos variables: la evolución de los precios en plena cosecha y la capacidad del sector para sostener estrategias colectivas frente a la presión del mercado.

El interrogante no es solo económico. También es político: si el precio deja de ser una variable acordada y pasa a ser una imposición de mercado, el rol de cada actor dentro de la cadena vuelve a quedar en discusión.

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La industria textil responde a Caputo: “El problema no es la competitividad, sino la competencia fraudulenta”

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La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) salió al cruce de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó públicamente que no compra ropa en la Argentina porque “es un robo”. Desde la entidad que nuclea a la cadena textil nacional advirtieron que ese tipo de afirmaciones simplifican un problema complejo y pueden derivar en diagnósticos incompletos que profundicen los desequilibrios del sector.

FITA sostuvo que el precio de la indumentaria no surge del costo industrial textil tomado de manera aislada, sino de la interacción de múltiples eslabones de una cadena productiva extensa, cada uno con estructuras de costos propias, condicionadas por un contexto macroeconómico que impacta sobre toda la economía. Reducir la discusión a una comparación directa de precios finales, remarcaron, invisibiliza factores clave como impuestos, logística, financiamiento y regulaciones.

En ese marco, la entidad señaló que las rebajas impositivas y los procesos de desburocratización implementados en los últimos años beneficiaron principalmente a las importaciones, mientras que la producción nacional continúa enfrentando una elevada carga tributaria, altos costos operativos, deficiencias logísticas y serias limitaciones de acceso al financiamiento para sostener la inversión y el empleo.

A esta situación se suma, según FITA, el crecimiento exponencial de plataformas internacionales como Shein y Temu, que comercializan productos en el mercado local sin pagar aranceles ni cumplir con las mismas obligaciones que la industria argentina. Esta asimetría competitiva, advirtieron, profundiza las distorsiones del mercado y debilita a toda la cadena productiva local.

Desde la federación remarcaron que la industria textil argentina “siempre compitió” y que el sector no se opone a la apertura comercial. De hecho, FITA acaba de suscribir una declaración conjunta con sus pares del Mercosur y de Europa para trabajar en la implementación del acuerdo birregional y promueve una negociación sectorial para avanzar en una mayor apertura comercial con Estados Unidos. El problema, subrayaron, no es la apertura en sí, sino el ingreso de productos subfacturados que impiden una competencia leal.

Según datos del sector, más del 70% de las importaciones textiles ingresan al país a valores significativamente inferiores a los antecedentes históricos, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la principal materia prima. La ausencia de valores de referencia facilita prácticas de subfacturación que distorsionan los precios, perjudican a quienes compiten desde la formalidad y erosionan la producción nacional.

FITA alertó que estas prácticas se reflejan en una caída de la actividad cercana al 37% y en niveles de utilización de la capacidad instalada inferiores al 30% en el sector textil. “El problema actual no es la falta de competitividad, es la competencia fraudulenta”, afirmaron desde la entidad, que reclamó el cumplimiento de las normas vigentes de comercio exterior y el restablecimiento de condiciones de competencia justa como paso indispensable para recuperar producción, empleo y desarrollo industrial en la Argentina.

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La Justicia española obliga a Meta a indemnizar a medios por 479 millones

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Fallo histórico en España, condenan a Meta a pagar 479 millones de euros a la prensa digital por uso ilícito de datos

El Juzgado Mercantil N.° 15 de Madrid ordenó a Meta compensar con 479 millones de euros a 87 editoras y agencias agrupadas en la Asociación de Medios de Información (AMI), al determinar que la empresa obtuvo una ventaja competitiva indebida en el mercado publicitario mediante el uso de datos personales extraídos de Facebook e Instagram, en violación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). ADEPA calificó el fallo como un precedente histórico para el ecosistema digital.

