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IVA en baja, coparticipación en retroceso: el círculo que asfixia a las provincias

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La economía no levanta y las cuentas provinciales lo sufren. En los últimos meses, Misiones viene enfrentando un deterioro sostenido de sus recursos por coparticipación federal que ya no puede explicarse como un simple vaivén coyuntural. Los datos son contundentes: en febrero de 2026 la provincia recibió por envíos automáticos 172.603 millones de pesos, cifra que implicó una caída real interanual del 7,9% y del 9,7% respecto a enero

En términos concretos, esta baja interanual se traduce en una pérdida de 14.816 millones de pesos frente al mismo mes del año anterior. Enero ya había mostrado un comportamiento similar, con una merma interanual del 7,0% y casi 14.400 millones de pesos menos en términos reales. 

En apenas dos meses, la provincia resignó alrededor de 29 mil millones de pesos por la caída de la recaudación nacional.

¿Qué se esconde detrás de esto? El factor central es la contracción en la recaudación del IVA, uno de los principales componentes de la masa coparticipable. Cuando el IVA cae en términos reales, las provincias lo sienten de manera inmediata en sus transferencias automáticas. Y el IVA cae porque el consumo se enfría. Allí está el núcleo del problema. 

Más allá de que el INDEC muestre una economía con crecimiento estadístico en determinados indicadores, la economía real, la que mueve el comercio, la industria y los servicios, sigue mostrando signos de estancamiento en amplios sectores.

Esta semana conocimos los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica, que presentó un resultado positivo tanto en diciembre como para el acumulado del 2025, pero dicho resultado tiene una fuerte incidencia de sectores puntuales que no son los que generan más empleo ni los que movilizan el consumo masivo; es decir, el crecimiento económico medido por el EMAE no se traduce en una expansión homogénea hacia todos los sectores. Los rubros que más inciden en la recaudación del IVA siguen operando con demanda contenida, márgenes ajustados y baja capacidad de recuperación. 

En ese marco, el programa económico nacional termina impactando sobre la dinámica comercial y, por lo tanto, sobre la recaudación. 

De hecho, también se conocieron esta semana los datos de ventas en supermercados y autoservicios mayoristas y las ventas de combustible al público. En todos los casos el escenario es parecido: puede observarse, en el nivel general nacional, cierto repunte pero que está apoyado en pisos históricos. Es decir, la baja base de comparación sigue vigente, porque si miramos un poco más atrás en la comparación temporal, absolutamente todos los indicadores de consumo están por debajo de 2021, 2022 y 2023.

Misiones no es ajena a este esquema. Si bien es la provincia con mayor autonomía fiscal del NEA, continúa siendo fuertemente dependiente de los envíos nacionales. Cada punto de caída real en la coparticipación repercute directamente sobre la posibilidad de llevar adelante un presupuesto orientado al desarrollo. La pérdida acumulada en los primeros meses de 2026 no es menor: son miles de millones de pesos que dejan de ingresar en un contexto que ya presentaba restricciones.

El presente es complejo y el horizonte inmediato no resulta alentador. Dada la tendencia de la recaudación nacional y la falta de señales claras de recuperación sostenida del consumo, el primer semestre se perfila como muy exigente para las arcas provinciales. 

Esto obliga a reorganizar prioridades. Misiones cuenta con ventajas comparativas construidas a lo largo de los años, como un esquema fiscal ordenado y bajo nivel de endeudamiento. El contraste con Chaco, dentro de la región, es marcado en términos de déficit y carga de deuda. Sin embargo, una mejor posición relativa no elimina el problema central: cómo sostener servicios, inversión y políticas públicas con ingresos que, en términos reales, se reducen de manera sistemática.

A este cuadro se suma una limitación estructural. Las provincias no tienen herramientas para ir contra el ciclo económico general. No definen la política monetaria, no fijan el tipo de cambio, no determinan el esquema de retenciones ni la estructura de los principales impuestos que componen la masa coparticipable. Administran lo que reciben y optimizan sus propios tributos, pero no pueden revertir por sí solas una contracción del consumo a nivel nacional. Cuando la macro se enfría, las provincias pueden intentar paliar ese efecto, pero no poseen la solución de fondo.

