El Tribunal de Cuentas del estado brasileño condenó hoy por malversación de fondos públicos a Deltan Dallagnol, exjefe de los fiscales de la operación Lava Jato, y al exprocurador general de Brasil Rodrigo Janot, quienes deberán devolver 2,8 millones de reales (545.000 dólares), utilizados en gastos diarios y viajes supuestamente sin sentido para la causa anticorrupción entre 2014 y 2019.
Dallagnol se hizo famoso por ser quien acusó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de comandar a una asociación ilícita por haber sido jefe del Estado durante actos de corrupción en la empresa Petrobras, una causa por la cual fue enviado a prisión por el exjuez Sérgio Moro, pero el caso fue anulado por manipulación política, alteración de pruebas y persecución.
La decisión fue tomada por la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas de la Unión y en caso de ser ratificada este mes provocará que el exfiscal, del derechista Podemos, no pueda presentarse como candidato a diputado en las elecciones del 2 de octubre.
El juez contable Bruno Dantas fue apoyado por el resto de sus colegas para condenar tres de los principales acusadores de la Operación Lava Jato por haber utilizado en beneficio propio o sin responsabilidad dinero público.
La decisión alcanzó también a Janot, jefe de los fiscales entre 2013 y 2019 que se hizo famoso por acusar al expresidente Michel Temer y decir que quiso asesinar a balazos durante una audiencia al juez Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal, por cuestionar el accionar de toda la Operación Lava Jato en la búsqueda de delaciones premiadas.
La sentencia también alcanzó a un tercer miembro del Ministerio Público, el también exfiscal de la ciudad de Curitiba Joao Romao, quien fue el que autorizó los gastos de los fiscales de Lava Jato.
Dallagnol es el eje de las filtraciones obtenidas por un hacker en la cual se determinó que el y Moro por ejemplo hacían acuerdos a espaldas de la defensa de Lula para ocultar pruebas y procedimientos.
Estas filtraciones obtenidas por la Policía Federal se encuentran en un proceso que fue clave para la anulación de las condenas de Lula, quien pasó 580 días preso por orden de Moro en base a la acusación de Dallagnol en la sede de la Policía Federal de Curitiba, estado de Paraná, acusaciones que luego fuero anuladas por el Supremo Tribunal de Justicia.
Dallagnol anunció que apelará la sentencia pero esta debe ser revisada por el mismo alto tribunal de cuentas, lo cual puede costarle no ser candidato este año.
El exfiscal fue apartado de Lava Jato tras el escándalo y finalmente renunció al servicio público para dedicarse a la política partidaria dentro de la derecha.
Según la sentencia, los fiscales instrumentaron una rutina de gastos corrientes y de viajes que permitía a los fiscales duplicar sus salarios.
El modus operandi de Dallagnol y Janot era elegir fiscales en varios lugares de Brasil para que se trasladaran a trabajar a Curitiba y así aumentar el presupuesto de la Operación Lava Jato, que logró desarticular la red de sobornos de empresas constructoras a funcionarios de la estatal Petrobras a cambio de sobreprecios en contratos.
Diputados de varias bancadas presentaron hoy una nueva acusación contra la fiscal general del Estado de Paraguay, Sandra Quiñónez, a quien responsabilizan por no investigar y proteger al expresidente Horacio Cartes, calificado ayer por Estados Unidos de “significativamente corrupto”.
El de hoy es el tercer libelo acusatorio contra Quiñónez, que siempre logró evitar su enjuiciamiento con votos del oficialismo colorado y algunos aliados del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Quiñónez es, en algún sentido, una funcionaria de segunda línea, pero su eventual salida sería la primera consecuencia concreta de la nueva situación de Cartes, dueño de un emporio de empresas y medios y referente de un sector del oficialismo, pero ahora acusado de lavado de dinero, organización criminal y contrabando.
El sector del Partido Colorado que responde al presidente Mario Abdo Benítez comprometió a todos sus legisladores a apoyar el juicio a la fiscal y la opositora Concertación Nacional anunció que quienes voten en contra no podrán ser candidatos en las internas de diciembre.
Para enjuiciar a la titular del Ministerio Público, si el pleno de Diputados –que se reunirá mañana por la mañana- reúne a sus 80 legisladores, se requieren 53 votos, detallaron los diarios Última Hora y ABC Color.
