Un informe de Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su plataforma Agrimonitor, estimó que en 2024 —primer año del gobierno de Javier Milei— el Estado argentino se apropió del 15,6% del ingreso de las empresas agrícolas. En términos absolutos, la transferencia alcanzó los 9.279 millones de dólares, configurando un esquema donde el sector financia al fisco en lugar de recibir asistencia.

El dato introduce una tensión estructural en la política económica: mientras el Gobierno impulsa una agenda de desregulación y apertura, el agro continúa operando bajo un régimen de extracción neta de recursos.

Un indicador que mide subsidios… y en Argentina, extracción

El indicador utilizado, denominado Estimado de Apoyo al Productor (EAP), suele reflejar el nivel de subsidios que los Estados destinan al sector agrícola. Sin embargo, en el caso argentino presenta signo negativo, lo que implica una transferencia desde el sector privado hacia el Estado.

Según el informe, este resultado se explica “en gran medida” por los derechos de exportación, que funcionan como principal mecanismo de captación de renta en la cadena agroindustrial.

Argentina consolida un esquema inverso al de la región

La comparación internacional muestra un diferencial significativo:

• En Brasil, el gobierno transfirió US$ 16.200 millones al agro en 2024
• Uruguay registró un apoyo de US$ 291 millones
• Chile, US$ 355 millones
• Paraguay, US$ 28 millones

En términos relativos, el contraste es aún más marcado: mientras Brasil destina un 7,5% del ingreso del sector como apoyo, Argentina presenta un -15,6%, es decir, una extracción equivalente.

El dato posiciona al país como una excepción dentro del Mercosur y la región.

Presión fiscal sobre el agro y límites del modelo

Desde una lectura de poder, el informe expone una contradicción dentro del esquema económico: el agro sigue siendo una fuente central de recursos fiscales, incluso en un contexto de reformas orientadas al mercado.

El nivel de extracción registrado en 2024 es superior al de 2023 (US$ 6.129 millones), aunque menor a los picos de 2021 y 2022, cuando superó los US$ 13.000 millones. Esto sugiere una moderación relativa, pero no un cambio estructural.

El dato también refuerza la centralidad del sector agropecuario en la sostenibilidad fiscal del Estado.

La apropiación de ingresos por parte del Estado tiene efectos directos sobre el funcionamiento del sector: Reduce el capital de trabajo disponible. Condiciona decisiones de inversión. E impacta en la competitividad frente a otros países

En un escenario donde otros países subsidian o apoyan al agro, la estructura argentina introduce un diferencial de costos que puede afectar la expansión productiva.

Tensión entre recaudación y competitividad

El dato del BID instala una discusión que excede el corto plazo: hasta qué punto el esquema de captación de recursos del agro es compatible con una estrategia de crecimiento sostenido.

Las variables a observar serán la evolución de los derechos de exportación, la rentabilidad del sector y la capacidad del Gobierno para equilibrar necesidades fiscales con incentivos productivos.

El número es claro. Lo que queda abierto es cómo se resuelve la tensión entre caja y desarrollo.