En diciembre pasado, San Miguel, un pueblo vecino del Parque Iberá en Corrientes, fue sede del Primer Festival del Yaguareté Correntino. Ahora, impulsaron la creación de una efemérides que mantendrá viva para siempre a esta significativa celebración.
San Miguel era la sede “natural” para el evento por su papel fundamental en la recuperación de la especie: a pocos kilómetros del pueblo se alza el Centro de Reintroducción del Yaguareté (CRY), donde se criaron y liberaron los primeros ejemplares que hoy ya se reproducen en libertad y suman más de cuarenta.
El Festival del Yaguareté Correntino nació con el objetivo de poner en valor este extraordinario logro de conservación, visibilizar el rol de las comunidades y acercar a la ciudadanía a una de las historias ambientales más inspiradoras de la región.
El evento tuvo como disparador la inauguración del nuevo mural del yaguareté a cargo del grupo de artistas correntinos “Ñande Arte”, en una obra colectiva que rinde homenaje al regreso de esta especie emblemática y a la identidad cultural de Iberá. Las agrupaciones de danza folclórica de los barrios de San Miguel sumaron tradición y orgullo con una participación destacada.
San Miguel, el pueblo elegido para la celebración
La comunidad sanmiguelina ha sido clave en la construcción de un modelo local de desarrollo basado en el orgullo, la identidad cultural, la belleza de su naturaleza y las oportunidades de un Iberá protegido: guías, emprendedores, artesanos, cocineros, anfitriones y familias que encontraron en la conservación un camino de trabajo y arraigo.
Y fueron más allá: tras el festival, impulsaron un y de esa forma asegurar una fecha para celebrar al yaguareté en la memoria colectiva de la provincia. La fecha de celebración votada por la gente fue el 6 de junio, el día en que nacieron los primeros cachorros del proyecto, por el año 2018.
Esta edición inaugural fue el punto de partida de un festival anual e itinerante, que recorrerá cada año una localidad portal distinta del Iberá.
El ministro del Interior, Diego Santilli, sumó este viernes el respaldo del gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, a la reforma laboral que el Poder Ejecutivo nacional busca sancionar durante las sesiones extraordinarias de febrero. El apoyo se formalizó tras una reunión en la Casa de Gobierno provincial y refuerza la estrategia del oficialismo de consolidar aval político en las provincias para avanzar con una iniciativa clave de su agenda económica.
“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, afirmó Santilli, al subrayar el carácter estructural de la reforma y su impacto esperado sobre el mercado laboral y el desarrollo regional.
Reforma laboral: apoyo político y coincidencias con las provincias
Durante el encuentro, Santilli y Valdés destacaron las acciones conjuntas articuladas entre el gobierno nacional y provincial y coincidieron en “la necesidad de que el Congreso apruebe la reforma laboral”. El respaldo del mandatario correntino se suma a una serie de adhesiones que el Ejecutivo viene acumulando en distintas jurisdicciones, en un contexto legislativo clave.
Por su parte, Valdés remarcó la importancia de avanzar en cambios normativos que permitan actualizar el esquema vigente sin afectar derechos adquiridos. “Es altamente positivo que se discuta la modernización laboral sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores”, sostuvo el gobernador.
En la misma línea, el mandatario provincial señaló que existe una definición política clara por parte del Ejecutivo nacional. “Hay una apuesta del gobierno nacional a que el mercado laboral crezca. Es una normativa nueva que busca generar más trabajo de acá para adelante”, expresó.
Las declaraciones reflejan una convergencia discursiva entre Nación y provincias en torno a la necesidad de modernizar el sistema laboral, con el objetivo de estimular la inversión privada y mejorar los niveles de empleo formal.
Asistencia financiera y articulación institucional
En el marco de la reunión, Santilli también adelantó que el Gobierno nacional enviará Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por 3.000 millones de pesos a Corrientes. La asistencia fue solicitada para paliar la crisis generada por las inundaciones que afectan a los municipios de San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía, según informó el Ejecutivo en un comunicado oficial.
El anuncio refuerza la agenda de coordinación entre Nación y provincias, combinando respaldo político a reformas estructurales con asistencia financiera ante emergencias climáticas que impactan en la economía y el tejido social de los territorios.
Nueve gobernadores respaldan la iniciativa
Con el apoyo de Valdés, Santilli alcanzó el respaldo de nueve gobernadores a la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. La lista incluye a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut), además del mandatario correntino.
