CONSUMO INTERNO

La crisis textil se profundiza: la producción cayó 33% y el impacto ya se ve en locales vacíos

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La industria textil argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos: en febrero, la producción se desplomó un 33% interanual y acumula una caída del 36% frente a 2023, mientras el deterioro ya se traslada al tejido urbano con un fuerte aumento de locales vacíos en los principales corredores comerciales. El dato, difundido por la Fundación ProTejer, no solo refleja una crisis sectorial sino que expone una tensión de fondo en la política económica: ¿hasta dónde puede sostener el Gobierno la apertura importadora y el ajuste del consumo sin erosionar el entramado productivo?

El fenómeno deja de ser estadístico y se vuelve visible. Con más de dos años de caída de la actividad, la industria no logra encontrar un piso y comienza a impactar en empleo, empresas y comercio minorista.

Capacidad ociosa, importaciones y caída del consumo

El retroceso se inscribe en un escenario de múltiples presiones. Por un lado, el consumo interno se retrae: los hogares reasignan ingresos hacia servicios básicos y recortan gastos en indumentaria. Por otro, el frente externo gana peso. Las importaciones de ropa crecieron 185% en cantidades durante 2025 y se mantienen elevadas en 2026, impulsadas por el modelo de fast fashion, que introduce productos a bajo costo.

A ese esquema se suma la apreciación del tipo de cambio y el aumento de compras en el exterior. Las adquisiciones vía courier, por ejemplo, saltaron 274% el año pasado, consolidando un canal alternativo que compite directamente con la producción local.

El resultado es una estructura productiva con niveles de utilización mínimos: entre 2024 y 2025, 6 de cada 10 máquinas textiles permanecieron paradas, proporción que en los últimos meses llegó a 7 sobre 10. La industria no solo produce menos, sino que directamente deja de operar parte de su capacidad instalada.

El impacto también se mide en términos estructurales. Entre fines de 2023 y diciembre de 2025 se destruyeron más de 20.700 puestos de trabajo registrados y cerraron más de 650 empresas, lo que implica una caída del 17% en el empleo y del 11% en los establecimientos productivos.

De la fábrica al mostrador: el ajuste se traslada a la calle

La contracción ya se traduce en una postal concreta: persianas bajas en zonas históricas de venta de indumentaria. Según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, en el primer bimestre de 2026 se contabilizaron 284 locales vacíos, en alquiler o en venta en la Ciudad de Buenos Aires, con un aumento del 38,5% interanual y del 43,4% frente al bimestre previo.

El dato más revelador es la dinámica de oferta: los locales en alquiler crecieron 158,8% interanual, señal de negocios que no logran sostenerse.

El fenómeno se concentra en corredores emblemáticos. Sobre la avenida Cabildo, los locales vacíos aumentaron 177,8% en el primer bimestre respecto al mismo período de 2025. En la avenida Avellaneda, uno de los polos textiles más importantes del país, el incremento fue del 160%, en un contexto de menor circulación y caída de ventas.

Otras arterias comerciales también muestran deterioro, aunque con menor intensidad: Corrientes registra 68 locales vacíos, Rivadavia 63 y Santa Fe 58. La tendencia es transversal y evidencia un cambio en la dinámica comercial: menos consumo, mayores costos y márgenes cada vez más ajustados.

Apertura, consumo y presión sobre la industria

El cuadro plantea un reordenamiento de intereses. La apertura importadora y el acceso a bienes más baratos benefician al consumidor en el corto plazo, pero presionan sobre la industria local, que pierde competitividad y escala.

Al mismo tiempo, la caída del consumo limita cualquier posibilidad de recomposición interna. Sin demanda, el sector no logra absorber el impacto externo ni sostener su estructura productiva. El resultado es un círculo donde producción, empleo y ventas se retroalimentan en descenso.

En términos de política económica, la tensión es evidente: sostener precios bajos vía importaciones o preservar el entramado industrial. Por ahora, los datos muestran que el ajuste recae con mayor fuerza sobre la producción local.