Tampoco existe hoy un esquema de asistencia financiera nacional que amortigüe el impacto. Con una estrategia fiscal centrada en la reducción del gasto y la obsesión del superávit por el superávit mismo, no hay fondos compensatorios ni programas extraordinarios que permitan suavizar las pérdidas. En ese contexto, cada jurisdicción debe absorber el shock con recursos propios, lo que profundiza tensiones presupuestarias y obliga a postergar iniciativas.

El sector privado, por su parte, atraviesa un momento de extrema cautela. Con consumo débil, crédito limitado y costos financieros elevados, las empresas difícilmente puedan convertirse en el motor que reactive de manera contundente la economía. Sin inversión sostenida ni expansión del mercado interno, la recaudación tributaria seguirá condicionada. Pretender que el crecimiento surja espontáneamente en un escenario contractivo resulta más una expresión de deseo que una proyección fundada.

Por eso, la discusión de fondo es política y económica al mismo tiempo. La Nación debe asumir que el equilibrio macroeconómico es una condición necesaria, pero no suficiente. Sin dinamismo en la economía real, sin recuperación efectiva del poder de compra y sin expansión del consumo, la recaudación no se fortalecerá y las provincias continuarán bajo presión. El bienestar no se construye únicamente con indicadores agregados en verde, sino con actividad concreta en comercios, industrias y servicios. Si la estrategia nacional no logra traducir estabilidad en crecimiento tangible, las provincias seguirán reflejando, mes a mes, las consecuencias de una economía que todavía no despega.

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Volvió a caer la coparticipación: en Misiones la baja fue de -7,9% interanual

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En el mes de febrero de 2026 las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias y CABA totalizaron $ 5,44 billones presentando un nuevo descenso en términos reales1, que esta vez fue de -7,5% respecto a igual mes del 2025; a su vez, contra el mes previo también mostraron un retroceso (-9,5% real mensual).

En ese marco, los envíos a Misiones totalizaron $ 172.603 millones con una variación también negativa del 7,9% interanual, al tiempo que contra el mes anterior disminuyeron en 9,7% real, indicó un reporte de la consultora Politikon Chaco en base a datos de la DNAP y INDEC.

Analizando el desempeño de los componentes de estas transferencias para Misiones, la Coparticipación Federal para la provincia totalizó $ 158.122 millones, sufriendo una considerable baja contra igual mes del año anterior que llegó a -8,9%, resultado explicado principalmente por una fuerte baja en la recaudación del IVA (-13%), entre otros.

Por su parte, los fondos por Leyes y Regímenes Especiales mostraron un desempeño positivo: en Misiones totalizaron $ 7.992 millones y se expandieron 2,5% contra igual mes del año pasado en términos reales, apoyado casi en su totalidad por el buen desempeño del impuesto a los combustibles y al monotributo; a su vez, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal también tuvieron un buen resultado, creciendo 5,6% real interanual, aunque ninguno de estos dos últimos casos logró compensar la baja de la coparticipación y ello arrastró el resultado general provincial a la baja, tal como ya ocurrió en enero.

Con este resultado, el primer bimestre 2026 cerró con envíos a Misiones por $ 358.336 millones, que representa un -7,4% en términos reales contra igual período del 2025.

1 Suponiendo un alza del IPC del 2,5% para enero 2026

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Presupuesto 2026: el Gobierno reasigna $190.000 millones para cumplir la cautelar de la Corte a favor de la Ciudad

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El Jefe de Gabinete de Ministros aprobó una modificación clave del Presupuesto 2026 que reordena créditos por más de $190.000 millones para dar cumplimiento a la medida cautelar de la Corte Suprema en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de reforzar partidas del Senado y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. La decisión, formalizada mediante la Decisión Administrativa 2/2026, impacta en el Ministerio de Economía, el Poder Legislativo y las obligaciones del Tesoro, y reconfigura el esquema de gastos corrientes y transferencias en un contexto de fuerte tensión fiscal e institucional.

Reasignación de fondos y cumplimiento judicial

La Decisión Administrativa 2/2026, publicada el 4 de febrero de 2026, introduce modificaciones al Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, aprobado por la Ley N° 27.798, con el objetivo de “adecuar el presupuesto vigente de algunas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido”.

