coparticipacion

Misiones inició el año con una caída del 6,7% de transferencias automáticas nacionales

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En el mes de enero de 2026 las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias y CABA totalizaron $ 5,85 billones presentando un descenso en términos reales1 del 6,7% respecto a igual mes del 2025; a su vez, contra el mes previo también mostraron un retroceso (-0,7% real mensual). En ese marco, los envíos a Misiones totalizaron $ 185.734 millones con una variación también negativa del 6,7% interanual, al tiempo que contra el mes anterior disminuyeron en 7,1% real, indicó un reporte de la consultora Politikon Chaco en base a datos de la DNAP y INDEC.

Analizando el desempeño de los componentes de estas transferencias para Misiones, la Coparticipación Federal para la provincia totalizó $ 171.665 millones, sufriendo una considerable baja contra igual mes del año anterior que llegó a -8,0%, resultado explicado principalmente por una fuerte baja en la recaudación del IVA, entre otros. Por su parte, los fondos por Leyes y Regímenes Especiales mostraron un desempeño positivo: en Misiones totalizaron $ 6.487 millones y se expandieron 13,1% contra igual mes del año pasado en términos reales, apoyado casi en su totalidad por el buen desempeño del monotributo; a su vez, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal también tuvieron un buen resultado, creciendo 13,0% real interanual, aunque ninguno de estos dos últimos casos logró compensar la baja de la coparticipación y ello arrastró el resultado general provincial a la baja.

Con este resultado, se trata del tercer peor enero para Misiones en estas transferencias desde al menos 2017: tomando ese período, los envíos del mes en análisis solo superaron a los del mismo mes de 2024 (+5,0%) y 2020 (-2,4%), pero quedaron por debajo del resto de los años.

En el plano nacional, las 24 jurisdicciones subnacionales exhibieron caídas en el primer mes del 2026, siendo Salta y Buenos Aires las que registraron las bajas más leves; y CABA y Tucumán, en cambio, mostraron los descensos más profundos.

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Gobernadores negocian apoyo a la reforma laboral mientras alertan por una pérdida de $1,2 billones

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En medio de las negociaciones con la Casa Rosada, un grupo de gobernadores se reunió en Buenos Aires para coordinar una posición frente a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y, en paralelo, reclamar compensaciones por la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, una medida que, según estimaciones oficiales, recortará recursos provinciales por $1,2 billones. El encuentro dejó señales de diálogo político, pero también de tensiones fiscales que condicionan el debate en el Congreso.

Reforma laboral y un frente provincial en construcción

Los gobernadores denominados “dialoguistas” mantuvieron este jueves una reunión en la Casa de Salta, en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de definir una postura común sobre la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei y que el oficialismo busca tratar durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Del encuentro participaron Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén). La convocatoria se dio en un contexto de negociación abierta con el Gobierno nacional, en el que las provincias intentan hacer valer sus reclamos frente a cambios estructurales que impactan tanto en el mercado laboral como en las finanzas subnacionales.

Uno de los ejes centrales del debate fue la reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las empresas, una decisión incluida en el paquete económico del Ejecutivo que genera fuertes reparos entre los mandatarios provinciales. La rebaja prevista, del 35% al 31,5% para sociedades, implica una pérdida estimada de $1,2 billones para las provincias, dado el esquema de coparticipación vigente.

Ganancias, coparticipación y el reclamo por compensaciones

La discusión fiscal aparece como el principal punto de fricción entre los gobernadores y la Casa Rosada. Según fuentes al tanto de las negociaciones, el oficialismo analiza variantes para compensar a las provincias por la merma de recursos que implicará la rebaja de Ganancias, aunque aún no hay definiciones concretas.

Para los mandatarios provinciales, el impacto no es menor: la reducción de ingresos compromete la capacidad de financiamiento de gastos corrientes, salarios y obras públicas, en un contexto de ajuste generalizado y caída de transferencias discrecionales. En ese marco, los gobernadores buscan condicionar su apoyo a la reforma laboral a la existencia de un esquema de compensación fiscal que atenúe el efecto sobre las arcas provinciales.

