COPARTICIPACIÓN

A contramano del federalismo 

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Los reclamos de los gobernadores continúan en alza: actuando en bloque, se están expresando en diferentes temas que se iniciaron con los vinculados a subsidios, pasó a cuestión coparticipación y ahora ya abarca a aspectos relativos a la justicia, como ser la Corte Suprema y su conformación.

Pero detrás de ello, hay una cuestión que se está hablando más por lo bajo, y que también los enfrenta a Martin Guzmán, algo que ya habíamos resaltado en la cuestión de los subsidios al transporte en esta nota de Economis. En este caso, se trata de las transferencias no automáticas, aquellas que se hacen por fuera de la coparticipación y que suelen ser partidas presupuestarias asignadas o bien convenios específicos de asistencia financiera u otro tipo de fondeo.

El ojo está puesto en el favoritismo que tiene la provincia de Buenos Aires, receptora del mayor volumen de fondos que envía la Nación a las provincias, algo que es histórico pero que recrudece en determinados momentos por agarrar mayor velocidad de envíos. Pero también, hacia dentro de las provincias se ven fuertes disparidades, e históricamente también, aquellos gobernadores más cercanos al poder central suelen ser los más favorecidos, por criterios solamente políticas más que económicos.

¿Qué está pasando en lo que va del año? Entre enero y mayo, el Ejecutivo nacional destinó ya unos $ 275.407 millones en este concepto, entre transferencias corrientes y de capital. De ese total, el 42% quedó solo para la provincia de Buenos Aires ($114.410 millones). Es decir, otras 23 jurisdicciones (incluyendo CABA) se repartieron el 58% restante. 

Misiones, en ese mismo período, recibió $ 6.587 millones (el 2% del total repartido), siendo un valor que queda solamente por encima de Corrientes ($ 4.831 millones) pero debajo de Formosa y Chaco. Con el primer caso, la brecha es relativamente baja (Formosa recibió unos $ 7.890 millones), pero con el doble de población. Comparando con el Chaco, es muy fuerte el desvío (esa provincia se hizo de $12.522 millones). Si analizamos de manera poblacional esos montos, las transferencias per cápita para Misiones serían (nuevamente) las menores.  

Hacia dentro de las mismas, si observamos únicamente lo vinculado a las transferencias de capital, que están destinadas a proyectos de inversión y obra pública, Misiones tiene la misma situación: más que Corrientes, pero menos que Formosa y Chaco. Esto explica en cierto modo lo que ocurre con la construcción: si bien Misiones tiene el mayor volumen de trabajadores en el sector, las tasas de crecimiento son mayores en aquellas dos (+45% de crecimiento interanual en marzo, según últimos datos disponibles por IERIC; mientras que en Misiones fue del 29%).  

Como se ve, la situación actual de estas transferencias es casi idéntica a lo que pasa con los recursos por coparticipación: es difícil determinar un criterio que explique como una provincia con 600 mil habitantes recibe más recursos que una con un 1,3 millones. 

Pero la situación no se agota en la comparación dentro del NEA. Justamente, y volviendo al inicio de esta columna, los gobernadores están hoy en constante reclamo con el equipo económico por esta distribución de fondos, pero también, preocupados por lo que se viene: el programa acordado con el FMI pide limitar estos envíos, y en los ministerios económicos provinciales saben que es un riesgo para la estabilidad de sus finanzas: si bien la gran mayoría de los distritos goza de buena salud financiera, con importantes superávits, una buena parte de éstos se explican justamente por los envíos no automáticos que durante 2020 y 2021 tuvieron del Estado nacional. 

Así y todo, la asimetría en esa distribución es enorme. Si miramos solamente los famosos ATN (Aportes del Tesoro Nacional), a abril de este año a Misiones se le dio unos $ 200 millones, pero a Formosa $ 460 millones, al Chaco $ 300 millones y a Corrientes, $700 millones, siendo este el único caso justificado porque se trató de recursos brindados en el marco de los incendios que sufrió la provincia a inicios del 2022. 

Las disparidades que existen en la distribución de recursos, como ya se indicó previamente, no se agotan sólo en los esquemas de reparto de la coparticipación hechos vía ley, sino también en estos que son vía decisión política, donde debería primar el verdadero federalismo intentando corregir las asimetrías del reparto automático. Lejos de eso, las acentúa, y obliga más bien a fortalecer el centralismo.

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Coparticipación: Rodríguez Larreta volvió a prometer “baja automática de impuestos” si la Corte falla favor de CABA

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El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , reafirmó hoy su intención de disponer una “baja automática de impuestos” en el distrito si la Corte Suprema de Justicia “le devuelve los fondos” que el gobierno del expresidente Mauricio Macri le asignó en 2015 para financiar el traspaso de la Policía Federal al distrito y que fueron redireccionados por el Poder Ejecutivo.

