Milei recortó casi $3 billones del Presupuesto 2026 y endurece el ajuste para sostener el superávit
El Gobierno nacional oficializó una profunda modificación del Presupuesto 2026 mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La medida combina ampliaciones puntuales de gasto previsional con recortes por casi $3 billones en distintas partidas del Estado nacional para reforzar la meta de superávit fiscal comprometida por el presidente Javier Milei.
El ajuste se produce en un contexto diferente al del inicio de gestión. Según los datos citados en el reporte, la caída de la inflación y el deterioro de la recaudación tributaria redujeron el margen que el Gobierno había utilizado en 2024 para licuar gasto público. La discusión fiscal ahora se traslada a un terreno más delicado: qué partidas sostener, cuáles reducir y cuánto impacto político puede absorber la administración nacional.
El Gobierno amplió pagos previsionales y financió retiros en ANSES
Uno de los cambios centrales del decreto presupuestario fue la ampliación de $500.000 millones para cancelar sentencias judiciales previsionales y acuerdos vinculados con jubilaciones. El nuevo techo autorizado asciende a: $712.288 millones
La ampliación responde a retroactivos derivados de ajustes sobre prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por ANSES.
Al mismo tiempo, el Gobierno incorporó: $162.000 millones destinados al Plan de Retiros de Voluntad Recíproca dentro de ANSES.
El programa busca reducir estructura administrativa mediante retiros voluntarios y establece restricciones para quienes adhieran, incluyendo la imposibilidad de volver al sector público nacional durante el plazo fijado y la renuncia a tutela sindical en caso de cargos gremiales.
La mayor poda cayó sobre subsidios y programas de infraestructura
El ajuste más fuerte se concentró en partidas vinculadas a subsidios económicos y gasto de capital.
Entre los principales recortes aparecen:
- $1,47 billones en “Otras Asistencias Financieras – Servicios Económicos”
- $359.497 millones en programas de uso racional y eficiente de la energía
- $320.671 millones en infraestructura para desarrollo deportivo
- $97.104 millones para obras sobre la Ruta Nacional 38
- $78.711 millones en compensación salarial docente
- $63.021 millones en programas de cáncer
- $55.465 millones en integración social y ciudadanía
- $39.442 millones en integración socio-urbana
La Administración Central terminó con un recorte neto de: $2,5 billones
A eso se sumaron mayores ingresos por: $565.000 millones
Según lo informado, el resultado eleva la meta de superávit fiscal a: $3,2 billones
El ajuste entra en otra etapa: menos licuación y más administración fina
El trasfondo económico de la medida refleja un cambio importante en la dinámica fiscal del Gobierno.
Durante 2024, la alta inflación funcionó como mecanismo indirecto de reducción del gasto real. Esa herramienta perdió potencia en 2026 por dos factores mencionados en el reporte: desaceleración inflacionaria, y caída de la recaudación.
El economista Isidro Guardarucci, de FIEL, advirtió que el superávit ya no depende únicamente de grandes recortes lineales, sino de una “gestión fina” del gasto público.
Según los datos citados: la recaudación tributaria cayó 8% real en el primer trimestre, equivalente a unos $3 billones menos respecto de 2025, mientras el gasto retrocedió 5,1% real. El IVA aparece como uno de los tributos más afectados, con una caída cercana a: $0,9 billones
El escenario obliga al Ejecutivo a administrar tensiones más complejas que en el inicio de mandato: universidades en recomposición presupuestaria, subsidios que dejan de caer y provincias con menor margen financiero.
El Consejo de la Magistratura recibió refuerzos presupuestarios
La modificación también incluyó incrementos para el Consejo de la Magistratura.
Las partidas adicionadas contemplan: $115.194 millones para gastos de personal, y $22.000 millones para bienes de uso vinculados a la Justicia de Máxima Instancia.
Según el texto oficial, la reasignación busca garantizar el funcionamiento operativo del organismo judicial.
Menos obra pública y presión sobre las provincias
Aunque la decisión tiene alcance nacional, el ajuste sobre infraestructura, subsidios y transferencias repercute especialmente en provincias periféricas como Misiones.
La reducción de partidas vinculadas a: integración socio-urbana, obras públicas, energía, y transferencias puede impactar sobre la capacidad de financiamiento de proyectos locales y sobre la actividad económica vinculada a construcción y servicios.
El informe también menciona que las transferencias corrientes a provincias cayeron: 27% real
Para distritos del NEA, donde el peso de la coparticipación y los recursos nacionales tiene mayor incidencia relativa, el endurecimiento fiscal agrega presión sobre presupuestos provinciales y municipales.
El Gobierno busca sostener el superávit mientras cae la recaudación
La modificación presupuestaria expone la prioridad política de la administración Milei: preservar el equilibrio fiscal incluso en un escenario económico menos favorable.
El desafío ahora es distinto al de 2024. El margen para recortar gasto sin afectar áreas sensibles parece reducirse mientras la actividad económica y el consumo muestran señales de desaceleración.
El mercado seguirá de cerca tres variables: evolución de la recaudación, capacidad del Gobierno para sostener el ajuste, y reacción de provincias, universidades y sectores alcanzados por los recortes.
La discusión fiscal dejó de girar únicamente sobre cuánto recortar. El eje empieza a desplazarse hacia dónde ajustar y cuánto costo político puede absorber el esquema de superávit permanente.
