CONSUMO INTERNO

El INDEC expone la desigualdad: el ingreso en Argentina mantiene una brecha de 13 veces

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El dato del cuarto trimestre de 2025 vuelve a poner en foco la distribución del ingreso en medio de la tensión entre ajuste, consumo y gobernabilidad

El último informe del INDEC sobre distribución del ingreso volvió a colocar un dato incómodo en el centro del escenario económico: en el cuarto trimestre de 2025, la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población alcanzó las 13 veces, mientras el coeficiente de Gini se ubicó en 0,427. No es solo una estadística. Es un indicador político. En un contexto de caída del poder adquisitivo y reconfiguración del modelo económico, la pregunta queda flotando: ¿estos números consolidan un rumbo o anticipan tensiones sociales que podrían condicionar la agenda del Gobierno?

Un termómetro social en un contexto de ajuste

El informe se inscribe en la medición que realiza la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que releva ingresos en los principales aglomerados urbanos del país. Allí se observa que el ingreso promedio per cápita familiar fue de $635.996, mientras que entre quienes efectivamente percibieron ingresos el promedio ascendió a $1.011.863.

Más allá del número nominal, el dato clave es la distribución. El coeficiente de Gini —que mide la desigualdad en una escala de 0 a 1— en 0,427 refleja una concentración significativa de ingresos. No es un dato aislado ni neutro: sintetiza el impacto acumulado de variables como inflación, salarios y actividad económica.

En términos institucionales, estos indicadores funcionan como un insumo central para la toma de decisiones de política pública. No solo orientan programas sociales, sino que también inciden en debates legislativos vinculados a impuestos, transferencias y regulación del mercado laboral.

La economía real detrás del dato

Traducido a la vida cotidiana, la brecha de 13 veces implica que los sectores de mayores ingresos concentran una capacidad de consumo y ahorro muy por encima del resto. En paralelo, el ingreso promedio de la población aparece tensionado por el contexto inflacionario y la dinámica de costos.

El informe no introduce nuevas medidas ni decisiones de Gobierno, pero sí actúa como una radiografía que condiciona el margen de acción. En un escenario donde el consumo interno muestra señales de debilidad, la distribución del ingreso se vuelve un factor clave para sostener la actividad económica.

Además, la medición refuerza una tendencia estructural: la dificultad para reducir la desigualdad en períodos de ajuste o reordenamiento macroeconómico. Esa tensión —entre estabilización y equidad— no es nueva, pero adquiere mayor visibilidad cuando los indicadores oficiales la confirman.

Ingresos, desigualdad y pobreza

Los datos del INDEC no operan en el vacío. Funcionan como insumo para distintos actores: sindicatos, sectores empresariales y espacios políticos que construyen sus argumentos sobre la base de estas cifras.

Una brecha de ingresos elevada fortalece los reclamos vinculados a recomposición salarial y políticas redistributivas. Al mismo tiempo, condiciona al Gobierno en su estrategia de consolidación económica, especialmente si el consumo continúa debilitándose.

En términos de correlación de fuerzas, el informe puede alimentar discusiones dentro del Congreso sobre medidas fiscales o sociales. También impacta en la relación entre el Ejecutivo y los sectores productivos, que dependen del mercado interno para sostener su actividad.

Un indicador que marca el pulso, pero no define el rumbo

El dato del cuarto trimestre de 2025 no implica por sí mismo un giro en la política económica. Pero sí delimita el terreno sobre el que se toman decisiones. La desigualdad medida por el Gini y la brecha de ingresos funcionan como señales de alerta que ningún actor puede ignorar.

En las próximas semanas, la evolución de estos indicadores dependerá de variables que todavía están en movimiento: salarios, inflación y nivel de actividad. La pregunta no es solo si la brecha se ampliará o se reducirá, sino qué capacidad tendrá el sistema político para procesar ese resultado sin que derive en nuevas tensiones.

ingresos4trim25 INDEC by CristianMilciades

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La vidriera Rigolleau comienza a importar desde China tras pérdidas millonarias

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La histórica vidriera Rigolleau reconfiguró su estrategia productiva tras registrar pérdidas por $5.500 millones en 2025: redujo su producción en Berazategui, opera al 60% de su capacidad instalada y comenzó a importar vajilla desde China para abastecer el mercado interno. La decisión incluyó la paralización de un horno y la salida de cerca de 100 trabajadores, en un movimiento que excede lo empresarial y se proyecta como síntoma de un cambio más amplio: ¿es un ajuste coyuntural o una señal estructural sobre la competitividad industrial en la Argentina actual?

