La Asociación de Semilleros avaló la norma dictada por Agricultura y el INASE
La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) celebró la oficialización del nuevo protocolo destinado a realizar controles de identidad varietal en granos, una medida orientada a proteger la propiedad intelectual de las semillas en el ámbito agroindustrial local. No obstante, la entidad que nuclea a las principales compañías de mejoramiento genético vegetal aclaró que la disposición funciona como un paso inicial para brindar previsibilidad y reactivar inversiones, pero no constituye una solución definitiva al problema de fondo.
El director ejecutivo de la ASA, Alfredo Paseyro, precisó que la resolución firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el titular del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari, no altera las prácticas operativas actuales de los productores, ya que le otorga un marco institucional formal a un esquema de validación que el sector privado ya implementa desde hace una década mediante contratos individuales.
La problemática de la falta de resguardo a la innovación afecta principalmente a las especies autógamas, como la soja y el trigo, cuyas semillas pueden ser reproducidas por el propio agricultor para campañas consecutivas sin necesidad de realizar nuevas compras. Esta situación provocó un marcado desincentivo a la inversión local en comparación con los mercados regionales: el año pasado, Brasil registró 330 variedades de soja frente a solo 23 variedades presentadas en la Argentina.
Mecanismo de control y brecha tecnológica
La nueva normativa, impulsada activamente por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, establece que las muestras de granos se tomarán en el primer punto de entrega dentro de los establecimientos registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Los análisis de identidad varietal se realizarán a través de metodologías homologadas por el INASE —incluyendo escáneres e inteligencia artificial— en cámaras arbitrales o entidades privadas autorizadas.
Si el sistema detecta inconsistencias respecto de las variedades registradas, la norma prevé una instancia de negociación directa entre el titular de la genética y el productor, reservando la intervención del INASE únicamente para los casos donde no se alcance un acuerdo privado. El Poder Ejecutivo estima que este ordenamiento permitirá reducir la brecha tecnológica y proyecta un incremento potencial de las exportaciones agrícolas de al menos 4.000 millones de dólares anuales.
”Una hectárea de algodón en el Chaco rinde unos 600 kilogramos de fibra, mientras que en Brasil los rindes superan los 1.800 kilogramos”, argumentaron las autoridades nacionales al graficar el impacto del retraso genético por la falta de protección de derechos.
A pesar del avance administrativo, desde el sector semillero remarcaron que la medida no reemplaza la necesidad de reformar de manera integral la Ley de Semillas. El debate de fondo apunta a la adhesión a los estándares internacionales de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), asumida en un entendimiento comercial con los Estados Unidos. Esta normativa restringe el uso propio no retribuido de las variedades, un punto que genera un fuerte rechazo por parte de las entidades de la Mesa de Enlace y federaciones rurales ante el temor de un encarecimiento en los costos de producción.
