Pedirán condenas para una red de explotación sexual de víctimas de trata en Corrientes
Con la primera parte del alegato de la fiscalía se inició ayer, en Corrientes, la etapa final del juicio por la megacausa de explotación sexual de al menos 36 víctimas de trata en una zona fronteriza con Brasil y mañana se conocerán las penas que se pedirán para los 16 imputados, informaron fuentes judiciales.
La fiscal Tamara Pourcel y la representante de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Victoria Zazzola, abrieron hoy la instancia de alegatos en el debate por el sometimiento a la prostitución de 36 personas vulnerables en al menos tres locales nocturnos de la ciudad de Paso de los Libres.
Con uno de los imputados en la sala y otros 15 que la siguieron de manera virtual, la audiencia se extendió desde las 8.30 hasta pasado el mediodía y luego los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes dispusieron que el final de este alegato del Ministerio Público Fiscal sea pronunciado mañana por el fiscal federal Carlos Schaefer, quien pedirá las condenas para cada uno de los acusados.
Luego de los alegatos de la fiscalía será el turno de las réplicas por parte de las defensas, un trabajo que será articulado en 16 capítulos, correspondientes a cada integrante de la red investigada y que funcionó hasta 2015 cuando los fiscales federales Fabián Martínez y Carlos Schaefer y Marcelo Colombo por la Protex, y la jueza Cristina Pozzer Penzo, orientaron la investigación que llegó a juicio en mayo pasado.
Solo uno de los acusados, el abogado Dionisio Velazco, participó en forma presencial de la audiencia de hoy, mientras que el resto, casi todos residentes en Paso de los Libres, siguieron el desarrollo de la jornada mediante videoconferencia.
A lo largo de este debate, a cargo de los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Manuel Moreyra (subrogante de Misiones), declararon alrededor de 50 testigos, entre quienes se encuentran algunas víctimas de este delito, que se le atribuye a empresarios, comerciantes, abogados, un exgendarme y que alcanzó, según se denunció, a tener protección del fiscal federal de esa zona, Benito Pont, hoy con 71 años de edad y apartado del proceso por incapacidad.
Una de las claves para que esta red de prostíbulos, individualizados como Balizas, Kilómetro de Oro y Roxi (también conocido como Puro Movimiento), llegara a esta instancia fue escrita en el procesamiento a los imputados por parte de la jueza Pozzer Penzo, que remarcó la condición de vulnerabilidad que sufrían las víctimas.
“Todas estas condiciones objetivas de vulnerabilidad de las mujeres fueron aprovechadas por las imputadas para someterlas con el fin de explotación sexual que se desarrollaba en los locales a su cargo. Para más, es doctrina reiterada de la Alzada que el consentimiento prestado en estas condiciones de necesidad y vulnerabilidad carece de cualquier valor”, señala el expediente, al que tuvo acceso Télam.
Entre las víctimas había personas de Entre Ríos, Chaco, Formosa, Córdoba, de la misma ciudad de Paso de los Libres e incluso de Paraguay y República Dominicana, todas con carencias económicas y educativas.
Ahora se intenta determinar el grado de responsabilidad y qué pena le corresponderá a cada uno de los imputados, entre quienes se encuentran el empresario Ricardo Aguirre, su pareja Clelia Espada y su hijo Ricardo Gustavo Aguirre, el comandante principal de Gendarmería José María Viero, que, por otra parte, es cuñado del exfiscal Benito Pont.
Además están imputados Rosana Estela Rodríguez (que junto a los Aguirre y Espada figuran como supuestos organizadores de la red), Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Do Santos, Ramón Do Santos y Claudia María Do Santos que llegaron al debate acusados como presuntos coautores materiales.
También Dionisio Velasco como partícipe -al igual que Viero-, Mónica Beatriz Alberti, Juan Manuel Schell y Norma Rosalía Lanatta, que figuran como coautores de los delitos investigados, todos ellos por 11 hechos.
En tanto que María Gloria Ponce, Rafael González y Jorge Antonio Lisasoain fueron procesados como coautores del delito, pero ocho veces de manera reiterada.