La acumulación de apoyos provinciales constituye un activo político central para el oficialismo en la antesala del debate parlamentario, en un escenario donde la reforma laboral aparece como uno de los ejes económicos e institucionales de las sesiones extraordinarias.
El ministro del Interior, Diego Santilli, visitará este viernes la provincia de Corrientes para reunirse con el gobernador, Juan Pablo Valdés, en el marco de la ronda por la búsqueda de voluntades para aprobar la reforma laboral.
El funcionario viajará el día después de que la mesa política se reúna para dar una respuesta al pedido de los mandatarios provinciales patagónicos que reclaman la sanción de la Ley de Emergencia Ígnea.
Desde el corazón del Ejecutivo revelaron que hay grandes chances de avanzar en el pedido aunque debaten el formato.
En paralelo, el exlegislador del PRO retoma las rondas de contactos con los representantes provinciales para avanzar en la aprobación del proyecto de modernización laboral que tanto obsesiona al presidente Javier Milei.
Desde la cartera expresaron que durante el intercambio, la intención del representante del Ejecutivo es “avanzar en la aprobación de la reforma laboral, la Ley de Glaciares, el acuerdo con el Mercosur y la ley penal juvenil”.
El alfil negociador retomó una práctica que inició en diciembre, para obtener la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, y la replicó en los primeros días del año.
Hasta entonces se entrevistó con Ignacio Torres, con quien visitó las zonas afectas por el incendio forestal en Chubut; Leandro Zdero en Chaco; Alfredo Cornejo en Mendoza; Marcelo Orrego en San Juan; Rogelio Frigerio en Entre Ríos; y recibió al neuquino Rolando Figueroa.
Lo cierto es que una porción de los gobernadores aliados se muestran reticentes al articulado tributario de la reforma, en especial a la reducción pensada en Ganancias para las sociedades, lo que afectará la recaudación de las provincias. El punto es debatido por el estrecho círculo de funcionarios y legisladores desginados para sintetizar las determinaciones
En un contexto de tensión creciente con los gremios estatales y a semanas del inicio del ciclo lectivo, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, reconoció que la provincia no cuenta con margen financiero para otorgar aumentos salariales en el corto plazo. El mandatario atribuyó la restricción a la caída de la coparticipación federal y a una deuda que la Nación mantiene con el distrito por unos $250.000 millones, un pasivo que, según afirmó, condiciona de manera directa cualquier recomposición de ingresos en la administración pública.
Caída de la coparticipación y reclamo por una deuda millonaria
Consultado este martes por la mañana en una rueda de prensa con cronistas radiales, tras una reunión mantenida el lunes con la ministra de Educación, Valdés evitó comprometer fechas o porcentajes de recomposición salarial. “Lo estamos trabajando”, respondió ante la consulta, aunque de inmediato aclaró: “Tenemos una situación compleja con la caída de la coparticipación”.
El gobernador puso el foco en el frente fiscal y reclamó al Gobierno nacional una deuda estimada en $250 mil millones, correspondiente al consenso fiscal. “Es una deuda importante”, sostuvo, al explicar que ese pasivo limita la capacidad financiera de la provincia, aun cuando aseguró que las cuentas provinciales se encuentran equilibradas.
Desde el punto de vista económico e institucional, la referencia a la coparticipación federal resulta central: se trata de uno de los principales ingresos corrientes de Corrientes y su retracción impacta de manera directa en la masa salarial, que constituye uno de los componentes más relevantes del gasto público provincial.
Presión sindical y educación en el centro del conflicto
Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de un encuentro clave con la ministra de Educación, quien venía de reunirse con entidades sindicales del sector. En esa instancia, los gremios reclamaron el inicio inmediato de la discusión salarial, con especial énfasis en la situación de los docentes.
El reclamo adquiere mayor peso político y social ante la cercanía del inicio del ciclo lectivo, previsto en Corrientes para el 2 de marzo. La falta de definiciones concretas sobre los salarios mantiene en vilo a los trabajadores estatales, particularmente al sector educativo, históricamente sensible a los retrasos en la negociación paritaria.
Equilibrio fiscal, límites políticos y expectativas a corto plazo
Valdés intentó equilibrar el mensaje entre la prudencia fiscal y la contención política. Si bien insistió en que la provincia mantiene sus finanzas ordenadas, dejó en claro que el escenario macroeconómico y la relación financiera con la Nación reducen el margen de maniobra para otorgar aumentos salariales.
