El juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner por la causa Cuadernos comenzó este jueves de manera remota con la lectura de la acusación fiscal por los delitos de asociación ilícita y cohecho ante el Tribunal Oral Federal 7.
La ex mandataria se conectó vía Zoom y fue obligada por los jueces a mostrarse en cámara.
“Se da inicio a este juicio oral y público” anunció el presidente del tribunal, Enrique Médez Signori, luego de haber comprobado la presencia en el megazoom de los 87 acusados, sus abogados, la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Comenzó así la lectura íntegra del requerimiento de elevación a juicio del fiscal que instruyó el caso, Carlos Stornelli: llegaron a enumerarle a la ex presidenta 40 de los casos de presunto pago de sobornos por parte de empresarios de los que la acusación la considera coautora en su carácter de beneficiaria final.
Los jueces Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli se conectaron desde una sala de audiencias del Palacio de Justicia en Talcahuano 550, donde ese tribunal tiene su sede y donde minutos antes permitieron el acceso de reporteros gráficos para tomar imágenes.
Con todas las partes ya en el Zoom, se inició la lectura interrumpida a los pocos minutos por el juez Méndez Signori porque no todos los acusados se dejaban ver ante las cámaras, uno de ellos Cristina Kirchner.
“Advierto que no todos los imputados aparecen en cámara. El Tribunal debe velar por la presencia de todos, les pido a las personas que no aparecen en cámara que lo hagan y arbitren las medidas necesarias para que yo los pueda ver”, expresó el juez.
Entonces la ex presidenta se mostró en la imagen junto a su abogado Carlos Beraldi desde el departamento de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario de seis años por administración fraudulenta en el caso Vialidad.
Primera jornada: las lecturas
La secretaria del tribunal, María Cecilia Chichizola, comenzó la lectura del requerimiento que narra cómo se inició la causa y el detalle de acusaciones a la ex presidenta como coautora en relación a, por lo menos, 40 hechos de presunto pago de sobornos por parte de empresarios a entonces funcionarios de su gobierno como Roberto Baratta y José López, también juzgados en un total de 87 acusados.
A lo largo de la jornada se escucharon los cargos que pesan contra los acusados en la causa principal, la 9.608 abierta en 2018, cuando el fallecido juez federal Claudio Bonadio ordenó medidas en base al dictamen de impulso de la investigación resuelto por Stornelli.
En ese juzgado tramitaba la causa por delitos con la compra de gas licuado en el kirchnerismo y había declarado Hilda Horowitz, la ex esposa del remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos, y quien se presentó para decir que tenía información.
Según la acusación, Centeno, temeroso de ser allanado, entregó a un amigo, Jorge Bacigalupo, una caja de cartón con los ocho cuadernos y otros documentos, todo lo cual recibió de manos de este último el periodista Diego Cabot a principios de 2018, según la causa judicial.
El periodista llevó la evidencia a Comodoro Py en el marco de esta causa ya abierta y Bonadio resolvió iniciar una nueva investigación.
Todo eso se repasó en la lectura de la acusación trasmitida por el canal de Youtube del Poder Judicial. En el juicio interviene la fiscal Fabiana León y la querella de la UIF.
El debate se inició poco antes de las 10.30, casi una hora después de lo previsto, terminó a media tarde y se reanudará el jueves próximo con otra jornada de lectura de la acusación fiscal.
“Casi la totalidad de las boletas únicas de papel (BUP) de la provincia de Buenos Aires ya están impresas, y reimprimirlas implicaría una inversión superior a los 10 millones de dólares”, advierte Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral.
En las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre se utilizará por primera vez en la historia electoral argentina este sistema, que marca un cambio sustancial en materia de transparencia, equidad y calidad institucional. A tres semanas de los comicios, y en un contexto de apatía creciente del electorado y baja participación en las elecciones provinciales desdobladas, la pedagogía electoral se vuelve clave para garantizar una implementación exitosa.
