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Radiografía de Diego Santilli: imagen, demandas y preocupaciones que enfrenta el nuevo jefe de Gabinete

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Tal como se había informado en el MOP de mayo, la imagen de Santilli no es un activo transversal: depende casi por completo de la identidad política de cada votante. El patrón se repite, todavía más marcado, con el voto de octubre de 2025: 80,5% de imagen positiva entre el electorado de La Libertad Avanza (LLA), contra un 80,3% de imagen negativa entre los votantes de la oposición. Es, en los hechos, una figura con un nivel de polarización similar al de otros funcionarios del espacio libertario, más allá de venir de un espacio –el PRO– que en teoría podría aportarle un perfil más transversal. Por región, su nivel de apoyo es más alto en el interior del país (40,8% de imagen positiva) que en los dos bastiones tradicionales del PRO: en CABA llega al 36% y en la provincia de Buenos Aires al 36,2%, ambos algo por debajo del promedio nacional, aunque con una base de apoyo sólida en las tres regiones.

Quién lo ve bien y quién lo ve mal

A esa lectura política se suma una social, que dibuja dos perfiles bastante definidos. Por edad, su evaluación mejora a medida que sube la edad del encuestado: 26,1% de imagen positiva entre los menores de 40 años, 35,5% entre los de 40 y 59 años, y 41,1% entre los mayores de 60 años. El fenómeno es interesante porque, al hacer el corte por estratos etarios, se observa un patrón exactamente opuesto al del presidente Milei, quien tiene mejor imagen entre los menores de 40 años y peor entre los mayores de 60 años. Esto podría leerse como un dato favorable para la llegada de Santilli: al cosechar mejor imagen justo donde al presidente le va peor, podría sumar base y complementar el mensaje oficial en ese segmento. Por sexo, es algo mejor entre varones (39%) que entre mujeres (34%, con un 54,1% de rechazo). Pero la diferencia más marcada aparece por nivel socioeconómico: 50,5% de imagen positiva en los estratos altos y un 47,9% en los medios, contra apenas un 25,4% en los bajos. En este último segmento la imagen negativa llega al 62,8%, la cifra más alta de cualquier corte de todo el informe. En conjunto, el perfil que tiende a verlo mejor combina mayor edad, nivel socioeconómico medio o alto y residencia en el interior del país. En contraposición, el que tiende a verlo peor combina menor edad, nivel socioeconómico bajo y residencia en el área metropolitana.
 


Las preocupaciones que va a tener que administrar

Más allá de la imagen, Santilli asume con un electorado oficialista que ordena sus prioridades en torno a una lógica de balance y herencia. El ranking lo encabezan las deudas (53,2%), seguidas por la corrupción (46,7%) y la incertidumbre económica (35,5%); el desempleo (32,5%) y la inflación (26,6%) quedan más atrás. Es una agenda que mira hacia atrás tanto como hacia adelante: la prioridad no es tanto la urgencia del día a día, sino el pasivo que el Gobierno dice estar ordenando. Un marco que, en principio, le da a la nueva Jefatura de Gabinete cierto margen para presentar la gestión económica como un proceso en curso, no como una crisis abierta.
 


Entre los votantes opositores, el orden se invierte casi por completo y la lógica cambia de raíz: la incertidumbre económica lidera (59,4%), seguida de ingresos y salario (52,6%) y, muy cerca, la corrupción (51,6%) –uno de los pocos puntos de coincidencia entre ambos electorados, aunque con intensidades bien distintas–. A diferencia del electorado oficialista, esta agenda está anclada en el presente inmediato: lo que preocupa no es la herencia ni el rumbo de mediano plazo, sino la incertidumbre sobre qué va a pasar con el propio ingreso de acá a poco. Para Santilli esto implica que buena parte de la oposición no va a evaluar su gestión por el diagnóstico macroeconómico que ofrezca, sino por señales concretas y rápidas sobre el bolsillo. Esto configura un terreno mucho más exigente y con menos margen de tiempo que el que le da su propia base electoral.
 


