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Escándalo en la causa Cuadernos: el Tribunal aceptó un video editado

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El jueves pasado, en la sala Auditorium del subsuelo de Comodoro Py, ocurrió algo que a los integrantes del Tribunal Oral Federal N°7 les dio trabajo explicar con claridad en el momento: el empresario arrepentido Juan Carlos De Goycochea, de Isolux, condujo la sesión.

En ese sentido,  exhibió un video editado de una declaración que Oscar Centeno prestó ante la justicia española.

El tribunal, de esta manera, incorporó una prueba que favorece a todos los acusados ya que ubica a un Centeno dubitativo.

El material audiovisual —cuya cadena de custodia el propio tribunal reconoció desconocer en ese instante— muestra al exchofer de Roberto Baratta declarando por teleconferencia en un juicio en España contra directivos de Isolux Corsán. Lo que dice Centeno allí dinamita, pieza por pieza, el andamiaje acusatorio que lo convirtió en el testigo central del mayor juicio por corrupción de la historia argentina.

La escena rara 

La dinámica de la audiencia fue llamativa. De Goycochea, imputado por su rol en la empresa española con contratos en obra pública kirchnerista, solicitó la reproducción del video en pleno debate. La fiscal Fabiana León se opuso con dureza: argumentó que la cuestión ya había sido resuelta en el auto de admisibilidad de prueba, donde el tribunal había decidido no incorporar soportes audiovisuales de declaraciones externas.

La fiscal fue más lejos: sostuvo que reproducir el video equivaldría a un “careo virtual” entre dos imputados, ejecutado en otro tribunal y ante otra fiscalía, y que además forzaría la voluntad de Centeno, quien en esta causa ya manifestó su decisión de no declarar ni responder preguntas.

El tribunal se tomó un cuarto intermedio y dio el botón de play al empresario que entregaba dinero. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli no tenían en ese momento certeza sobre el origen del material ni sobre si correspondía a la versión íntegra de lo declarado en España. Todo quedó grabado. Una omisión procesal de envergadura en un juicio que se lleva adelante con 87 imputados y más de 630 testigos admitidos.

Lo que dijo Centeno en España 

El video exhibido por la defensa de De Goycochea registra la declaración de Centeno ante la justicia española en el marco de una causa vinculada a presuntas irregularidades de Isolux Corsán.

 Ante la pregunta de si conocía la existencia de Isolux, Centeno respondió textualmente: “Bueno no no no recuerdo verdad, no sabía que se trataba de un grupo de empresas cuya matriz radicaba en España… tampoco sabía”. Sobre qué relación mantenía Isolux con el Ministerio de Planificación Federal, el exchofer fue aún más escueto: “No sé…”. 

Las respuestas no mejoran al avanzar en el interrogatorio. Cuando le preguntaron quién actuaba como interlocutor por parte de Isolux, Centeno respondió: “No podía saberlo nunca”. Y ante la pregunta directa sobre qué personas de la firma conoció, el exchofer cerró cualquier margen de interpretación: “Ninguna. No conozco a nadie”.

La pregunta sobre las entregas de fondos en los años 2011, 2012 y 2014 obtuvo una respuesta de dos palabras: “Tampoco lo sé”. Y cuando le consultaron si le constaba que algún responsable de Isolux hubiera entregado fondos a funcionarios, Centeno declaró: “No me consta ningún responsable que hayan entregado fondos a funcionarios”.

Son los mismos cuadernos de Centeno los que nombran a Isolux en la anotación del 8 de abril de 2010, vinculando a la empresa con la licitación de la central termoeléctrica de Río Turbio. El propio exchofer, ante la justicia española, admitió que escribió ese dato porque “alguien” —en una espera— le comentó que era la empresa que había ganado una licitación, pero que nunca tuvo contacto con nadie de la firma.

La jugada de De Goycochea 

La estrategia de la defensa estaba clara desde antes de que empezara la audiencia. De Goycochea declaró que Isolux era una empresa española con sede de directorio en Madrid, cuya sucursal argentina no tenía autonomía de decisión respecto de la casa matriz. Afirmó que “Centeno nunca tuvo conocimiento de que Isolux se entregara dinero a nadie, ni me conoció a mí ni a ninguna otra persona de Isolux”. 