A continuación, Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, analiza las implicancias de una eventual reimpresión de boletas y los desafíos que implicará, por primera vez en el país, la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP).
Sobre la posibilidad de reimprimir boletas: “El 70 % de las BUP de la provincia de Buenos Aires, ya están impresas. Imprimir el 30 % restante con el candidato que encabeza ahora, significaría que hay dos modelos en un mismo territorio y podría generar confusión”.
“Reimprimir el total implicaría una inversión de más de 10 millones de dólares y el descarte (desperdicio) de lo ya recibido, con costos adicionales de logística y el peligro latente de que se mezclen partidas de las viejas y las nuevas”.
“A esta altura del proceso electoral todo parece indicar que lo adecuado es mantener las boletas originales”.
“Lo que el electorado debe identificar claramente a la hora de votar es el partido (o alianza electoral en competencia) y eso está claramente asegurado para LLA, a punto que el escándalo hace más fácil ubicarlo en la boleta”.
“Es importante destacar que lo que elegirá cada ciudadano el 26 de octubre es a la alianza o frente electoral de su preferencia, y no a un candidato individual. Cuando se vota a un partido, no se opta sólo por un candidato específico sino por el conjunto, y la situación ha variado respecto a uno solo de ellos, manteniéndose el resto sin modificación”.
“En una economía en crisis, siendo que el gobierno suspendió la aplicación de las primarias (PASO) por falta de recursos, parece inadecuado -y hasta un despropósito- malgastar recursos millonarios para esa mínima enmienda”
.“Podrían estudiarse otras alternativas, como etiquetas autoadhesivas que podría aplicar el Presidente de mesa en la columna correspondiente a LLA al momento de entregar la BUP, pero sería sobrecargar la tarea de quienes además enfrentan el desafío del nuevo instrumento por primera vez”.
“La Boleta Única de Papel (BUP) representa una transformación relevante en términos de transparencia, equidad y calidad institucional. Busca mejorar la nitidez de los comicios con mayor transparencia, reducir prácticas fraudulentas y garantizar igualdad de condiciones entre todas las fuerzas políticas”.
Desafíos y necesidad de una mayor educación cívica“
Aunque no es un sistema perfecto ni infalible, la BUP representa un avance. El nuevo sistema termina con un negocio opaco relacionado con la impresión de boletas partidarias, que hasta ahora era financiado por el Estado sin control efectivo. Se acaban las picardías de la mala política, que resistió el cambio durante décadas porque se perdían negocios”.
“El sistema es más simple y seguro. Es más ágil para votar. Es más intuitivo, comprensible y amigable, cuando uno lo observa y conoce”.
“Un principal beneficio es la equidad, ya que los partidos pequeños, a menudo perjudicados por el robo de boletas o la falta de fiscales, tienen garantizada su presencia en la oferta electoral. Todos los partidos pueden competir en igualdad de condiciones. Toda la oferta electoral está en la boleta única de papel, eliminando el problema de la falta -o robo- de boletas partidarias”.
“La implementación del sistema requiere de una fuerte campaña de educación cívica. Se necesita información para evitar confusiones, especialmente en provincias que no desdoblaron sus elecciones y las harán el mismo 26 de octubre en elecciones concurrentes (misma fecha electoral con instrumentos diferentes para los cargos locales y los nacionales)”.
“El riesgo de apatía o temor entre adultos mayores o votantes con escasa formación cívica podría hacerlos desistir de participar ante el nuevo formato. En un contexto de baja participación electoral, tal como se observó en las elecciones provinciales que se desdoblaron de la nacional, la pedagogía cívica se vuelve fundamental”.
“El desafío está en implementarla con seriedad y acompañarla de campañas masivas de educación cívica que refuercen la confianza en el acto electoral. Dado que más de 36 millones de argentinos -en su gran mayoría- utilizarán este sistema por primera vez, el cambio puede generar resistencias y temores”.