El bolsillo, el terreno común

Si hay un punto de contacto real entre ambos electorados es la fragilidad del poder adquisitivo, aunque con intensidades muy distintas. Entre los votantes oficialistas, el 52,5% llega como máximo al día 20 del mes con sus ingresos, mientras que entre los opositores esa cifra sube al 73%. La brecha se repite en la percepción sobre el salario: sólo el 25,8% de los votantes de LLA cree que le está ganando a la inflación, y entre los opositores esa cifra cae a apenas el 0,9%. La capacidad de ahorro marca la diferencia más nítida de todo el bloque económico: el 18,5% de los votantes oficialistas asegura llegar a fin de mes y poder ahorrar, contra sólo el 3,9% entre los opositores. Así, se establece una distancia que muestra que la fragilidad económica no sólo está más extendida entre la oposición, sino que también deja mucho menos margen para proyectar a futuro.
 


Santilli asume, entonces, con una imagen condicionada por la grieta política y social, administrando un cargo donde su propia base reclama gestión de la deuda y el rumbo económico, mientras la oposición concentra su demanda en el poder de compra cotidiano. Dos agendas que conviven con una misma presión de fondo –el deterioro del ingreso real–, pero que exigen lecturas y respuestas distintas según de qué lado de la grieta se mire.

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La UIF pidió investigar a Manuel Adorni por lavado de dinero

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Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente publicara su declaración jurada de 2025, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) elevó un pedido formal a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que lleve adelante la apertura de un expediente de inteligencia financiera con el propósito de realizar un análisis en relación con la evolución patrimonial.

Además, de ser necesario, radicar la denuncia ante la justicia penal por presunto lavado de activos del funcionario de Milei y su esposa, Bettina Angeletti, por la existencia de posibles fondos y bienes de, según la entidad, origen no debidamente acreditado.

El titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, es el destinatario del pedido del CIPCE que reclamó la aceptación de “todas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias” con el objetivo de monitorear de forma intensiva a Adorni y Angeletti, argumentando que son Personas Políticamente Expuestas (PEP), y así poder establecer la trazabilidad, el origen y la consistencia económica del patrimonio.

¿Cuáles son los argumentos del CIPE para hacer el pedido a la UIF?

La compra de una casa en noviembre de 2024 en un barrio privado, más un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un año después (en noviembre de 2025), cuando Adorni ya ocupaba un cargo público, es donde se apoya el pedido del CIPE. Además, por contar con importantes sumas de dinero en efectivo, así como viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y la realización de operaciones crediticias, pero no bancarias, con personas que no tendrían la capacidad económica necesaria.

Asimismo, el CIPE sumó a sus argumentos la declaración realizada por Adorni a LN+ donde manifestó haber omitido “por error” en sus declaraciones juradas de los años 2023 y 2024 que los ahorros familiares se habían compuesto “en negro”. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, se justificó sobre US$500.000, según sus declaraciones.

En tal sentido, el reconocimiento de Adorni genera preguntas en relación con el cumplimiento de los parámetros de transparencia exigibles a las personas que ocupan el rol de funcionarios, así como también sobre el origen de los fondos involucrados, según la ONG especializada en investigar la corrupción y los delitos económicos.

Más aportes del CIPE al pedido a la UIF

El CIPCE incluyó en su pedido testimonios de personas que declararon en la Justicia federal que indicarían que, por lo menos, una de las tantas operaciones inmobiliarias no se habría escriturado por su valor real. En este sentido, si se llegara a confirmar, según el planteo, se podría encuadrar en maniobras de simulación capaces de ser analizadas bajo la figura de lavado de activos.

A su vez, el CIPCE hizo hincapié en que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias que prevé la ley de “Inocencia Fiscal” ni suspende ni pone límite a las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos, así como a las facultades de la UIF para analizar operaciones patrimoniales inconsistentes.

Y recordó que la ley actual ordena deberes de debida diligencia reforzada para las PEP, debido a su mayor exposición a riesgos de corrupción.