A favor de la destitución de la fiscal general, en principio, estarían 16 legisladores colorados de Fuerza Republicana –la corriente de Abdo Benítez-, 15 liberales de las bancadas y 8 congresistas de las multibancadas del tercer espacio.
La Concertación aparece como presionando a otros liberales –la bancada está dividida en varios grupos- para que apoyen el enjuiciamiento.
El espacio también insta a la ciudadanía a movilizarse mañana para acompañar la sesión extraordinaria como forma de presión para la Cámara.
La acusación contra Quiñónez advierte que la Fiscalía se volvió “un bastión del cartismo que sirve de brazo protector y otorga impunidad” al expresidente Cartes.
Ayer, en conferencia de prensa, el embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, transmitió el mensaje del Departamento de Estado que declara a Cartes “significativamente corrupto” por sus vínculos con el crimen transnacional y con organizaciones terroristas.
La diputada Kattya González, de Encuentro Nacional, encabezó la redacción de la nueva acusación, de 112 páginas.
El gobierno de Estados Unidos anunció hoy que incorporó al expresidente de Paraguay Horacio Cartes a su lista Engel de personas “significativamente corruptas” y resolvió prohibirle el ingreso al territorio estadounidense y congelar sus activos en ese país, informó la prensa paraguaya.
Cartes, en tanto, rechazó las medidas por “infundadas e injustas”.
La medida alcanza también a Juan Pablo, Sofía y María Sol Cartes, hijos del exmandatario anunció esta mañana el embajador de Washington en Asunción, Marc Ostfield, en conferencia de prensa.
“Cartes utilizó la Presidencia de Paraguay para obstruir una investigación del crimen transnacional que involucraba a su socio”, afirmó el diplomático.
Agregó que eso “le permitió” al expresidente “participar en actividades corruptas, terroristas y otras actividades consideradas ilícitas por Estados Unidos”.
Aunque Ostfield no identificó a ese “socio”, el diario asunceño ABC Color dijo que se trata del brasileño Darío Messer, de quien se supone que es el mejor amigo y “hermano del alma” del expresidente.
Messer, considerado “el financista detrás del mayor entramado de lavado de dinero en la historia de Latinoamérica”, fue condenado en 2020 a 13 años y cuatro meses de prisión por la justicia de Brasil, que el mes pasado ratificó la sentencia al rechazar una apelación, según el sitio web especializado Insight Crime.
“En total, se cree que la red de Messer movió 1.600 millones de dólares por canales ilícitos a través de más de 3.000 cuentas bancarias en 52 países entre 2011 y 2017” y que “Messer facilitó esta red mediante el acceso a las élites políticas y empresariales, a la vez que se ocultaba y vivía en Paraguay, donde supuestamente recibía protección de los más altos niveles”, agregó esa página en un reciente informe.
Ostfield sostuvo que Cartes buscó protegerse a sí mismo y a su “asociado criminal” para evitar ser juzgado y las eventuales consecuencias política de un proceso, y subrayó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, “tiene información creíble” sobre el caso.
“Estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay, al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del presidente de Paraguay”, remarcó el embajador.
En un texto entregado a los periodistas en la conferencia del embajador, el Departamento de Estado afirmó que la conducta de Cartes “afecta directamente los intereses de seguridad nacional, económicos y de política exterior de Estados Unidos”.
Asimismo, explicó que la sanción fue adoptada ahora, pese a que las sospechas y las investigaciones sobre la actividad del exmandatario llevan algún tiempo, porque “el Departamento obtuvo recientemente información fidedigna” sobre el caso.
“Ante la designación anunciada por la embajada de Estados Unidos, niego y rechazo el contenido de las acusaciones, las que considero infundadas e injustas”, afirmó Cartes en un comunicado divulgado poco después.
“Siempre estamos y estaremos comprometidos en ofrecer todo el apoyo y la información de primera fuente que las autoridades necesiten para esclarecer los asuntos que nos cuestionan”, agregó, según el diario paraguayo La Nación.
En tanto, uno de los abogados de Cartes, Pedro Ovelar, sostuvo que el exmandatario “es víctima de una persecución del gobierno (paraguayo) que tiene objetivos electorales” y subrayó que “es muy difícil creer que esto no tenga que ver con una acción política generada desde el sector local”.
Ovelar añadió que lo anunciado por el embajador estadounidense es “solo una declaración” basada en información “infundada” y remarcó que hasta ahora “no se han dado a conocer hechos específicos” cometidos por su defendido.