“Vale resaltar los esfuerzos que viene realizando la Cámara Nacional Electoral en materia de capacitación cívica, en combinación con las Juntas Electorales de las distintas jurisdicciones, buscando suplir un déficit formativo e informativo evidente”.
“El desafío está en implementar la BUP con seriedad, evitando improvisaciones y asegurando que cada votante llegue al día de la elección con la tranquilidad de saber cómo ejercer su derecho”.
“Es imprescindible que la sociedad haga suyo este nuevo instrumento electoral, y los ingredientes esenciales para ello son la confianza y el conocimiento”.
Desde el Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la UA, con lenguaje claro y conceptos simples, se propicia la comprensión y la práctica de conceptos esenciales que hacen a la transparencia electoral. En ese sentido como parte de su compromiso con la sociedad, ejerciendo su responsabilidad educativa y en defensa de los valores democráticos, aporta a la ciudadanía -y medios de comunicación- el siguiente video explicativo de cómo votar con la Boleta Única de Papel el próximo 26 de octubre (de forma didáctica y con el paso a paso), para su libre utilización y difusión.
El presidente Milei fue entrevistado por Luis Majul y negó actos de corrupción en La Libertad Avanza.
El presidente reconoció que hará modificaciones en áreas de su gestión, dedicó el elogios al titular del PRO y dijo que modificará lo necesario para defender el rumbo de su gestión “Soy bilardista. Voy a hacer lo que se necesite”.
“El cabeza de lista de diputados nacionales en provincia de Buenos Aires es el “Colo” Diego Santilli” dijo el presidente Milei aunque esto implicará que hay que reimprimir unas 18 millones de boletas para abastecer al mayor distrito electoral de la Argentina.
“No tengo dudas de la honorabilidad del Profe. Lo maravilloso que hizo hoy es que demostró que no somos todos lo mismo. Fue un gesto noble. No dudo de su honorabilidad. El kirchnerismo montó una operación. Es especialista. Es muy típico del socialismo del siglo XXI. Se lo hicieron a Olivera, De Narváez, Bullrich y Niembro”, dijo
“Una persona honesta no está acostumbrada a moverse en ese barro. El profe Espert hizo ese contrato y estaba en el sector privado, no en política”. “Si usted quiere hacer algo que está sucio ¿lo hace por vía bancaria?”, se preguntó el Jefe de Estado.
“Nosotros no renunciamos a la vara suiza. Nadie les va a preguntar a Taiana, a Grabois, sobre los problemas que tienen. Además, tienen a la jefa de la banda condenada, están más sucios que una papa”.
Como ocurriera con el caso de los audios de Diego Spagnuolo y la corrupción en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (caso desatado por los periodistas de Data Clave y Carnaval Stream), una vez más fue el Cuarto Poder el que puso de rodillas al Jefe de Estado.
A pesar de su recurrente “no odiamos suficiente al periodismo”, tuvo que aceptar el primer mandatario que la investigación de Paz Rodríguez Niell y Hugo Alconada Mon en el diario La Nación expusieron pruebas concluyentes contra José Luis Espert.
Lo demolieron en apenas una semana. Mostraron por primera vez la contabilidad del Bank of America en la que el ex candidato libertario había recibido US$200.000 por parte de una empresa de Fred Machado, el empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
A pesar de la decisión tomada, Milei sigue sin aceptar lo que acepta el conjunto de la sociedad argentina.
“No tengo que explicar por qué se dan ciertas situaciones. Me da la sensación de que es muy difícil pararse frente a la cámara y encontrarse con esas acusaciones aberrantes”.
“Acá hay una cosa muy interesante: si usted quiere hacer algo que está sucio, ¿usted lo va a hacer por la vía bancaria? No. Otra cosa que usted no va hacer es avanzar con una cuestión ilegal en el país con los mejores departamentos de compliance del mundo. No tenía malas intenciones”.
