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Pese a que Adorni negó pagos a la productora de Grandio, los registros muestran transferencias mensuales

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La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de GabineteManuel Adorni, continúa y en estas últimas horas se dio a conocer que la productora Imhouse perteneciente a su amigo y periodista Marcelo Grandio, cobró $3.012.900 por la emisión del programa ‘Enredados‘, que conduce el empresario, y que se difundió por el streaming que tiene la TV Pública, a partir de septiembre del año pasado.

El contrato con el que quedó sellado el vínculo de la productora con la TV Pública está firmado por el interventor de Medios Públicos, Carlos María Curci González, y Horacio Silva, representante de Imhouse, quien además es conocido públicamente por haber sido quien pagó el viaje de regreso que hizo Adorni junto a Grandío en avión privado desde Punta del Este.

En un trabajo periodístico llevado a cabo por el diario La Nación, se encontraron los pago realizados por Radio y Televisión Argentina (RTA), mediante la Gerencia de Administración y Finanzas de la TV Pública, a favor de la productora, desde octubre de 2025.

Por el momento, existen seis contratos entre Imhouse y la TV Pública a pesar de que el funcionario libertario, en la presentación del informe de gestión que realizó el pasado 29 de abril ante el Congreso Nacional, aseveró que el canal estatal “no asumió pagos a IMHOUSE S.A.”.

La relación entre Grandio y Adorni data de muchos años y, actualmente, su vínculo se encuentra bajo investigación judicial por presuntas irregularidades financieras y conflictos de intereses. El productor y empresario se refirió en varias oportunidades al jefe de Gabinete como su “colega y amigo eterno“.

Una de las producciones donde ambos trabajaron juntos fue en el programa “Gritalo!”, emitido por Canal Metro, conducido por Grandio Adorni y realizado por Imhouse; la temática se centraba en analizar la actualidad política y económica del país donde, habitualmente, entrevistaban a figuras públicas.

La situación judicial actual del funcionario libertario llevó a que la relación que mantienen haya generado sospechas de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, debido a los contratos de la productora de Gradio con el Estado y losviajes en jet privado al exterior.  

Por este motivo, la justicia ordenó peritar las comunicaciones entre ellos para determinar si existieron gestiones directas del funcionario en favor de los contratos de su amigo.

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Bullrich pidió que Adorni presente “de inmediato” su declaración jurada y crece el conflicto dentro del Gobierno

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La senadora Patricia Bullrich salió a marcar distancia dentro del oficialismo y pidió que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente “de inmediato” su declaración jurada de bienes, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que atraviesa al funcionario y que ya genera tensión dentro del Gobierno nacional.

En declaraciones al periodista Eduardo Feinmann por A24, Bullrich sostuvo que no tiene sentido esperar hasta el cierre formal del plazo legal si el propio Adorni aseguró públicamente que puede justificar sus gastos y patrimonio.

“El jefe de Gabinete el otro día dio un discurso en el Congreso de la Nación, estaba todo el gabinete, la ciudadanía, estaba como en cadena nacional y él dijo algo contundente. Dijo que tiene una explicación a los gastos que hizo. Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato”, afirmó la legisladora.

La referente libertaria fue todavía más explícita al reclamar celeridad: “¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla”. Según Bullrich, la demora sólo profundiza el desgaste político y termina afectando a toda la administración de Javier Milei.

“Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no, el Gobierno se empantana”, advirtió.

Bullrich remarcó además que la rapidez y la contundencia son claves para evitar un mayor daño político. “Si no hay contundencia y no hay rapidez, nosotros sufrimos. Es decir, el proyecto sufre, el país sufre. Adorni tiene que hacer un esfuerzo para que esto se termine lo antes posible”, sostuvo.

La senadora evitó anticipar cuál debería ser la decisión presidencial sobre el futuro del funcionario y dejó esa definición en manos de Milei. Sin embargo, señaló que una vez presentada la documentación patrimonial, será el Presidente quien deberá evaluar los pasos a seguir. “Si los números están correctos, todo el mundo tendrá que guardarse sus declaraciones en el bolsillo”, afirmó.

