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Vicentin asegura que acordó con bancos acreedores

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La agroexportadora Vicentin afirmó que logró la mayoría del capital para pagar su deuda y evitar la quiebra o el salvataje que pretendía el Gobierno.

Vicentin, la empresa agroexportadora que el Gobierno intentó expropiar, informó este miércoles que llegó a un acuerdo con acreedores y solicitó a la justicia que lo homologue.

Según dijo en un comunicado, la firma presentó las conformidades para alcanzar la mayoría de capital que exige la Ley de Concursos y Quiebras (CQ) con el fin de avanzar en su concurso de acreedores. Se trata del aval de bancos internacionales por un monto en torno a los US$530 millones. La propuesta de pago de la empresa es a 12 años de plazo y al final del proceso los acreedores recuperarían menos del 30% de la acreencia. La deuda total era por US$1.573 millones.

La firma ya había alcanzado la mayoría de personas -con unos mil acreedores que suscribieron los acuerdos- y, al alcanzar hoy las de capital, solicitó la homologación al juez del concurso, Fabián Lorenzini, aunque este fue desplazado por la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, que ahora tiene el expediente en su poder.

“Confiamos que prontamente este suceso cuente con la necesaria homologación judicial, que permita asimismo instrumentar, de manera inmediata, los primeros pagos comprometidos en la propuesta”, sostuvo Vicentin.

El expediente del concurso no está en manos del juez civil y comercial de Reconquista, Lorenzini, sino del presidente de la Corte santafesina, Rafael Gutiérrez, quien el 16/06 firmó un decreto de avocamiento al caso y le pidió al magistrado que le remita los cuerpos de la causa principal.

Pero ante la decisión de los acreedores internacionales se especula con que la Corte santafecina le devolverá el expediente al juez de origen para que dé por terminado el concurso.

Los apoderados de Vicentin SAIC presentaron el lunes ante la Corte un escrito en el que rechazan el avocamiento y piden que el expediente vuelva al juez del concurso.

“Pretendemos que no se haga lugar al pedido de avocamiento y se retome los autos a la instancia que corresponde porque no hay norma legal que autorice a la Corte a sustraer el expediente”, dijo este miércoles en declaraciones radiales el abogado constitucionalista Maximiliano Toricelli, que junto a Ricardo Gil Lavedra fueron contratados por la agroexportadora.

Ante el planteo de Vicentin, el acreedor que solicitó el avocamiento de la Corte, Commodities SA -del grupo Grassi- tiene plazo hasta el viernes para responder y luego el máximo tribunal debe resolver cómo continúa el proceso, dijeron fuentes judiciales citadas por la agencia Télam.

El decreto firmado por el titular de la Corte provincial, además de solicitarle a Lorenzini la remisión del caso, suspendió lo s plazos procesales del concurso.

De acuerdo al cronograma del proceso, Vicentin tenía plazo hasta este jueves 30/06-cuando vencía el período de exclusividad- para presentar las conformidades, tanto de capital como de personas, y evitar así el camino del salvataje o la quiebra de la empresa.

Por eso presentó este miércoles los acuerdos que le restaba, relativo al porcentaje mínimo de capital exigido por la LCQ, a pesar de que los plazos fueron suspendidos por la Corte y el juez ya no tiene el expediente.

En el comunicado, la agroexportadora expresó que “con la firma recientemente acreditada de las instituciones financieras internacionales se ha superado holgadamente el requerimiento establecido por la ley concursal de contar con al menos dos tercios de aprobación sobre el capital verificado”.

La novedad es que el pool de bancos internacionales acreedores de Vicentin -por un monto cercano a los U$S500 mil lones- brindaron su conformidad a la propuesta de pago de la concursada.

“Este hecho se suma a la aprobación manifestada por más de mil acreedores que también superan holgadamente las conformidades de personas requeridas por ley en el trámite concursal y que fuera debidamente informada a finales del mes de abril del corriente año”, sostuvo la compañía.