De esta forma y con la firma del director ejecutivo del CIPE, Pedro Biscay, el organismo enmarcó el pedido en el contexto internacional, resaltando que el país está bajo el seguimiento reforzado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual exige avances en la prevención como en la detección y la investigación del lavado, más precisamente cuando está vinculado a hechos de corrupción.

Por eso, el CIPE, en ese contexto, mantiene su posición diciendo que una actuación “diligente y oportuna” de la UIF en casos como este, en que involucra a un funcionario de alto rango, es una señal clave de cumplimiento de los estándares internacionales. Y, en consecuencia, pidió que se realicen los controles pertinentes de consistencia patrimonial integrales, que se cruce información proveniente de organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y reportes del sistema financiero.

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Entre el ajuste y la realidad paralela

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Las movilizaciones en defensa de la universidad pública volvieron a llenar calles y plazas en distintos puntos del país. Estudiantes, docentes, investigadores y autoridades universitarias reclamaron contra el ajuste presupuestario y denunciaron el ahogo financiero que atraviesan las casas de estudio. Pero hay que tener en cuenta que el conflicto tiene, además, un componente institucional grave: el Gobierno sigue sin cumplir plenamente con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada por ambas cámaras luego del veto presidencial.

Es decir, no se trata solamente de una disputa política o presupuestaria. El Ejecutivo decidió desconocer en los hechos una norma respaldada por amplias mayorías parlamentarias. Y lejos de buscar una salida, la respuesta oficial fue profundizar el ajuste y redoblar las provocaciones contra quienes protestan.

El Gobierno insiste en presentar las marchas como una maniobra partidaria, intentando desacreditar a estudiantes, docentes y rectores. Pero el problema para la Casa Rosada es que la protesta excede ampliamente cualquier estructura política: expresa un malestar social cada vez más extendido frente al deterioro salarial, la caída del poder adquisitivo y el desmantelamiento de áreas sensibles del Estado.

En ese contexto, la entrevista que dio esta semana Javier Milei volvió a mostrar un nivel de agresividad preocupante. El presidente recurrió otra vez a insultos, descalificaciones y ataques personales contra periodistas, opositores y sectores críticos. Cualquier cuestionamiento es presentado como una conspiración, cualquier disidencia como un enemigo a destruir.

La lógica oficial parece ser gobernar en estado permanente de confrontación. Pero el desgaste empieza a aparecer. Las últimas encuestas muestran una caída en la imagen presidencial y un crecimiento del rechazo, incluso en sectores medios que inicialmente acompañaron el ajuste con expectativas de estabilización económica.

A eso se suma el protagonismo del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, defendido a ultranza por el presidente, pese a las denuncias en su contra y una de las figuras más representativas del estilo político del Gobierno. En medio de los conflictos sociales y económicos que atraviesa el país, Adorni aparece como el principal defensor mediático del ajuste y de las descalificaciones oficiales contra periodistas, estudiantes, opositores y sectores críticos. Para muchos, ocupa el rol de verdadero “ministro de la realidad paralela”: el encargado de negar el deterioro social, relativizar los conflictos y construir un relato donde todo reclamo es una operación, toda crítica un ataque político y, fundamentalmente, ocultar su propia corrupción.

La gestión parece correrse del terreno político para refugiarse en la provocación cotidiana, las conferencias performáticas y la confrontación permanente. Pero mientras el Gobierno insiste en discutir enemigos imaginarios, la realidad empieza a golpear incluso a sectores que hace apenas meses respaldaban el rumbo oficial.

La marcha universitaria dejó entonces algo más profundo que una foto multitudinaria. Funcionó como síntoma de un clima social que empieza a cambiar. Porque cuando un gobierno responde a cada reclamo con insultos, ajuste y provocaciones, el problema deja de ser solamente económico: pasa a ser también político y democrático.

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El contratista de Adorni aportó nuevas pruebas ante la Justicia y ratificó pagos en efectivo

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El contratista Matías Tabar se presentó este viernes de manera espontánea ante la Justicia para ampliar su declaración en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En su comparecencia, el empresario aportó nueva documentación y detalles sobre las obras realizadas en una propiedad del funcionario, en un intento por reforzar su testimonio previo.