Tras la exhibición del video, De Goycochea fue al cierre con la precisión de quien ya sabía lo que iba a ver: “Como ha quedado claramente demostrado, Centeno desconoce por completo todo lo vinculado con Isolux. Pido que no se haya tenido en cuenta como prueba en mi contra”. 

Su defensa sostiene, además, que la declaración prestada por Centeno en España fue bajo juramento y con plena voluntad de responder, por lo que su reproducción en el juicio argentino no afecta los derechos del exchofer en esta causa. Las defensas de otros imputados adhirieron al planteo. 

El filo de la navaja probatoria

El episodio del video no ocurre en el vacío. El juicio arrancó en noviembre de 2025 y en marzo de 2026 pasó a la etapa presencial de declaraciones indagatorias. Centeno compareció ante el TOF 7 el 19 de marzo y se negó a declarar. El tribunal rechazó los planteos de nulidad de las defensas y ratificó la incorporación por lectura de sus indagatorias previas. 

En España, la justicia descartó en 2022 los cargos contra un directivo de Isolux al concluir que el material incriminatorio era “escaso y débil”. La fiscalía española basaba su caso en la declaración de Centeno, copias de los cuadernos —cuyo original fue destruido— y correos electrónicos sobre la obra de Río Turbio. No fue suficiente. 

El juicio más grande de la historia judicial argentina enfrenta una fisura en su propio núcleo: el hombre que escribió los cuadernos declaró, bajo juramento y ante otra justicia, que no conoce, por lo menos a este acusado.

Hoy será el turno de otros empresarios acusados. No se descarta que busquen aportar nuevas pruebas en vivo dando play. Si De Goycochea describió el mecanismo de entrega de dinero pero para “campaña electoral”.

Fuente Noticias Argentinas

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Caso Libra: Novelli solicitó invalidar el análisis técnico de su teléfono celular

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El empresario Mauricio Novelli, involucrado en la criptoestafa Libra que promocionó desde sus redes el presidente Javier Milei, solicitó este jueves invalidar el análisis técnico de su teléfono celular al denunciar que hubo “accesos indebidos” y “fallas graves”. 

Asimismo, exigió formalmente una auditoría externa para evitar filtraciones, como, aduce que ocurrió en el informe que realizaron sobre su dispositivo. 

El pedido de nulidad del peritaje fue presentado por su abogado Daniel Rubinovich, quien desestimó el analisis que llevó a cabo la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

La presentación

La sospecha por parte de la defensa se apoya en una resolución administrativa (PER 171/2026), que, aparentemente, confirmó “accesos indebidos” por parte de personal: se presume que un agente ingresó a archivos específicos, los duplicó y los guardó en su computadora sin justificación alguna.

Según el escrito presentado por Rubinovich “la integridad, autenticidad y trazabilidad” de todo el material que debía ser peritado “quedó comprometido”, por lo que el abogado defensor indicó falta de rigurosidad ante los resguardos de las evidencias.

Por otra parte, el análisis realizado por la DATIP se hizo sobre 812 gigas que, según el empresario, debían estar bajo “controles estrictos que no se cumplieron”, sin embargo, hubo una irrpución de su vida privada porque hicieron “una exploración general”, lo que derivó en este pedido de nulidad total ante la Justicia.

La defensa de Novelli, en el texto presentado, sostuvo que agregaron chats y archivos sin ningún tipo de relación con el objeto de la investigación y, por ese motivo, terminaron sumando más páginas por fuera de lo necesario. Además, el empresario ratificó que el material es inválido legalmente y que no es útil para las averiguaciones del caso

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Argentina cayó cinco puestos en el ranking global de corrupción durante el segundo año de Javier Milei

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En el segundo año de gestión del presidente Javier Milei, Argentina retrocedió cinco lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, elaborado por Transparencia Internacional. El país se ubicó en el puesto 104 sobre 182 naciones, con un puntaje de 36 sobre 100, un punto menos que en la medición previa.

El índice -uno de los indicadores de gobernanza más utilizados a nivel global por inversores, organismos multilaterales y analistas institucionales- ordena a los países desde los más transparentes hasta los más afectados por prácticas corruptas en el sector público. En 2024, Argentina había ocupado el puesto 99 entre 180 países relevados.