“Me encanta la idea de Mauricio Macri recorriendo el mundo. Sería muy positivo que el ex presidente nos de una mano consiguiendo inversiones para la Argentina”, cerró.
A continuación, las 12 frases más destacadas del presidente Javier Milei en la entrevista con el periodista Luis Majul:
Voy a armar el equipo en función de lograr todas las reformas estructurales que quiero hacer. Soy bilardista.
Voy a hacer los cambios que necesite para sacar las reformas. Yo quiero que Argentina sea libre porque eso nos va a hacer el país más próspero del mundo. Para lograr eso hay áreas que no están funcionando como deberían funcionar.
Voy a tomar de la mejor de las maneras las sugerencias que haga el presidente Macri para que esas áreas que tendrían que estar funcionado de una manera y que no funcionan, empiecen a funcionar como corresponden.
Me parece un gesto noble de Espert a la luz de lo que está ocurriendo. El kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones en campaña. Esto es muy típico del socialismo del siglo XXI, y el kirchnerismo es la franquicia local
Básicamente, la propuesta de ellos es parar a Milei, es decir, no es algo constructivo, es destructivo. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que hicieron ellos cuando estuvieron en el poder? Desaprovecharon el mejor contexto internacional de la historia, cuando Kicillof fue ministro de Economía, durante el segundo mandato de la condenada
Nosotros no nos rehusamos a la vara suiza, la tomamos y no la cuestionamos, pero de ahí a pretender que alguien tenga el DeLorean, es otra cosa
Ellos tienen récord de condenados, y sin ir más lejos tiene a la jefa de la banda con una tobillera y le falta las causas de los cuadernos, de Hotesur y del memorándum con Irán
Lo más maravilloso que hizo Espert hoy fue que demostró que no somos lo mismo, porque antepuso los intereses de la Nación y de las ideas de la libertad, que son las que nos va a sacar adelante, versus el interés personal. Porque yo lo conozco al profe Espert, es un peleador, un gladiator, y se baja porque tiene una responsabilidad histórica
Spagnuolo, evidentemente, se dedicó a esparcir chimentos de peluquería, no sé por qué, pero son cosas que son imposibles, jamás podría haberme dicho las cosas que decía. Si estuviera diciendo la verdad, lo debería haber denunciado porque tiene que ver con los deberes de funcionario público, así que lo tuve que apartar. Además, se la pasaba hablando mal de mis ministros y yo tengo muy buena impresión de mis ministros
Hay lugares que claramente pueden funcionar mejor y él tiene sugerencias para que eso pase. Yo soy bilardista, y aquellas cosas que no funcionen… Voy a armar el equipo en función de todas las reformas estructurales que necesito hacer
Cualquier gobernador razonable, que no sea kirchnerista, va a estar a favor de una reforma tributaria que permita que la economía crezca más
No estoy diciendo que la tarea está completa, porque a un país desarrollado lo convirtieron, con el populismo, en uno subdesarrollado en camino a ser pobre, y resolverlo demanda tiempo. Por eso decimos que no hay que aflojar
El Tribunal Oral Federal N.º 8 condenó al falso abogado por liderar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, la extorsión y la manipulación mediática. El fallo expone cómo operaba una red criminal con ramificaciones en el Ministerio Público Fiscal, el Poder Ejecutivo y medios de comunicación. El caso GNL y los vínculos con Patricia Bullrich, entre los puntos más sensibles.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 8 condenó a Marcelo Sebastián D’Alessio por liderar una asociación ilícita que operó entre 2016 y 2019, dedicada al espionaje ilegal, la extorsión y la manipulación mediática. La sentencia revela el funcionamiento de una red criminal con vínculos en el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, fuerzas de seguridad y los medios de comunicación.