En los últimos meses, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) paraguaya emitió un informe sobre un presunto esquema de lavado de activos que involucra a Cartes y otras personas allegadas, así como a varias de sus empresas, y remitió los antecedentes a la Fiscalía, según lo revelado por la prensa local a fines de mayo pasado.
El reporte indica que las firmas locales del exmandatario, que actúan en varios rubros comerciales, “entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito por el mismo corredor logístico”.
Entre las empresas señaladas en ese informe figuran Tabacalera del Este (Tabesa), Palermo, Unicanal y Cementos Concepción (Cecon), así como la Fundación Ramón T. Cartes y Sarah Cartes, hermana de Horacio y principal accionista y gerente general del banco Basa.
Asimismo, menciona como uno de los “clientes llamativos” de las empresas de Cartes a Mercuy Tabacos, vinculada al diputado Erico Galeano, “con reportes recientes asociados a supuestos comercios ilegales”.
Además, cita “pruebas” de conversaciones por teléfono celular entre Cartes y otros dos individuos, aportadas por la Policía Federal de Brasil y que los incriminarían en el contrabando de cigarrillos.
Por otra parte, Tabesa se vio implicada en el caso del avión venezolano-iraní retenido en la Argentina desde el 10 de junio.
Antes de llegar a Buenos Aires, esa aeronave transportó a Aruba un cargamento de cigarrillos de Tabacalera del Este, de acuerdo con un informe remitido la semana pasada por la Seprelad a la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Argentina, según el diario asunceño Última Hora.
Cartes fue el antecesor del actual presidente, Mario Abdo Benítez -gobernó entre 2013 y 2018-, con quien está enfrentado dentro del Partido Colorado oficialista.
El exmandatario no es el primer político paraguayo incluido por Estados Unidos en su lista Engel, en la que desde abril de 2021 figura el diputado Ulises Quintana, quien en octubre de 2020 fue excarcelado tras pasar dos años en prisión preventiva, acusado de lavado de activos y asociación ilícita.
La agroexportadora Vicentin afirmó que logró la mayoría del capital para pagar su deuda y evitar la quiebra o el salvataje que pretendía el Gobierno.
Vicentin, la empresa agroexportadora que el Gobierno intentó expropiar, informó este miércoles que llegó a un acuerdo con acreedores y solicitó a la justicia que lo homologue.
Según dijo en un comunicado, la firma presentó las conformidades para alcanzar la mayoría de capital que exige la Ley de Concursos y Quiebras (CQ) con el fin de avanzar en su concurso de acreedores. Se trata del aval de bancos internacionales por un monto en torno a los US$530 millones. La propuesta de pago de la empresa es a 12 años de plazo y al final del proceso los acreedores recuperarían menos del 30% de la acreencia. La deuda total era por US$1.573 millones.
La firma ya había alcanzado la mayoría de personas -con unos mil acreedores que suscribieron los acuerdos- y, al alcanzar hoy las de capital, solicitó la homologación al juez del concurso, Fabián Lorenzini, aunque este fue desplazado por la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, que ahora tiene el expediente en su poder.
“Confiamos que prontamente este suceso cuente con la necesaria homologación judicial, que permita asimismo instrumentar, de manera inmediata, los primeros pagos comprometidos en la propuesta”, sostuvo Vicentin.
El expediente del concurso no está en manos del juez civil y comercial de Reconquista, Lorenzini, sino del presidente de la Corte santafesina, Rafael Gutiérrez, quien el 16/06 firmó un decreto de avocamiento al caso y le pidió al magistrado que le remita los cuerpos de la causa principal.
Pero ante la decisión de los acreedores internacionales se especula con que la Corte santafecina le devolverá el expediente al juez de origen para que dé por terminado el concurso.
Los apoderados de Vicentin SAIC presentaron el lunes ante la Corte un escrito en el que rechazan el avocamiento y piden que el expediente vuelva al juez del concurso.
“Pretendemos que no se haga lugar al pedido de avocamiento y se retome los autos a la instancia que corresponde porque no hay norma legal que autorice a la Corte a sustraer el expediente”, dijo este miércoles en declaraciones radiales el abogado constitucionalista Maximiliano Toricelli, que junto a Ricardo Gil Lavedra fueron contratados por la agroexportadora.
