CONDENA

Lula fue condenado a 12 años de prisión y la Justicia Electoral decidirá sobre su candidatura presidencial

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El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tiene más cerca su inhabilitación política después de que un tribunal de segunda instancia le condenó este miércoles por corrupción y lavado de dinero y aumentó su pena de prisión a 12 años y 1 mes. 
Tras casi diez horas de sesión, los tres jueces que integran la octava sala del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de la ciudad de Porto Alegre decidieron elevar la pena de nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado dinero dictada en julio pasado contra el exmandatario en primera instancia. 
“Hay prueba, encima de lo razonable, de que Lula fue uno de los articuladores, si no el principal, de la trama de corrupción” que operó en la estatal Petrobras, afirmó el juez Joao Pedro Gebran Neto, instructor del caso, durante la lectura de su voto. 
Los jueces mantuvieron un tono duro contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT) con frases demoledoras que echaron por tierra los argumentos de su defensa al considerar que las “violaciones” fueron “gravísimas”. 
“No solo había un enriquecimiento personal, también servía para financiar campañas y el proyecto político de un Gobierno”, remarcó Gebran Neto. 
“Estamos ante pruebas que resistieron a la crítica, al contrapunto. Si las pruebas fuesen débiles no habrían resistido. Si resistieron es que está demostrada la culpabilidad”, aseguró el último en pronunciarse, el magistrado Víctor Luiz dos Santos Laus
En esta causa, una de las siete abiertas en su contra en la Justicia, la mayoría por supuesta corrupción, Lula fue condenado por supuestos sobornos e la constructora OAS, que se habrían traducido en la entrega de un apartamento de lujo en la playa a cambio de favorecer a la compañía en contratos con Petrobras. 
La decisión, aunque es apelable, complica las opciones del expresidente (2003-2010) para competir en las elecciones presidenciales de octubre ya que, según la legislación brasileña, los condenados en segunda instancia no pueden ser postulados. 
No obstante, la última palabra sobre la candidatura de Lula, que lidera todos los sondeos de opinión y ha manifestado su intención de presentarse, estará en manos de la Justicia Electoral. 
Miles de personas se movilizaron en Porto Alegre y en otras ciudades de Brasil, como Río y Sao Paulo, tanto a favor como en contra del expresidente, en un reflejo de la profunda división política del país. 
Lula se convirtió el pasado 12 de julio en el primer exmandatario brasileño condenado penalmente desde el restablecimiento de la democracia (1985). 
“Infelizmente está siendo condenado un expresidente, pero que pactó y cometió crimen”, sentenció Gebran Neto. 
Lula, a sus 72 años, ha prometido batalla hasta el final. “Sólo el día en el que muera voy a parar de luchar”, dijo el este miércoles menguado mito de la izquierda latinoamericana.

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La Cámara de Casación Penal ratificó condenas a represores misioneros

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El diputado Rafael Pereyra Pigerl era hasta antes de asumir, abogado defensor de Derechos Humanos de la Nación y litigante en varios juicios de lesa humanidad que se realizaron en Misiones. Por eso, recibió la notificación de la sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal-Sala 4, en la causa Julio Argentino Amarilla y otros, que ratifica la condena que recibieron los represores en uno de los últimos juicios.

Luego de las consideraciones y fundamentos dados por los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, rechaza el recurso de casación interpuesto por Felipe Nicolas Gimenez -por condena a 25 años de prisión-, Guillermo Roque Mendoza -por condena a diez años de prisión-, Julio Argentino Amarilla -por condena a 10 años de prisión- y Carlos Alberto Pombo -por condena a 15 años de prisión-.
El recurso de Casación había sido interpuesto por las defensas de los condenados, contra la sentencia del Tribunal Oral Federal de Posadas, tras las condenas.

 

Las sentencias se conocieron el 30 de septiembre del año pasado. Los cuatro acusados por delitos de Lesa Humanidad cometidos en dependencias de la Policía de Misiones durante la última dictadura cívico militar, recibieron severas condenas: el médico Guillermo Roque Mendoza, que en primera instancia había sido absuelto, fue sentenciado a diez años de prisión e inhabilitación perpetua como partícipe de crímenes de lesa humanidad, contra tres personas con tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos.