El dato no es menor en el contexto político y económico. La reconversión de una firma fundada en 1882, con fuerte presencia en el entramado productivo, se produce en paralelo a un esquema económico que promueve apertura comercial, desaceleración inflacionaria y reconfiguración de costos internos. En ese cruce, la decisión de importar lo que antes se producía localmente instala una tensión directa entre competitividad y sostenimiento del empleo.

Un cambio de modelo forzado por el mercado interno

La propia empresa explicitó el giro. En su balance presentado en febrero y en el reporte enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), reconoció que “debe cambiar su modelo de negocio tradicional”. La caída del consumo interno, eje central de su operación —el 95% de su línea Hogar se destina al mercado local—, impactó de lleno en la estructura de costos.

El diagnóstico es claro: menor actividad, mayor ociosidad productiva y presión sobre la rentabilidad. Aun con esfuerzos por mejorar eficiencia y renegociar condiciones, el resultado fue negativo por segundo año consecutivo, duplicando incluso las pérdidas de 2024, que habían sido de $2.599.109.500.

En ese marco, la importación aparece como una salida pragmática. Según la empresa, los productos traídos desde China resultan más baratos incluso considerando flete y embalaje. La consecuencia es directa: las líneas vinculadas a vajilla y consumo hogareño dejarán de sostenerse mayoritariamente con producción local.

Sin embargo, el repliegue no es total. Rigolleau mantiene activas sus unidades ligadas a los sectores farmacéutico y alimentario, donde la demanda se muestra más estable. Esa segmentación revela que el problema no es uniforme, sino concentrado en los rubros más expuestos al consumo masivo.

Impacto laboral y señales al sistema productivo

El ajuste operativo ya tuvo efectos concretos: de una planta de más de 800 trabajadores, quedaron alrededor de 700. La paralización de un horno y la reducción de la producción implican una pérdida de escala que tensiona no solo a la empresa, sino al entramado industrial que la rodea.

El movimiento también reconfigura incentivos. Si importar resulta más competitivo que producir localmente, incluso en sectores tradicionales, el mensaje se amplifica hacia otras industrias que enfrentan estructuras de costos similares. En ese sentido, la decisión de Rigolleau puede leerse como un caso testigo dentro del proceso de apertura y reordenamiento económico en curso.

Al mismo tiempo, el vínculo histórico de la empresa con figuras como Enrique Ernesto Shaw y su tradición dentro de la doctrina social empresaria introduce una dimensión simbólica: el tránsito desde un modelo industrial con fuerte anclaje local hacia uno más flexible y globalizado.

Entre la supervivencia empresarial y el nuevo esquema económico

El dato más delicado no está en la caída, sino en la incógnita que deja abierta el propio balance: la capacidad de la empresa de sostenerse como “empresa en marcha”. Esa advertencia no es habitual y coloca el foco en la viabilidad futura del negocio.

En paralelo, los primeros meses de 2025 muestran señales de mejora, aunque todavía insuficientes para revertir el impacto previo. La recuperación aparece, pero no alcanza a compensar la caída estructural en ventas que disparó el cambio de estrategia.

Lo que está en juego no es solo la reconversión de una firma, sino la adaptación de un sector a nuevas reglas. El equilibrio entre costos locales, apertura comercial y demanda interna será determinante en las próximas decisiones.

Un caso abierto en medio de la transición económica

La decisión de Rigolleau no cierra un ciclo, lo abre. Marca un punto de inflexión en la lógica productiva de una empresa emblemática y, al mismo tiempo, deja planteadas preguntas sobre el rumbo de la industria nacional en el nuevo escenario económico.

Habrá que observar si este viraje se consolida o si, ante cambios en el consumo o en la estructura de costos, la producción local recupera terreno. También si otros actores siguen el mismo camino o si logran sostener esquemas productivos competitivos sin recurrir a importaciones.

Por ahora, el movimiento es claro: una empresa centenaria ajusta su modelo para sobrevivir. Lo que todavía no está definido es si ese ajuste será transitorio o el anticipo de una transformación más profunda.

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Las Tunas busca sostener a 380 el kilo de hoja verde pese a la crisis del sector yerbatero

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La cooperativa yerbatera Las Tunas queda en el centro de una discusión que atraviesa a toda la cadena: cómo sostener el precio al productor en un mercado que empuja hacia abajo.

En ese marco, su gerente, José Luis “Joselo” Semienchuk, planteó en una entrevista con Economis una decisión que no es menor: intentar mantener los $380 por kilo de hoja verde en el inicio de la cosecha, aun cuando el resto del mercado paga menos.