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Ganadería: el mercado busca precios de equilibrio tras la suba y expone límites del consumo y la exportación

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El mercado ganadero argentino entró en una fase de ajuste silencioso pero significativo. Tras alcanzar máximos históricos entre fines de 2025 y febrero de 2026, los precios de la hacienda comenzaron a retroceder en marzo y abril, en un contexto donde ni el consumo interno ni la exportación logran convalidar nuevos aumentos. El dato no es menor: el reacomodamiento ocurre en plena discusión sobre costos, tipo de cambio y rentabilidad sectorial. ¿Se trata de una corrección transitoria o de un nuevo piso de precios condicionado por la macroeconomía?

Un cambio de tendencia tras el pico de precios

En las últimas semanas, el mercado ganadero comenzó a mostrar cierta cautela a la hora de convalidar valores, tanto en la hacienda gorda como en la reposición, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

A pesar de un contexto de oferta limitada y precios internacionales favorables, el mercado local parece estar en una fase de búsqueda de equilibrio, luego de la fuerte suba registrada dos meses atrás.

Si se observan los valores de la hacienda gorda en el MAG desde la segunda mitad del año pasado hasta la actualidad, el cambio de tendencia es evidente. En términos constantes, entre octubre de 2025 y febrero de este año —cuando se alcanzaron máximos históricos— los novillos subieron un 28%, mientras que novillitos y vaquillonas lo hicieron un 32% y 33%, respectivamente.

Desde ese pico, en marzo y durante los primeros veinte días de abril, los precios comenzaron a corregir: los novillos retrocedieron un 9% y novillitos y vaquillonas un 6%.

Históricamente, marzo y abril suelen concentrar las mayores subas de precio de la hacienda gorda, dada la mayor fluidez de demanda que se traslada desde los mostradores. Sin embargo, en esta campaña el ajuste se anticipó a febrero y en una magnitud que el consumo no logra absorber completamente.

En el primer trimestre, el precio del gordo acumuló una suba nominal del 11%, frente a una inflación mayorista del 6,2%. Con niveles de consumo menores, el margen para nuevas subas en el precio de la hacienda resulta extremadamente acotado, al menos en el corto plazo.

Exportación condicionada y tipo de cambio en tensión

Del lado de la exportación, que suele actuar como sostén en escenarios de debilidad del consumo interno, tampoco se observan condiciones para convalidar mayores valores. Si bien los precios internacionales se mantienen firmes, la ecuación del exportador se deteriora por el aumento del costo de la hacienda y un tipo de cambio que, lejos de acompañar, se ha apreciado en los últimos meses.

En el primer trimestre, el novillo pesado en el MAG subió 9%, la inflación en pesos fue del 9,4% y el tipo de cambio oficial —al que liquida el exportador— retrocedió más de 5%, afectando aún más la rentabilidad del sector.

En la reposición también se observa mayor cautela. A pesar de la escasa oferta, los valores se ubican por debajo de los máximos recientes.

El Índice Ternero ROSGAN, tras acumular una suba nominal del 19% en los primeros tres meses del año, registró en abril su primera caída mensual, con un retroceso del 6%, ubicándose en $6.410 frente a los $6.809 de marzo.

Aun así, los valores continúan en niveles elevados: en términos reales, los precios actuales se ubican un 76% por encima del promedio de la serie iniciada en 2010.

Reposición, retención y señales productivas

La cantidad de terneros y terneras disponibles por stock es de 14,4 millones de cabezas, unas 200 mil menos que en el ciclo previo. A su vez, según datos de SENASA, en el primer trimestre salieron de los campos de cría cerca de 2 millones de terneros/as, unas 400 mil cabezas menos que en igual período del año anterior, lo que refleja una mayor retención.

Paralelamente, en términos de ingresos -a valores de hoy- el criador obtiene un 42% más por cada jaula de terneros vendida que hace un año. Esto implica que, con un 30% menos de hacienda vendida, puede alcanzar ingresos similares a los del año pasado, sin considerar además el mayor peso potencial de la invernada retenida.