La resolución judicial y los fundamentos: uso indebido de datos y ventaja competitiva en el mercado publicitario

El fallo del Juzgado Mercantil N.° 15 de Madrid marca un hito en la disputa global entre plataformas tecnológicas y medios de comunicación. La sentencia condena a Meta a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital y agencias de noticias integradas en la Asociación de Medios de Información (AMI), tras concluir que la empresa obtuvo “una posición de ventaja competitiva significativa” en el mercado publicitario local.

La Justicia española determinó que Meta utilizó datos personales de usuarios de Facebook e Instagram mediante un tratamiento contrario al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El fallo afirma que, tras la entrada en vigor del reglamento europeo, la compañía “sustituyó el consentimiento del usuario por la necesidad de ejecución del contrato” para justificar la recopilación y uso de información personal, un mecanismo que el tribunal consideró inválido para prácticas de publicidad comportamental.

Además de la compensación global, la sentencia ordena pagar 2.570.000 euros al Grupo Europa Press y 13.563 euros a Radio Blanca, en concepto de daños económicos derivados de la pérdida de competitividad frente a Meta.

Reacción del sector y alcance del precedente

La decisión judicial provocó repercusión inmediata en el ámbito editorial. En un comunicado, ADEPA destacó el carácter trascendental del fallo: “La sentencia representa un precedente histórico porque reconoce que el modelo de negocio publicitario de Meta, basado durante años en el tratamiento ilícito de datos personales, generó un daño económico directo a los medios digitales que sí estaban obligados a cumplir el RGPD y que no podían competir en igualdad de condiciones”.

La entidad subrayó que la decisión judicial confirma una percepción sostenida por la industria en los últimos años:
“En la práctica, el fallo valida que parte de la caída de ingresos publicitarios del sector no fue solo un fenómeno de mercado, sino el resultado de una ventaja competitiva indebida de la plataforma”, añadió ADEPA.

El pronunciamiento judicial se incorpora así a un debate global sobre el equilibrio entre plataformas tecnológicas y empresas periodísticas, especialmente en torno al uso de datos, la transparencia en la publicidad digital y la supervivencia económica de los medios. Aunque el fallo se circunscribe al ámbito español, su impacto potencial se extiende a otros mercados regulados que aplican normativas equivalentes al RGPD.

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Corrientes: empresarios madereros revelan trabajo en negro y maniobras ilegales

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Crisis en la foresto–industria de Corrientes, denuncias cruzadas de empresarios madereros por trabajo informal, evasión y competencia desleal tras los cierres en Santa Rosa

Una entrevista a un referente del Parque Foresto-Industrial Santa Rosa detonó un conflicto interno sin precedentes: empresarios del sector se acusaron públicamente por prácticas laborales ilegales, evasión impositiva y maniobras con madera sin documentación. La reacción expuso una crisis estructural que va más allá de la coyuntura económica y revela fallas profundas en gestión empresarial, informalidad y ausencia de inversión.

Un testimonio que encendió la mecha: acusaciones inéditas dentro del Parque Foresto-Industrial Santa Rosa

La entrevista publicada este miércoles por ArgentinaForestal al empresario Juan Ramón Sotelo —presidente del Parque Foresto-Industrial Santa Rosa, miembro de APEFIC y propietario de Todo Pallets SRL— abrió una grieta que el sector mantenía bajo silencio desde hace años. Lo que comenzó como un análisis sobre la caída del mercado interno, el aumento de costos y el impacto de las lluvias en la actividad derivó en una serie de denuncias cruzadas entre industriales de la zona.

A partir de esa publicación, diferentes referentes de la foresto–industria correntina señalaron que los problemas no responden únicamente a la coyuntura económica, sino a fallas estructurales de gestión. Según un empresario consultado, los inconvenientes de Sotelo “no tienen nada que ver con la crisis actual”, sino con “cuestiones internas de su administración”, una situación que —según señalaron— se repite en la mayoría de los aserraderos de la región.

