En el mes de noviembre de 2024 las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias y CABA totalizaron $ 4,2 billones, expandiéndose 172,4% interanual nominal; al descontar la inflación del período (estimando el IPC nacional de noviembre en 2,7%) los envíos presentaron una suba en términos reales del 2,1%.
En ese marco, los envíos a Misiones también presentaron alzas: la provincia captó $135.771 millones con una variación del 173,69% nominal interanual y de +2,6% en términos reales, indicó un reporte de la consultora Politikon Chaco en base a datos de la DNAP y INDEC.
En el caso misionero, los recursos por Coparticipación Federal totalizaron $ 125.237 millones (92% del total) y crecieron 1,8%; por su parte, los recursos derivados de los leyes y regímenes especiales totalizaron $ 6.516 millones creciendo 0,1%, traccionados principalmente por los fondos del impuesto a los Combustibles (+204,5%). Finalmente, los fondos por Compensación del Consenso Fiscal se incrementaron en 41,3% real para la provincia.
Con este resultado, se logró cinco meses consecutivos de bajas y la expansión de noviembre permitió que la provincia tenga un excedente de recursos estimado en $ 3.401 millones contra igual mes del 2023, al medirlo en moneda constante de noviembre de 2024.
Pese al resultado positivo de este mes, el acumulado del año 2024 aún muestra importantes descensos: los envíos acumulados para Misiones totalizaron $ 1.211.015 millones, mostrando una contracción del 10,6% interanual en términos reales.
En noviembre se vio resultados positivos para las 24 jurisdicciones subnacionales. En una punta, Neuquén presentó la mayor expansión (+3,0%) mientras que en el otro extremo, Santa Fe tuvo la suba más leve (+1,3%).
Por el contrario, para el acumulado enero – noviembre 2024, todos los distritos muestran bajas: CABA sostiene el descenso más leve (-9,9%) y la provincia de Buenos Aires con la baja más fuerte (-11,4%).
En junio las transferencias no automáticas del Estado nacional a las 24 jurisdicciones subnacionales del país totalizaron $ 86.689 millones registrando una variación del -29,7% nominal interanual; al descontar la inflación proyectada del mes, estos envíos exhiben una baja real del 81,2% interanual.
Misiones, por su parte, recibió $ 8.763 millones (10,1% del total repartido), siendo el tercer mayor volumen entre las 24 jurisdicciones del país, detrás de la provincia de Buenos Aires y CABA. Aún con ese alto posicionamiento, los recursos que recibió Misiones por esta vía están 33,9% por debajo, en términos reales, a los de igual mes del 2023.
Misiones viene sufriendo, al igual que el resto de las provincias de país, un fuerte recorte en los envíos no automáticas del Estado Nacional. Desde la asunción del nuevo gobierno de Javier Milei, estos recursos muestran caídas de enorme magnitud. En diciembre 2023, el descenso fue del 52,5% real; en enero, febrero y marzo del corriente año, las caídas fueron superiores al 95%; se recortaron levemente en abril con -64,1% aunque volvieron a acelerar en mayo con -93,2%. Finalmente, en junio la provincia tuvo el descenso más leve en lo que va del año aunque igualmente de importante magnitud: -33,9%. Cabe destacar que el volumen de fondos recibido en junio fue el más fuerte en lo que va del año, que colaboró naturalmente con tener un descenso menor al promedio de los meses previos.
De los $ 8.763 millones que recibió Misiones en el sexto mes del año, el 85,6% correspondieron a Aportes del Tesoro Nacional (por $ 7.500 millones). Se destaca al respecto que es el segundo mes donde la provincia recibe estos fondos, ya que en abril pasado había recibido otros $ 1.500 millones por igual concepto.
Siguiendo con el detalle de junio, Misiones recibió otros $ 1.235 millones del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente que se suma a los $ 1.476 millones que ya había recibido por este mismo concepto en mayo pasado. Finalmente, la provincia captó otros $ 28 millones por conceptos varios correspondientes a programas del ministerio de Salud.
Si bien el desempeño global de las transferencias no automáticas a Misiones durante junio fue malo, en relación al resto de la región del NEA fue la menos perjudicada. Corrientes captó $ 1.055 millones con caída del 86,9% interanual real; el Chaco $ 112 millones y – 99,3%; y Formosa $ 25 millones y -99,7%.