Además, agregó que “de esta manera, la compañía ha cumplido en tiempo y forma las instancias previstas dentro de su concurso de acreedores alcanzando ambas mayorías y demostrando que la propuesta efectuada cuenta con un categórico respaldo mayoritario y que ha sido entendida por los actores bienintencionados, vinculados con el proceso concursal, como la mejor alternativa para garantizar la continuidad de las operaciones productivas y de las fuentes laborales, en un contexto país sumamente complejo que exime de mayores análisis y comentarios”.

Mientras los directivos de la firma presentaron las conformidades -a pesar de que los plazos procesales están suspendidos-, el Banco Nación, que es el principal acreedor individual del concurso con casi U$S300 millones, hizo saber -según Télam- que se inclina por la vía del cram down o salvataje, mediante la capitalización de sus créditos en forma coordinada con otros acreedores.

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Perú: Pedro Castillo declara por acusaciones de corrupción

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El Presidente de Perú, Pedro Castillo, se presento hoy a declarar por investigaciones sobre corrupción de su gobierno.

A un mes de cumplir su 1 año de mandato, Pedro Castillo se encuentra declarando en la Fiscalía General de Perú por acusaciones por presuntos delitos de organizaciones criminales, tráfico de influencias y colusión que lo conciernen a él y a su gobierno.

Pedro Castillo culmina su turbulento primer año de mandato declarando ante el fiscal general de Perú, Pablo Sanchez, luego de haber sacudido por completo a su país desde su llegada: renovó mas de 3 veces su gabinete, se vio envuelto en escándalos de corrupción, y se enfrento varias veces a mociones de censura por parte del Congreso de Perú.

Corrupción

Recordemos que el caso de exploto la administración de Pedro Castillo fue cuando Karelin Lopez, una empresaria la cual tuvo estrechos lazos con el gobierno, haya declarado sobre las operaciones de corrupción que Pedro Castillo llevaba a cabo, principalmente negocios, concesiones y licitaciones a empres as familiares y/o de amigos para con el estado del Perú.

El escándalo fue tal que llevó a Castillo a renovar su gabinete múltiples veces y a recibir una moción de censura por parte del Congreso de Perú, que sin embargo, logró zafar, al hacer concesiones con grupos de la oposición.

Pero las acusaciones de corrupción contra Castillo se mantienen. Ya citado por segunda vez por la Fiscalía de Perú, Pedro Castillo debe declarar por el caso de Puente Tarata.

Caso Puente Tarata

El caso Puente Tarata supuestamente involucra al presidente de Perú y a su ex ministro de Transportes, Juan Silva, en una red criminal que entregaba licitaciones de obras públicas a empresas privadas a cambio de un importante soborno.

Según reveló un colaborador anónimo a la justicia, la licitación para la construcción del puente Tarata sobre el Río Huallaga, en la provincia de Mariscal Cáceres. tuvo vínculos con sobrinos de Pedro Castillo, Fray Castillo y Gian Marco Castillo, con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como Alcides Villafuerte; además del papel del empresario Samir Villaverde, desde el inicio del a gestión de Castillo

El colaborador afirmó también que sí se habló de coimas en el caso de la licitación del Puente Tarata y que sí se habría buscado direccionamiento de obras.

En las declaraciones se indica que se habría ofrecido el 0.05% de la obra a algunos de los lobistas. Cabe indicar que el monto del contrato adjudicado fue de S/ 232′587.014, por lo que el 0.5% ascendería a S/1′162.935.

Medios locales reseñaron que esta obra fue convocada por Provias Descentralizado, una unidad ejecutora del Ministerio de Trabajo y Comunicaciones; adjudicada al Consorcio Puente Tarata III, el cual está compuesto por las empresas Tableros y Puentes, de España, H. B. Estructuras Metálicas y Terminex, de China.

Sin embargo, a medida de que los “colaboradores”, presuntos empresarios arrepentidos, revelaban información sobre los implicados, el exministro de Transportes, Juan Silva, el ex secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, y un sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo, huyeron de la justicia.

