Presupuesto 2026: el Gobierno reasigna $190.000 millones para cumplir la cautelar de la Corte a favor de la Ciudad
El Jefe de Gabinete de Ministros aprobó una modificación clave del Presupuesto 2026 que reordena créditos por más de $190.000 millones para dar cumplimiento a la medida cautelar de la Corte Suprema en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de reforzar partidas del Senado y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. La decisión, formalizada mediante la Decisión Administrativa 2/2026, impacta en el Ministerio de Economía, el Poder Legislativo y las obligaciones del Tesoro, y reconfigura el esquema de gastos corrientes y transferencias en un contexto de fuerte tensión fiscal e institucional.
Reasignación de fondos y cumplimiento judicial
La Decisión Administrativa 2/2026, publicada el 4 de febrero de 2026, introduce modificaciones al Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, aprobado por la Ley N° 27.798, con el objetivo de “adecuar el presupuesto vigente de algunas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido”.
El eje central de la medida es la compensación de créditos destinada a atender las transferencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Expediente CSJN N° 1864/2022). Para ello, se incrementan en $190.000 millones los créditos de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, específicamente en el Programa 67 “Cumplimiento de Medida Cautelar CSJN 1864/2022”, destinados a transferencias corrientes a la administración pública provincial.
Este refuerzo se financia mediante una reducción equivalente de créditos en el Ministerio de Economía, particularmente en el Programa 45 “Administración Financiera”, subprograma de coordinación fiscal con las provincias, donde se recortan $190.000 millones en transferencias corrientes. La maniobra presupuestaria permite cumplir con la orden judicial sin alterar el resultado fiscal global, aunque redefine prioridades en la distribución territorial de recursos.
Refuerzos al Poder Legislativo y ajustes en Economía
La modificación presupuestaria también incorpora créditos adicionales para el Poder Legislativo Nacional. En el caso del H. Senado de la Nación, se asignan $14.300 millones para atender gastos de funcionamiento del Programa 16 “Formación y Sanción de Leyes Nacionales”, con destino tanto a gastos corrientes como de capital, incluyendo bienes de consumo, servicios no personales y la adquisición de maquinaria y equipos.
En paralelo, se incrementan en $42,57 millones los recursos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, organismo que funciona en el ámbito del Congreso. Este refuerzo se financia con ingresos provenientes del Convenio de Subvención (OPCAT-144-GLO/09/HC/07-B453) celebrado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y se destina principalmente a gastos en personal contratado y servicios técnicos, informáticos y logísticos.
En contrapartida, el Ministerio de Economía absorbe ajustes internos. Se dispone una compensación de créditos para atender erogaciones del Gabinete de Autoridades Superiores, con una reducción neta de $889.285.533 en determinadas partidas, y reacomodamientos entre las subjurisdicciones de Economía y Producción. Estas modificaciones responden a la necesidad de redistribuir recursos sin ampliar el gasto total autorizado.
Impacto y proyección fiscal
Desde el punto de vista institucional, la decisión reafirma la centralidad de la medida cautelar de la Corte Suprema en la arquitectura fiscal de 2026. El traslado de $190.000 millones al programa específico de cumplimiento judicial consolida un mecanismo presupuestario explícito para atender la controversia por la coparticipación de fondos a la Ciudad, un tema que mantiene alta sensibilidad política y federal.
En términos económicos, la reasignación no implica un aumento del gasto total, pero sí tensiona la ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía, que ve reducida su capacidad de transferencias a otras jurisdicciones. Al mismo tiempo, el refuerzo al Senado y a organismos de control legislativo busca garantizar el funcionamiento institucional y el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La medida se dicta al amparo del artículo 37 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y del artículo 9° de la Ley de Presupuesto 2026, y lleva las firmas del Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Andrés Caputo. Hacia adelante, el esquema aprobado anticipa un escenario de ejecución presupuestaria fuertemente condicionado por fallos judiciales y por la necesidad de compatibilizar disciplina fiscal con obligaciones institucionales de alto impacto político.