Si se analiza el resultado acumulado del primer semestre, a Misiones le llegaron en los seis meses del 2024 un total de $ 12.835 millones, cuando en igual período del 2023 fueron $ 11.945 millones. Por ende, la variación nominal interanual es del 7,5%, pero al descontar la inflación del período, la provincia muestra una caída real en estos fondos del 73,4%, una baja de enorme magnitud aunque nuevamente, inferior a la que registraron otras provincias del NEA: en Chaco el descenso es del 92%, en Corrientes -87,6% y en Formosa -97,2%.
Al desagregar los fondos captados por la provincia en el acumulado del semestre, liderando los Aportes del Tesoro Nacional con $ 9.000 millones (70,1% del total); seguidos por el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente con $2.691 millones (21,0% del total); fondos para Comedores Escolares con $ 482 millones (3,8%); y Apoyo del Proyecto de Cobertura Universal de Salud Efectiva en Argentina con $ 339 millones (2,6%). Otros trece programas menores recibieron un total de $ 321 millones (2,5% restante).
Escriben Marcelo Capello y Nicolás Cámpoli, Fundación Mediterránea. Las transferencias automáticas a provincias son aquellas en que existe una ley que determina que un determinado porcentaje de un impuesto nacional (o varios de ellos), se participan a provincias, determinando también qué % le corresponde a cada provincia, si los recursos girados son para un fin determinado o de libre disponibilidad, y en la temporalidad de los envíos (generalmente diarios, a medida que entra la recaudación de los impuestos involucrados).
La transferencia automática más importante es la de coparticipación federal de impuestos (actualmente Ley 23.548), que envía diariamente recursos de libre disponibilidad a provincias, pero existen otras, generalmente con asignación a fines específicos, como la distribución de la recaudación de los impuestos a los combustibles, la distribución de un 1% del IVA, etc.
Si se consideran sólo las transferencias automáticas, Buenos Aires (BA) recibe un 22,5% de los envíos a provincias, y en el otro extremo Tierra del Fuego un 1,2%.
Como referencia, se presenta la participación de cada provincia en la población nacional total.
Si se analiza en términos per cápita, CABA es la que recibe menor monto ($100 mil), seguida por BA ($185 mil) y Mendoza ($277 mil).Las provincias con más transferencias automáticas per cápita son Tierra del Fuego ($894 mil), Catamarca ($856 mil), Formosa ($814 mil), La Rioja ($725 mil) y La Pampa ($712 mil).
Si bien es teóricamente lógico que provincias menos densamente pobladas (tienen deseconomías de escala) y/o más rezagadas económicamente (más necesidades sociales y para acortar distancia de desarrollo con las jurisdicciones más avanzadas) reciban mayores transferencias fiscales, desde la evidencia empírica de Argentina no se puede explicar razonablemente por qué algunas jurisdicciones ricas reciben altas transferencias por habitante (algunas patagónicas), o por qué existe trato tan disímil entre jurisdicciones similares (Catamarca o La Rioja mucho más altas que Salta, Formosa mucho más altas que Corrientes o Misiones, Tierra del Fuego y Santa Cruz mucho más altas que Chubut, Santa Fe mayor que Mendoza, etc.)
Transferencias discrecionales a provincias Las transferencias que suelen resultar más discrecionales (en contraposición a las automáticas, como la coparticipación federal de impuestos), pueden serlas llamadas Transferencias Corrientes o de Capital, las primeras dirigidas a financiar gastos ordinarios, que se repiten mensualmente, mientras las segundas financian erogaciones que significan inversiones, como compra de bienes de capital o ejecución de obras públicas. Dichas transferencias discrecionales pueden estar dirigidas, entre otros destinos, a provincias y a municipios.
Los principales 6 subprogramas de transferencias corrientes a provincias, que el año pasado explicaron cerca del 80% del total de envíos a provincias por esta vía, se presentan en la siguiente tabla.