Desde el Gobierno nacional, el ministro del Interior, Diego Santilli, calificó el encuentro como “positivo” y dejó abierta la puerta a una resolución política en las próximas horas. “La reunión fue positiva”, sostuvo, y agregó que el Ejecutivo está al tanto de las preocupaciones planteadas por los mandatarios.

Consultado sobre la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza (LLA), Santilli se mostró “optimista” y consideró que “seguramente se apruebe”, lo que sugiere que el oficialismo confía en alcanzar los consensos necesarios para avanzar con el proyecto en el Congreso.

Emergencia Ígnea, incendios y agenda paralela con las provincias

Además del debate laboral y fiscal, la reunión se dio en un contexto marcado por la situación ambiental en el sur del país. Santilli confirmó que en las próximas horas, junto con el Gabinete y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, se resolverá el posible tratamiento de la Ley de Emergencia Ígnea, solicitada por los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

El ministro destacó, además, el rol de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien dijo haber acompañado “personalmente” en el envío de brigadistas y equipamiento de helicópteros hidrantes, y remarcó que el Gobierno nacional “está presente” no solo en los incendios de la Patagonia, sino también en la provincia de Corrientes.

La mención a la emergencia ígnea refleja cómo la agenda provincial combina reclamos estructurales de largo plazo —como la coparticipación y la reforma laboral— con urgencias coyunturales vinculadas a desastres naturales y asistencia federal.

Apoyos condicionados y señales políticas

Desde las provincias, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se mostró conforme con el encuentro y valoró el “espíritu” de la reforma laboral. “Tenemos que modernizar una ley que es viejísima y aggiornarla a estos tiempos”, subrayó, marcando una postura de acompañamiento general, aunque condicionada por las discusiones fiscales en curso.

El escenario que se abre combina diálogo político, negociación fiscal y definiciones legislativas clave. Mientras el Gobierno nacional busca avanzar con su agenda de reformas estructurales, los gobernadores intentan preservar recursos y margen de maniobra financiera. La resolución de este equilibrio será determinante para el tratamiento de la reforma laboral y para el vínculo entre la Casa Rosada y las provincias en los próximos meses.

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Presupuesto: LLA consiguió dictamen en Diputados

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El proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional 2026, enviado por el presidente Javier Milei, obtuvo este martes dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, habilitando su tratamiento en el recinto. El avance del oficialismo estuvo marcado por la incorporación de la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario, una decisión que reavivó tensiones políticas e institucionales y motivó disidencias parciales, incluso entre aliados.

La reunión fue presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, y culminó con un despacho que reunió 28 firmas, seis de ellas en disidencia, provenientes de La Libertad Avanza (LLA), PRO, UCR, MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo. En contraposición, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 18 firmas, mientras que el interbloque Unidos impulsó un tercer despacho con tres rúbricas.

El artículo 75 y la derogación de leyes sensibles

El punto más controvertido del dictamen de mayoría quedó plasmado en el artículo 75, que dispone la derogación de las leyes 27.793 y 27.795, correspondientes a la emergencia en Discapacidad y al financiamiento universitario, normas que habían sido impulsadas por la oposición y sancionadas tras vetos presidenciales.

Si bien el Poder Ejecutivo había mantenido estas leyes sin aplicación efectiva, su derogación explícita en el texto presupuestario introdujo un fuerte componente político al debate. Desde el oficialismo se sostuvo que la medida busca ordenar el esquema normativo y fiscal, mientras que sectores opositores y aliados críticos advirtieron sobre el impacto institucional y social de eliminar marcos de emergencia vinculados a derechos básicos.

En este contexto, se destacó la disidencia parcial del bloque misionero, integrada por Alberto Arrúa, Oscar Herrera Ahuad, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz, quienes acompañaron el objetivo general del Presupuesto pero rechazaron expresamente el artículo 75. En su fundamentación, señalaron que “derogar las leyes 27.793 y 27.795 es un error” y reclamaron mantener la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Desde nuestro espacio político siempre defendemos y resguardamos a nuestros discapacitados y a la educación pública”, afirmaron, al tiempo que solicitaron la eliminación del artículo 75 del dictamen de mayoría.

Proyecciones macroeconómicas y diferencias con el FMI

El Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo proyecta un escenario de fuerte recuperación macroeconómica. Según el texto, la economía crecería 5% del PBI, con una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar en diciembre de 2026. En el frente externo, se prevé un incremento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones.