El eje central de la medida es la compensación de créditos destinada a atender las transferencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Expediente CSJN N° 1864/2022). Para ello, se incrementan en $190.000 millones los créditos de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, específicamente en el Programa 67 “Cumplimiento de Medida Cautelar CSJN 1864/2022”, destinados a transferencias corrientes a la administración pública provincial.

Este refuerzo se financia mediante una reducción equivalente de créditos en el Ministerio de Economía, particularmente en el Programa 45 “Administración Financiera”, subprograma de coordinación fiscal con las provincias, donde se recortan $190.000 millones en transferencias corrientes. La maniobra presupuestaria permite cumplir con la orden judicial sin alterar el resultado fiscal global, aunque redefine prioridades en la distribución territorial de recursos.

Refuerzos al Poder Legislativo y ajustes en Economía

La modificación presupuestaria también incorpora créditos adicionales para el Poder Legislativo Nacional. En el caso del H. Senado de la Nación, se asignan $14.300 millones para atender gastos de funcionamiento del Programa 16 “Formación y Sanción de Leyes Nacionales”, con destino tanto a gastos corrientes como de capital, incluyendo bienes de consumo, servicios no personales y la adquisición de maquinaria y equipos.

En paralelo, se incrementan en $42,57 millones los recursos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, organismo que funciona en el ámbito del Congreso. Este refuerzo se financia con ingresos provenientes del Convenio de Subvención (OPCAT-144-GLO/09/HC/07-B453) celebrado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y se destina principalmente a gastos en personal contratado y servicios técnicos, informáticos y logísticos.

En contrapartida, el Ministerio de Economía absorbe ajustes internos. Se dispone una compensación de créditos para atender erogaciones del Gabinete de Autoridades Superiores, con una reducción neta de $889.285.533 en determinadas partidas, y reacomodamientos entre las subjurisdicciones de Economía y Producción. Estas modificaciones responden a la necesidad de redistribuir recursos sin ampliar el gasto total autorizado.

Impacto y proyección fiscal

Desde el punto de vista institucional, la decisión reafirma la centralidad de la medida cautelar de la Corte Suprema en la arquitectura fiscal de 2026. El traslado de $190.000 millones al programa específico de cumplimiento judicial consolida un mecanismo presupuestario explícito para atender la controversia por la coparticipación de fondos a la Ciudad, un tema que mantiene alta sensibilidad política y federal.

En términos económicos, la reasignación no implica un aumento del gasto total, pero sí tensiona la ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía, que ve reducida su capacidad de transferencias a otras jurisdicciones. Al mismo tiempo, el refuerzo al Senado y a organismos de control legislativo busca garantizar el funcionamiento institucional y el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

La medida se dicta al amparo del artículo 37 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y del artículo 9° de la Ley de Presupuesto 2026, y lleva las firmas del Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Andrés Caputo. Hacia adelante, el esquema aprobado anticipa un escenario de ejecución presupuestaria fuertemente condicionado por fallos judiciales y por la necesidad de compatibilizar disciplina fiscal con obligaciones institucionales de alto impacto político.

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El IMaC reduce 40% de su personal por el recorte de fondos nacionales

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El presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC), Roque Gervasoni, informó la reducción de aproximadamente el 40% del personal contratado con relación de dependencia en el organismo. La decisión, comunicada a través de redes sociales, se enmarca en un contexto de fuerte restricción fiscal que, según explicó, afecta de manera directa a las provincias por la caída de transferencias nacionales, la merma de la recaudación y el desplome de la coparticipación. El ajuste refleja el impacto concreto del equilibrio fiscal nacional sobre la estructura del Estado provincial y sus organismos.

La medida alcanza exclusivamente a la planta de contratos con relación de dependencia, mientras que los recortes al personal sin relación contractual “quedaron sin efecto”, según aclaró el propio titular del instituto. Gervasoni vinculó la decisión con un escenario económico adverso que definió como “cada vez más duro”, y remarcó que no se trata de una decisión deseada sino forzada por la coyuntura.

Recortes nacionales y presión sobre las finanzas provinciales

En su mensaje, Gervasoni atribuyó el ajuste a las políticas fiscales del Gobierno nacional, al señalar que “el equilibrio fiscal de Nación lo logran con recortes durísimos a las provincias”. En ese sentido, detalló un recorte del 90% en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), junto con “una merma que llega a más del 40% en la recaudación y una fuerte caída en la coparticipación”, factores que, combinados, conforman “un cóctel totalmente destructivo en las economías provinciales”.