Según trascendió, Tabar entregó facturas, remitos y capturas de pantalla de conversaciones, todos elementos vinculados a las tareas de refacción ejecutadas en una vivienda ubicada en el country Indio Qua. Además, ratificó el monto total de la obra —estimado en USD 245.000— y aseguró que los pagos se realizaron en dólares y en efectivo.

Ampliación de la declaración judicial

La presentación del contratista se produjo en el marco de una investigación que busca determinar si existió un crecimiento patrimonial incompatible por parte de Adorni. En este contexto, la nueva documentación aportada por Tabar apunta a justificar los gastos asociados a la obra y explicar el origen y circuito de los pagos.

De acuerdo con su testimonio, el contratista actuó como intermediario entre el funcionario y otros actores vinculados a la ejecución de los trabajos. En ese sentido, precisó que el presupuesto inicial de su intervención fue de USD 94.000, cifra que correspondía a una primera etapa de la obra y que fue abonada mediante un anticipo en efectivo.

“El presupuesto es de 94.000 dólares. Eso me lo pagó con un anticipo. Yo era el intermediario entre Manuel y el administrador. Esa sumatoria terminó en los 245.000 dólares”, explicó Tabar, en referencia al monto final declarado.

Pagos en dólares y contexto económico

Uno de los puntos centrales de la investigación gira en torno a la modalidad de pago. Tabar confirmó que recibió dinero en efectivo y en moneda extranjera, aunque sostuvo que se trataba de una práctica habitual en el sector de la construcción en el contexto económico de los últimos años.

“Está declarado que fue en dólares billete, porque el contexto de hace dos años era bastante distinto al de ahora. Es la única forma que el constructor trata de resguardar”, afirmó.

El contratista también buscó relativizar las interpretaciones sobre la operatoria financiera, al señalar que los montos totales incluyen distintos rubros y proveedores, y no corresponden en su totalidad a honorarios propios. Según detalló, su retribución profesional fue de aproximadamente USD 20.000, mientras que el resto del dinero se destinó a materiales, mano de obra y servicios asociados a la obra.

“Una cosa es lo que me paga a mí, otra es lo que declaro que termina costando la obra. En ningún momento vinieron ni bolsos de dólares ni cajas de zapatos llenas de dólares”, añadió, en referencia a versiones que circulaban sobre el caso.

Conversaciones y detalles de la obra

En su presentación, Tabar también incorporó capturas de pantalla de chats que mantenía con Adorni, con quien, según indicó, tenía contacto frecuente durante el desarrollo de los trabajos.

“Teníamos conversaciones siempre, dos o tres veces por semana. La obra se terminó en ese tiempo y se siguieron haciendo un montón de cosas: arreglos, pintura, carpintería”, explicó.

El contratista destacó que el presupuesto inicial fue ampliándose a medida que se incorporaban nuevas tareas y modificaciones sobre el proyecto original, un proceso que calificó como habitual en el rubro de la construcción.

“Yo le pasé un presupuesto, él lo aceptó, empezamos a trabajar y se empezaron a pedir nuevas cosas que terminaron desembocando en el total de la obra”, señaló.

Defensa pública del jefe de Gabinete

Horas antes de presentarse ante la Justicia, Tabar brindó declaraciones públicas en las que manifestó su respaldo a Adorni y expresó confianza en que el funcionario podrá justificar su situación patrimonial.

“Yo lo adoro a Manuel, estoy convencido de que es honesto y creo que va a poder justificar todo”, afirmó en una entrevista.

En la misma línea, el empresario relativizó las acusaciones y cuestionó la interpretación pública del caso: “Parece que los únicos que evadimos fuimos Manuel y yo”, ironizó, al referirse a la discusión sobre los pagos en efectivo.

Un caso en desarrollo

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios. La presentación de Tabar se suma a otros elementos incorporados en el expediente, en el que los investigadores buscan determinar la correspondencia entre los ingresos declarados y los gastos realizados en la propiedad.

El eje del caso está puesto en el origen de los fondos utilizados para financiar las obras y en la legalidad de las transacciones efectuadas, en particular aquellas realizadas en efectivo y en moneda extranjera.