En materia fiscal, el Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2% del PBI, una vez computados los intereses de la deuda. Estas proyecciones, sin embargo, difieren de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que para 2026 anticipa un crecimiento del 4% y una inflación anual del 16,4% para la Argentina.

La brecha entre ambas miradas vuelve a poner en el centro del debate la consistencia de las proyecciones oficiales y su impacto sobre la credibilidad del programa económico, especialmente en un año clave para la consolidación fiscal y la relación con los organismos internacionales.

Energía, combustibles y tensiones federales

El dictamen de mayoría también incorpora medidas relevantes en materia energética. Entre ellas, un artículo que exime del pago de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diesel oil, así como a su comercialización en el mercado interno durante 2026. El objetivo declarado es compensar picos de demanda no cubiertos por la producción local, especialmente para garantizar el abastecimiento del sistema de generación eléctrica.

Además, el texto prorroga hasta 2045 la exención de tributos para la energía renovable, reforzando un esquema de incentivos de largo plazo para el sector, y mantiene la derogación de las metas de financiamiento mínimo para educación, ciencia y defensa.

Otro cambio significativo aparece en el artículo referido a la compensación a las distribuidoras, donde se reemplaza la obligación del Estado de “determinar” diferencias de ingresos por la posibilidad de que “podrá determinar” dichas diferencias, una redacción que flexibiliza la responsabilidad estatal.

En paralelo, una de las disidencias del PRO incorporó un reclamo específico por la deuda de la Nación con la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, exige el pago de $274.000 millones y la inclusión en el Presupuesto 2026 de una cláusula que garantice la transferencia semanal del 1,55% de la masa coparticipable, conforme a un fallo favorable de la Corte Suprema.

Un debate abierto en el recinto

Con el dictamen de mayoría firmado, el proyecto quedó habilitado para su tratamiento en el recinto, donde se anticipa un debate intenso. La derogación de las emergencias en Discapacidad y Universidad, las proyecciones macroeconómicas, el esquema energético y las tensiones federales configuran un escenario de alta sensibilidad política.

El Presupuesto 2026 se presenta así como algo más que una ley de gastos y recursos: se convierte en una pieza central del programa económico e institucional del Gobierno, con impactos directos sobre derechos sociales, la estructura productiva y la relación entre Nación y provincias.

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Nueva fase en la relación Nación-Provincias: ¿cambio estructural o regreso al toma y daca?

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El cambio de nombres en el ministerio de Interior y en la Jefatura de Gabinete, producido hace solo unas semanas, produjo que se abran fuertes interrogantes respecto a cómo se va a encarar la relación Nación–Provincias para el segundo tramo del gobierno de Milei. 

El primer tramo, sin dudas, fue para el olvido para los subnacionales: cedieron mucho más de lo que pudieron haber obtenido a cambio y la Nación centralizó de manera muy fuerte no solo la discusión pública, sino la administración de recursos públicos. Prueba de esto es el hecho de que 2024 y 2025, hasta el momento, son los dos años de menores transferencias presupuestarias a provincias de los últimos, por lo menos, 20 años

En este marco. ¿podemos esperar que la relación cambie? Si bien no sería demasiado contundente el viraje del Gobierno, hay señales de que algunos cambios están en la mira. El Gobierno nacional, de manera bastante silenciosa por el momento, viene desarrollando en estas últimas semanas una negociación política intensa con las provincias, en un contexto en el que los gobernadores buscan certezas para cerrar el año y proyectar el inicio de 2026 pero, al mismo tiempo, en uno donde el Gobierno nacional necesita garantizar los votos en el Congreso para el presupuesto y para la reforma laboral, de mínima. 

¿Qué hay en estas conversaciones? El ministerio del Interior está evaluando la posibilidad concreta de liberar fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para el tramo final del año y para inicios del 2026, de modo tal de darle liquidez a las provincias en épocas muy sensibles y que los propios gobernadores manifiestan ser indispensable para atender los compromisos de fin de año, equilibrar las cuentas provinciales y sostener gastos operativos que comenzaron a tener ciertos retrasos. 