Según explicó, ese escenario dejó al IMaC sin margen financiero para sostener su estructura actual, lo que derivó en la decisión de avanzar con la reducción del personal contratado. “Hoy el ajuste también golpea las puertas de mi oficina”, expresó, al tiempo que reconoció que la situación genera un fuerte costo humano e institucional.

El impacto del ajuste y el mensaje político

Gervasoni fue explícito al referirse al alcance social de la medida: “No quisiera dejar a nadie sin trabajo”, afirmó, y reconoció que “un recorte del 40% aproximadamente en la planta de contratos con relación de dependencia está en marcha”. En un tono crítico, sostuvo que “gran parte de ellos inclusive votó este modelo libertario que asfixia”, aunque aclaró que eso no vuelve menos dolorosa la decisión.

El titular del IMaC señaló que recibe “felicitaciones en varios idiomas” en referencia a las reacciones que generó el anuncio, y agregó: “Con el dolor a flor de piel, no tengo respuestas para dar, solo pedir perdón a quienes afecta la medida”. En ese marco, extendió el pedido de disculpas “en nombre mío y de los trabajadores del IMaC que continúan, en nombre de cada referente que tuvo que tomar la medida con su gente”.

También remarcó que, de existir otra alternativa, “seguramente el señor Gobernador la hubiera utilizado”, y anticipó que el proceso de ajuste podría extenderse a otras áreas del Estado provincial: “Creería que los demás ministerios también tendrán ajustes, no solo el IMaC”.

Sin nuevas altas y advertencia institucional

En su mensaje, Gervasoni subrayó que el contexto obliga a extremar los controles internos y advirtió que no deberían producirse nuevas incorporaciones: “Quiero creer que no habrá más altas nuevas hasta nuevo aviso, caso contrario yo mismo denunciaré si existe alguna maniobra”.

Finalmente, aclaró que, en un intento por amortiguar el impacto social, “los recortes sin relación quedaron sin efecto”, y agradeció “al Sr. Gobernador por el enorme esfuerzo” para sostener el funcionamiento del organismo en un escenario de restricción extrema.

La reducción del 40% del personal contratado en el IMaC se convierte así en una señal concreta del traslado del ajuste fiscal nacional a las estructuras provinciales, con consecuencias directas sobre el empleo público y la capacidad operativa de los institutos descentralizados.

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Vuelven a caer los fondos por Coparticipación: la baja en Misiones fue de -5,4%

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En noviembre las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias y CABA totalizaron $ 5,26 billones y presentaron una disminución real del 5,4% contra igual mes del año anterior. En ese marco, los envíos a Misiones totalizaron $ 168.452 millones con una variación también negativa de -5,4%, además, en comparación con el mes anterior también presentaron un baja que fue del -6,6% real, indicó un reporte de la consultora Politikon Chaco en base a datos de la DNAP y INDEC. 

Analizando el desempeño de los componentes de estas transferencias para Misiones, la Coparticipación Federal para la provincia totalizó $ 155.242 millones, cayendo 5,5% real interanual que se explica por las caídas en Ganancia y en el IVA (-3,3 y -3,5% respectivamente) y los descensos, más fuertes aún, en los impuestos Internos (-12,8%) y Otros Coparticipados (-91,1%). 

Por su parte, volvieron a mostrar caídas los fondos por Leyes y Regímenes Especiales: en Misiones, totalizaron $ 6.617 millones y cayeron 22,6% contra igual mes del año pasado en términos reales, una baja apoyada principalmente por la significativa merma de Bienes Personales (-68,5%). Por su lado, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal siguieron con tendencia alcista (+25,1%). 

Cabe señalar que, para el caso misionero, los resultados marcan que este fue el peor noviembre desde 2019

De este modo, Misiones cerró el período acumulado enero a noviembre del año captando recursos por $ 1.746.123 millones ($ 1,75 billones) mostrando un incremento acumulado real del 1,7% interanual. Esa suba está explicada solamente por el alza de la Compensación del Consenso Fiscal que es el único concepto con subas (+70,9% real acumulado), mientras que la coparticipación no tuvo variación (0,0%) y las leyes especiales cayeron -0,4%.

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