La edición 2025 incorporó a Belice y Brunei, ampliando la base de comparación internacional. Aun así, el desempeño argentino mostró un deterioro relativo tanto en el ranking como en el puntaje absoluto, lo que la dejó por debajo del promedio continental, que se ubicó en 42 puntos.

Señales institucionales y agenda anticorrupción

Desde Poder Ciudadano, capítulo local de Transparencia Internacional, atribuyeron el retroceso a la falta de avances en políticas anticorrupción. Su director ejecutivo, Pablo Secchi, sostuvo que durante los dos primeros años de gobierno “no se impulsaron medidas para prevenir ni sancionar la corrupción”, y mencionó casos como Libra y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como episodios que no tuvieron respuestas institucionales contundentes.

El resultado deja a Argentina en una posición similar a la de países como Belice y Ucrania, y por debajo de naciones con menor peso económico global como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana, lo que refuerza las alertas sobre la calidad institucional y el funcionamiento de los mecanismos de control del Estado.

Comparación regional y global

En América, Argentina se ubicó en el puesto 19 sobre 33 países. Canadá (75 puntos) y Uruguay (73) encabezaron la región, mientras que Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10) mostraron los peores desempeños.

A nivel global, el ranking fue liderado por Dinamarca (89 puntos) y Finlandia (88), mientras que Sudán del Sur y Somalia cerraron la lista con apenas 9 puntos. Venezuela quedó en el puesto 180, con 10 puntos.

El presidente de Poder Ciudadano, Martín D’Alessandro, advirtió que “el desarrollo económico sostenido requiere políticas de integridad estables en el tiempo” y señaló que la falta de avances en esta agenda constituye “una deuda institucional cada vez más urgente”.

Impacto económico e institucional

Desde Transparencia Internacional remarcaron que la corrupción no es solo un problema ético, sino un factor que incide directamente en la calidad de los servicios públicos, la seguridad jurídica y la competitividad económica. En su informe regional, la organización alertó que la inacción estatal permitió en varios países de América Latina la expansión del crimen organizado y la erosión de la confianza en las instituciones.

El presidente global de la ONG, François Valérian, sostuvo que “la corrupción no es inevitable” y llamó a fortalecer la rendición de cuentas, la supervisión independiente y el rol de la sociedad civil como pilares de una estrategia anticorrupción sostenible.

Cómo se elabora el índice

El Índice de Percepción de la Corrupción mide la percepción de empresarios y expertos sobre la corrupción en el sector público. Se construye a partir de entre tres y trece fuentes internacionales -como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y el Economist Intelligence Unit- y no releva la opinión del público general.

En el caso argentino, el puntaje surge del promedio de ocho encuestas internacionales, y su metodología permite la comparación interanual. Transparencia Internacional aclara que, dado el carácter oculto de muchas prácticas corruptas, la percepción de actores especializados sigue siendo el mejor proxy disponible para medir la integridad del Estado.

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Aghion elogió las reformas de Milei y afirmó que la Argentina puede salir de la trampa del ingreso medio

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En el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, celebrado en la Ciudad de Panamá, el economista francés Philippe Aghion, ganador del Premio Nobel de Economía 2025, destacó el rumbo adoptado por el gobierno de Javier Milei y vinculó las reformas institucionales en la Argentina con la posibilidad de crear un entorno más favorable para la innovación, el emprendedurismo y el crecimiento económico sostenido. En su exposición, subrayó la necesidad de combatir la corrupción, reducir la burocracia y garantizar estabilidad macroeconómica como condiciones centrales para salir de la trampa del ingreso medio

Innovación institucional, corrupción y burocracia: el diagnóstico sobre la Argentina

Durante su participación en el foro regional realizado en Panamá, Aghion abordó de manera directa el caso argentino y lo inscribió dentro de su marco teórico sobre crecimiento económico basado en la innovación y la competencia. “Para la Argentina, era necesario avanzar en la innovación institucional, porque había una corrupción excesiva y demasiada burocracia”, afirmó ante el auditorio.