Al respecto de los ATN, cabe recordar dos cosas: primero, que hay una ley de reparto automático, que fue vetada por Milei y en la que el Senado insistió, pero Diputados aún no hizo lo propio, por ende, sigue sin estar vigente. 

En segundo lugar, en noviembre, por primera vez en el año, no se repartieron ATN. Si bien el año ya mostraba un nivel bajo de ejecución, la no distribución de noviembre vino a empeorar la situación pero, en ese mismo marco, es donde está el centro de la discusión.

Hay un antecedente de esto, aunque con motivos de fondo distintos: en diciembre de 2023, ya con el resultado electoral presidencial resuelto, una de las últimas medidas del entonces ministro de Economía, Sergio Massa fue repartir parte del excedente de ATN que no se había distribuido en el año para garantizar pagos de aguinaldos y salarios a provincias en un contexto de creciente deterioro de las finanzas provinciales y una inflación galopante

. En ese año, hasta noviembre, se habían repartido solo $50.661 millones sobre un total de $201.158 millones que tenía el Fondo ATN: es decir, el 25%. Pero en diciembre de ese año, se repartieron unos $128.870 millones, es decir, casi el triple de lo que se distribuyó en los once meses anteriores, juntos. Con esa ejecución extra, el Fondo ATN cerró con un nivel de distribución del 78%, el más alto de la última década (con excepción del 2020 por la pandemia). 

Este 2025 apuntaría, según parece, a algo parecido, aunque quizás no tan concentrado en diciembre sino apuntando a un reparto de un volumen fuerte pero con mayor distribución en los meses que vienen. Pero dado que el argumento es distinto (antes, como fin de ciclo; ahora, por necesidad de fortalecer acuerdos) la distribución no sería del todo pareja entre los distritos. 

En resumen y de manera clara: puede ser que se abra la canilla de ATN, pero no todas las provincias están conectadas a esa red de agua. 

A priori, Buenos Aires, Formosa, La Pampa y La Rioja son los números puestos para seguir sin recibir asistencia nacional, pero otras pueden resultar muy beneficiosas. 

¿De qué montos estamos hablando? Para ello hay que ver el grado de ejecución del Fondo ATN en lo que va del año. Entre enero y noviembre, el Fondo ATN recaudó unos $860.115 millones pero se distribuyeron solo $131.500 millones, es decir, el 15%. Esto deja un saldo remanente sin distribución de unos $728.615 millones, sin actualizar por inflación, fondos que estarían, según funcionarios del ministerio del Interior, en una cuenta especial en el BNA. 

Para que el 2025 cierre con un nivel de distribución del 35% del Fondo ATN (que sería igualmente un nivel bajo) se requiere que solo en diciembre se repartan $200 mil millones de esos recursos, algo que a simple vista parece ser imposible: no por imposibilidad económica, sino política. 

Si se ve más factible que acelere la distribución en comparación con los meses anteriores a unos $ 30/$35 mil millones por mes durante diciembre y el primer trimestre 2025. 

Hasta el momento, Neuquén fue la más beneficiada del reparto de ATN en lo que va del 2025 con $18 mil millones, seguida por Tucumán ($15.000 millones) y Salta ($13.000 millones). Misiones, por su parte, se hizo de $ 7.000 millones ubicándose de mitad de tabla para abajo

Solo a modo de ejercicio de simulación: ¿Qué pasaría si el Gobierno decidiese tomar todo el saldo remanente de ATN a noviembre y distribuirlo en su totalidad acorde a los coeficientes de distribución de coparticipación? En diciembre, Misiones podría captar unos $23.344 millones, sin dudas un volumen de dinero muy importante para, por lo menos, cerrar el año con una tranquilidad que, vaya la paradoja, no tiene precio. 

Lo mismo para todas las provincias: más allá de que algunas están más holgadas y otras más ahogadas, la recepción de fondos será clave para administrar las tensiones propias de fin de año. Pero también se aplica ello a los primeros meses del 2026: dado que la recaudación nacional sigue a la baja (en noviembre cayó por cuarto mes consecutivo) cada peso más que ingrese se festeja como un gol. 