El Ministerio de Interior de Perú fijó una recompensa de U$S 13.400 para quien permita la captura del ex titular de Transportes, y montos menores para el exsecretario Pacheco y el sobrino del jefe de Estado.

Campaña “anticorrupción”

El mandatario de Perú mencionó varias veces que trabajará junto a la justicia de Perú para esclarecer la situación, y que no “se dejará manchar su nombre”.

“A fin de aclarar las denuncias y especulaciones en mi contra, hoy acudiré a la Fiscalía de la Nación en un acto de transparencia con el pueblo y colaboración con la justicia”, señaló Castillo en Twitter antes de partir caminando hacia la sede fiscal, ubicada a pocas cuadras del Palacio de Gobierno.

En 11 meses no han podido encontrar una pista de que nosotros hemos metido la mano para robar.

Inclusive, en la Cumbre de las Américas realizada el pasado viernes, el presidente de Perú dio un discurso sobre la lucha contra la corrupción que toda Latinoamérica debe enfrentar.

Recordó que hace 4 años el Compromiso de Lima plasmó 57 acciones para “orientar los esfuerzos que realizan nuestros países para combatir y erradicar la corrupción, y fortalecer la gobernabilidad democrática y la protección de los derechos humanos”.

En dicha oportunidad los países de Américas establecimos también la necesidad de ir más allá de la sola adopción de los acuerdos y reconocimos la importancia de dar continuidad a los compromisos alcanzados.

También agregó: “Para ellos habilitamos un mecanismo de seguimiento que permite tanto a los estados como a las organizaciones de la sociedad civil y en general a los ciudadanos y ciudadanas del continente constatar el cumplimiento de cada uno de los compromisos y conocer el grado de avance de la ampliación de las políticas públicas en contra de la corrupción”.

Pero no todo es lo que parece: en las últimas semanas su abogado planteó dos recursos para anular la investigación: uno ante la fiscalía y otro ante un juez constitucional. Finalmente será un juez el que decida si la fiscalía puede continuar la pesquisa o tendrá que esperar a que concluya el mandato.

Pedro Castillo a duras penas está logrando terminar su primer año de mandato, donde ya sufrió la amenaza de varias mociones de censura por parte de su Congreso. Inclusive, hace solo 2 semanas, Dina Boluarte, su vicepresidenta, está en medio de una causa por faltas a la Constitución en la que podría ser destituida.

Castillo parece continuar con la larga tradición de presidentes peruanos envueltos en escándalos de corrupción y de debilidad institucional. Inclusive, su ineficacia para gobernar y para elegir a su gabinete, está haciendo estragos en la sociedad peruana, que ya no le tiene confianza, credibilidad ni apoyo.

Sólo el 36% de los peruanos aprueban hoy su gestión. Muy pocos. Y el 58%, en cambio, la desaprueba expresamente. Más de la mitad, entonces está insatisfecho. En torno a Lima, la desaprobación a Pedro Castillo es realmente gigantesca: del 74%. Las alarmas en Perú se mantienen.

Pero Castillo tiene aún posibilidades de zafar, de nuevo. El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien tiene el caso, dijo que el miércoles próximo tomará la decisión de continuar con la causa o desestimarla.

Si declara fundada la tutela de derechos, queda nula la denuncia de la fiscalía, y por lo tanto, quedará sin efecto la investigación iniciada.

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Una auditoría concluyó que Macri le pagó a Macron casi 14 millones de euros por aviones que no estaban en condiciones de volar

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Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) concluyó que el Gobierno de Mauricio Macri gastó casi 14 millones de euros en aviones para el Ministerio de Defensa que no estaban en condiciones de volar.