El caso Adorni ya lleva casi dos meses y dentro de la Casa Rosada admiten que el impacto político fue mayor al inicialmente previsto. Según trascendió, en Balcarce 50 reconocen una caída superior a los diez puntos en la imagen presidencial, especialmente dentro del núcleo duro libertario, además de un aumento en los niveles de rechazo hacia el oficialismo.

Algunas mediciones relativizan ese retroceso y lo ubican entre siete y ocho puntos, tomando como referencia trabajos previos del consultor Jorge Giacobbe. Sin embargo, en el oficialismo también observan un deterioro específico en la imagen de Adorni, que internamente ubican en torno al 23 por ciento.

Pese a la controversia, el ex vocero presidencial mantiene agenda pública activa y continuará con apariciones mediáticas en los próximos días, mientras el Gobierno intenta contener el costo político de una causa que dejó de ser un problema judicial individual para transformarse en un factor de desgaste para toda la administración libertaria.

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Una “cascada” de corrupción

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En la Argentina donde la transparencia se declama como dogma y la “casta” funciona como chivo expiatorio universal, las incomodidades ya no vienen de afuera. Se acumulan adentro. Y lo hacen con una lógica que preocupa: no como episodios sueltos, sino como una secuencia. Una “cascada”.

En el centro aparece el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No por su rol público, sino por lo que surge de una declaración judicial reciente. Un contratista que habría realizado refacciones en la casa que el funcionario posee en Exaltación de la Cruz, declaró en calidad de testigo —con la obligación legal de decir verdad— que los trabajos se habrían pagado sin facturación por una suma cercana a los 245 mil dólares.

El mismo testigo sostuvo además que recibió un llamado del propio Adorni para “orientar” su declaración. La gravedad de esa afirmación no está en la adjetivación, sino en el hecho de haber sido realizada ante la Justicia. Corresponderá al expediente confirmar o descartar cada punto. Pero el estándar democrático es claro: cuando hay una declaración formal de este tenor, lo mínimo exigible es una explicación pública precisa.

Hasta ahora, no aparece.Como no viene apareciendo en todo lo relacionado a los gastos exorbitantes que salen a la luz desde que Adorni subió a la mujer al avión presidencial en el “famoso viaje” a EEUU.

El problema es político antes que judicial. Porque el gobierno de Javier Milei construyó su legitimidad sobre la promesa de ser distinto: “la moral como política de estado”. Sin embargo, diferentes episodios empiezan a tensionar ese relato: el caso $Libra, que implica directamente al Presidente de la Nación y las denuncias sobre presuntos retornos en la ANDIS que involucran a Karina Milei, forman parte de un mismo clima de época.

No hace falta una condena para que exista un costo. Alcanza con la falta de respuestas.

Porque cuando ante una declaración judicial se responde con silencio o descalificación, el mensaje que queda no es de fortaleza es evasión. Y cuando eso se repite, la excepción empieza a parecer regla.

Incluso en los detalles aparece la anécdota que pega fuerte. En los papeles que presentó el contratista que hizo las obras en la casa de Indio Cua, se menciona la construcción de una cascada en la pileta de natación por la que se habrían pagado unos 3.500 dólares. Un dato menor en lo económico, pero significativo en lo simbólico.

No prueba nada por sí solo. Pero dialoga con el resto.

Porque cuando los indicios se acumulan, cuando las explicaciones faltan y cuando el discurso y los hechos empiezan a correr por carriles distintos, lo que se erosiona no es solo una figura.

Es la credibilidad.

Y cuando la credibilidad cae, ya no alcanza con señalar a “la casta”, ni con subir el tono en una conferencia, ni con buscar enemigos externos (los “kukas”, siempre los “kukas”).

Porque el problema deja de ser el relato.

Y pasa a ser la realidad. O la “cascada” que como las del Iguazú cuando el río suena, trae más agua de la que se espera.

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Adorni: el hijo de la jubilada confirmó que acordaron un pago extra de US$ 65.000 por el departamento de Caballito

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El hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento del barrio de Caballito a Manuel Adorni y le financió más del 85% del pago, Pablo Martin Feijoo, declaró este miércoles en tribunales que consensuó con el jefe de Gabinete un pago adicional de 65.000 dólares, por fuera de la escritura, para no perder dinero en la operación.