El dato, más que técnico, es político dentro del sector: ¿puede una cooperativa sostener un precio de referencia sin quedar fuera de competencia?

Sostener el precio en un mercado que presiona a la baja

La definición surge de una reunión interna reciente del consejo de la cooperativa. Allí, según explicó Semienchuk, no hubo una resolución cerrada, pero sí una tensión clara: mantener los $380 aunque eso implica perder competitividad en góndola.

“El problema es que nosotros estamos pagando trescientos ochenta y casi nadie en la provincia ni en el país está pagando ese precio. Entonces se nos complica con el producto final”, advirtió. La ecuación es directa: materia prima cara, paquete que no se puede encarecer y consumidores que migran al precio más bajo.

Ese desfasaje, explicó, se agrava en un contexto donde “todos los otros insumos están subiendo”, desde energía hasta combustible, mientras la hoja verde se abarata a modo de fusible. El resultado es un sistema invertido donde el productor cobra menos y la estructura de costos sube.

Cooperativismo en tensión: entre el socio y el mercado

El planteo abre una discusión más profunda sobre el rol de las cooperativas en el esquema actual. Semienchuk fue explícito: “La cooperativa es del socio, él es el que tiene que poner el precio”, pero al mismo tiempo reconoció que muchas entidades no sostienen valores altos.

“Allí está la contradicción: hablamos de fijar referencia, pero terminamos tirando el precio para abajo”, señaló. Reconoció que otras cooperativas pagaron la cosecha anterior $380 la hoja verde a sus socios, pero ahora bajaron el precio y se han observado ofertas de $230 a 240 por kilo, cuando los costos de producción han subido.

La situación no es menor. En su diagnóstico, si las cooperativas actuaran coordinadamente podrían establecer un piso distinto. Sin embargo, describió un escenario fragmentado donde incluso entidades venden materia prima a grandes actores, debilitando la lógica cooperativa.

Costos, sobreoferta y una economía que no cierra

El trasfondo es productivo, pero también estructural. Semienchuk confirmó la existencia de sobreoferta: “Hay yerba suficiente”, afirmó, tanto en planta como en stock, lo que presiona aún más los precios.

En paralelo, la alternativa de vender yerba canchada tampoco resulta viable. Según explicó, con una hoja verde a $380, el valor lógico de la canchada debería ser de $1.440, pero el mercado ofrece apenas $800. “Si salimos a vender a ese precio, fundimos la cooperativa”, sintetizó.

Esa distorsión empuja a sostener la molienda propia como única vía para acercarse al costo real, aunque sin margen suficiente.

Competencia externa y cambio de paradigma

Otro eje que introduce tensión es la competencia con productos importados o adaptados a otros mercados. Semienchuk cuestionó que yerbas de estilo uruguayo o brasileño se vendan a valores superiores, mientras la producción local pierde precio.

Pero el punto más relevante es estratégico: la dificultad para insertar el producto en el mundo bajo el formato tradicional. “El mate no siempre entra en otros países”, reconoció, y valoró los intentos de exportar en otros formatos, como bebidas, alimentos o incluso como infusión o mate cocido. Destacó el paso que dio la cooperativa de Dos de Mayo llevando yerba para infusión a China y dijo que es un inicio para ingresar al mercado y que a largo plazo podríamos pensar en llevar el mate

En esa línea, dejó una definición que interpela al sector: “Muchas veces queremos imponer el mate, pero el mercado internacional no consume así”. El productor es consiente que podemos vender más yerba al extranjero, pero hay que abrir el juego a otras presentaciones que sean pensadas en la demanda de los nuevos consumidores y no solo en el mate tradicional.

Escala, estructura y límites del modelo

Las limitaciones también son internas. La cooperativa trabaja con pequeños productores —unos 84 socios, de los cuales cerca de 40 son activos— y un volumen que ronda entre 1,3 y 1,4 millones de kilos anuales. Esa escala condiciona cualquier estrategia.

“No tenemos espalda para comprar más hoja verde”, explicó, y anticipó una decisión defensiva: sostener el precio actual, pero sin incorporar nuevos proveedores. “Vamos a mantenernos con lo que estamos”, dijo.

Un equilibrio inestable

La posición de Las Tunas expone una tensión que excede a una sola cooperativa. Sostener precios más altos protege al productor, pero puede dejar fuera del mercado. Bajar precios permite competir, pero deteriora la base productiva.