En este contexto, a pesar de la limitada oferta, una adecuada gestión productiva permitiría al criador generar un excedente de fondos que podría destinarse a una mayor retención de hacienda, tanto en machos para recría y engorde como en hembras orientadas a la reposición de vientres.

A modo de referencia, al analizar las estadísticas que surgen de los remates habituales de ROSGAN, se observa que, mientras la oferta total de terneros y terneras cayó un 17% en lo que va del año, la de novillitos y vaquillonas aumentó 10% interanual.

En estas categorías mayores, se observa además una contracción cercana al 30% en la oferta de vaquillonas, lo que redujo su participación frente a los machos del 37% del año pasado al 26% actual.

En efecto, durante el último remate de ROSGAN la categoría vaquillonas de invernada incluso no registró oferta, una situación que comienza a repetirse con mayor frecuencia en las distintas subastas ganaderas y que constituye una señal clara de la visión que subyace a la actual decisión de venta del productor.

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El PAyS propone un alivio fiscal directo para pequeños contribuyentes y jubilados

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El bloque del Partido Agrario y Social presentó un proyecto de ley que reduce de forma concreta la carga tributaria sobre monotributistas y sectores vulnerables en la provincia. La iniciativa fue impulsada por los diputados Castro, Bárbaro y Goring.

El eje es claro. Menos impuestos y más liquidez en el bolsillo de quienes sostienen la economía diaria.

El proyecto establece la exención total del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías A, B y C. También elimina las retenciones y percepciones sobre acreditaciones bancarias y billeteras virtuales. En la práctica, esto significa que el dinero deja de quedar retenido y pasa a estar disponible para trabajar, comprar insumos y sostener la actividad.

Un ejemplo concreto. Un pequeño comerciante que hoy sufre descuentos automáticos en su cuenta bancaria podrá disponer de ese capital en el momento. Mejora su capacidad de reposición y reduce su necesidad de financiamiento.

La propuesta incluye a jubilados y pensionados. Se elimina la retención sobre cuentas donde perciben haberes. Se protege un ingreso que tiene carácter alimentario y que hoy pierde valor frente a la inflación.

El acceso será simple. Un sistema digital con validación automática evitará trámites y demoras. Menos burocracia. Respuesta inmediata.

El proyecto también fija un plazo claro. El alivio fiscal tendrá una duración de dos años. Este punto introduce previsibilidad y permite medir resultados reales en la economía local.

Datos que explican la medida:

  • Alta proporción de trabajadores independientes en Misiones
  • Caída del poder adquisitivo en los últimos años
  • Retenciones que generan saldos a favor y frenan la actividad
  • Impacto directo en consumo y empleo local

Desde el bloque señalan que el objetivo es sostener la actividad económica y evitar el cierre de pequeños emprendimientos. También apuntan a fortalecer la formalidad y dinamizar el mercado interno.

El proyecto abre una discusión concreta. Cómo aliviar la carga fiscal sin frenar la recaudación en el mediano plazo. La apuesta es que más actividad genere más movimiento económico y compense la baja inicial de ingresos tributarios.

La iniciativa ya genera interés en distintos sectores. Comerciantes, profesionales independientes y jubilados aparecen como los principales beneficiados.

El debate queda abierto. Qué modelo fiscal necesita hoy Misiones para sostener su economía real.

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Diputados debaten la crisis PyME: “Si no tenemos consumo no podemos transformar nada”, advirtió Gerardo Díaz Beltrán

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En un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, representantes de pequeñas y medianas empresas encendieron una señal de alerta sobre el estado real de la economía: caída sostenida del consumo, pérdida de capital de trabajo y presión impositiva creciente, especialmente a nivel provincial y municipal.

El reclamo, canalizado por la CAME, incluyó la exigencia de un “nuevo consenso fiscal” y la posibilidad de declarar la emergencia PyME. La pregunta que atraviesa el debate es política: ¿el Congreso tomará un rol activo frente a la crisis microeconómica o quedará subordinado al enfoque macro del Gobierno?

Consumo en retroceso y presión tributaria: el diagnóstico del sector

Durante la reunión conjunta de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Comercio, dirigentes empresariales describieron un escenario crítico. La caída del consumo aparece como el principal factor de estrangulamiento.