Felipe Nicolás Giménez recibió cuatro años más y deberá pasar 25 años tras las rejas por ser coautor de cuatro violaciones, además de tormentos contra 37 personas, agravado por ser perseguidos políticos.

Julio Argentino Amarilla, que originalmente recibió siete años, sumó otros tres, como partícipe secundario de crímenes de lesa humanidad contra 37 personas, agravado por la condición de perseguidos políticos de las víctimas. Amarilla, de 70 años, trabajó casi una década en la Policía y después fue agente civil del Ejército donde cumplió 30 años de servicio, ya en plena democracia.

El ex policía Carlos Alberto Pombo, condenado inicialmente a siete años, recibió otros ocho por ser considerado responsable de crímenes de lesa humanidad contra diez personas, con tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, en un total de tres hechos. Había venido a Misiones en 1970 convocado por sus condiciones de “futbolista”.

 

Mendoza y Amarilla deberán ahora cumplir la condena, porque seguían en libertad hasta que la Cámara de Casación Penal confirme la sentencia y ordene su arresto. Pombo y Giménez, en cambio, están en el penal de Candelaria hasta que se decida su prisión en cárcel común como pidieron las querellas y la Fiscalía.

 

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Excarcelación de transportistas: Giménez decidió desestimar la investigación a tres jueces

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Finalmente se frenó el escándalo judicial que se desató después de que el Superior Tribunal de Justicia impulsara una investigación contra tres jueces por la excarcelación de los transportistas condenados a 20 años por abuso sexual. El juez Carlos Giménez decidió desestimar la investigación contra sus pares Marcelo Cardozo, César Yaya y César Jiménez, quienes ordenaron la liberación de madre e hijo condenados por abuso sexual por “falta de sentencia firme”. En el STJ habían considerado –por mayoría- que los magistrados ignoraron un fallo del Alto cuerpo que había dejado firme la condena en primera instancia, que ahora está siendo revisada por la Corte.

Giménez no llegó a la cuestión de fondo –si hubo o no una irregularidad del Tribunal- y simplemente se remitió al artículo 140 de la Constitución provincial que determina que los jueces “no podrán ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones que emitan en sus fallos, resoluciones o dictámenes, excepto en el caso de ser sorprendidos ‘in-fraganti’ en la ejecución de un delito que merezca pena corporal”.

Ahora solo restará esperar el fallo de la Corte Suprema para saber si los transportistas volverán o no a cumplir la condena. Hasta ahora, trascendió que dos ministros ya firmaron su sentencia, mientras que estaba al salir la de Elena Hghton de Nolasco, quien ahora se tomó licencia después de su voto en el escándalo del 2×1 que benefició a un genocida.

La decisión de Giménez fue en línea con la defensa de los tres jueces que acusaron al STJ de “intromisión”. Alegaron que ni siquiera el abogado defensor de las familias denunciantes se opuso a la excarcelación de los condenados. “Acá hay un abuso sin derecho. Están revisando una cuestión jurisdiccional. Nuestro fallo ni siquiera fue apelado”, opinó uno de los jueces investigados, aunque prefirió reservar su nombre.

El fallo de la polémica se conoció el 5 de abril. Ese día, Jiménez, Yaya y Cardozo, en el Tribunal Penal 2, decidieron la excarcelación de Durán y Olmo.

Madre e hijo fueron condenados en noviembre de 2011 a 20 años de prisión por el abuso de dos niños de 4 y 5 años, clientes del transporte escolar que manejaban. La fiscal del caso fue Liliana Picazo, flamante nominada a integrar el Superior Tribunal de Justicia. Ella pidió 20 años para los transportistas, condena que finalmente recibieron los acusados. El fallo fue ratificado por el STJ en mayo de 2014. La Corte misionera actuó como cámara de casación, función encomendada por la Constitución provincial, para que los fallos penales tengan la necesaria revisión.

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