Dos asociaciones ilícitas, una lógica de poder
El fallo acredita la existencia de dos organizaciones criminales. La primera, integrada por D’Alessio, R.H.B. y R.O.B. —ex agentes de inteligencia—, se dedicaba a obtener información personal mediante bases de datos restringidas y fuentes estatales para extorsionar a empresarios y funcionarios. La segunda, conocida como “Grupo Buenos Aires”, planificaba operaciones internacionales de lavado de dinero por sumas millonarias.
“La inusitada cantidad de evidencia desplegada en el juicio permitió comprobar en forma irrefutable que se dedicaban a realizar inteligencia ilegal […] y a perpetrar maniobras extorsivas valiéndose de dicha información”, indica el fallo al que accedió Ámbito.
Maniobras delictivas: extorsión, espionaje y presión mediática
El modus operandi de D’Alessio y sus colaboradores consistía en obtener datos personales mediante el acceso a bases de datos oficiales, seguimientos, escuchas ilegales y contactos en organismos estatales. Con esa información, se acercaban a empresarios, funcionarios o particulares para exigirles dinero a cambio de evitar imputaciones judiciales o escraches mediáticos.
En el caso de Pedro Etchebest, D’Alessio le exigió dinero en nombre del fiscal Carlos Stornelli para evitar su detención en la causa “Cuadernos”. Le mostró capturas de chats con el fiscal y le dijo: “Lo de Pedro, yo me encargo personalmente de avanzar con ese sujeto.”
La maniobra incluyó una reunión en Pinamar con Stornelli, registrada en fotos, audios y antenas de telefonía. Etchebest declaró que al ver al fiscal en persona “se me cayó el alma al piso”.
Otro caso emblemático es el de Mario Cifuentes, empresario vinculado a OPS, a quien D’Alessio le exigió dinero para evitar una imputación judicial y una campaña mediática en su contra: “Limpiar esto no sale menos de cuatro o cinco millones de dólares, pero yo te lo voy a conseguir por menos.” La información personal de Cifuentes fue enviada a periodistas como Daniel Santoro y difundida en televisión.
En el caso de Pablo Barreiro, hijo del ex encargado de la Quinta de Olivos, D’Alessio y Carlos Liñani intentaron extorsionarlo para que contratara sus servicios jurídicos. La presión se reforzó con la difusión de información falsa en A24 por Eduardo Feinmann, quien anunció su detención —que nunca ocurrió—. El archivo “pablobarreiro.docx” fue hallado en los dispositivos del imputado.
También se acreditó la planificación de una cámara oculta contra el abogado José Manuel Ubeira, defensor en causas sensibles, con el objetivo de desprestigiarlo públicamente: “Yo lo empomo al abogado que te quiso girar. Ese es mi trabajo. Llego y lo hago.”
El caso GNL: inteligencia ilegal, presión mediática y el testimonio forzado de Brusa Dovat
Uno de los episodios más reveladores del fallo es la intervención de Marcelo D’Alessio en la causa por presuntas irregularidades en la importación de Gas Natural Licuado (GNL), expediente que involucraba a ex funcionarios kirchneristas. El Tribunal acreditó que D’Alessio operó como intermediario informal entre el fiscal Carlos Stornelli, supuestos arrepentidos y periodistas, en una maniobra que excedía cualquier rol legal y se inscribía en el esquema de inteligencia paralela. La causa GNL fue el primer eslabón desde el cual se estructuró la mega causa “Cuadernos”.
En ese contexto, el caso de Gonzalo Brusa Dovat —ex directivo de PDVSA Argentina— se convirtió en una pieza clave. D’Alessio lo contactó, lo presionó para que declarara como arrepentido y coordinó tanto su exposición mediática como su testimonial ante Stornelli. En un mensaje al fiscal, D’Alessio anticipó: “En 10 siento a un director ‘arrepentido’ de PDVSA Argentina con Santoro. Y el lunes te lo siento para su primer testimonial. Va a ser un escándalo.”