Participación de cada provincia e las transferencias corrientes totales a provincias La provincia de Buenos Aires (BA) prácticamente recibió la mitad de las transferencias corrientes en 202 (49,5%), muy por arriba de su participación en la población (38%). BA recibe una alta participación en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (100%), en la Asistencia Financiera a Provincias y en las transferencias con destino a las Cajas de Jubilaciones provinciales. En el caso de CABA, su alta participación (10%) se debe a que por dicha vía se canalizan las transferencias para financiar el traspaso de la Policía Federal a la Policía Metropolitana.
En cambio, si se mide en términos per cápita, BA se ubica en el noveno lugar (aunque mucho más adelante que Santa Fe, Córdoba o Mendoza), y en los primeros puestos se puede ver a Santa Cruz, La Rioja y Tierra del Fuego.
Participación de cada provincia en la transferencia de capital totales a provincia En el caso de las Transferencias de Capital, se destaca la participación de La Rioja (16%), por cuanto allí se canalizan transferencias que dicha provincia reclama hace años como compensación por supuesta coparticipación perdida en el pasado.
Si se mide per cápita, La Rioja recibe 4 veces lo que Formosa, que se ubica en el segundo lugar, y Córdoba se ubica en el último puesto.
En lo que respecta a transferencias corrientes con destino en municipios, aquí resulta más evidente la elevada participación de los municipios de Buenos Aires en el total provincial (65%). Medido por habitante, BA se ubica en el cuarto lugar, después de Chubut, Tierra del Fuego y Chaco.
Algo similar a lo anterior ocurre con las transferencias de Capital a municipios, pues un 63% del total recae en la provincia de Buenos Aires, pero en términos per cápita, pasa a ocupar el cuarto lugar entre los que más reciben.
Si se consolidan transferencias corrientes recibidas por cada provincia y sus municipios, se concluye que un 49,6% es receptado por la provincia de BA, lo que le permite ubicarse en el 8vo lugar entre las provincias que más reciben este tipo de recursos, cuando se mide por habitante En los primeros lugares quedan Santa Cruz, La Rioja, Tierra del Fuego y Neuquén, y Córdoba. Corrientes y Mendoza en las últimas tres posiciones.
Si se consolidan transferencias de capital recibidas por cada provincia y sus municipios, se concluye que un 26% del total es receptado por BA, seguido por La Rioja (11,2%), Chaco (5,8%) y Santiago (5,6%) Per cápita, el primer lugar es para La Rioja, seguido por Tierra del Fuego, Formosa y La Pampa.
Consolidando tanto transferencias corrientes como de capital recibidas por cada provincia y sus municipios, se concluye que un 43,8%% del total es receptado por la provincia de BA, seguido por CABA (7,9%), Santa Fe (4,4%), La Rioja (3,8%) y Chaco (3,7%). En el otro extremo, Chubut y Río negro sólo reciben un 0,8% del total.
Por habitante, BA queda en el 11mo lugar, y los primeros tres son ocupados por La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Así, las provincias que reciben transferencias discrecionales por arriba de su participación en la población, excluyendo a CABA por el motivo antes señalado, son: Buenos Aires, La Rioja, Chaco, Santiago, Neuquén, Formosa, Santa Cruz, Catamarca, La Pampa y Tierra del Fuego.
Finalmente, pueden analizarse las transferencias totales a provincias en 2023, tanto automáticas como discrecionales, incluyendo el dinero que va a municipios. En este caso, BA recibe el 25% de las transferencias totales, aunque si se mide per cápita, se trata de la segunda provincia con menos recursos recibidos.
En términos per cápita, los mayores envíos totales son para Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja y Formosa, y los menores para CABA, BA, Mendoza y Córdoba.
Si se analiza la participación de BA en el total de transferencias a provincias (automáticas discrecionales), desde la vigencia de la Ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos (1989) hasta el año 2023, se observa que entre 1989 y 1995 dicha participación pasó de 19,5% a 26%, cuando se creó el Fondo del Conurbano Bonaerense en los primeros años de la Gobernación de Duhalde, y que tras imponerse un “techo” a dicho fondo, la participación de BA comienza a caer, hasta un mínimo de 18,5% en 2014 (Gobernador Scioli, Ministro de Economía Nacional Kicillof). A partir de 2016, por envío de más recursos discrecionales y luego con la eliminación del Fondo del Conurbano (que había pasado a perjudicar a BA), dicha provincia comienza a mejorar su participación en el total de envíos a provincias, llegando en el primer período del actual Gobernador Kicillof a participaciones similares a las que había tenido Duhalde en 1994 – 1996.
