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Una “cascada” de corrupción

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En la Argentina donde la transparencia se declama como dogma y la “casta” funciona como chivo expiatorio universal, las incomodidades ya no vienen de afuera. Se acumulan adentro. Y lo hacen con una lógica que preocupa: no como episodios sueltos, sino como una secuencia. Una “cascada”.

En el centro aparece el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No por su rol público, sino por lo que surge de una declaración judicial reciente. Un contratista que habría realizado refacciones en la casa que el funcionario posee en Exaltación de la Cruz, declaró en calidad de testigo —con la obligación legal de decir verdad— que los trabajos se habrían pagado sin facturación por una suma cercana a los 245 mil dólares.

El mismo testigo sostuvo además que recibió un llamado del propio Adorni para “orientar” su declaración. La gravedad de esa afirmación no está en la adjetivación, sino en el hecho de haber sido realizada ante la Justicia. Corresponderá al expediente confirmar o descartar cada punto. Pero el estándar democrático es claro: cuando hay una declaración formal de este tenor, lo mínimo exigible es una explicación pública precisa.

Hasta ahora, no aparece.Como no viene apareciendo en todo lo relacionado a los gastos exorbitantes que salen a la luz desde que Adorni subió a la mujer al avión presidencial en el “famoso viaje” a EEUU.

El problema es político antes que judicial. Porque el gobierno de Javier Milei construyó su legitimidad sobre la promesa de ser distinto: “la moral como política de estado”. Sin embargo, diferentes episodios empiezan a tensionar ese relato: el caso $Libra, que implica directamente al Presidente de la Nación y las denuncias sobre presuntos retornos en la ANDIS que involucran a Karina Milei, forman parte de un mismo clima de época.

No hace falta una condena para que exista un costo. Alcanza con la falta de respuestas.

Porque cuando ante una declaración judicial se responde con silencio o descalificación, el mensaje que queda no es de fortaleza es evasión. Y cuando eso se repite, la excepción empieza a parecer regla.

Incluso en los detalles aparece la anécdota que pega fuerte. En los papeles que presentó el contratista que hizo las obras en la casa de Indio Cua, se menciona la construcción de una cascada en la pileta de natación por la que se habrían pagado unos 3.500 dólares. Un dato menor en lo económico, pero significativo en lo simbólico.

No prueba nada por sí solo. Pero dialoga con el resto.

Porque cuando los indicios se acumulan, cuando las explicaciones faltan y cuando el discurso y los hechos empiezan a correr por carriles distintos, lo que se erosiona no es solo una figura.

Es la credibilidad.

Y cuando la credibilidad cae, ya no alcanza con señalar a “la casta”, ni con subir el tono en una conferencia, ni con buscar enemigos externos (los “kukas”, siempre los “kukas”).

Porque el problema deja de ser el relato.

Y pasa a ser la realidad. O la “cascada” que como las del Iguazú cuando el río suena, trae más agua de la que se espera.

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Adorni: el hijo de la jubilada confirmó que acordaron un pago extra de US$ 65.000 por el departamento de Caballito

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El hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento del barrio de Caballito a Manuel Adorni y le financió más del 85% del pago, Pablo Martin Feijoo, declaró este miércoles en tribunales que consensuó con el jefe de Gabinete un pago adicional de 65.000 dólares, por fuera de la escritura, para no perder dinero en la operación.

Fuentes judiciales hicieron trascender que ese fue uno de los ejes centrales de la declaración de Feijoo, que se extendió por unas dos horas, en el marco de la causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

El testigo -cuya madre, Beatriz Viegas, figura como vendedora- aportó detalles ante el fiscal Gerardo Pollicita sobre cómo se gestó el precio de venta de 230.00 dólares y, principalmente, el inusual acuerdo de financiación que permitió a Adorni saldar 200 mil dólares mediante una hipoteca a un año sin intereses.

En su declaración, bajo juramento, Feijoo profundizó sobre las refacciones que hubo en el departamento antes de que ingresaran Adorni y su familia, y sostuvo que él se hizo cargo de pagar todas las obras.

Le costaron 65.000 dólares y ese monto fue el que acordó con Adorni recuperarlo “por afuera”, cuando el funcionario pudiera vender su departamento del barrio porteño de Parque Chacabuco.

El ex futbolista Hugo Morales fue el anterior dueño de la propiedad y se la vendió en mayo de 2025 a las jubiladas Claudia Sbabo Beatriz Viegas, quienes pagaron 200.000 dólares en partes iguales.

Pablo Feijoo, hijo de Viegas, fue quien señó el departamento en la inmobiliaria, negoció el valorcon Morales y, tras la adiquisción, lo puso a la venta. Feijoo es dueño de TSJ Group, una empresa de desarrollos urbanos que se dedica a proyectos de ese tipo de compra-venta para sacar diferencia.

Testimonios previos indicaron que Feijoo mantendría una relación de amistad con Adorni debido a que sus hijos comparten el ámbito escolar, factor que habría sido determinante para la “confianza” que justificó las facilidades de pago otorgadas por las propietarias.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el testigo primero le había pedido a Adorni 300.000 doláres por el departamento de la calle Miró y tiempo después visitó al funcionario en Casa Rosada, cuando al final acordaron 230.000 dólares como precio final

El jefe de Gabinete pagó un adelanto de 30.000 y el 87% restante se financió a un año, sin intereses.

