Departamento en Miami, yates y $2.400 millones: qué ofrecieron los imputados en la causa Cuadernos
En una audiencia ante el Tribunal Oral Federal N.° 7, imputados en la causa Cuadernos intentaron evitar el inicio del juicio ofreciendo departamentos en Miami, embarcaciones de lujo y sumas superiores a los $2.400 millones. La Unidad de Información Financiera (UIF) y la fiscal Fabiana León rechazaron los planteos, advirtiendo que aceptar estas propuestas significaría “mercantilizar la corrupción”.
La estrategia de los empresarios: bienes y dinero a cambio de no ir a juicio
Este viernes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, escuchó a las defensas de más de 40 imputados arrepentidos en la llamada causa Cuadernos, el expediente que investiga un esquema de corrupción sistémica durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015.
La audiencia, celebrada de manera virtual, se amparó en el artículo del Código Penal que habilita la “reparación integral” mediante acuerdos resarcitorios. Bajo ese paraguas legal, los acusados ofrecieron sumas millonarias y bienes de alto valor para evitar el juicio oral fijado para el 6 de noviembre de 2025.
Entre las propuestas más resonantes:
- Ernesto Clarens: un departamento en Miami y una embarcación valuada en USD 1,5 millones.
- Ángelo Calcaterra (ex primo político de Mauricio Macri): $2.492.654.900.
- Benito Roggio: $1.875.907.639.
- Mario Rovella: $731.828.906.
- José Paolini: $826 millones.
- Marcelo Aznar: $240 millones (actualizado).
- Osvaldo De Souza: $200 millones.
- Adrián y Mauricio Pascucci: $133 millones.
- Roberto Orazi: $136.403.400.
- Otros imputados ofrecieron cifras menores, desde $45 millones hasta $100 millones.
En total, las defensas presentaron un menú de propuestas que, según argumentaron, equivalen a la actualización de los embargos ya trabados en la causa.
La oposición de la UIF y la fiscalía: “La corrupción no se paga”
La Unidad de Información Financiera (UIF), representada por Mariano Galpern en la audiencia, fue categórica: rechazó de plano las ofertas económicas al considerar que aceptar los acuerdos sería “mercantilizar la corrupción” y habilitar la impunidad de quienes tuvieron poder político y económico.
El organismo recordó que los delitos investigados —cohecho, dádivas y asociación ilícita— no representan un perjuicio patrimonial individual sino un daño institucional y colectivo, que debe ser juzgado en un debate oral y público.
El titular de la UIF, Paul Starc, señaló en un escrito: “El dinero eventualmente ofrecido no compensa la pérdida de confianza en el sistema democrático ni el descrédito de la administración pública. Aceptar estos acuerdos enviaría un mensaje de impunidad”.
En la misma línea, la fiscal Fabiana León reiteró su oposición a este tipo de mecanismos. Aunque los empresarios esperaban que su criterio fuera diferente en esta ocasión, León sostuvo que el proceso debe avanzar hacia el juicio oral para garantizar transparencia, condenas y decomisos de bienes.
Un juicio de magnitud inédita
La audiencia de este viernes expuso las tensiones entre las defensas, que reclaman un acuerdo económico, y los organismos de control que buscan llegar a un juicio histórico por corrupción.
Los defensores alegaron que un juicio oral demandaría entre 500 y 1.000 audiencias, lo que podría extenderse por más de una década e impactar en el funcionamiento del sistema judicial federal. “No se paga para zafar del juicio”, defendió el abogado Alfredo Huber, representante de Walter Fagyas.
Sin embargo, tanto la UIF como la fiscalía remarcaron que, más allá de la magnitud del proceso, el debate público es imprescindible para restaurar la confianza institucional y fijar un precedente frente a los delitos de corrupción sistémica.
El Tribunal Oral Federal N.° 7 deberá resolver en las próximas semanas si acepta alguna de las propuestas o si mantiene el cronograma que establece el inicio del juicio para el 6 de noviembre de 2025.
El resultado será clave no solo para los imputados, sino también para el sistema judicial y político argentino, ya que la causa Cuadernos sigue siendo uno de los expedientes más emblemáticos sobre corrupción estatal y privada en las últimas décadas.
Si el tribunal rechaza las propuestas, como pidió la UIF, se abrirá un proceso oral de dimensiones inéditas en el país, con más de 40 imputados, cientos de testigos y un fuerte impacto político en plena coyuntura electoral y económica.