El documento de 35 páginas plasmó el análisis de la gestión de compras llevadas a cabo por la cartera de Defensa, en el período 2016-2019, bajo la gestión de Oscar Aguad. En este marco, fueron seleccionados los convenios celebrados con el gobierno de Francia para la adquisición, por parte del Estado Mayor General de la Armada, de cinco aeronaves de combate SEM (Súper Étendard Modernisé) y de cuatro buques patrulleros oceánicos multipropósito OPV (Offshore Patrol Vessel).

En el caso de las aeronaves, el informe de la SIGEN señala que “no se encontraban en condiciones de vuelo y su potencial restante ya era bastante débil”. Incluso, “la Marina Francesa había dejado de utilizarlas”, se enfatizó.

El SEM es un cazabombardero de origen francés con capacidad para operar desde portaaviones que fue lanzado a finales de los ochenta. Con la adquisición de cinco de ellos, la Armada pretendía incrementar el adiestramiento de pilotos en 300 horas de vuelo anuales, evitando el éxodo a la actividad aerocomercial y recuperar capacidad aeronaval. Sin embargo, de la auditoría de la SIGEN se desprende que funcionarios con poder de decisión final en las compras desatendieron informes técnicos preliminares de la Armada que advertían sobre el estado de los aviones. En las evaluaciones técnicas se había especificado que, previo a la compra, resultaba “esencial” la obtención de “elementos críticos” para asegurar el funcionamiento de las aeronaves, tales como la pirotecnia de los asientos eyectables y cabina, y el desarrollo de una inspección de los accesorios de oxígeno.

En ese sentido se sugirió analizar que varios de esos repuestos esenciales tenían origen inglés, por lo que resultaba necesario tener en cuenta la imposibilidad de adquirirlos ya que, desde 1982, el Reino Unido no vende armamentos militares a la Argentina.

Entre las “falencias” que surgen del análisis, se señaló además el “incumplimiento de plazos para la puesta operativa de los aviones; inexistencia de análisis técnicos y financieros previos que determinen etapas y actividades necesarias para poner a las cinco aeronaves en condiciones de vuelo”.

Dichas falencias traen como consecuencia que las aeronaves no se encuentren en condiciones de prestar servicio, llevando 29 meses (a la fecha del relevamiento: octubre de 2021) sin estar operativas desde el momento de su recepción”, se concluyó.

Pese a todo lo mencionado, el ministro Aguad procedió la compra a Francia “acompañadas con su documentación de seguimiento técnico junto a un lote de piezas de recambio, bancos de prueba, valijas de prueba, equipos de misión, herramientas y un simulador de vuelo”. El precio definitivo de transferencia de todos los materiales –aviones y elementos complementarios- fue de € 12.550.000, efectuado en una única transferencia bancaria.

El Gobierno Nacional asumió todos los gastos de retiro, transporte y estacionamiento de los materiales transferidos. Para eso, a través de la Licitación Privada N° 005/17, se tramitó el servicio de transporte puerta a puerta de los cinco aviones más todos los complementos por un total de € 1.346.255, totalizando una cifra cercana a los €14.000.000.

En tanto, con respecto a los cuatro Patrulleros Oceánicos Multipropósito – OPV “se ha verificado que los expedientes no contaban con toda la documentación requerida que fundamente una adecuada toma de decisiones”. En ese sentido, se ha observado la “falta de la solicitud de desembolso, la falta de comprobantes de pago y la falta de documentación que acredite la efectiva entrega de los OPV en condición ‘Listo para Operar’”.

A tal efecto, en la auditoría se planteó la necesidad de ”establecer, que las áreas intervinientes que participan en las contrataciones, cumplan de manera apropiada con la normativa vigente, con el fin de que todo el proceso desde la solicitud hasta la finalización del contrato se encuentre respaldado con la documentación e información oportuna y necesaria para un adecuado control y seguimiento del mismo, generando mayor transparencia en el proceso que nos ocupa”.

El informe que elaboró la SIGEN fue remitido la Oficina Anticorrupción “para el eventual inicio de acciones”.