Según trascendió, Feijoo declaró al fiscal que al final bajó drásticamente sus pretenciones iniciales y le vendió el departamento casi al costo a Adorni porque le venía bien mostrarse cerrando negocios con “gente importante”. 

El 6 de mayo será la declaración judicial de Leandro Miano (vinculado a la otra propietaria), a quien se le exigió presentarse con su teléfono celular y comprobantes de gastos de la vivienda. 

Por último, la testimonial del contratista Matías Tabar, quien realizó reformas en una propiedad de Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, fue postergada para el 4 de mayo tras un pedido de la defensa.

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Mala noticia para el Gobierno: la Justicia reactiva la causa ANDIS y vuelve a indagar a Spagnuolo

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El juez federal Ariel Lijo dispuso nuevas indagatorias en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en un expediente que suma un nuevo capítulo y que ya había registrado avances en los últimos meses. La medida alcanza al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, junto a otros funcionarios, empresarios y supuestos intermediarios.

La decisión se apoya en un nuevo tramo de la investigación impulsado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, quienes detectaron un entramado adicional de irregularidades en el manejo de fondos públicos. Según la acusación, se habrían direccionado contrataciones por más de 75.000 millones de pesos vinculadas a la compra de insumos de alto costo del programa Incluir Salud, a través del sistema PACBI, en beneficio de un grupo reducido de empresas.

De acuerdo con los investigadores, dentro del expediente se incorporaron proveídos y actuaciones internas que darían cuenta de un esquema de simulación de competencia entre oferentes, con adjudicaciones previamente direccionadas. También se analiza la participación de actores externos al organismo que habrían intervenido en la toma de decisiones y en la ejecución de pagos.

Las indagatorias comenzarán a fines de abril y se extenderán durante mayo, en un proceso que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del organismo durante la gestión anterior. Spagnuolo fue convocado nuevamente junto a otros implicados en la causa, en una nómina que incluye funcionarios, empresarios y presuntos intermediarios señalados en el expediente.

Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas y evaluando documentación incorporada recientemente, mientras avanzan medidas como la inhibición general de bienes sobre los involucrados. El expediente sigue avanzando mientras las defensas de los imputados ya trabajan en las apelaciones contra los procesamientos dictados en etapas previas.

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Escándalo en la causa Cuadernos: el Tribunal aceptó un video editado

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El jueves pasado, en la sala Auditorium del subsuelo de Comodoro Py, ocurrió algo que a los integrantes del Tribunal Oral Federal N°7 les dio trabajo explicar con claridad en el momento: el empresario arrepentido Juan Carlos De Goycochea, de Isolux, condujo la sesión.

En ese sentido,  exhibió un video editado de una declaración que Oscar Centeno prestó ante la justicia española.

El tribunal, de esta manera, incorporó una prueba que favorece a todos los acusados ya que ubica a un Centeno dubitativo.

El material audiovisual —cuya cadena de custodia el propio tribunal reconoció desconocer en ese instante— muestra al exchofer de Roberto Baratta declarando por teleconferencia en un juicio en España contra directivos de Isolux Corsán. Lo que dice Centeno allí dinamita, pieza por pieza, el andamiaje acusatorio que lo convirtió en el testigo central del mayor juicio por corrupción de la historia argentina.

La escena rara 

La dinámica de la audiencia fue llamativa. De Goycochea, imputado por su rol en la empresa española con contratos en obra pública kirchnerista, solicitó la reproducción del video en pleno debate. La fiscal Fabiana León se opuso con dureza: argumentó que la cuestión ya había sido resuelta en el auto de admisibilidad de prueba, donde el tribunal había decidido no incorporar soportes audiovisuales de declaraciones externas.

La fiscal fue más lejos: sostuvo que reproducir el video equivaldría a un “careo virtual” entre dos imputados, ejecutado en otro tribunal y ante otra fiscalía, y que además forzaría la voluntad de Centeno, quien en esta causa ya manifestó su decisión de no declarar ni responder preguntas.

El tribunal se tomó un cuarto intermedio y dio el botón de play al empresario que entregaba dinero. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli no tenían en ese momento certeza sobre el origen del material ni sobre si correspondía a la versión íntegra de lo declarado en España. Todo quedó grabado. Una omisión procesal de envergadura en un juicio que se lleva adelante con 87 imputados y más de 630 testigos admitidos.

Lo que dijo Centeno en España 

El video exhibido por la defensa de De Goycochea registra la declaración de Centeno ante la justicia española en el marco de una causa vinculada a presuntas irregularidades de Isolux Corsán.

 Ante la pregunta de si conocía la existencia de Isolux, Centeno respondió textualmente: “Bueno no no no recuerdo verdad, no sabía que se trataba de un grupo de empresas cuya matriz radicaba en España… tampoco sabía”. Sobre qué relación mantenía Isolux con el Ministerio de Planificación Federal, el exchofer fue aún más escueto: “No sé…”. 