La reducción en el impuesto a las ganancias está impactando sobre los ingresos de las provincias. En lugar de discutir compensaciones es la oportunidad para llegar a un acuerdo de coordinación tributaria y funcional que incluya distribuir las fuentes tributarias y sustituir la coparticipación por un Fondo de Convergencia.
La Ley 23.548, denominada “Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las Provincias”, más conocida como ley de coparticipación, fue sancionada en 1988 en el particular contexto político que se transitaba al final del gobierno de Raúl Alfonsín. Su concepción es concentrar la recaudación de los impuestos para luego distribuirla, de manera diaria y automática, entre el Estado nacional y las provincias. La distribución se basa en parámetros muy arbitrarios y genera incentivos muy perversos.
Cualquier alteración en los impuestos y su forma de distribución debe ser instrumentada a través de ley aprobada por el Congreso, es decir, donde las provincias participen en la decisión. Sin embargo, sucesivos gobiernos nacionales aplicaron modificaciones impositivas sin pasar por el Congreso motorizando una frondosa litigiosidad. Uno de los impuestos más frecuentemente manipulados desde el Estado nacional es el impuesto a las ganancias de las personas humanas. La última alteración ocurrió en setiembre cuando, en el marco del proceso eleccionario, el candidato por el oficialismo elevó el deducible de ganancias para los asalariados y jubilados a 15 salarios mínimos.
¿Qué impacto está teniendo esta medida sobre los ingresos provinciales? Según el Ministerio de Economía, se observa que:
En setiembre 2023, la coparticipación aumentó en términos reales un 2% respecto a igual mes del año anterior descontando la inflación.
En octubre 2023, la coparticipación recibida por las provincias cayó un -7% real.
En noviembre 2023, la caída llega al -18% real.
Estos datos muestran que el impacto en los ingresos provinciales de las decisiones que tomó el gobierno nacional unilateralmente es muy sustantivo. El rechazo por parte de varios gobernadores tiene fundamentos ya que, sin consultarlos, se dispuso un recorte significativo en sus ingresos provinciales. Como era de prever, varias provincias ya presentaron demandas judiciales contra el Estado nacional ante la Corte Suprema, sumando una nueva ola de controversias judiciales a las que están pendientes de definición.
En este nuevo conflicto, la estrategia que planteó el gobierno –como muchas veces se hizo en el pasado– es buscar una compensación a las provincias por la pérdida que les provoca la baja en el impuesto a las ganancias. Una de las posibilidades es regular que una parte del impuesto al cheque –actualmente 100% derivado a la ANSES– sea coparticipado. La estrategia alternativa, mucho más disruptiva es romper con la lógica de seguir aplicando parches sobre la vieja ley de coparticipación y suscribir entre las provincias y el Estado nacional un nuevo acuerdo de coordinación tributaria y funcional.
El acuerdo debería contemplar mejorar la correspondencia fiscal. Es decir, tender a que cada jurisdicción genere los ingresos que necesita para financiar sus gastos en base a la separación de fuentes tributarias. Esto es, el Estado nacional se debería financiar con los impuestos al comercio exterior, a la seguridad social y el impuesto a los ingresos (mal llamado “a las ganancias”) y cada provincia con el IVA (que absorbe ingresos brutos y tasas municipales) que se genere en su territorio y el impuesto sobre el patrimonio de los ciudadanos con domicilio en su territorio. La coparticipación debería ser sustituida por un Fondo de Convergencia de dimensiones mucho más pequeñas. Ya que solo estaría destinado a asistir a las provincias más pobres con transferencias que no sean un “cheque en blanco” sino condicionadas a que se aplique una estrategia medible de desarrollo.
Las elecciones produjeron una profunda renovación en los gobiernos provinciales y es la primera vez en la historia que ningún gobernador tiene alineamiento político con el presidente. Esto puede ser una debilidad o una oportunidad inédita para reconstruir el federalismo.