El 95% de las PyMEs viven del consumo interno. Podemos tener las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar nada”, advirtió Gerardo Díaz Beltrán, representante de la Confederación Económica de Misiones. La definición no es menor: desplaza el eje del debate desde la normativa hacia la demanda, en un contexto donde la recuperación macroeconómica no logra traccionar ventas.

Desde la conducción de la CAME, también se puso el foco en el peso del sistema tributario. Vicente Lourenzo, de la comisión de Asuntos Tributarios, planteó la necesidad de una “reforma fiscal, tributaria y previsional” y apuntó directamente contra Ingresos Brutos, al que calificó como “muy regresivo y perjudicial para la actividad económica”.

El problema, según explicaron, no es solo la carga impositiva, sino el mecanismo de recaudación. Las retenciones y percepciones anticipadas —a través de tarjetas o plataformas— impactan directamente sobre el capital de trabajo. “Nos sacan antes de que se devengue el impuesto”, sintetizó Lourenzo.

Gerardo Díaz Beltrán, de la Confederación Económica de Misiones

Tensiones federales: provincias, municipios y “aduanas internas”

El debate dejó expuesta una tensión estructural del esquema fiscal argentino: la relación entre Nación, provincias y municipios.

Desde el sector empresario denunciaron que varias jurisdicciones están profundizando mecanismos que afectan la circulación de mercadería. “Hay provincias que están generando aduanas internas”, señalaron, en referencia a pagos anticipados de Ingresos Brutos para permitir el ingreso de productos.

En paralelo, cuestionaron el crecimiento de tasas municipales que, según indicaron, no guardan relación con servicios prestados. Este punto abre un frente político sensible: la presión fiscal subnacional aparece como un límite para cualquier intento de reactivación desde el consumo.

El Congreso como árbitro: entre la emergencia y la reforma

El plenario no solo funcionó como diagnóstico, sino también como plataforma de presión política. Los empresarios pidieron avanzar en una declaración de emergencia PyME a nivel nacional, en línea con lo que ya ocurre en Santa Cruz, donde se registran ocho meses consecutivos de caída del consumo.

Además, surgieron cuestionamientos al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Según expusieron, el esquema actual deja afuera a un segmento significativo de empresas. El pedido es concreto: ampliar su alcance y extender la estabilidad de beneficios, actualmente de 2 años, a un plazo mayor.

En el plano legislativo, se evidenció una diferencia de enfoque. Desde sectores de la oposición se planteó la necesidad de avanzar en una ley que atienda la crisis del sector, mientras que desde el oficialismo se defendió la prioridad de estabilizar la macroeconomía y controlar la inflación.

Entre la macro y la economía real

El debate expone una fractura clásica pero vigente: el desfasaje entre indicadores macroeconómicos y la realidad de las empresas. Mientras algunos legisladores destacan señales de estabilización, el entramado PyME advierte sobre cierres, pérdida de rentabilidad y caída de ventas.

El dato aportado en el plenario —24.180 empresas cerradas desde diciembre de 2023— refuerza esa tensión y eleva el costo político de la inacción.

En ese contexto, el Congreso aparece como un espacio de negociación clave. La propuesta de conformar una mesa de trabajo con CAME sugiere un intento de institucionalizar el diálogo, aunque sin garantías de resultados inmediatos.

Pablo Farías, presidente de la Comisión de PyMEs

Consumo, impuestos y gobernabilidad económica

Lo que dejó el plenario es menos una resolución que una advertencia. El reclamo PyME articula variables económicas y políticas: consumo deprimido, presión fiscal y falta de previsibilidad.

En las próximas semanas, el foco estará en dos frentes. Por un lado, si el Congreso logra avanzar en herramientas concretas —emergencia, reforma o alivio fiscal—. Por otro, cómo evoluciona la relación entre Nación y provincias en materia tributaria.