“Si la Corte nos devuelve los fondos, yo me comprometo a bajar los impuestos de manera automática”, remarcó Rodríguez Larreta en declaraciones a la prensa formuladas esta mañana durante una presentación sobre el sistema de videovigilancia de la Policía Metropolitana que se llevó a cabo en el Centro de Monitoreo Urbano de la Ciudad, ubicado en Jorge Newbery 4218.

El diferendo entre Nación y CABA en torno a estos fondos federales radica en el porcentaje de recursos transferidos a la Ciudad, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Macri, y luego se redujo al 3,5% por aquel mismo Gobierno.

Luego, el 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus y a través del decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4%.

Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.

La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, luego extendido, hasta el pasado 11 de mayo, con lo cual la Corte Suprema quedó en condiciones de expedirse sobre el tema.

En otro orden, en las declaraciones que formuló esta mañana, Rodríguez Larreta, pidió que la política exterior del Gobierno nacional sea “coherente” e insistió con la posición de diversos dirigentes de Juntos por el Cambio que aseguran que la Argentina “no puede tener de aliados a países que no respetan los derechos humanos, como Cuba y Venezuela”

En otro orden, al responder ante una consulta sobre si estaría de acuerdo con la iniciativa para incorporar como planta permanente del Estado a unos 30.000 agentes estatales, manifestó que “todo lo que signifique sumar más gasto hay que analizarlo con cuidado”.

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Por el crecimiento de la población Misiones pedirá un aumento de la coparticipación federal

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Los datos provisorios del Censo Nacional demuestran una tendencia que ya se venía observando: Misiones es la provincia argentina que mayor crecimiento demográfico experimentó durante los últimos 12 años. Se trata además de un crecimiento que va de la mano del aumento de la actividad económica en la Provincia, señaló el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

“Esta situación, a pesar de ser muy ventajosa para el desarrollo de los misioneros, agrava una situación de injusticia histórica que padecemos con respecto al reparto de la Coparticipación Federal de Impuestos. A pesar de ser la octava economía del país (casi la séptima) y de ocupar el noveno lugar en cantidad de habitantes, Misiones es una de las provincias que menor cantidad de recursos recibe al estar relegada al puesto número 21 en el listado por recursos que recibe cada jurisdicción”, sintetizó el funcionario.

“Como venimos sosteniendo desde hace años, tanto el gobernador Oscar Herrera Ahuad como el conductor de nuestro espacio político, Carlos Rovira, Misiones aporta a la nación mucho más de lo que recibe en materia de Coparticipación, lo que constituye una enorme injusticia y es un reclamo inclaudicable que tenemos como Provincia. Por ese motivo, con los nuevos datos aportados por el Censo Nacional, que refuerzan nuestros argumentos y exponen de forma todavía más evidente esta asimetría, el Gobierno provincial presentará ante la Nación un reclamo concreto para aumentar en un punto el porcentaje de Coparticipación, para pasar de 3,43% a 4,43% (lo que implicaría percibir aproximadamente cuatro mil millones de pesos más por mes)”, adelantó en una entrevista con Open1017.

El aumento poblacional expresa la pujanza y el potencial de Misiones, que ante el aumento en la cantidad de habitantes debe asegurar las condiciones de salud, educación, vivienda, obras y desarrollo para una familia que se hace cada vez más numerosa. 

“Es imperioso que este crecimiento sea reconocido por el Gobierno nacional y a su vez traducido de forma concreta en la corrección del porcentaje que actualmente recibe la Provincia, que es un 50 por ciento menos de lo que recibe Corrientes y prácticamente un 80% menos de lo que recibe Chaco, que a pesar de ser provincias que tienen menos población y aportan menos al fisco reciben más que los misioneros”, detalló Safrán.

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Coparticipación de CABA: gobernadores hablan de “discriminación centralista”

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En un documento titulado “El federalismo no se negocia”, 17 gobernadores expresaron su preocupación por el inminente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los fondos con los que Macri favoreció a la CABA. Afirman que Rodríguez Larreta reclama “recursos que no le corresponden” y piden ser amicus curiae en el caso.

Los gobernadores -entre ellos el misionero Oscar Herrera Ahuad- emitieron un documento en el que se advirtió a la Corte que “el federalismo no se negocia” y manifestó la “profunda preocupación por la injerencia indebida” por parte del máximo tribunal en el tema.

Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes”, apuntaron.

En ese marco, los gobernadores advirtieron que “no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”.