En el medio, el sistema yerbatero enfrenta una discusión que aún no encuentra síntesis: cómo equilibrar mercado, rentabilidad y sostenibilidad en un contexto donde la oferta sobra, los costos suben y las reglas no parecen alinearse.

El inicio de la cosecha será el primer test. Y también un indicador de hasta dónde el sector puede sostener sus propias referencias sin romper su equilibrio interno.

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La industria vuelve a caer en febrero: retrocede 7,9% interanual según Orlando J. Ferreres

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La actividad industrial volvió a contraerse en febrero y reabrió una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿la estabilización macro alcanza para reactivar la economía real? Según el último informe del Índice de Producción Industrial (IPI), la producción cayó 7,9% interanual y acumuló una baja de 5,5% en el primer bimestre de 2026. El dato, difundido el 26 de marzo, irrumpe en un escenario donde la administración nacional apuesta a mostrar señales de ordenamiento, pero todavía no logra consolidar una recuperación homogénea en sectores clave.

En términos mensuales, la caída fue de 2,7% respecto de enero, lo que interrumpe la mejora previa y deja al primer tramo del año con un comportamiento errático. La dinámica no es menor: pone en evidencia que, más allá de la desaceleración inflacionaria que el oficialismo busca instalar, el frente productivo sigue sin traccionar.

Un rebote incompleto en un marco de transición

El informe del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres describe un escenario de “altibajos” en la industria. Si bien enero había mostrado una suba revisada de 2,1% mensual, febrero corrigió esa tendencia y dejó un crecimiento marginal del 0,7% respecto a diciembre en la serie desestacionalizada.

El problema no es solo estadístico. La caída interanual revela un deterioro más profundo, impulsado principalmente por sectores sensibles al ciclo económico. La producción de maquinaria y equipo se desplomó 23,9%, con una caída del 30,1% en el segmento automotriz. A la par, alimentos, bebidas y tabaco retrocedieron 9,6%, afectados por una baja de 22,5% en la molienda de aceites.

En contraste, metales básicos mostró una suba de 3,8%, lo que marca que la dinámica no es homogénea. Sin embargo, el dato no alcanza para compensar el peso de los sectores en caída.

El informe introduce un punto clave: la reactivación depende de la mejora en los ingresos reales de las familias, que “por ahora siguen deprimidos”. Esa variable conecta directamente con el núcleo del programa económico oficial.

Impacto político: señales cruzadas en la agenda económica

El dato industrial no es neutro en términos políticos. Mientras el Gobierno busca consolidar su narrativa de estabilización, la persistencia de caídas en la actividad productiva condiciona su margen de acción y obliga a administrar tiempos.

El deterioro en sectores como maquinaria o alimentos afecta directamente a cadenas productivas con peso territorial, lo que puede trasladarse a tensiones con gobernadores y actores del entramado industrial. A la vez, el diagnóstico de consumo débil introduce una contradicción: sin recuperación del poder adquisitivo, el rebote económico queda incompleto.

En este contexto, los sectores industriales aparecen como los más condicionados. La caída en la producción automotriz y en la molienda de aceites no solo impacta en empleo y exportaciones, sino que también limita la capacidad de mostrar resultados concretos en el corto plazo.

Al mismo tiempo, el dato refuerza la centralidad del crédito y del ingreso disponible como variables políticas. Sin esos motores, la recuperación queda atada a factores externos o a nichos específicos.

Un escenario abierto: entre la estabilización y la reactivación pendiente

El propio informe es explícito: no se espera una pronta reactivación en los próximos meses. Esa advertencia proyecta un escenario donde la economía podría transitar una fase de estabilidad con bajo dinamismo.

En términos estratégicos, el desafío no es menor. La política económica deberá mostrar si puede transformar el orden macro en crecimiento sostenido o si la industria seguirá operando por debajo de su potencial.

Las próximas semanas serán clave para observar si la caída de la inflación logra traducirse en mejora del ingreso real y, en consecuencia, en una recuperación del consumo. También habrá que seguir de cerca si sectores puntuales logran traccionar o si el patrón de altibajos se consolida.

Por ahora, la industria marca el ritmo de una economía que todavía no termina de arrancar.

IPI Orlando J. Ferreres by CristianMilciades

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El aserradero ASECOR de Virasoro paga salarios con vales y expone el deterioro del sector

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Un aserradero ubicado en Gobernador Virasoro comenzó a pagar parte de los salarios con vales, en un contexto de atraso en los haberes y caída del consumo interno que ya había sido advertido por referentes del sector. La situación, que surge del testimonio directo de trabajadores de la firma ASECOR, introduce un dato incómodo para la política productiva regional: cuando una actividad estratégica como la forestoindustria recurre a mecanismos informales de pago, la discusión deja de ser sectorial y pasa a ser estructural.