Hasta el momento, desde el entorno del funcionario han sostenido que todas las operaciones pueden ser justificadas y que no existe irregularidad en su patrimonio.

Impacto político y judicial

El avance de la investigación ha generado repercusiones en el ámbito político, en un contexto donde otros casos vinculados a la transparencia y la gestión pública también ponen bajo presión al oficialismo.

La ampliación de la declaración del contratista representa un nuevo capítulo en el expediente y podría ser clave para el análisis judicial, ya que aporta documentación concreta sobre la ejecución y financiación de las obras.

En las próximas semanas, se espera que la Justicia evalúe el material presentado y determine si corresponde avanzar con nuevas medidas de prueba o eventuales imputaciones formales.

Mientras tanto, el caso continúa bajo seguimiento tanto en el plano judicial como político, en una investigación que combina aspectos técnicos de la actividad constructiva con cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de fondos privados por parte de un alto funcionario del Gobierno

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La Justicia también investiga al hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

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La Justicia federal abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Jorge Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N°6 y fue impulsado por el fiscal Guillermo Marijuan, quien ordenó una batería de medidas para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario desde 2020 hasta la actualidad.

La pesquisa se concentra en determinar si hubo un incremento patrimonial no justificado durante el período en que Francisco Adorni ocupó cargos dentro del Ejecutivo nacional. Primero se desempeñó como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y, desde junio de 2025, quedó al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Según el dictamen fiscal, no registraba antecedentes públicos relevantes en la función pública nacional ni patrimonio compatible con la rápida incorporación de bienes registrables de alto valor.

El punto central de la investigación está en la evolución de su declaración jurada. Al asumir funciones públicas declaró el 50% de una vivienda en City Bell valuada en $38,79 millones y el 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 tasado en $5 millones, además de otros bienes y dinero que totalizaban $43,79 millones, sin deudas declaradas. Sin embargo, en la declaración jurada anual de 2025 informó un patrimonio neto de $80,5 millones.

Ese salto patrimonial se explicaría principalmente por dos operaciones: la incorporación del 50% de una Jeep Renegade 2020 valuada en $8 millones y, sobre todo, por la cancelación en apenas un año de un crédito hipotecario de aproximadamente $60 millones otorgado por el Banco Provincia.

Allí aparece la principal sospecha del fiscal. En el dictamen, Marijuan sostuvo que “incluso asumiendo una capacidad de ahorro extraordinaria del cien por ciento del salario percibido”, el flujo de ingresos resultaría insuficiente para explicar la cancelación de ese pasivo en un plazo de apenas 12 meses. Ese punto se convirtió en el eje de la investigación judicial.

Para avanzar con la causa, el Ministerio Público solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Francisco Adorni y pidió informes a una amplia red de organismos públicos y entidades financieras. Entre ellos figuran ARCA, el Banco Central, la UIF, la IGJ, registros de propiedad inmueble, automotor, aeronaves y buques, además de compañías aseguradoras y firmas de envío de dinero. También se pidió al Banco Provincia el detalle completo de los pagos imputados a la cancelación del crédito hipotecario durante 2024, 2025 y 2026, incluyendo fechas, montos, medios de pago y origen de los fondos.

Además, el fiscal requirió al Ministerio de Defensa el legajo completo del funcionario, las resoluciones de designación y el detalle de haberes percibidos desde 2023. A la Oficina Anticorrupción también se le solicitaron las declaraciones juradas patrimoniales públicas y sus anexos reservados.

Aunque la denuncia original también hacía menciones sobre el patrimonio de Manuel Adorni, el fiscal aclaró que esas referencias no forman parte de esta investigación específica, que por ahora se concentra exclusivamente en Francisco Adorni.

El expediente suma presión política sobre el entorno del Gobierno nacional en un contexto de creciente exposición pública del caso Adorni, que ya comenzó a generar ruido en el oficialismo y en la oposición, donde distintos sectores impulsan pedidos de explicaciones y mayores controles sobre la evolución patrimonial de funcionarios vinculados al Poder Ejecutivo.

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