Ante el planteo de Vicentin, el acreedor que solicitó el avocamiento de la Corte, Commodities SA -del grupo Grassi- tiene plazo hasta el viernes para responder y luego el máximo tribunal debe resolver cómo continúa el proceso, dijeron fuentes judiciales citadas por la agencia Télam.
El decreto firmado por el titular de la Corte provincial, además de solicitarle a Lorenzini la remisión del caso, suspendió lo s plazos procesales del concurso.
De acuerdo al cronograma del proceso, Vicentin tenía plazo hasta este jueves 30/06-cuando vencía el período de exclusividad- para presentar las conformidades, tanto de capital como de personas, y evitar así el camino del salvataje o la quiebra de la empresa.
Por eso presentó este miércoles los acuerdos que le restaba, relativo al porcentaje mínimo de capital exigido por la LCQ, a pesar de que los plazos fueron suspendidos por la Corte y el juez ya no tiene el expediente.
En el comunicado, la agroexportadora expresó que “con la firma recientemente acreditada de las instituciones financieras internacionales se ha superado holgadamente el requerimiento establecido por la ley concursal de contar con al menos dos tercios de aprobación sobre el capital verificado”.
La novedad es que el pool de bancos internacionales acreedores de Vicentin -por un monto cercano a los U$S500 mil lones- brindaron su conformidad a la propuesta de pago de la concursada.
“Este hecho se suma a la aprobación manifestada por más de mil acreedores que también superan holgadamente las conformidades de personas requeridas por ley en el trámite concursal y que fuera debidamente informada a finales del mes de abril del corriente año”, sostuvo la compañía.
Además, agregó que “de esta manera, la compañía ha cumplido en tiempo y forma las instancias previstas dentro de su concurso de acreedores alcanzando ambas mayorías y demostrando que la propuesta efectuada cuenta con un categórico respaldo mayoritario y que ha sido entendida por los actores bienintencionados, vinculados con el proceso concursal, como la mejor alternativa para garantizar la continuidad de las operaciones productivas y de las fuentes laborales, en un contexto país sumamente complejo que exime de mayores análisis y comentarios”.
Mientras los directivos de la firma presentaron las conformidades -a pesar de que los plazos procesales están suspendidos-, el Banco Nación, que es el principal acreedor individual del concurso con casi U$S300 millones, hizo saber -según Télam- que se inclina por la vía del cram down o salvataje, mediante la capitalización de sus créditos en forma coordinada con otros acreedores.
El Presidente de Perú, Pedro Castillo, se presento hoy a declarar por investigaciones sobre corrupción de su gobierno.
A un mes de cumplir su 1 año de mandato, Pedro Castillo se encuentra declarando en la Fiscalía General de Perú por acusaciones por presuntos delitos de organizaciones criminales, tráfico de influencias y colusión que lo conciernen a él y a su gobierno.
Pedro Castillo culmina su turbulento primer año de mandato declarando ante el fiscal general de Perú, Pablo Sanchez, luego de haber sacudido por completo a su país desde su llegada: renovó mas de 3 veces su gabinete, se vio envuelto en escándalos de corrupción, y se enfrento varias veces a mociones de censura por parte del Congreso de Perú.
Corrupción
Recordemos que el caso de exploto la administración de Pedro Castillo fue cuando Karelin Lopez, una empresaria la cual tuvo estrechos lazos con el gobierno, haya declarado sobre las operaciones de corrupción que Pedro Castillo llevaba a cabo, principalmente negocios, concesiones y licitaciones a empres as familiares y/o de amigos para con el estado del Perú.
El escándalo fue tal que llevó a Castillo a renovar su gabinete múltiples veces y a recibir una moción de censura por parte del Congreso de Perú, que sin embargo, logró zafar, al hacer concesiones con grupos de la oposición.
Pero las acusaciones de corrupción contra Castillo se mantienen. Ya citado por segunda vez por la Fiscalía de Perú, Pedro Castillo debe declarar por el caso de Puente Tarata.
Caso Puente Tarata
El caso Puente Tarata supuestamente involucra al presidente de Perú y a su ex ministro de Transportes, Juan Silva, en una red criminal que entregaba licitaciones de obras públicas a empresas privadas a cambio de un importante soborno.
Según reveló un colaborador anónimo a la justicia, la licitación para la construcción del puente Tarata sobre el Río Huallaga, en la provincia de Mariscal Cáceres. tuvo vínculos con sobrinos de Pedro Castillo, Fray Castillo y Gian Marco Castillo, con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como Alcides Villafuerte; además del papel del empresario Samir Villaverde, desde el inicio del a gestión de Castillo
El colaborador afirmó también que sí se habló de coimas en el caso de la licitación del Puente Tarata y que sí se habría buscado direccionamiento de obras.