Cerrado el tema ATN, ¿qué otras cosas están hoy en la agenda de posible negociación del gobierno nacional con provincias? Hay dos que se destacan: en primer lugar, el Ejecutivo nacional estaría trabajando en un esquema que permitiría otorgar cupos específicos para que las provincias accedan a financiamiento de organismos internacionales. Este punto es particularmente relevante porque, durante todo el año, los gobernadores insistieron en la necesidad de recuperar instrumentos de crédito que estaban prácticamente paralizados. La reapertura de líneas con bancos multilaterales no solo destrabaría programas de inversión ya aprobados sino que también permitiría financiar obras nuevas en infraestructura, agua, energía, conectividad o desarrollo productivo. El acceso al crédito externo bajo estas modalidades opera con tasas relativamente bajas y plazos largos, lo que le da aire financiero a los gobiernos subnacionales y sería un buen instrumento para movilizar la actividad económica local. 

En segundo lugar, y altamente relevante: las cajas previsionales no transferidas. Este es un tema que desde hace años genera discusiones respecto al financiamiento y la actualización de los flujos que la Nación gira para cubrir los déficits provinciales, con el agravante de que en estos dos últimos años, prácticamente desaparecieron. 

Para ser más precisos, desaparecieron en 2024 y asomaron levemente la cabeza en 2025 para algunos pocos elegidos: Córdoba y Entre Ríos, mediante firmas de acuerdos específicos, comenzaron a recibir estos fondos “a cuenta” de ejercicios aun en auditorías. 

Córdoba recibe $5.000 millones por mes y Entre Ríos $6.000 millones por mes (en ambos casos, son convenios de doce meses). Chaco también firmó uno similar por $3.300 millones al mes por un año, cuyos pagos iniciaban en noviembre pasado, pero a la provincia no le llegaron esos fondos (posiblemente se paguen dos cuotas juntas en diciembre). Sin embargo, hay otras nueve provincias que siguen esperando señales para recibir estos fondos, entre ellas, Misiones. 

En este terreno, el Gobierno analiza aumentar los envíos durante los próximos meses con el objetivo de recomponer la sostenibilidad financiera de esos sistemas y, al mismo tiempo (y principalmente) ordenar la relación con los distritos. Las cajas provinciales representan una porción significativa de los presupuestos locales y su déficit suele presionar sobre otras áreas sensibles, por lo que una mayor previsibilidad por parte del Gobierno nacional sería recibida como un alivio importante para las administraciones provinciales. Ahora bien, dentro de esta misma discusión aparece una posibilidad de mayor alcance: que algunas provincias avancen en la transferencia de sus cajas previsionales a la órbita nacional. 

No todas pueden hacerlo (por ejemplo, Chaco tiene blindaje constitucional) pero hay algunas que no tendrían impedimentos de tipo legal, aunque sí quizás un costo político fuerte. Por lo general, los sistemas previsionales provinciales son mejores al nacional, y el trascendido de que la Nación podría absorber algunas cajas ya provocó rechazos (caso Córdoba). Lo que se dice en los pasillos de Interior es que el Gobierno nacional no descarta abrir una vía institucional para que quienes lo soliciten puedan integrar sus sistemas al de la Nación, replicando el esquema aplicado en la década del noventa. 

Para algunas jurisdicciones, la transferencia significaría liberarse del peso estructural del déficit previsional y consolidar un horizonte de estabilidad fiscal. Para la Nación implicaría asumir nuevas obligaciones, aunque con la ventaja de unificar criterios, mejorar controles y evitar litigios permanentes por compensaciones insuficientes. Se trata, en cualquier caso, de una decisión política de alto impacto que requeriría consenso, acuerdos técnicos y un análisis profundo de la situación actual en cada provincia.

¿Estamos en una antesala de un nuevo Pacto Fiscal pero con alcances más grandes? O, quizás, estamos ante la posibilidad solamente de vincular intereses vía intercambio de favores: recursos para los distritos a cambio de apoyo político en el Congreso. En cualquiera de los dos casos, aunque con características distintas, todo indica que nos acercamos a un nuevo escenario Nación-Provincias. Dudo mucho que sea distinto a otros que ya hemos observado, pero podría ser sí distinto a lo que vimos entre 2024 y 2025.