La polémica escaló rápidamente. Los industriales comenzaron a exponer públicamente lo que describen como una “cultura de informalidad” en la zona de Santa Rosa: evasión tributaria, trabajo en negro, subdeclaración de horas, compra de madera ilegal y uso de guías adulteradas para trasladar la producción. Incluso algunos testimonios mencionaron vínculos con organizaciones delictivas que operan en la región.

Trabajo informal, evasión y denuncias de madera ilegal: la estructura que los empresarios revelaron

Los testimonios coinciden en que la informalidad es la regla, no la excepción. La brecha entre los costos laborales formales y los pagos informales es uno de los puntos centrales.

De acuerdo con empresarios de la zona: Un empleador formal debería pagar cerca de $300.000 mensuales por operario en cargas sociales. Muchos aserraderos pagan solo $30.000 por trabajador, utilizando seguros u otros esquemas no registrados. La hora oficial de un operario maderero, fijada en $4.300, se paga en la práctica entre $2.500 y $3.000. Varias empresas declaran menos horas de las trabajadas para reducir su carga formal.

La consecuencia inmediata es una competencia desleal que perjudica a quienes operan en regla, profundiza la desigualdad de condiciones y deteriora el mercado.

Uno de los testimonios más duros fue el del empresario Hermann Rodolfo Karsten, quien escribió en redes sociales que: “Casi todos los ‘aserraderos’ de Santa Rosa no son industrias: no pagan aportes laborales, no pagan impuestos, compran materia prima en negro, venden en negro, trasladan la madera con guías truchas, compran madera robada y realizan fletes con sobrecarga.”

En otro tramo, redobló su denuncia al afirmar que algunos actores “de vez en cuando hacen de mulas del gran mercado narco con base en Santa Rosa”.

Karsten también remarcó que quienes cumplen las normas deben enfrentar una competencia que considera destructiva: “Yo vengo bancando la crisis de valor y volumen, poniendo la madera a valor cero, pagando todos los impuestos y teniendo todo el personal en blanco. Por mí que se ardan todos, así desaparece la competencia desleal.”

Las afirmaciones, lejos de ser aisladas, replican comentarios que habitualmente se escuchan “por lo bajo” entre industriales formales de la región.

Una crisis estructural: informalidad, falta de inversión y quiebre en la gobernanza sectorial

Más allá del impacto económico coyuntural —como la caída del mercado interno o la presión de costos—, los distintos actores coinciden en que la crisis tiene raíces más profundas.

Entre los factores estructurales señalados por empresarios y especialistas del sector se encuentran: Falta de capacitación de propietarios, mandos medios y altos directivos. Escasa inversión en tecnología, maquinaria y automatización. Dependencia de madera de zonas afectadas por eventos climáticos, como inundaciones. Problemas logísticos que encarecen la operatoria y afectan la competitividad.

Un productor forestal sintetizó así la contradicción central del negocio: “Las empresas que cumplen con todo son las más exitosas. Entonces, ¿por qué evadir? Se supone que evadiendo ganás más, pero la realidad muestra lo contrario”.

El conflicto escaló al plano personal cuando, tras el posteo de Karsten, varios empresarios expresaron su molestia. Según trascendió, incluso el propio Sotelo le pidió “mesura” para evitar tensiones crecientes en el sector.

Lejos de moderar su postura, Karsten desafió públicamente: “Invito a todos los empleadores y empleados a una audiencia pública en la plaza de Santa Rosa, a cara descubierta. Que digan quiénes están enojados y debatamos con nombre y apellido.”

La reacción dejó al descubierto una fractura interna que trasciende los aspectos económicos: enfrenta a empresarios que operan formalmente contra quienes trabajan por fuera del marco legal, pese a beneficiarse de un régimen provincial que promueve “impuestos cero” para atraer inversiones.

Paradójicamente, el estallido se produce en un contexto en el que el Gobierno de Corrientes sigue posicionando a Santa Rosa como modelo de radicación industrial, mientras el sector revela problemas de informalidad, fallas de gestión y un esquema productivo que muchos describen como “terminal” para cientos de aserraderos.

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