El imputado elaboró borradores de la declaración, organizó la entrevista con el periodista Daniel Santoro y gestionó el ingreso de Brusa Dovat a la fiscalía. El fallo señala que el testigo fue inducido a declarar bajo presión, sin contar con asistencia legal ni garantías procesales.
“La testimonial de Brusa Dovat fue obtenida en condiciones que comprometen la legalidad del acto, en el marco de una estrategia de manipulación institucional y mediática”, advierte el Tribunal.
Además, se acreditó que D’Alessio utilizó información obtenida ilegalmente sobre Brusa Dovat para condicionar su relato, incluyendo datos migratorios, antecedentes laborales y vínculos personales. La maniobra fue presentada públicamente como una revelación espontánea, cuando en realidad respondía a un guión previamente armado.
“La actuación del imputado en el expediente GNL no puede entenderse como colaboración espontánea, sino como parte de un esquema sistemático de manipulación judicial y mediática”, sentenció el tribunal.
Patricia Bullrich y el Ministerio de Seguridad: vínculos directos con el operador
El fallo judicial acredita que D’Alessio mantenía comunicación directa con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien le ofrecía información obtenida mediante inteligencia ilegal. Esta relación, lejos de ser tangencial, forma parte del entramado institucional que el Tribunal consideró relevante para entender el alcance de la organización criminal.
“Se acreditó que D’Alessio mantenía contacto directo con la entonces ministra de Seguridad de la Nación, a quien le ofrecía información obtenida por medios ilegales, incluyendo escuchas y datos sensibles sobre causas penales en curso.”
Entre las pruebas incorporadas al expediente se encuentran mensajes de WhatsApp enviados por D’Alessio al número personal de Bullrich, en los que le ofrecía “una escucha” y “un arrepentido” vinculado a la banda narco “Los Monos”. El número fue verificado por la empresa Movistar como perteneciente a la funcionaria.
“Ministra, tengo una escucha que puede servirle para avanzar en la causa de Los Monos. También tengo un arrepentido que está dispuesto a declarar.”
El Tribunal consideró que estos intercambios no eran meramente informales, sino parte de una dinámica en la que el imputado se presentaba como proveedor de inteligencia paralela para funcionarios del Poder Ejecutivo.
“La existencia de estos contactos revela una permeabilidad institucional que facilitó el uso de información ilegal como insumo operativo en áreas sensibles del Estado.”
Pruebas encontradas: rastros digitales y documentos clave
La sentencia se apoya en una vasta cantidad de pruebas: Chats entre D’Alessio y Stornelli, Bullrich, Santoro y otros actores; audios grabados por las víctimas con exigencias económicas y amenazas; documentos con perfiles de víctimas y borradores de notas periodísticas; rastreo de antenas que ubican a D’Alessio y Stornelli en los mismos lugares; videos televisivos con información manipulada; peritajes informáticos que acreditan el uso de bases oficiales, fueron los ejemplos.
“La estructura probatoria revela un patrón sistemático de obtención de información, contacto con las víctimas, exigencia de dinero y posterior difusión mediática como mecanismo de presión.”
Una amenaza sistémica
El fallo no solo condena delitos concretos, sino que revela el funcionamiento de una red que operaba en los márgenes —y a veces dentro— de las instituciones democráticas. La sentencia deja abiertas líneas de investigación sobre otros actores no juzgados, pero cuya participación fue documentada.
“No pueden taparse con las manos las sombras que recayeron sobre la actuación de la propia administración de justicia, de las fuentes de información pública y la manera en que el periodismo ejerce su función.”
En una audiencia ante el Tribunal Oral Federal N.° 7, imputados en la causa Cuadernos intentaron evitar el inicio del juicio ofreciendo departamentos en Miami, embarcaciones de lujo y sumas superiores a los $2.400 millones. La Unidad de Información Financiera (UIF) y la fiscal Fabiana León rechazaron los planteos, advirtiendo que aceptar estas propuestas significaría “mercantilizar la corrupción”.