Para aprovecharla, hay que descartar la alternativa fácil de seguir acumulando parches y concentrar los esfuerzos en suscribir un nuevo acuerdo –que no necesita aval unánime de todas las provincias– donde se establezca que la Nación se compromete a ejecutar solo funciones interprovinciales y cada provincia –con sus municipios– a cobrar los impuestos a su población a los fines de financiar políticas de desarrollo local.
Desde mediados del año pasado, en línea con el plan de ajuste que inició primero Silvina Batakis pero profundizó Sergio Massa al frente del ministerio de Economía, los envíos de recursos extracoparticipables a las provincias comenzaron a mermar de manera significativa, situación que se mantuvo hasta julio de este año con la sola excepción de marzo. En este marco, los fondos que lograba captar Misiones sufrieron la misma suerte: entre junio y diciembre de 2022 mantuvo un recorte promedio del 16%, se profundizó en enero y febrero del corriente año a un promedio de -54% mensual, se recuperó en marzo y volvió a tener fuerte recorte entre abril y julio a un promedio de -25% mensual.
Sin embargo, durante el último trimestre (es decir, agosto a octubre), Misiones experimentó un fuerte repunte que da otra perspectiva de cara a la inversión nacional en todas sus áreas, no solo en infraestructura.
Para entender este proceso, primero definamos a los recursos extracoparticipables. A estas se la llaman transferencias no automáticas, y a diferencia de las automáticas (como coparticipación), las mismas no se rigen por un esquema preestablecido de reparto. Las transferencias automáticas surgen de una masa de recursos que se reparten según el guarismo asignado por ley a cada provincia, algo de lo que hablamos hace dos semanas en esta columna de Economis. En cambio, las no automáticas quedan a criterio del poder central, quien decide el envío de fondos. Pero ¿de qué fondos hablamos? Aquí hay una amplia gama de recursos: pueden ser aquellos prefijados en el Presupuesto nacional, financiamiento para obra pública, para aplicar programas sociales, para fomentar el emprendedurismo local, o para algún otro programa de política pública en particular. Pero también se encuentran aquí los fondos para el tesoro provincial que sirven de asistencia financiera para emergencias, para reforzar la caja, para cubrir el déficit del sistema previsional o para alguna otra disponibilidad en función de los criterios preasignados.
Si bien las transferencias no automáticas a las provincias son de un volumen muy inferior a las automáticas, cumplen un rol fundamental, ya que financian política pública y/o dan solvencia (o a veces, respiro) a las finanzas provinciales.
El ajuste vivido en gran parte del 2022 y 2023 se explica principalmente desde la necesidad de ordenar las cuentas públicas nacionales (acuerdo con el FMI mediante), pero eso generó también que las provincias, aun teniendo mejor situación fiscal que la nación, se ajusten los cinturones para no caer en insolvencia fiscal. Pero hubo un doble fenómeno que cambió el escenario durante el último trimestre: necesidad de financiamiento para expandir la economía por un lado, y el avance del calendario electoral por el otro.
Vayamos a los datos. Como dijimos antes, en el último trimestre los fondos no automáticos que captó Misiones crecieron de manera considerable. Luego de acumular una caída del 20,6% entre enero y julio, en agosto crecieron 139,2% en términos reales, en septiembre un 75% y en octubre se alzaron 164,4%. Este último dato representa la mayor suba desde diciembre de 2020 pero, al mismo tiempo, se trata del mayor volumen de recursos en términos absolutos de la historia: fueron $9.303 millones.
El avance de las transferencias se evidencia también, justamente, en valores absolutos: entre enero y julio de este año, el mayor volumen se había observado en marzo con $ 4.037 millones; pero ya en agosto ascendió a $ 6.083 millones; en septiembre a $ 6.087 millones y llegando en octubre al récord mencionado. El alto volumen captado en octubre también tuvo relevancia en el plano nacional: fue la provincia con el quinto mayor monto recibido y el que más fondos se hizo en todo el NEA. Además, su crecimiento real fue el sexto más alto del país y también el mayor de todo el NEA.