El trasfondo es más amplio: la sostenibilidad del modelo económico en su dimensión micro. Porque, como plantearon los empresarios, sin consumo no hay crecimiento que se sostenga en el tiempo. Y ese punto, más que técnico, empieza a convertirse en un problema político.

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El INDEC expone la desigualdad: el ingreso en Argentina mantiene una brecha de 13 veces

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El dato del cuarto trimestre de 2025 vuelve a poner en foco la distribución del ingreso en medio de la tensión entre ajuste, consumo y gobernabilidad

El último informe del INDEC sobre distribución del ingreso volvió a colocar un dato incómodo en el centro del escenario económico: en el cuarto trimestre de 2025, la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población alcanzó las 13 veces, mientras el coeficiente de Gini se ubicó en 0,427. No es solo una estadística. Es un indicador político. En un contexto de caída del poder adquisitivo y reconfiguración del modelo económico, la pregunta queda flotando: ¿estos números consolidan un rumbo o anticipan tensiones sociales que podrían condicionar la agenda del Gobierno?

Un termómetro social en un contexto de ajuste

El informe se inscribe en la medición que realiza la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que releva ingresos en los principales aglomerados urbanos del país. Allí se observa que el ingreso promedio per cápita familiar fue de $635.996, mientras que entre quienes efectivamente percibieron ingresos el promedio ascendió a $1.011.863.

Más allá del número nominal, el dato clave es la distribución. El coeficiente de Gini —que mide la desigualdad en una escala de 0 a 1— en 0,427 refleja una concentración significativa de ingresos. No es un dato aislado ni neutro: sintetiza el impacto acumulado de variables como inflación, salarios y actividad económica.

En términos institucionales, estos indicadores funcionan como un insumo central para la toma de decisiones de política pública. No solo orientan programas sociales, sino que también inciden en debates legislativos vinculados a impuestos, transferencias y regulación del mercado laboral.

La economía real detrás del dato

Traducido a la vida cotidiana, la brecha de 13 veces implica que los sectores de mayores ingresos concentran una capacidad de consumo y ahorro muy por encima del resto. En paralelo, el ingreso promedio de la población aparece tensionado por el contexto inflacionario y la dinámica de costos.

El informe no introduce nuevas medidas ni decisiones de Gobierno, pero sí actúa como una radiografía que condiciona el margen de acción. En un escenario donde el consumo interno muestra señales de debilidad, la distribución del ingreso se vuelve un factor clave para sostener la actividad económica.

Además, la medición refuerza una tendencia estructural: la dificultad para reducir la desigualdad en períodos de ajuste o reordenamiento macroeconómico. Esa tensión —entre estabilización y equidad— no es nueva, pero adquiere mayor visibilidad cuando los indicadores oficiales la confirman.

Ingresos, desigualdad y pobreza

Los datos del INDEC no operan en el vacío. Funcionan como insumo para distintos actores: sindicatos, sectores empresariales y espacios políticos que construyen sus argumentos sobre la base de estas cifras.

Una brecha de ingresos elevada fortalece los reclamos vinculados a recomposición salarial y políticas redistributivas. Al mismo tiempo, condiciona al Gobierno en su estrategia de consolidación económica, especialmente si el consumo continúa debilitándose.

En términos de correlación de fuerzas, el informe puede alimentar discusiones dentro del Congreso sobre medidas fiscales o sociales. También impacta en la relación entre el Ejecutivo y los sectores productivos, que dependen del mercado interno para sostener su actividad.

Un indicador que marca el pulso, pero no define el rumbo

El dato del cuarto trimestre de 2025 no implica por sí mismo un giro en la política económica. Pero sí delimita el terreno sobre el que se toman decisiones. La desigualdad medida por el Gini y la brecha de ingresos funcionan como señales de alerta que ningún actor puede ignorar.

En las próximas semanas, la evolución de estos indicadores dependerá de variables que todavía están en movimiento: salarios, inflación y nivel de actividad. La pregunta no es solo si la brecha se ampliará o se reducirá, sino qué capacidad tendrá el sistema político para procesar ese resultado sin que derive en nuevas tensiones.

ingresos4trim25 INDEC by CristianMilciades

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