El economista sostuvo que estos factores habían operado históricamente como un freno estructural para el desarrollo del país, al desalentar la creación de empresas y la adopción de nuevas tecnologías. En ese sentido, remarcó que “hay que eliminar la burocracia excesiva y la corrupción para crear un entorno donde sea rentable desarrollar nuevas compañías, crecer por imitación o por innovación”.

Aghion insistió en que no existe un modelo único de desarrollo, pero sí condiciones mínimas que deben cumplirse. “Podemos adaptar tecnologías desde el exterior al contexto del país, o bien ser innovadores en la frontera, pero en cualquier caso, se necesita luchar contra la corrupción, minimizar la burocracia y crear un entorno con buena competencia, regulación limitada y estabilidad macroeconómica”, señaló.

Desde esta perspectiva, el Nobel vinculó el desempeño económico argentino previo a la actual administración con la ausencia de incentivos adecuados para emprender e innovar. “En Argentina, antes de [Javier] Milei, esas condiciones no existían”, sostuvo, en una definición que puso el foco en la calidad institucional como variable clave del crecimiento.

El respaldo a Milei y la expectativa de romper la trampa del ingreso medio

Uno de los pasajes más destacados de la exposición fue la valoración explícita que Aghion hizo de las reformas impulsadas por el presidente argentino. “Eso es lo que Milei está haciendo. Milei llegó. Había corrupción excesiva en Argentina, que desalentaba el emprendimiento y la innovación, y creo que está creando un entorno donde es más rentable innovar o desarrollar nuevas empresas”, afirmó.

El economista francés consideró que, bajo estas nuevas condiciones, la Argentina puede avanzar tanto en la adaptación de tecnologías extranjeras como en la generación de innovaciones propias, siempre que se sostenga el proceso de reformas. En ese marco, expresó su expectativa de que el país logre superar uno de los principales desafíos estructurales de América Latina: la trampa del ingreso medio.

“Mi esperanza es que Argentina pueda escapar a la trampa del ingreso medio con Milei. Tienen un nuevo presidente que está luchando contra la corrupción. Esta es la esperanza de que luchar contra la corrupción cree espacio para nuevo comercio”, planteó.

Aghion explicó que esta trampa suele aparecer cuando intereses privados colisionan con los gobiernos y derivan en prácticas de lobby y colusión. “El mundo se encuentra en una fase donde los diferentes intereses colisionan con los gobiernos. Ahí es donde aparece la corrupción en lobby. Generalmente son sobre los mejores intereses, firmas coludiendo con el gobierno para evitar que otros países ganen proyectos, ahí tenemos la trampa del ingreso medio”, advirtió.

En ese contexto, la Argentina fue presentada como un caso relevante para observar cómo las reformas institucionales pueden modificar los incentivos económicos y abrir oportunidades para el desarrollo productivo.

Marco teórico, estabilidad macro y condiciones para el crecimiento sostenido

El análisis de Aghion se apoyó en su trayectoria académica y en los aportes que lo llevaron a recibir el Premio Nobel de Economía en 2025. Nacido en París en 1956, formado en matemáticas y economía en universidades francesas y en Harvard, y profesor en instituciones como el Collège de France, la London School of Economics y el INSEAD, el economista es uno de los principales referentes mundiales en teoría del crecimiento y la innovación.

Su contribución más influyente es el desarrollo del modelo schumpeteriano de crecimiento endógeno, elaborado junto a Peter Howitt, que explica cómo la “destrucción creativa” —la sustitución permanente de tecnologías y empresas obsoletas por otras más eficientes— impulsa el progreso económico de largo plazo. Este enfoque destaca el rol de la competencia, la innovación y la calidad institucional como motores del desarrollo.

En línea con esa visión, Aghion subrayó en Panamá la importancia de la estabilidad macroeconómica para consolidar un clima de negocios favorable. “Un entorno estable, con competencia e incentivos claros, es fundamental para el surgimiento de nuevas empresas y para que la innovación sea rentable”, afirmó.

La intervención del Nobel generó interés entre los asistentes al foro al situar a la Argentina como un ejemplo concreto de la relación entre instituciones, incentivos y crecimiento. “No importa el punto de partida: sin reformas contra la corrupción y la burocracia, no hay condiciones para la innovación ni para el crecimiento sostenido”, enfatizó.