Aclaro esto, ¿para qué sirve este crecimiento de fondos no automáticos en la provincia? Como mencionamos, más recursos nacionales implica contar con el financiamiento para llevar adelante programas de políticas públicas y cumplir metas de gestión. Pero además, desde un punto de vista casi simbólico, también son importantes para intentar achicar las asimetrías que sufre Misiones en la distribución de fondos automáticos.
Yendo a los conceptos por el que llegaron los fondos en octubre a Misiones, se destacan algunos muy importantes para la gestión presupuestaria provincial. Por un lado, llegaron $2.000 millones del Tesoro Nacional que son de libre disponibilidad para la administración provincial, clave desde un punto de priorización local de los fondos según los programas que tenga en marcha. Además, llegaron $1.969 millones para distribuir al sector docente en concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente, un punto que tuvo un amplio incremento real durante al año.
Además, otros $850 millones llegaron para el programa Abordaje Comunitario “Abrazar Argentina”, un programa social que tiene como principales destinatarios a los comedores comunitarios y merenderos, logrando así financiar un programa social de relevancia. También hubo otros $610 millones para Emergencia Social para catástrofes o emergencias climáticas, financiamiento clave para encarar programas de recuperación tras la seca pero también para los casos de inundaciones vividos en el último tiempo.
Pero no solo hay fondos de asistencia social, también es desarrollo económico. En octubre llegaron otros $700 millones para la implementación de políticas para el desarrollo del agregado de valor en las cadenas agroalimentarias, $308 millones para inversiones en infraestructura turística, y $170 millones para el fomento de Parques Industriales.
Por otro lado, existe fuerte financiamiento para infraestructura: $ 592 millones para el desarrollo de obras varias en municipios, $ 192 millones para el desarrollo de obras de pavimentación y jerarquización urbana; $ 177 millones del programa Infraestructura Hídrica del Norte Grande (financiado a través del BID).
Estos son algunos de los puntos más relevantes de las transferencias recibidas por Misiones en octubre, que como ya se dijo tuvo un crecimiento importante. Pero además, a partir del fuerte repunte del trimestre agosto-octubre, el acumulado del año muestra también incrementos reales en los recursos no automáticos que captó la provincia. En total, entre enero y octubre, Misiones se hizo de $ 37.946 millones, una cifra que es 13,1% superior en términos reales a igual período del 2022, siendo la provincia del NEA con el mayor incremento y la séptima más alta en el país. De ese total, se destaca que el 25% corresponde al FONID, garantizado así el pago al sector docente; el 16% a obras por transferencias a provincias y municipios; el 8% de fondos frescos para la administración provincial entre asistencia a provincia y ATN, entre otros.
Todo lo dicho anteriormente tiene un sentido: por un lado, contar con mayores recursos por parte del Estado nacional permite, como ya se dijo, achicar asimetrías y contar con el financiamiento necesario para continuar un plan de desarrollo socioeconómico de la provincia. Pero hay otro punto fundamental a destacar: robustece la situación fiscal local. Sobre esto último hay algo muy importante para mencionar: entre enero y junio, es decir, durante el primer semestre del año, los fondos nacionales estaban en plena caída, pero aún con eso en consideración, Misiones cerró ese período con buenos indicadores fiscales: el superávit primario fue por $ 1.117 millones y el financiero por $ 48 millones, con un gasto expandiéndose 122% y los ingresos solo 110%, según los datos que difundió esta semana el ministerio de Hacienda provincial.
Es decir, aun sufriendo altos recortes de fondos nacionales, la provincia continúa expandiendo el gasto sin alterar su equilibrio fiscal. En vista de esto, la fuerte recuperación de los fondos nacionales no automáticos puede servir para ensanchar el superávit o bien, para sostener el equilibrio pero expandir aún más el gasto en vistas de profundizar el camino de desarrollo de la provincia.
Otro punto clave es la reivindicación misionera: históricamente perjudicada por el gobierno nacional, el repunte del último trimestre muestra una mirada distinta a la provincia, como una suerte de acto de justicia desde el poder central hacia Misiones, una situación simbólicamente valorable en un escenario donde el destino de la conducción política del país no está claro y donde queda en evidencia que los dos modelos de país propuesto no ponen el mismo valor a las provincias.