El hecho ocurre en una provincia que, junto a Misiones, concentra buena parte del complejo maderero del país. Y aparece en un momento donde el discurso público todavía apuesta a la expansión industrial basada en recursos forestales. La pregunta se vuelve inevitable: ¿se trata de un caso puntual de crisis empresaria o de una señal temprana de un ajuste más profundo en la cadena?

Un síntoma que desborda lo laboral

La situación en ASECOR se conoció a partir de testimonios difundidos por el portal Corrientes Hoy de trabajadores, quienes aseguran que “hace meses” no perciben sus salarios en efectivo y que, ante la falta de alternativas, aceptan vales para adquirir mercadería. La práctica no solo implica un deterioro directo del ingreso, sino que también tensiona los marcos regulatorios laborales vigentes.

El dato no es menor: el pago en vales remite a esquemas que históricamente fueron cuestionados por desnaturalizar la relación laboral formal. En términos concretos, limita la capacidad de los trabajadores para decidir sobre su consumo, reduce liquidez en economías locales y desdibuja la trazabilidad del salario.

El contexto empresarial tampoco es ajeno. Según se indicó, la firma tendría entre sus socios a una referente del sector maderero que recientemente había advertido sobre la crisis derivada de la caída del consumo interno. Esa lectura sectorial ahora encuentra una expresión concreta en el territorio.

Marco productivo: una cadena estratégica bajo presión

La industria maderera en la región se apoya en un esquema integrado que va desde la producción forestal hasta la industrialización y exportación. Sin embargo, el eslabón industrial —especialmente los aserraderos— suele ser el más expuesto a variaciones en la demanda y a los costos operativos.

Cuando el consumo interno se retrae, el impacto se traslada rápidamente a la actividad de transformación. En ese escenario, las empresas con menor espalda financiera enfrentan tensiones de liquidez que terminan trasladándose a la variable más sensible: el salario.

El caso de ASECOR se inscribe en esa lógica. No aparece como una decisión aislada, sino como la consecuencia de un desequilibrio económico que todavía no encuentra mecanismos de compensación. Y que, además, convive con un escenario donde otras provincias impulsan inversiones forestales de gran escala, buscando posicionar al sector como motor exportador.

Correlación de fuerzas: entre la crisis empresarial y la respuesta estatal

El episodio deja expuesta una zona gris en la articulación entre el sector privado y el Estado. Por un lado, la forestoindustria continúa siendo presentada como un eje de desarrollo regional. Por otro, emergen situaciones que cuestionan la sostenibilidad de ese modelo en el corto plazo.

En términos de poder, el caso coloca en tensión a varios actores: Empresas del sector, que advierten sobre la caída del consumo y la necesidad de sostener la actividad. Trabajadores, que quedan atrapados en esquemas informales para sostener ingresos. Estado, que enfrenta el desafío de garantizar condiciones laborales sin desarticular la producción.

La aparición de pagos en vales no solo afecta a los empleados involucrados. También introduce ruido en el conjunto de la cadena, porque puede anticipar conflictos laborales, inspecciones o incluso intervenciones regulatorias si la situación escala.

Además, impacta indirectamente en la economía regional: menos ingreso líquido implica menor circulación de dinero en comercios locales, lo que retroalimenta la caída del consumo que originó el problema.

Un escenario abierto: señales a monitorear

El caso ASECOR no define por sí solo el rumbo del sector maderero, pero sí funciona como indicador temprano. Sobre todo en un contexto donde la política económica nacional apuesta a la generación de divisas a través de complejos productivos como el forestal.

En las próximas semanas habrá variables clave a observar: Si la situación se replica en otras empresas del sector. Si aparecen respuestas institucionales para regularizar los pagos. Si el mercado interno muestra señales de recuperación o profundiza su retracción.

También quedará bajo análisis la capacidad del sistema productivo para absorber shocks de demanda sin trasladarlos directamente al empleo. Porque, en definitiva, el equilibrio entre competitividad y condiciones laborales sigue siendo uno de los puntos más sensibles de la agenda industrial.

Por ahora, el episodio en Virasoro pone en evidencia que, detrás de los grandes anuncios de inversión, la realidad cotidiana de algunas empresas empieza a mostrar fisuras que todavía no encuentran respuesta clara.

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