En su conclusión, Aghion sostuvo que el país tiene una oportunidad para avanzar hacia un modelo económico más dinámico y adaptativo, siempre que se mantenga el rumbo reformista. “La lucha contra la corrupción y la reducción de los trámites innecesarios son condiciones previas para cualquier estrategia de crecimiento basada en la innovación”, concluyó durante su ponencia.

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El Estado endurece reglas anticorrupción en obras públicas y concesiones

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Mediante el Decreto 5/2026, el Poder Ejecutivo reformuló los criterios de inelegibilidad en las contrataciones públicas para impedir la participación de personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. La medida busca fortalecer la transparencia, cerrar vacíos operativos y garantizar la aplicación efectiva de los mecanismos de exclusión en obras públicas, concesiones y provisión de bienes y servicios del Estado nacional.

El decreto, firmado el 5 de enero de 2026 y publicado el 6 de enero en el Boletín Oficial, modifica el Decreto N° 1030/2016 —reglamentario del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional— y el Decreto N° 1169/2018, alineando la normativa local con los estándares internacionales de lucha contra la corrupción.

Reformulación normativa para asegurar la exclusión efectiva

La decisión se inscribe en el marco de las Leyes N° 13.064, N° 25.319 y del Régimen de Contrataciones establecido por el Decreto N° 1023/2001. En particular, se apoya en la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, aprobada por la Ley N° 25.319, que obliga al Estado argentino a adoptar medidas penales, civiles y administrativas para prevenir y sancionar prácticas corruptas.

Hasta ahora, la normativa exigía que la inclusión en listas de inhabilitados del Banco Mundial o del BID estuviera vinculada específicamente a conductas encuadradas en dicha Convención. Sin embargo, el propio decreto reconoce que los mecanismos de exclusión de los bancos multilaterales —los denominados debarment systems— abarcan una gama más amplia de prácticas sancionables, como conductas fraudulentas, colusorias, coercitivas, obstructivas o de apropiación indebida, sin detallar en sus listados el encuadre normativo preciso de cada caso.

Esa limitación generaba obstáculos operativos para aplicar la causal de exclusión y podía afectar los principios de legalidad, concurrencia e igualdad. Frente a ese escenario, el Poder Ejecutivo resolvió reformular la causal de inelegibilidad, ampliando su alcance para asegurar su aplicación efectiva.

Qué cambia en las contrataciones del Estado

El Decreto 5/2026 sustituye el inciso i) del artículo 68 del Anexo al Decreto N° 1030/2016 y el inciso i) del artículo 5° del Decreto N° 1169/2018. A partir de la modificación, serán inelegibles todas las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, cualquiera sea la causal que haya motivado su incorporación, mientras subsista dicha condición.

La nueva redacción establece que las jurisdicciones y entidades contratantes deberán verificar expresamente, al momento de evaluar las ofertas, que los oferentes no figuren en esas listas. La exclusión alcanza a procedimientos de contratación de obras públicas, concesiones de obras públicas y provisión de bienes y servicios de la Administración Pública Nacional.

El decreto dispone además que la norma entrará en vigencia a los quince días corridos contados desde el día hábil siguiente al de su publicación y será aplicable a los procedimientos que se autoricen o convoquen a partir de ese momento.

Impacto institucional

Desde el punto de vista institucional, la medida refuerza el enfoque preventivo del Estado frente a prácticas corruptas en el ámbito de las contrataciones públicas, uno de los sectores más sensibles en términos de uso de recursos públicos. Al ampliar las causales de exclusión, el Gobierno apunta a cerrar brechas normativas que dificultaban la aplicación de sanciones y a fortalecer la rendición de cuentas.

En términos operativos, el decreto incrementa las responsabilidades de las unidades de contratación, que deberán realizar controles activos sobre las listas de inhabilitados de los organismos multilaterales, desplazando la lógica de la mera declaración jurada de elegibilidad. Para los oferentes, el cambio eleva los estándares de cumplimiento y alinea el sistema argentino con las prácticas internacionales exigidas por los bancos de desarrollo.

La norma también se articula con el objetivo de mejorar la inserción de la Argentina en el comercio mundial, establecido en el Decreto N° 70/2023, al reforzar reglas claras y previsibles para la participación en proyectos financiados o vinculados a organismos multilaterales.

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