Las respuestas no mejoran al avanzar en el interrogatorio. Cuando le preguntaron quién actuaba como interlocutor por parte de Isolux, Centeno respondió: “No podía saberlo nunca”. Y ante la pregunta directa sobre qué personas de la firma conoció, el exchofer cerró cualquier margen de interpretación: “Ninguna. No conozco a nadie”.

La pregunta sobre las entregas de fondos en los años 2011, 2012 y 2014 obtuvo una respuesta de dos palabras: “Tampoco lo sé”. Y cuando le consultaron si le constaba que algún responsable de Isolux hubiera entregado fondos a funcionarios, Centeno declaró: “No me consta ningún responsable que hayan entregado fondos a funcionarios”.

Son los mismos cuadernos de Centeno los que nombran a Isolux en la anotación del 8 de abril de 2010, vinculando a la empresa con la licitación de la central termoeléctrica de Río Turbio. El propio exchofer, ante la justicia española, admitió que escribió ese dato porque “alguien” —en una espera— le comentó que era la empresa que había ganado una licitación, pero que nunca tuvo contacto con nadie de la firma.

La jugada de De Goycochea 

La estrategia de la defensa estaba clara desde antes de que empezara la audiencia. De Goycochea declaró que Isolux era una empresa española con sede de directorio en Madrid, cuya sucursal argentina no tenía autonomía de decisión respecto de la casa matriz. Afirmó que “Centeno nunca tuvo conocimiento de que Isolux se entregara dinero a nadie, ni me conoció a mí ni a ninguna otra persona de Isolux”. 

Tras la exhibición del video, De Goycochea fue al cierre con la precisión de quien ya sabía lo que iba a ver: “Como ha quedado claramente demostrado, Centeno desconoce por completo todo lo vinculado con Isolux. Pido que no se haya tenido en cuenta como prueba en mi contra”. 

Su defensa sostiene, además, que la declaración prestada por Centeno en España fue bajo juramento y con plena voluntad de responder, por lo que su reproducción en el juicio argentino no afecta los derechos del exchofer en esta causa. Las defensas de otros imputados adhirieron al planteo. 

El filo de la navaja probatoria

El episodio del video no ocurre en el vacío. El juicio arrancó en noviembre de 2025 y en marzo de 2026 pasó a la etapa presencial de declaraciones indagatorias. Centeno compareció ante el TOF 7 el 19 de marzo y se negó a declarar. El tribunal rechazó los planteos de nulidad de las defensas y ratificó la incorporación por lectura de sus indagatorias previas. 

En España, la justicia descartó en 2022 los cargos contra un directivo de Isolux al concluir que el material incriminatorio era “escaso y débil”. La fiscalía española basaba su caso en la declaración de Centeno, copias de los cuadernos —cuyo original fue destruido— y correos electrónicos sobre la obra de Río Turbio. No fue suficiente. 

El juicio más grande de la historia judicial argentina enfrenta una fisura en su propio núcleo: el hombre que escribió los cuadernos declaró, bajo juramento y ante otra justicia, que no conoce, por lo menos a este acusado.

Hoy será el turno de otros empresarios acusados. No se descarta que busquen aportar nuevas pruebas en vivo dando play. Si De Goycochea describió el mecanismo de entrega de dinero pero para “campaña electoral”.

Fuente Noticias Argentinas

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Caso Libra: Novelli solicitó invalidar el análisis técnico de su teléfono celular

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El empresario Mauricio Novelli, involucrado en la criptoestafa Libra que promocionó desde sus redes el presidente Javier Milei, solicitó este jueves invalidar el análisis técnico de su teléfono celular al denunciar que hubo “accesos indebidos” y “fallas graves”. 

Asimismo, exigió formalmente una auditoría externa para evitar filtraciones, como, aduce que ocurrió en el informe que realizaron sobre su dispositivo. 

El pedido de nulidad del peritaje fue presentado por su abogado Daniel Rubinovich, quien desestimó el analisis que llevó a cabo la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

La presentación

La sospecha por parte de la defensa se apoya en una resolución administrativa (PER 171/2026), que, aparentemente, confirmó “accesos indebidos” por parte de personal: se presume que un agente ingresó a archivos específicos, los duplicó y los guardó en su computadora sin justificación alguna.

Según el escrito presentado por Rubinovich “la integridad, autenticidad y trazabilidad” de todo el material que debía ser peritado “quedó comprometido”, por lo que el abogado defensor indicó falta de rigurosidad ante los resguardos de las evidencias.

Por otra parte, el análisis realizado por la DATIP se hizo sobre 812 gigas que, según el empresario, debían estar bajo “controles estrictos que no se cumplieron”, sin embargo, hubo una irrpución de su vida privada porque hicieron “una exploración general”, lo que derivó en este pedido de nulidad total ante la Justicia.

La defensa de Novelli, en el texto presentado, sostuvo que agregaron chats y archivos sin ningún tipo de relación con el objeto de la investigación y, por ese motivo, terminaron sumando más páginas por fuera de lo necesario. Además, el empresario ratificó que el material es inválido legalmente y que no es útil para las averiguaciones del caso

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