Fuentes judiciales hicieron trascender que ese fue uno de los ejes centrales de la declaración de Feijoo, que se extendió por unas dos horas, en el marco de la causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

El testigo -cuya madre, Beatriz Viegas, figura como vendedora- aportó detalles ante el fiscal Gerardo Pollicita sobre cómo se gestó el precio de venta de 230.00 dólares y, principalmente, el inusual acuerdo de financiación que permitió a Adorni saldar 200 mil dólares mediante una hipoteca a un año sin intereses.

En su declaración, bajo juramento, Feijoo profundizó sobre las refacciones que hubo en el departamento antes de que ingresaran Adorni y su familia, y sostuvo que él se hizo cargo de pagar todas las obras.

Le costaron 65.000 dólares y ese monto fue el que acordó con Adorni recuperarlo “por afuera”, cuando el funcionario pudiera vender su departamento del barrio porteño de Parque Chacabuco.

El ex futbolista Hugo Morales fue el anterior dueño de la propiedad y se la vendió en mayo de 2025 a las jubiladas Claudia Sbabo Beatriz Viegas, quienes pagaron 200.000 dólares en partes iguales.

Pablo Feijoo, hijo de Viegas, fue quien señó el departamento en la inmobiliaria, negoció el valorcon Morales y, tras la adiquisción, lo puso a la venta. Feijoo es dueño de TSJ Group, una empresa de desarrollos urbanos que se dedica a proyectos de ese tipo de compra-venta para sacar diferencia.

Testimonios previos indicaron que Feijoo mantendría una relación de amistad con Adorni debido a que sus hijos comparten el ámbito escolar, factor que habría sido determinante para la “confianza” que justificó las facilidades de pago otorgadas por las propietarias.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el testigo primero le había pedido a Adorni 300.000 doláres por el departamento de la calle Miró y tiempo después visitó al funcionario en Casa Rosada, cuando al final acordaron 230.000 dólares como precio final

El jefe de Gabinete pagó un adelanto de 30.000 y el 87% restante se financió a un año, sin intereses.

Según trascendió, Feijoo declaró al fiscal que al final bajó drásticamente sus pretenciones iniciales y le vendió el departamento casi al costo a Adorni porque le venía bien mostrarse cerrando negocios con “gente importante”. 

El 6 de mayo será la declaración judicial de Leandro Miano (vinculado a la otra propietaria), a quien se le exigió presentarse con su teléfono celular y comprobantes de gastos de la vivienda. 

Por último, la testimonial del contratista Matías Tabar, quien realizó reformas en una propiedad de Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, fue postergada para el 4 de mayo tras un pedido de la defensa.

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Mala noticia para el Gobierno: la Justicia reactiva la causa ANDIS y vuelve a indagar a Spagnuolo

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El juez federal Ariel Lijo dispuso nuevas indagatorias en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en un expediente que suma un nuevo capítulo y que ya había registrado avances en los últimos meses. La medida alcanza al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, junto a otros funcionarios, empresarios y supuestos intermediarios.

La decisión se apoya en un nuevo tramo de la investigación impulsado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, quienes detectaron un entramado adicional de irregularidades en el manejo de fondos públicos. Según la acusación, se habrían direccionado contrataciones por más de 75.000 millones de pesos vinculadas a la compra de insumos de alto costo del programa Incluir Salud, a través del sistema PACBI, en beneficio de un grupo reducido de empresas.

De acuerdo con los investigadores, dentro del expediente se incorporaron proveídos y actuaciones internas que darían cuenta de un esquema de simulación de competencia entre oferentes, con adjudicaciones previamente direccionadas. También se analiza la participación de actores externos al organismo que habrían intervenido en la toma de decisiones y en la ejecución de pagos.

Las indagatorias comenzarán a fines de abril y se extenderán durante mayo, en un proceso que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del organismo durante la gestión anterior. Spagnuolo fue convocado nuevamente junto a otros implicados en la causa, en una nómina que incluye funcionarios, empresarios y presuntos intermediarios señalados en el expediente.

Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas y evaluando documentación incorporada recientemente, mientras avanzan medidas como la inhibición general de bienes sobre los involucrados. El expediente sigue avanzando mientras las defensas de los imputados ya trabajan en las apelaciones contra los procesamientos dictados en etapas previas.

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