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Passalacqua reclamó inversión federal en la Asamblea del Norte Grande y alertó por brechas estructurales

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Passalacqua reclamó equidad federal en la 22.ª Asamblea del Norte Grande y advirtió que sin infraestructura “el desarrollo será muy difícil”

El gobernador Hugo Passalacqua participó de la 22.ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande en Santiago del Estero y pidió medidas coordinadas para enfrentar las desigualdades estructurales que afectan a Misiones. El mandatario advirtió que la ausencia de inversión en infraestructura, energía y conectividad limita las posibilidades de crecimiento regional. Además, el bloque respaldó reclamos vinculados a previsión social, fondos nacionales y regalías energéticas.

Un Norte Grande con agenda común: desigualdades históricas y urgencias estructurales

En el Centro Cultural del Bicentenario, los mandatarios del Norte Grande mantuvieron la 22.ª Asamblea de Gobernadores, un espacio de coordinación política y económica para definir líneas de acción de cara a 2026. Allí, Passalacqua planteó la necesidad de encarar estrategias conjuntas que atiendan las brechas persistentes entre regiones y los condicionantes estructurales que afectan a Misiones.

El gobernador señaló que avanzar en soledad dificulta cualquier política pública: “Hacerlo en soledad es un incordio y hacerlo en conjunto me parece excelente.”

Para graficar las desigualdades, expuso datos que reflejan brechas sociales profundas: “Un misionero por haber nacido en Misiones vive tres años menos que uno que nació en Buenos Aires.”

Passalacqua retomó además el concepto de “injusticia geográfica”, al advertir que los condicionantes históricos que pesaron sobre el norte argentino aún dificultan su competitividad. La carencia de infraestructura es un factor decisivo: “Si no hay inversión ahí, nuestra posibilidad de crecimiento, desarrollo, generar trabajo, empleo, bienestar, felicidad para nuestra gente va a ser muy difícil.”

Entre las brechas que afectan directamente a la economía provincial, el gobernador reiteró dos puntos sensibles: la exclusión de Misiones de la Hidrovía, un corredor crucial para la logística del comercio exterior; la ausencia de gas natural, siendo la única provincia del país sin conexión a redes.

El mandatario también expresó la voluntad de acompañar acuerdos legislativos vinculados al Presupuesto Nacional 2026, siempre que se incorporen necesidades centrales del bloque.

Reclamos federales: fondos previsionales, regalías y reducción de alícuotas

En la segunda parte del encuentro, los gobernadores abordaron temas fiscales y energéticos clave para las provincias de la región. Destacaron que Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones —que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación— figuran en el proyecto de Presupuesto 2026 con montos simbólicos, insuficientes para cubrir las obligaciones vigentes. Además, señalaron la existencia de deudas nacionales pendientes de cancelación.

El bloque también solicitó que el Presupuesto incluya. Aportes y Remanentes del Tesoro Nacional (ATN). Fondos vinculados a combustibles, esenciales para la movilidad y el abastecimiento en distritos periféricos.

En materia tributaria, los gobernadores plantearon la necesidad de modificar la alícuota establecida en la Ley 26.546, solicitando su reducción del 1,9% al 1%, para que el 0,9% restante regrese a la masa coparticipable.

Asimismo, respaldaron el reclamo de Corrientes y Misiones por las regalías de Yacyretá, un punto que periódicamente genera tensiones con el Gobierno nacional.

Inserción internacional, coparticipación y continuidad institucional

El bloque también manifestó su apoyo al reclamo de La Rioja, que pide restituir en el Presupuesto una partida destinada a compensar el punto de coparticipación eliminado en 1988. Destacaron que esta asignación fue incluida en ejercicios anteriores y que su continuidad es clave para la estabilidad fiscal.

Los mandatarios repasaron además las misiones internacionales realizadas por el Norte Grande, orientadas a mostrar la oferta exportable regional ante otros países y generar oportunidades de inversión. A partir de esos avances, aprobaron una agenda de viajes para el primer semestre de 2026, con foco en mercados productivos, turísticos y tecnológicos.

La Asamblea cerró ratificando la necesidad de sostener un diálogo activo con la Nación para que las propuestas del Norte Grande sean incorporadas al debate federal. A modo de cierre institucional, los gobernadores eligieron por unanimidad al mandatario de Catamarca, Raúl Jalil, como presidente pro témpore para el próximo período.

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