La estrategia de los empresarios: bienes y dinero a cambio de no ir a juicio
Este viernes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, escuchó a las defensas de más de 40 imputados arrepentidos en la llamada causa Cuadernos, el expediente que investiga un esquema de corrupción sistémica durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015.
La audiencia, celebrada de manera virtual, se amparó en el artículo del Código Penal que habilita la “reparación integral” mediante acuerdos resarcitorios. Bajo ese paraguas legal, los acusados ofrecieron sumas millonarias y bienes de alto valor para evitar el juicio oral fijado para el 6 de noviembre de 2025.
Entre las propuestas más resonantes:
Ernesto Clarens: un departamento en Miami y una embarcación valuada en USD 1,5 millones.
Ángelo Calcaterra (ex primo político de Mauricio Macri): $2.492.654.900.
Benito Roggio: $1.875.907.639.
Mario Rovella: $731.828.906.
José Paolini: $826 millones.
Marcelo Aznar: $240 millones (actualizado).
Osvaldo De Souza: $200 millones.
Adrián y Mauricio Pascucci: $133 millones.
Roberto Orazi: $136.403.400.
Otros imputados ofrecieron cifras menores, desde $45 millones hasta $100 millones.
En total, las defensas presentaron un menú de propuestas que, según argumentaron, equivalen a la actualización de los embargos ya trabados en la causa.
La oposición de la UIF y la fiscalía: “La corrupción no se paga”
La Unidad de Información Financiera (UIF), representada por Mariano Galpern en la audiencia, fue categórica: rechazó de plano las ofertas económicas al considerar que aceptar los acuerdos sería “mercantilizar la corrupción” y habilitar la impunidad de quienes tuvieron poder político y económico.
El organismo recordó que los delitos investigados —cohecho, dádivas y asociación ilícita— no representan un perjuicio patrimonial individual sino un daño institucional y colectivo, que debe ser juzgado en un debate oral y público.
El titular de la UIF, Paul Starc, señaló en un escrito: “El dinero eventualmente ofrecido no compensa la pérdida de confianza en el sistema democrático ni el descrédito de la administración pública. Aceptar estos acuerdos enviaría un mensaje de impunidad”.
En la misma línea, la fiscal Fabiana León reiteró su oposición a este tipo de mecanismos. Aunque los empresarios esperaban que su criterio fuera diferente en esta ocasión, León sostuvo que el proceso debe avanzar hacia el juicio oral para garantizar transparencia, condenas y decomisos de bienes.
Un juicio de magnitud inédita
La audiencia de este viernes expuso las tensiones entre las defensas, que reclaman un acuerdo económico, y los organismos de control que buscan llegar a un juicio histórico por corrupción.
Los defensores alegaron que un juicio oral demandaría entre 500 y 1.000 audiencias, lo que podría extenderse por más de una década e impactar en el funcionamiento del sistema judicial federal. “No se paga para zafar del juicio”, defendió el abogado Alfredo Huber, representante de Walter Fagyas.
Sin embargo, tanto la UIF como la fiscalía remarcaron que, más allá de la magnitud del proceso, el debate público es imprescindible para restaurar la confianza institucional y fijar un precedente frente a los delitos de corrupción sistémica.
El Tribunal Oral Federal N.° 7 deberá resolver en las próximas semanas si acepta alguna de las propuestas o si mantiene el cronograma que establece el inicio del juicio para el 6 de noviembre de 2025.
El resultado será clave no solo para los imputados, sino también para el sistema judicial y político argentino, ya que la causa Cuadernos sigue siendo uno de los expedientes más emblemáticos sobre corrupción estatal y privada en las últimas décadas.
Si el tribunal rechaza las propuestas, como pidió la UIF, se abrirá un proceso oral de dimensiones inéditas en el país, con más de 40 imputados, cientos de testigos y un fuerte impacto político en plena coyuntura electoral y económica.