El tono del escrito es similar al que vienen manifestando los mandatarios provinciales desde hace larga data, por lo que resta saber si, ante un fallo en favor de los intereses porteños, podrían pasar de las críticas a otro tipo de acciones de carácter legal contra los magistrados de la Corte.

“Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo”, remarcaron.

El documento explica que al momento de la sanción de la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que “era financiada completamente con recursos pertenecientes al estado nacional”.

“Después de la reforma constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4 % del monto total recaudado en el artículo 2° de la ley 23548 y modificatorias”, afirma el texto.

Los gobernadores señalan que este porcentaje “fue modificado de una manera injusta e injustificada” por el decreto 194/2016 que firmó Macri, mediante el cual elevó los puntos de coparticipación de la Ciudad a 3,75 por ciento en detrimento del resto de las provincias para financiar el traspaso de la Policía de la Ciudad.

Una reunión protocolar

En el mediodiía de este miércoles, concluyó sin acuerdo la instancia de negociación entre Nación y Ciudad Autónoma para resolver el traspaso de dinero.

Fueron menos de 50 minutos los que duró el encuentro en el que Casa Rosada estuvo representada por la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, y la administración porteña por su jefe de Gabinete, Felipe Miguel.

Durante la semana pasada, las partes en esta controversia entendían que este tipo reuniones técnicas seguirían sin dar resultado dada la amplia diferencia entre las propuestas, y sólo se mostraban esperanzadas en un diálogo político de alto nivel para destrabar la negociación, algo que nunca se concretó.

Luego del dictamen de la CFI y de las declaraciones de la mayoría de los gobernadores, incluso de aliados políticos del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, apoyando a la Nación, la Ciudad motorizó un nuevo encuentro que, tal como se esperaba, no tuvo resultados positivos.

Será ahora el máximo tribunal el que deba emitir un fallo, que podría ser precedido por una medida cautelar.

La Nación y la Ciudad tuvieron, el 10 de marzo pasado, una audiencia pública ante la Corte para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por el porcentaje de fondos transferidos al distrito, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Macri, luego reducido al 3,5% por aquel mismo Gobierno.

El 9 del septiembre de 2020 cuando, durante la pandemia de coronavirus y a través del Decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4%.

Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.

La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril.

Al día siguiente de ese vencimiento, la Corte aceptó el pedido realizado por las partes y otorgó una prórroga de 15 días para dar continuidad a las negociaciones, plazo vencido hoy.

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Coparticipación: “El federalismo no se negocia”, advierten los gobernadores a la Corte Suprema

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Gobernadores de todo el país presentaron un documento en el que manifestaron su “profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en el reclamo que inició el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por los fondos coparticipables que el expresidente Mauricio Macri le había sacado a la Provincia de Buenos Aires para favorecer a la Ciudad.
Hoy vence el período que el máximo tribunal les dio a Nación y CABA para negociar entre ellos. Si no hay acuerdo, serán los supremos los encargados de saldar la discusión con una sentencia. Los gobernadores piden ser amicus curiae en el caso.

“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes -expresa el documento de los gobernadores-. “Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes -expresa el documento de los gobernadores-. No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”.

Los mandatarios aseguran que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia” y que el Gobierno porteño reclama “recursos que no le corresponden”.
El documento explica que al momento de la sanción de la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que “era financiada completamente con recursos pertenecientes al estado nacional”.
“Después de la reforma constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4 % del monto total recaudado en el artículo 2° de la ley 23548 y modificatorias”, afirma el texto.
Los gobernadores señalan que este porcentaje “fue modificado de una manera injusta e injustificada” por el decreto 194/2016 que firmó Macri, mediante el cual elevó los puntos de coparticipación de la Ciudad a 3,75 por ciento en detrimento del resto de las provincias con la excusa de financiar el traspaso de la Policía de la Ciudad.
La semana pasada, veinte provincias aprobaron el informe técnico de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) por los fondos sobre el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires en 2016, estableciendo en 11.000 millones de pesos el monto de esa operación, y contradiciendo así la justificación del Gobierno porteño que fijó esa maniobra en más de 18.000 millones de pesos.
“Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 M de pesos y padecemos la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA”, añaden los mandatarios provinciales.


“El federalismo no se negocia”
En el documento, los gobernadores denuncian que reciben “los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan”, que pagan el combustible más caro y que tienen que sostener económicamente a sus fuerzas de seguridad.
“Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos -afirma el documento-. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”.
El documento está firmado por Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfrán, (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Oscar Herrera Ahuad, (Misiones); Gustavo Sáenz (Salta); Sergio Uñac (San Juan); Alberto Rodríguez Saá, (San Luis); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
La disputa entre Nación y Ciudad
El 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus y a través del decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que el porcentaje de coparticipación que le corresponde a CABA se retrotrajera nuevamente al 1,4 por ciento.

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