En las declaraciones se indica que se habría ofrecido el 0.05% de la obra a algunos de los lobistas. Cabe indicar que el monto del contrato adjudicado fue de S/ 232′587.014, por lo que el 0.5% ascendería a S/1′162.935.
Medios locales reseñaron que esta obra fue convocada por Provias Descentralizado, una unidad ejecutora del Ministerio de Trabajo y Comunicaciones; adjudicada al Consorcio Puente Tarata III, el cual está compuesto por las empresas Tableros y Puentes, de España, H. B. Estructuras Metálicas y Terminex, de China.
Sin embargo, a medida de que los “colaboradores”, presuntos empresarios arrepentidos, revelaban información sobre los implicados, el exministro de Transportes, Juan Silva, el ex secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, y un sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo, huyeron de la justicia.
El Ministerio de Interior de Perú fijó una recompensa de U$S 13.400 para quien permita la captura del ex titular de Transportes, y montos menores para el exsecretario Pacheco y el sobrino del jefe de Estado.
Campaña “anticorrupción”
El mandatario de Perú mencionó varias veces que trabajará junto a la justicia de Perú para esclarecer la situación, y que no “se dejará manchar su nombre”.
“A fin de aclarar las denuncias y especulaciones en mi contra, hoy acudiré a la Fiscalía de la Nación en un acto de transparencia con el pueblo y colaboración con la justicia”, señaló Castillo en Twitter antes de partir caminando hacia la sede fiscal, ubicada a pocas cuadras del Palacio de Gobierno.
En 11 meses no han podido encontrar una pista de que nosotros hemos metido la mano para robar.
Inclusive, en la Cumbre de las Américas realizada el pasado viernes, el presidente de Perú dio un discurso sobre la lucha contra la corrupción que toda Latinoamérica debe enfrentar.
Recordó que hace 4 años el Compromiso de Lima plasmó 57 acciones para “orientar los esfuerzos que realizan nuestros países para combatir y erradicar la corrupción, y fortalecer la gobernabilidad democrática y la protección de los derechos humanos”.
En dicha oportunidad los países de Américas establecimos también la necesidad de ir más allá de la sola adopción de los acuerdos y reconocimos la importancia de dar continuidad a los compromisos alcanzados.
También agregó: “Para ellos habilitamos un mecanismo de seguimiento que permite tanto a los estados como a las organizaciones de la sociedad civil y en general a los ciudadanos y ciudadanas del continente constatar el cumplimiento de cada uno de los compromisos y conocer el grado de avance de la ampliación de las políticas públicas en contra de la corrupción”.
Pero no todo es lo que parece: en las últimas semanas su abogado planteó dos recursos para anular la investigación: uno ante la fiscalía y otro ante un juez constitucional. Finalmente será un juez el que decida si la fiscalía puede continuar la pesquisa o tendrá que esperar a que concluya el mandato.
Pedro Castillo a duras penas está logrando terminar su primer año de mandato, donde ya sufrió la amenaza de varias mociones de censura por parte de su Congreso. Inclusive, hace solo 2 semanas, Dina Boluarte, su vicepresidenta, está en medio de una causa por faltas a la Constitución en la que podría ser destituida.
Castillo parece continuar con la larga tradición de presidentes peruanos envueltos en escándalos de corrupción y de debilidad institucional. Inclusive, su ineficacia para gobernar y para elegir a su gabinete, está haciendo estragos en la sociedad peruana, que ya no le tiene confianza, credibilidad ni apoyo.
Sólo el 36% de los peruanos aprueban hoy su gestión. Muy pocos. Y el 58%, en cambio, la desaprueba expresamente. Más de la mitad, entonces está insatisfecho. En torno a Lima, la desaprobación a Pedro Castillo es realmente gigantesca: del 74%. Las alarmas en Perú se mantienen.
Pero Castillo tiene aún posibilidades de zafar, de nuevo. El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien tiene el caso, dijo que el miércoles próximo tomará la decisión de continuar con la causa o desestimarla.
Si declara fundada la tutela de derechos, queda nula la denuncia de la fiscalía, y por lo tanto, quedará sin efecto la investigación iniciada.