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Con 6 meses de anticipación, Cartes se anotó para la interna e inscribió fórmula de su sector

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El exmandatario paraguayo Horacio Cartes inscribió hoy formalmente, con una inusual anticipación de seis meses, su candidatura a la jefatura del gobernante Partido Colorado y la fórmula de su sector para la presidencia y vice del país.

Cartes llegó hasta la sede central de la Asociación Nacional Republicana (ANR) -el nombre oficial del coloradismo- para anotarse como candidato a jefe partidario y anotar al exministro Santiago Peña y al actual titular de la fuerza, Pedro Alliana, como binomio para las internas de diciembre.

Esa fórmula deberá competir con la del sector interno que responde al presidente Mario Abdo Benítez, seguramente encabezada por el vice Hugo Velázquez, para ver con qué binomio el oficialismo va a las elecciones generales de abril de 2023.

En sus redes sociales, Cartes explicó que su sector es el primero en inscribirse porque tiene “un proyecto de país y un equipo entusiasmado con ponerlo en marcha”.

“De mi parte, ser presidente de la ANR sería un gran honor que retribuiré con mucho trabajo por el partido y el Paraguay”, agregó.

Se estima que el propio Abdo Benítez pujará con Cartes por el sillón principal del coloradismo, según los diarios locales ABC Color y Última Hora.

Otro elemento curioso de la presentación de Cartes de hoy es que se da apenas días después de que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) diera a conocer un informe en el que advierte sobre maniobras de lavado de dinero en varias empresas propiedad del exmandatario.

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Paraguay: gobernador detenido pidió cambio de domicilio a la gobernación para seguir en funciones

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Un gobernador de un departamento de Paraguay que está con prisión domiciliaria acusado de haber usado irregularmente fondos para atender la pandemia de Covid-19 pidió hoy que se lo autorice a vivir en la sede de la Gobernación “para seguir trabajando”, aunque horas después su abogado desistió de esa pretensión.

La defensa de Hugo Javier González, detenido desde hace una semana, solicitó a primera hora ante la jueza de Delitos Económicos María Elena Cañete que su cliente pueda cumplir su arresto domiciliario en la sede de la Gobernación del departamento Central.

Pero después él mismo presentó otro escrito en el que desistía de la solicitud inicial, consignaron los sitios de los diarios Última Hora y ABC Color.

El abogado Fausto Portillo había pedido que el dirigente del Partido Colorado cumpliera el arresto domiciliario en la sede de la Gobernación, porque era su domicilio legal, después de que la justicia había rechazado que González pudiera ir al edificio del Ejecutivo en horario de trabajo.

Desde la detención domiciliaria del mandatario, el presidente de la Junta Departamental, Mario Aguilera, del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quedó como encargado de despacho.

González está imputado junto a 14 personas por el presunto uso irregular de dinero que debía ser destinado a obras para la reactivación económica, a través de facturas clonadas, en medio de la pandemia de Covid-19.

Además del arresto domiciliario, se le embargó una propiedad valuada en 1.500 millones de guaraníes (220.000 dólares).

Los cargos en contra del gobernador son por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, tras la presunta mala ejecución de 6.352 millones de guaraníes (1 millón de dólares) del llamado fondo Covid-19, en cuya rendición aparecen facturas clonadas, facturas anuladas y otras anomalías.

Primero, González fijó domicilio en la ciudad de Fernando de la Mora y después pidió el cambio hacia una casa de un barrio cerrado en el distrito de Ypacaraí para cumplir con su “rol de padre responsable” y ejercer simultáneamente su cargo de gobernador.

Pero como la Ley de Gobiernos Departamentales establece que la Gobernación debe ser administrada desde su sede y que esta debe estar asentada en la capital departamental, en este caso Areguá, el mandatario no pudo cumplir su objetivo.

Entonces, el letrado Fausto Portillo solicitó nuevamente una revisión de medidas para plantear que González se mude a la Gobernación para vivir allí, cumplir con su arresto y, a la vez, ejercer. Pero después el abogado desistió de esa aspiración.

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