Además del Censo realizado el miércoles pasado, uno de los temas relevantes de la semana fue el paro de transporte en todo el país, que terminó levantándose antes de tiempo, pero que puso de nuevo en alerta no solo al Gobierno nacional, sino sobre todo a las Provincias, que casi en bloque, a partir de declaraciones públicas de gobernadores y ministros, expresaron su disconformidad respecto al actual sistema de reparto de los subsidios. 

Pocas veces antes se había visto un trabajo coordinado en materia comunicacional por parte de las provincias, que sobre todo a través de publicaciones en Twitter pidieron por un reparto más federal y con mayor asistencia al interior. 

Para graficar la situación, la primera torta de reparto es más que evidente: por mes, la asignación de subsidios es de casi $26 mil millones al AMBA y $3 mil millones al conjunto de las provincias: es decir, casi el 90% solo al área metropolitana de Buenos Aires. 

Esta situación ya había generado un fuerte ruido a inicios de año, con reclamos de diferentes gobernadores, y que derivó en anuncios oficiales. A través de la Resolución 82/2022 de febrero pasado, el Ministerio de Transporte de la Nación estableció la distribución del “Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano del interior del país” por un monto mensual de hasta 3.200 millones, para el período enero a marzo de 2022. 

De eso, la Nación, a finales de abril pasado, ya había girado $5.865,2 millones (61,09% del total asignado por la resolución) y restaba aún el pago del saldo restante (por $3.734,8 millones), que se libera a medida que las provincias presentan las rendiciones de cuentas correspondientes. Pero el AMBA, que tiene tiene un sistema paralelo (no regido por la resolución mencionada), ya captó cerca de $48 mil millones. 

Es decir, la situación que describimos meses atrás en esta columna de Economis, no varió pese a los discursos. Por eso, ahora los gobernadores vuelven a ponerse en pie de lucha, no solo por la situación actual, sino también por lo que ven venir.

En el Palacio de Hacienda, el ministro Martín Guzmán y su equipo trabajan en la redacción de un decreto para el Presupuesto de este año, que recordamos fue rechazado en Diputados por el voto en contra de la oposición. En el Gobierno prometían tener listo este nuevo decreto para finales de abril, pero continúa demorado. Uno de los puntos centrales de esa demora es la falta de acuerdo político entre el equipo económico y los gobernadores (con fuerte representación de Manzur desde el gabinete nacional), y ese no-acuerdo interno está centralizado en el programa con el FMI: Guzmán, con el objetivo de cumplir las pautas del acuerdo, plantea reducir de manera muy fuerte las partidas y transferencias a provincias, donde los subsidios al transporte están incluidos. 

Al cierre de abril, las transferencias no automáticas a las provincias seguían teniendo un ritmo de crecimiento, aunque mucho más moderado que meses atrás, pero todo eso ahora se pone en juego: financiamiento para obra pública, subsidios al transporte, programas especiales e incluso las asistencias financieras están en duda. 

Un eventual recorte de subsidios tiene consecuencias directas: o un fuerte tarifazo en el interior del país del boleto, o una muy fuerte erogación de recursos por parte de las administraciones provinciales para sostenerlo, pero no todos los distritos tienen caja para hacerlo. 

Veamos los números misioneros: la Provincia recibió (hasta el 29 de abril, correspondiente a la asignación del primer trimestre del año) unos $273,4 millones del Fondo Compensador, el valor más alto en el NEA y el cuarto más alto del Norte Grande (detrás de Tucumán, Salta y Jujuy), representando el 4,7% del total repartido a las provincias. 

Misiones sostiene el boleto más barato entre las capitales de todo el Norte Grande, con fuerte inyección de recursos propios, una situación que no se observa en la totalidad de los distritos. Por ende, la presencia del Estado misionero es la que garantiza un boleto “barato”, y en consecuencia, la responsabilidad fiscal aplicada por el equipo de Hacienda provincial es quizás uno de los ejes principales para lograr esto, ya que ello garantiza un flujo de fondos tendientes a conservar esa situación. 

Sin embargo, la situación (en todo el país en general) es delicada: los costos de las empresas crecen, hay presiones sindicales y los subsidios se mueven de manera más lenta que lo deseado. Los tres días de paro convocados la semana pasada (se concretó uno) son un aviso de la conflictividad en el sector, pero la solución viene (o debería venir) del Gobierno nacional, principalmente, con una mejora en los esquemas de reparto como mínimo. 

Más allá de que existan corrientes de pensamiento que expresan que “pagamos un boleto barato” cuando lo miden en dólares y comparándolo con otras ciudades del mundo, lo cierto es que el bolsillo del usuario no da para más, sobre todo en el interior, y más aún en aquellas ciudades donde el horario laboral no es de corrido, y obliga así a que un usuario tenga, de mínima, que pagar 4 boletos diarios solo para ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Con un boleto barato, como el de Posadas, estamos hablando de 120 pesos diarios, 600 pesos a la semana y 2.640 pesos al mes considerando veintidós días hábiles. 

Un boleto más caro, como el correntino, llega el gasto mensual a 5.280 pesos solo en transporte. A priori, parecieran no ser valores muy holgados, pero al contrastarlo con el costo de vida en general y la baja nominalidad del salario que tenemos en nuestra región, se transforma en un peso enorme para el usuario. 

Se abre un período de fuertes interrogantes: ¿Qué hará Guzmán con su proyecto en borrador? ¿Buscará consensos provinciales? O más bien, ¿se abrirá una nueva grieta dentro del gabinete nacional enfrentándose con Manzur? 

La falta de concordancia de posiciones que existen hacia dentro del propio Gobierno (con un nuevo episodio visto el viernes entre el Presidente y Julián Domínguez) genera fuerte incertidumbres: para el mercado, para los gobernadores y para la ciudadanía, que se traduce en menores niveles de confianza. El Gobierno nacional debe volver a plantearse un rumbo unificado, más allá de las disidencias internas. Sin eso, no hay plan económico que sirva, y el país está hoy en momentos de inestabilidad que requieren consensos.

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