En términos de proyección, el reconocimiento explícito de la falta de margen fiscal anticipa un escenario de negociaciones tensas con los gremios estatales en las próximas semanas. La evolución de la coparticipación y una eventual definición sobre la deuda reclamada a la Nación aparecen como variables clave para destrabar, o no, la discusión salarial en Corrientes.
El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se refirió al cierre de la empresa textil Alal en Goya, que dejó sin empleo a 260 trabajadores, y trazó un diagnóstico crítico sobre la situación de la industria correntina. Señaló la falta de ventas, la competencia con productos importados y las pérdidas acumuladas como factores determinantes, y confirmó que pedirá una audiencia con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, entre el 9 y el 13 de febrero, para exponer el escenario que atraviesan las industrias correntinas.
Un cierre emblemático y un diagnóstico crítico sobre la industria
El cierre de la textil Alal en la ciudad de Goya volvió a encender las alarmas sobre la situación productiva en Corrientes. La empresa dejó en la calle a 260 trabajadores, en un contexto que, según el gobernador Juan Pablo Valdés, refleja un deterioro más amplio del entramado industrial provincial.
“Hoy es muy difícil que se sostenga una firma que tiene una pérdida de $900.000.000 porque justamente no tiene ventas. Y es muy difícil competir con empresas extranjeras, eso también complica”, afirmó el mandatario este martes 27 de enero, en declaraciones a cronistas radiales. Para Valdés, el cierre de Alal no es un hecho aislado, sino un síntoma de un proceso que impacta de lleno en la industria, el comercio y las pymes.
El gobernador remarcó que, hasta el momento, no se evalúa una asistencia provincial directa para los trabajadores afectados por el cierre de la firma goyana. No obstante, subrayó que el Gobierno de Corrientes acompañó a la empresa en los últimos años con distintas herramientas. “Facilitamos créditos a la empresa para poder tecnificar. La luz la pagan directamente a CAMMESA y nosotros siempre dimos todo lo que está a nuestro alcance”, sostuvo.
En ese marco, anticipó que el tema será planteado en el plano político nacional. “Este tema lo voy a plantear a Santilli ahora cuando nos reunamos esta semana”, indicó, en referencia al ministro del Interior.
Importaciones, falta de ventas y un escenario que se repite en otros sectores
Más allá del caso puntual de Alal, Valdés amplió su análisis al conjunto del aparato productivo provincial. “Hay preocupación industrial porque empieza a colapsar el sector. Competir con la importación con las empresas extranjeras es muy difícil. Es más costoso comprar un producto hecho en Argentina que hecho en otros países”, advirtió.
Según explicó, la falta de ventas atraviesa a distintas actividades. “Todos están preocupados porque no hay ventas, la industria yerbatera también, la forestal lo mismo”, enumeró, al anunciar que ya se solicitó una audiencia con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, prevista para entre el 9 y el 13 de febrero. Allí, adelantó, se expondrá la situación de las industrias correntinas y el impacto que el actual contexto económico tiene sobre la producción local.
El diagnóstico del gobernador coincide con el planteo de los sectores empresarios de Goya, que señalaron que el cierre de Alal “golpea de lleno a la economía regional” y se inscribe en un escenario de fragilidad previa. En un pronunciamiento público, la Cámara Empresarial de Goya sostuvo que el fortalecimiento de la moneda, que “estimuló las importaciones casi sin control y en claro detrimento de la industria nacional”, aparece como uno de los principales factores que precipitaron el desenlace.
El reclamo empresarial y el impacto en la economía regional
La Cámara Empresarial de Goya calificó la decisión de la empresa como “drástica” y señaló que, si bien tomó por sorpresa a gran parte de la ciudadanía, existía la percepción de que “más temprano que tarde, esta situación podría concretarse”. En ese marco, evitó profundizar en las razones internas de la firma y dejó de lado valoraciones político-partidarias, pero puso el foco en las consecuencias sociales y económicas.
El comunicado expresó solidaridad “con la empresa Emilio Alal SCIFI, con los más de trescientos trabajadores que quedarán sin su fuente de ingresos, con quienes prestan servicios sin relación de dependencia y con los proveedores de materia prima, incluso aquellos radicados en otras provincias”. Además, instó a las autoridades municipales, provinciales y a los legisladores nacionales por Corrientes a ser “portavoces de un reclamo firme en defensa de las economías regionales”.
El cierre de Alal, una firma histórica en la segunda ciudad de la provincia, profundiza así un escenario de tensión en el entramado productivo local, donde la caída del consumo, el aumento de los costos relativos y la presión de las importaciones configuran un desafío que excede a una sola empresa.
